Reunion informativa jubilados
Hace 9 años
lunes, 5 de julio de 2010
Contrato del SME no está liquidado, responde Esparza
México, DF. Integrantes del SME escuchan al secretario general Martín Esparza afuera de la SCJN, donde los ministros consideraron constitucional la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Cristina Rodriguez / La Jornada
México, DF. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia “deja la puerta abierta al SME para demandar ahora a la CFE la reinstalación de los trabajadores no liquidados” porque esta instancia reconoce la personalidad jurídica del sindicato “no la extingue ni se afectan los derechos sindicales” aseguró Martín Esparza, líder del gremio frente a cientos de trabajadores electricistas que se concentraron desde temprana hora afuera de la Corte.
Tras un mitin que duró más de 6 horas y en el que los ánimos de los trabajadores se encendieron por la anticipada información de que la Corte había rechazado la demandas de amparo de su sindicato, Esparza les aseguró a los trabajadores que el conflicto no está liquidado, que su contrato colectivo no se finiquitó y que hasta le van a pelear la titularidad al Suterm en la CFE.
México, DF. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia “deja la puerta abierta al SME para demandar ahora a la CFE la reinstalación de los trabajadores no liquidados” porque esta instancia reconoce la personalidad jurídica del sindicato “no la extingue ni se afectan los derechos sindicales” aseguró Martín Esparza, líder del gremio frente a cientos de trabajadores electricistas que se concentraron desde temprana hora afuera de la Corte.
Tras un mitin que duró más de 6 horas y en el que los ánimos de los trabajadores se encendieron por la anticipada información de que la Corte había rechazado la demandas de amparo de su sindicato, Esparza les aseguró a los trabajadores que el conflicto no está liquidado, que su contrato colectivo no se finiquitó y que hasta le van a pelear la titularidad al Suterm en la CFE.
Avala Suprema Corte decreto que extingue a LFC
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y negó el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra esta decisión de octubre de 2009.
Por unanimidad y de forma recurrente, los integrantes del máximo tribunal del país confirmaron de forma práctica cada uno de los argumentos expuestos en marzo de este año por la juez de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo que promovió el SME contra esta decisión al considerar que el presidente Felipe Calderón carecía de facultades para ello.
De esta manera, los ministros avalaron el proyecto de dictamen que puso a consideración del pleno Juan Silva Meza, en el que estimó que el decreto presidencial estuvo de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
Con esa determinación la Corte avaló también la legalidad del despido de más de 40 mil electricistas y cierra la puerta para su posible reinstalación en LFC. Los diez ministros coincidieron en que la acción del Ejecutivo federal no violó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque el decreto impugnado “no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos sindicales”, sino que el objetivo era liquidar dicha empresa por considerar que “ya no resultaba conveniente para la economía nacional”.
Previo a esta discusión, la Corte resolvió que los trabajadores no están facultados para promover recursos contra la extinción de la paraestatal, y que en caso de que no se respeten sus derechos laborales, los electricistas pueden recurrir a las instancias correspondientes a fin de hacerlos valer.
Entre los puntos más importantes, que se desahogaron en una sola sesión, la Corte confirmó que el Ejecutivo Federal sí tiene facultades para extinguir un organismo descentralizado, además el punto relativo a que no existió violación a la garantía de audiencia previa de los trabajadores, por la extinción de LFC.
Con una decisión unánime, los integrantes del pleno subrayaron que de acuerdo a la ley relativa a las entidades paraestatales, el presidente de la República sí puede decidir la extinción del organismo descentralizado cuando su funcionamiento ya no resulte conveniente.
Con esta determinación de la Suprema Corte, el caso fue resuelto en definitiva y no queda ningún recurso jurídico para revertir el caso de Luz y Fuerza, cuya extinción fue publicada el 11 de octubre de 2009, pues los diversos recursos que promovieron legisladores, también fueron desechados en días pasados.
Por unanimidad y de forma recurrente, los integrantes del máximo tribunal del país confirmaron de forma práctica cada uno de los argumentos expuestos en marzo de este año por la juez de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, quien negó el amparo que promovió el SME contra esta decisión al considerar que el presidente Felipe Calderón carecía de facultades para ello.
De esta manera, los ministros avalaron el proyecto de dictamen que puso a consideración del pleno Juan Silva Meza, en el que estimó que el decreto presidencial estuvo de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
Con esa determinación la Corte avaló también la legalidad del despido de más de 40 mil electricistas y cierra la puerta para su posible reinstalación en LFC. Los diez ministros coincidieron en que la acción del Ejecutivo federal no violó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque el decreto impugnado “no está orientado a extinguir al sindicato ni a la afectación de los derechos sindicales”, sino que el objetivo era liquidar dicha empresa por considerar que “ya no resultaba conveniente para la economía nacional”.
Previo a esta discusión, la Corte resolvió que los trabajadores no están facultados para promover recursos contra la extinción de la paraestatal, y que en caso de que no se respeten sus derechos laborales, los electricistas pueden recurrir a las instancias correspondientes a fin de hacerlos valer.
Entre los puntos más importantes, que se desahogaron en una sola sesión, la Corte confirmó que el Ejecutivo Federal sí tiene facultades para extinguir un organismo descentralizado, además el punto relativo a que no existió violación a la garantía de audiencia previa de los trabajadores, por la extinción de LFC.
Con una decisión unánime, los integrantes del pleno subrayaron que de acuerdo a la ley relativa a las entidades paraestatales, el presidente de la República sí puede decidir la extinción del organismo descentralizado cuando su funcionamiento ya no resulte conveniente.
Con esta determinación de la Suprema Corte, el caso fue resuelto en definitiva y no queda ningún recurso jurídico para revertir el caso de Luz y Fuerza, cuya extinción fue publicada el 11 de octubre de 2009, pues los diversos recursos que promovieron legisladores, también fueron desechados en días pasados.
Constitucional, el decreto de extinción de LFC, afirma dictamen de Silva Meza
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es constitucional, afirma el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza que será discutido hoy por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Información obtenida en el máximo tribunal señala lo anterior y agrega que Silva Meza considera en su documento que el decreto emitido por el presidente Felipe Calderón, con el que extinguió la paraestatal, estuvo de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
Con esta propuesta, trascendió, la Corte avala también la legalidad del despido de más de 40 mil electricistas y cierra la puerta para su posible reinstalación en LFC.
Tras más de 100 días de que la Corte decidió conocer el amparo en revisión 346/2020 promovido por el SME, funcionarios judiciales confirmaron que Silva distribuyó el pasado viernes entre sus compañeros el dictamen y de inmediato fue listado para ser discutido en la sesión de este lunes.
A diferencia de otros asuntos importantes en que ha intervenido el pleno de la Corte recientemente, como la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la constitucionalidad de la ley Televisa, el caso ABC y la controversia constitucional sobre los matrimonios entre homosexuales, el dictamen del amparo del SME no fue subido a Internet el mismo día que se distribuyó a los ministros.
Tampoco se hizo pública la lista oficial de los temas a revisar este 5 de julio con días de anticipación, como acostumbra la Corte, sino que fue a las 20 horas de ayer cuando la página web de la SCJN ratificó que el asunto del SME sería discutido en sesión pública.
El 24 de marzo pasado, la segunda sala de la Corte decidió por unanimidad “reasumir su competencia original” para conocer el amparo de los electricistas, por la trascendencia del tema y porque abiertamente se tildaba de inconstitucional el decreto de extinción.
Además se prevé que la decisión del pleno, confirmando o rechazando la constitucionalidad del decreto, será definitiva e inatacable.
El ministro Sergio Valls elaboró el dictamen en el que fundamentó por qué la Corte tenía que conocer el asunto. El caso, sostuvo, “reviste características especiales”, dada la importancia excepcional del problema de fondo planteado, porque involucra el análisis del artículo 16 de la Carta Magna; el estudio de la constitucionalidad del decreto que extinguió a LFC, y porque la resolución que adopte la Corte “repercutirá de manera excepcional en casos futuros”.
El SME alega la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestales, el cual consigna que “cuando un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción de aquél.
“Asimismo, podrá sugerir su fusión cuando su actividad combinada redunde en aumento de eficiencia y productividad.”
También cuestiona si fue jurídicamente correcto que la juez de primera instancia –quien negó el amparo– considerara que el decreto de extinción no fue un acto privativo de derechos laborales de más de 40 mil trabajadores, porque no tenía ese fin, sino extinguir la empresa por considerar que era improductiva, ineficiente y cara.
Periódico La Jornada
El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es constitucional, afirma el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza que será discutido hoy por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Información obtenida en el máximo tribunal señala lo anterior y agrega que Silva Meza considera en su documento que el decreto emitido por el presidente Felipe Calderón, con el que extinguió la paraestatal, estuvo de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
Con esta propuesta, trascendió, la Corte avala también la legalidad del despido de más de 40 mil electricistas y cierra la puerta para su posible reinstalación en LFC.
Tras más de 100 días de que la Corte decidió conocer el amparo en revisión 346/2020 promovido por el SME, funcionarios judiciales confirmaron que Silva distribuyó el pasado viernes entre sus compañeros el dictamen y de inmediato fue listado para ser discutido en la sesión de este lunes.
A diferencia de otros asuntos importantes en que ha intervenido el pleno de la Corte recientemente, como la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la constitucionalidad de la ley Televisa, el caso ABC y la controversia constitucional sobre los matrimonios entre homosexuales, el dictamen del amparo del SME no fue subido a Internet el mismo día que se distribuyó a los ministros.
Tampoco se hizo pública la lista oficial de los temas a revisar este 5 de julio con días de anticipación, como acostumbra la Corte, sino que fue a las 20 horas de ayer cuando la página web de la SCJN ratificó que el asunto del SME sería discutido en sesión pública.
El 24 de marzo pasado, la segunda sala de la Corte decidió por unanimidad “reasumir su competencia original” para conocer el amparo de los electricistas, por la trascendencia del tema y porque abiertamente se tildaba de inconstitucional el decreto de extinción.
Además se prevé que la decisión del pleno, confirmando o rechazando la constitucionalidad del decreto, será definitiva e inatacable.
El ministro Sergio Valls elaboró el dictamen en el que fundamentó por qué la Corte tenía que conocer el asunto. El caso, sostuvo, “reviste características especiales”, dada la importancia excepcional del problema de fondo planteado, porque involucra el análisis del artículo 16 de la Carta Magna; el estudio de la constitucionalidad del decreto que extinguió a LFC, y porque la resolución que adopte la Corte “repercutirá de manera excepcional en casos futuros”.
El SME alega la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestales, el cual consigna que “cuando un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción de aquél.
“Asimismo, podrá sugerir su fusión cuando su actividad combinada redunde en aumento de eficiencia y productividad.”
También cuestiona si fue jurídicamente correcto que la juez de primera instancia –quien negó el amparo– considerara que el decreto de extinción no fue un acto privativo de derechos laborales de más de 40 mil trabajadores, porque no tenía ese fin, sino extinguir la empresa por considerar que era improductiva, ineficiente y cara.
Detona otra bomba el robo de materia de trabajo por el SUTERM: Esparza
Las empresas más beneficiadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con contratos en el Distrito Federal y zona centro del país, para cubrir los servicios que prestaban los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), son: Proyectos Eléctricos Ramírez, Hursa y Melqro, Constructora Mexicana, Coelse y Jusamo, y Cebsa, entre otras.
El líder del SME, Martín Esparza, informó lo anterior y sostuvo que el conflicto entre el gobierno y este gremio crecerá, pues la agrupación “defenderá su zona de adscripción” y no permitirá que en el centro del país les roben su materia de trabajo las empresas contratistas, ni tampoco aceptará que hagan “esquirolaje” los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Tras recordar el contrato colectivo del SME está subjudice (en suspenso, pero no liquidado) y que hay convenios elevados a categoría de laudo entre SME, SUTERM, LFC y CFE para delimitar las zonas de trabajo de cada gremio, advirtió que la violación de los mismos por el gobierno federal y el que integrantes del sindicato que encabeza Víctor Fuentes operen en el Distrito Federal y zona centro del país “han detonado una nueva bomba de tiempo”.
Las diferencias en ese sentido llevaron a enfrentamientos entre los trabajadores de base de ambos sindicatos en los años 80.
Esparza indicó que, aunque Fuentes había dicho que ningún trabajador de su organización había prestado servicios en la zona centro, es mentira, pues “de manera descarada, tanto en el Distrito Federal como en el estado de México los trabajadores de dicho sindicato están siendo obligados por la administración de la CFE a operar, por ejemplo en la red subterránea y en las líneas aéreas, las cuales correspondían al SME”.
Así, el SUTERM y las contratistas “están robando la materia de trabajo al SME”, dijo, y agregó que incluso las empresas privadas a las que CFE dejó a cargo el servicio en el Distrito Federal, además de que ilegalmente operan y han incurrido en delitos como apropiación de vehículos y material de LFC, también han causado graves desperfectos, han demostrado gran desconocimiento y falta de experiencia en la materia, lo cual ha causado afectaciones graves a la población.
El líder del SME, Martín Esparza, informó lo anterior y sostuvo que el conflicto entre el gobierno y este gremio crecerá, pues la agrupación “defenderá su zona de adscripción” y no permitirá que en el centro del país les roben su materia de trabajo las empresas contratistas, ni tampoco aceptará que hagan “esquirolaje” los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
Tras recordar el contrato colectivo del SME está subjudice (en suspenso, pero no liquidado) y que hay convenios elevados a categoría de laudo entre SME, SUTERM, LFC y CFE para delimitar las zonas de trabajo de cada gremio, advirtió que la violación de los mismos por el gobierno federal y el que integrantes del sindicato que encabeza Víctor Fuentes operen en el Distrito Federal y zona centro del país “han detonado una nueva bomba de tiempo”.
Las diferencias en ese sentido llevaron a enfrentamientos entre los trabajadores de base de ambos sindicatos en los años 80.
Esparza indicó que, aunque Fuentes había dicho que ningún trabajador de su organización había prestado servicios en la zona centro, es mentira, pues “de manera descarada, tanto en el Distrito Federal como en el estado de México los trabajadores de dicho sindicato están siendo obligados por la administración de la CFE a operar, por ejemplo en la red subterránea y en las líneas aéreas, las cuales correspondían al SME”.
Así, el SUTERM y las contratistas “están robando la materia de trabajo al SME”, dijo, y agregó que incluso las empresas privadas a las que CFE dejó a cargo el servicio en el Distrito Federal, además de que ilegalmente operan y han incurrido en delitos como apropiación de vehículos y material de LFC, también han causado graves desperfectos, han demostrado gran desconocimiento y falta de experiencia en la materia, lo cual ha causado afectaciones graves a la población.
Viola México libertad de asociación, derechos laborales y humanos: ICRL
La Comisión Internacional de Derechos Laborales (ICLR, por sus siglas en ingles) encontró, después de una investigación de la situación laboral en México, realizada en mayo, “violaciones de derechos humanos y laborales en México; la más significativa, contra la libertad de asociación en este país”.
La delegación de la ICLR se reunió en nuestro país con gran número de expertos en derecho laboral, líderes sindicales como los del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (mineros), así como con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo J. Ortiz Mayagoitia, y el diputado Ramón Jiménez, del PRD, y determinó que en México se cometen numerosas violaciones a los derechos humanos y laborales.
La representación de los Steelworkers en México dio a conocer un documento en el que la Comisión Internacional de Derechos Laborales anunció por esta razón la publicación de un nuevo reporte, basado en los resultados que recogió la delegación de expertos laborales durante su visita a México en mayo de 2010.
El reporte destaca las preocupaciones sobre el trabajo internacional y los derechos humanos en dos conflictos laborales actuales: el del SME y el de los mineros.
En el mismo informe, Jeffrey Sack –abogado laboral con base en Toronto, integrante de la delegación– declaró: “a pesar de medidas positivas de México, como el reconocimiento de instrumentos internacionales vinculados con la ley nacional, el gobierno no ha cumplido sus compromisos”.
En tanto, el ministro Yogesh Sabharwal, presidente retirado del Tribunal Supremo de India, indicó: “nuestra delegación fue testigo de la erosión de derechos en México”. Mientras Jeanne Mirer, presidenta del comité de la ICLR, declaró que el gobierno del presidente Calderón aún puede hacer cambios para volver a estar en la línea universalmente aceptada de los derechos laborales y de los derechos humanos.
La delegación de la ICLR se reunió en nuestro país con gran número de expertos en derecho laboral, líderes sindicales como los del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (mineros), así como con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo J. Ortiz Mayagoitia, y el diputado Ramón Jiménez, del PRD, y determinó que en México se cometen numerosas violaciones a los derechos humanos y laborales.
La representación de los Steelworkers en México dio a conocer un documento en el que la Comisión Internacional de Derechos Laborales anunció por esta razón la publicación de un nuevo reporte, basado en los resultados que recogió la delegación de expertos laborales durante su visita a México en mayo de 2010.
El reporte destaca las preocupaciones sobre el trabajo internacional y los derechos humanos en dos conflictos laborales actuales: el del SME y el de los mineros.
En el mismo informe, Jeffrey Sack –abogado laboral con base en Toronto, integrante de la delegación– declaró: “a pesar de medidas positivas de México, como el reconocimiento de instrumentos internacionales vinculados con la ley nacional, el gobierno no ha cumplido sus compromisos”.
En tanto, el ministro Yogesh Sabharwal, presidente retirado del Tribunal Supremo de India, indicó: “nuestra delegación fue testigo de la erosión de derechos en México”. Mientras Jeanne Mirer, presidenta del comité de la ICLR, declaró que el gobierno del presidente Calderón aún puede hacer cambios para volver a estar en la línea universalmente aceptada de los derechos laborales y de los derechos humanos.
Líneas aéreas y aeropuerto mexicanos cuestionados
Escrito por Cecilia González Arenas Es nostálgico recordar los vuelos de Mexicana de Aviación y Aeroméxico en los años 70, cuando eran propiedad de México. Había un plan publicitario de alguna de las dos líneas mexicanas que se llamaba “Champaigne Fly” y realmente se servía champaña Moet Chamdom en todo el viaje; además de las exquisiteces de comida como la de Air France que entregaba a los pasajeros en vuelos trasatlánticos, un menú elegantísimo en el cual se podían elegir los platillos al gusto de cada persona, entre una variedad selecta. Las azafatas o sobrecargos estaban atentos a cualquier indicación de los pasajeros.
En contraste, ahora en los vuelos nacionales obsequian cacahuates y, si acaso, un refresco o jugo. En viajes trasatlánticos hay la posibilidad de un emparedado y un poco de ensalada muy deslucida.
A pesar de esa notable disminución en las atenciones para el pasaje aéreo, nada se compara con lo que sucede al interior del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México, cuya responsabilidad es de las líneas aéreas. En una carta enviada, a quien esto escribe, por una profesionista reconocida, menciona dos experiencias muy infortunadas en un lapso de dos meses.
Según su relato, la situación que se presentó fue la siguiente: “regresaba de Lima y al llegar al aeropuerto de la ciudad de México, me percaté que el cierre de mi maleta había sido forzado. Reclamé. La representante de la aerolínea trató el hecho como una cuestión normal, de procedimiento y con toda serenidad y control de sus emociones, pesó la maleta y pidió que yo verificara si estaba faltando algo.
De hecho, el contenido estaba como yo lo había dispuesto y no faltaba nada. Ignoro por qué abrieron mi maleta y no obtuve ninguna explicación”. El comentario ante este hecho es que se pone en cuestión el manejo del equipaje en ausencia de los propietarios, porque si hay que abrir las maletas al pasar aduanas, el o la propietaria mostrarán al funcionario el contenido con todo cuidado y sin estropear sus pertenencias.
Continúa la persona denunciante: “el martes 8 de junio, al regresar de Nueva York por Aeroméxico, de nuevo una violación a mi propiedad: rompieron el candado de mi maleta, rasgaron un sobre donde había algunos regalos que compré en el Museo de Arte Moderno y encontré todas mis cosas revueltas.
Además, faltaban algunos objetos de valor personal. Acudí ante la representación de Aeroméxico en el área de retirada de equipaje a quejarme y pedir una solución.
La persona que me atendió, el señor Martín Hidalgo, dijo que lo único que podría hacer era tomar nota del evento, hacer una notificación y nada más porque la empresa no se responsabiliza por las maletas.
Y así fue… platicando con colegas de trabajo y con amigos descubrí que varios de ellos tuvieron las mismas experiencias. Algunos datos al calce, Aeroméxico fue privatizado en 2007, adquirido por varios empresarios y Banamex, City Bank de mayoría.
Por su parte, Mexicana es propiedad de Gastón Azcárraga Tamayo, dueño también de 94 hoteles Posadas. La línea aérea fue adquirida en 2006 en mil 456 millones de pesos.
La persona afectada recurrió a la Secretaría de la Función Pública, que estaba cerrada. Posteriormente llamó por teléfono y le informaron que el asunto no era de su competencia y que debería dirigirse a la Profeco. Habló y fue a esa dependencia y ahí le informaron que no podría presentar una queja, porque lo que había sucedido era un robo y que debería acudir al Ministerio Público de la zona rosa.
En esos trámites se encuentra actualmente. Es sumamente preocupante que este tipo de situaciones se presenten en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a viajeros nacionales y extranjeros. De suyo, los mexicanos hoy día tienen una fama negativa de violencia, corrupción e impunidad y con estos acontecimientos se confirma.
En esos dos ejemplos, entre muchos más, se configuran delitos que las autoridades responsables, tanto federales como del gobierno de la ciudad, deberían enfrentar y ponerle remedio.
No es admisible que dos instituciones como la SFP y la Profeco hayan ignorado estos casos para investigación y presentación de denuncias y ya se sabe que recurrir al MP tiene el riesgo de que ahí tampoco se atienda a las personas en forma eficaz, aunque las estadísticas son espeluznantes desde hace ya varios años: el 97 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes.
Desde este espacio, valga la denuncia que, sería deseable, llegara a las líneas aéreas y a las autoridades correspondientes para investigar y castigar a los delincuentes, más aún cuando el aeropuerto de Morelos ya está, o estará en breve, realizando viajes nacionales e internacionales, prestados por varias compañías de aviación que tendrían que responsabilizarse del manejo honesto y eficaz del equipaje de los viajeros. Más vale prevenir que lamentar.
ADDENDA. Qué preocupante la ejecución del candidato a gobernador de Tamaulipas. Ahora, México se pregunta ¿Qué sigue? No es suficiente una convocatoria más a la unidad. Una de cal de la SCJN con la liberación, después de 4 años prisioneros, de los luchadores de Atenco. Falta el castigo para quienes los enviaron a perder esos años de su vida. Pendiente, otra de cal para el SME y los mineros.
En contraste, ahora en los vuelos nacionales obsequian cacahuates y, si acaso, un refresco o jugo. En viajes trasatlánticos hay la posibilidad de un emparedado y un poco de ensalada muy deslucida.
A pesar de esa notable disminución en las atenciones para el pasaje aéreo, nada se compara con lo que sucede al interior del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la ciudad de México, cuya responsabilidad es de las líneas aéreas. En una carta enviada, a quien esto escribe, por una profesionista reconocida, menciona dos experiencias muy infortunadas en un lapso de dos meses.
Según su relato, la situación que se presentó fue la siguiente: “regresaba de Lima y al llegar al aeropuerto de la ciudad de México, me percaté que el cierre de mi maleta había sido forzado. Reclamé. La representante de la aerolínea trató el hecho como una cuestión normal, de procedimiento y con toda serenidad y control de sus emociones, pesó la maleta y pidió que yo verificara si estaba faltando algo.
De hecho, el contenido estaba como yo lo había dispuesto y no faltaba nada. Ignoro por qué abrieron mi maleta y no obtuve ninguna explicación”. El comentario ante este hecho es que se pone en cuestión el manejo del equipaje en ausencia de los propietarios, porque si hay que abrir las maletas al pasar aduanas, el o la propietaria mostrarán al funcionario el contenido con todo cuidado y sin estropear sus pertenencias.
Continúa la persona denunciante: “el martes 8 de junio, al regresar de Nueva York por Aeroméxico, de nuevo una violación a mi propiedad: rompieron el candado de mi maleta, rasgaron un sobre donde había algunos regalos que compré en el Museo de Arte Moderno y encontré todas mis cosas revueltas.
Además, faltaban algunos objetos de valor personal. Acudí ante la representación de Aeroméxico en el área de retirada de equipaje a quejarme y pedir una solución.
La persona que me atendió, el señor Martín Hidalgo, dijo que lo único que podría hacer era tomar nota del evento, hacer una notificación y nada más porque la empresa no se responsabiliza por las maletas.
Y así fue… platicando con colegas de trabajo y con amigos descubrí que varios de ellos tuvieron las mismas experiencias. Algunos datos al calce, Aeroméxico fue privatizado en 2007, adquirido por varios empresarios y Banamex, City Bank de mayoría.
Por su parte, Mexicana es propiedad de Gastón Azcárraga Tamayo, dueño también de 94 hoteles Posadas. La línea aérea fue adquirida en 2006 en mil 456 millones de pesos.
La persona afectada recurrió a la Secretaría de la Función Pública, que estaba cerrada. Posteriormente llamó por teléfono y le informaron que el asunto no era de su competencia y que debería dirigirse a la Profeco. Habló y fue a esa dependencia y ahí le informaron que no podría presentar una queja, porque lo que había sucedido era un robo y que debería acudir al Ministerio Público de la zona rosa.
En esos trámites se encuentra actualmente. Es sumamente preocupante que este tipo de situaciones se presenten en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a viajeros nacionales y extranjeros. De suyo, los mexicanos hoy día tienen una fama negativa de violencia, corrupción e impunidad y con estos acontecimientos se confirma.
En esos dos ejemplos, entre muchos más, se configuran delitos que las autoridades responsables, tanto federales como del gobierno de la ciudad, deberían enfrentar y ponerle remedio.
No es admisible que dos instituciones como la SFP y la Profeco hayan ignorado estos casos para investigación y presentación de denuncias y ya se sabe que recurrir al MP tiene el riesgo de que ahí tampoco se atienda a las personas en forma eficaz, aunque las estadísticas son espeluznantes desde hace ya varios años: el 97 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes.
Desde este espacio, valga la denuncia que, sería deseable, llegara a las líneas aéreas y a las autoridades correspondientes para investigar y castigar a los delincuentes, más aún cuando el aeropuerto de Morelos ya está, o estará en breve, realizando viajes nacionales e internacionales, prestados por varias compañías de aviación que tendrían que responsabilizarse del manejo honesto y eficaz del equipaje de los viajeros. Más vale prevenir que lamentar.
ADDENDA. Qué preocupante la ejecución del candidato a gobernador de Tamaulipas. Ahora, México se pregunta ¿Qué sigue? No es suficiente una convocatoria más a la unidad. Una de cal de la SCJN con la liberación, después de 4 años prisioneros, de los luchadores de Atenco. Falta el castigo para quienes los enviaron a perder esos años de su vida. Pendiente, otra de cal para el SME y los mineros.
Descomposición de lo social
Rafael Mendoza Castillo
En un principio transitamos de la comunidad a la sociedad, sin embargo, hoy, los procesos de globalización capitalista están destruyendo lo social y sus correspondientes organizaciones e instituciones sociales, con el fin de incorporar el sentido totalitario y dogmático denominado mercado libre, privatización y desregulación. Este último sentido pretende descansar ahora en el individuo, soportando lo anterior, en el respeto a la dignidad de la persona (moral). No rechazo el respeto a los derechos humanos, solamente subrayo que esa lucha tiene serias limitaciones al contemplar solamente la parte moral de la persona y se olvida de la ética, la política, para luchar por la liberación radical de la sociedad, en lo referente a su estructura, procesos y tendencias.
La preocupación ya no es la identificación con las grandes causas sociales, sino que el interés gira en torno del individuo. La metamorfosis de lo social se orienta hacia el individuo, sobre su propia libertad. En este caso el consumo aparece como el espacio de realización personal. En donde la caverna antigua, como diría José Saramago y ahora los grandes centros comerciales, sustituyen a los lazos sociales, a lo público.
Es sintomático que en el marco de la defensa de los derechos humanos solamente se incluye lo que compete a lo individual y se excluyen las conquistas colectivas, que sí fortalecían y fortalecen la cohesión social. La guerra, la violencia, los asesinatos políticos recientes y el miedo, son elementos que colaboran para que lo social sufra una permanente erosión. Además anuncian la obsolescencia del sistema de dominación neoliberal.
El individuo encontraba elementos externos o referencias para construir el mundo social, pero hoy aquél se convierte en su propio autorreferente. Volver a uno mismo y olvidar a los otros, es la consigna de la globalización neoliberal. El individuo como autorreferente se incluye en lo que Gilles Lipovetsky llamó la era del vacio, es decir, el cultivo exclusivo del yo individual. Pasamos de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores.
La erosión de lo social en México muestra cómo las instituciones sociales, con las cuales el individuo, los grupos o las clases sociales se identificaban, hoy, se desmoronan. Así, como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del Estado de bienestar, la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) (aplica la justicia según convenga al interés de la oligarquía o el momento electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Federal Electoral (IFE), partidos políticos. Aunque la vuelta al individuo tiene como ventaja el hecho de que éste pretende evitar los constreñimientos impuestos por las mismas instituciones sociales y la propia socialización (internalización).
En estos momentos estamos asistiendo a la descomposición acelerada del tejido social, es decir, de la sociedad mexicana. La gente tiende a refugiarse en lo individual, lo familiar, pequeñas comunidades, las cuales se orientan hacia el encuentro de sus propias seguridades. La fragmentación sustituye a las totalidades sociales, grupos, comunidades y clases sociales. Como bien afirma Sergio Zermeño: “Al desarticular violentamente el tejido social intermedio, de por sí endeble; es decir, al alejar a sectores mayoritarios de su sociedad de los estándares occidentales en lo referente a niveles de vida, justicia social y conductas democráticas basadas en el fortalecimiento de la ciudadanía”.
Si observamos, críticamente, el pasado proceso electoral (4 de julio), con su guerra sucia entre todos los partidos e incluidos medios de comunicación, nos daremos cuenta que asistimos a un desordenamiento en lo político y en donde se aprecia la exclusión y debilitamiento de lo social, como resultado directo del proceso de inclusión de la economía en la globalización neoliberal y su cemento, la corrupción y la impunidad.
Recordemos el comportamiento político del Estado centralizado y autoritario, que desde ese espacio se impuso una conciencia nacional, que incorporó de manera forzosa, la diversidad cultural real, mestiza, criolla, negra e indígena. En ese juego de imposiciones, se silenció y excluyó la cultura de los pueblos originarios. Se pretendió construir una unidad mecánica, sin diferencias (como la que ahora pretende Felipe Calderón y la oligarquía). En el momento en que se dejó de lado el Estado centralizador, de unidad forzosa, más o menos repartidor de resultados del desarrollo capitalista, en donde el individuo se veía como espectador, no como actor social creador de destino histórico, aparece el modelo neoliberal (1982), impuesto vía el Tratado de Libre Comercio (salinato), en donde la economía del país quedó inscrita, por voluntad de la oligarquía, que no por decisión del pueblo, en la globalización.
El proceso globalizador o modernizador se convirtió en un disolvente poderoso de lo social: se desmoronan las identidades colectivas y los espacios de interacción comunicativa y de formación critica de lo público. Así, aparecen como disolventes de lo social, fenómenos de extrema pobreza, de desigualdad brutal, de exclusión; también un desmantelamiento de actores sociales, sindicatos ( SME), organizaciones sociales y, por último, la integración de individuos y grupos al consumo, que no es otra cosa que su inclusión en lo privado.
Los procesos electorales del 4 de julio se convirtieron en instrumentos que cooperan en la disolución de lo social, ya que eliminan a la democracia social, para sólo quedar la democracia política, misma que sólo le interesa el acceso al poder, a cualquier precio, reparto del botín (cúpula charra del SNTE), para incrementar poder y riqueza en pocos y desmantelar los valores de solidaridad, de igualdad, de justicia, como elementos que sí permiten la cohesión de lo social. Lo anterior es sustituido por los atributos individuales (competencias).
El miedo, la violencia, la desigualdad y la guerra, son hechos provocados desde el poder de dominación y explotación, con la finalidad de erosionar el tejido social y de paso, privatizar lo público y arrojar por la borda lo social, y sustituir a este último, por las preocupaciones de un sujeto personal privatizado, que busque lo mínimo, que viva con lo mínimo, que consuma lo mínimo y se aleje de la política como escenario público; lugar éste donde podría tomar decisiones, a fin de transformar su mundo histórico-social. Otro mundo es posible.
En un principio transitamos de la comunidad a la sociedad, sin embargo, hoy, los procesos de globalización capitalista están destruyendo lo social y sus correspondientes organizaciones e instituciones sociales, con el fin de incorporar el sentido totalitario y dogmático denominado mercado libre, privatización y desregulación. Este último sentido pretende descansar ahora en el individuo, soportando lo anterior, en el respeto a la dignidad de la persona (moral). No rechazo el respeto a los derechos humanos, solamente subrayo que esa lucha tiene serias limitaciones al contemplar solamente la parte moral de la persona y se olvida de la ética, la política, para luchar por la liberación radical de la sociedad, en lo referente a su estructura, procesos y tendencias.
La preocupación ya no es la identificación con las grandes causas sociales, sino que el interés gira en torno del individuo. La metamorfosis de lo social se orienta hacia el individuo, sobre su propia libertad. En este caso el consumo aparece como el espacio de realización personal. En donde la caverna antigua, como diría José Saramago y ahora los grandes centros comerciales, sustituyen a los lazos sociales, a lo público.
Es sintomático que en el marco de la defensa de los derechos humanos solamente se incluye lo que compete a lo individual y se excluyen las conquistas colectivas, que sí fortalecían y fortalecen la cohesión social. La guerra, la violencia, los asesinatos políticos recientes y el miedo, son elementos que colaboran para que lo social sufra una permanente erosión. Además anuncian la obsolescencia del sistema de dominación neoliberal.
El individuo encontraba elementos externos o referencias para construir el mundo social, pero hoy aquél se convierte en su propio autorreferente. Volver a uno mismo y olvidar a los otros, es la consigna de la globalización neoliberal. El individuo como autorreferente se incluye en lo que Gilles Lipovetsky llamó la era del vacio, es decir, el cultivo exclusivo del yo individual. Pasamos de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores.
La erosión de lo social en México muestra cómo las instituciones sociales, con las cuales el individuo, los grupos o las clases sociales se identificaban, hoy, se desmoronan. Así, como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del Estado de bienestar, la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) (aplica la justicia según convenga al interés de la oligarquía o el momento electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Federal Electoral (IFE), partidos políticos. Aunque la vuelta al individuo tiene como ventaja el hecho de que éste pretende evitar los constreñimientos impuestos por las mismas instituciones sociales y la propia socialización (internalización).
En estos momentos estamos asistiendo a la descomposición acelerada del tejido social, es decir, de la sociedad mexicana. La gente tiende a refugiarse en lo individual, lo familiar, pequeñas comunidades, las cuales se orientan hacia el encuentro de sus propias seguridades. La fragmentación sustituye a las totalidades sociales, grupos, comunidades y clases sociales. Como bien afirma Sergio Zermeño: “Al desarticular violentamente el tejido social intermedio, de por sí endeble; es decir, al alejar a sectores mayoritarios de su sociedad de los estándares occidentales en lo referente a niveles de vida, justicia social y conductas democráticas basadas en el fortalecimiento de la ciudadanía”.
Si observamos, críticamente, el pasado proceso electoral (4 de julio), con su guerra sucia entre todos los partidos e incluidos medios de comunicación, nos daremos cuenta que asistimos a un desordenamiento en lo político y en donde se aprecia la exclusión y debilitamiento de lo social, como resultado directo del proceso de inclusión de la economía en la globalización neoliberal y su cemento, la corrupción y la impunidad.
Recordemos el comportamiento político del Estado centralizado y autoritario, que desde ese espacio se impuso una conciencia nacional, que incorporó de manera forzosa, la diversidad cultural real, mestiza, criolla, negra e indígena. En ese juego de imposiciones, se silenció y excluyó la cultura de los pueblos originarios. Se pretendió construir una unidad mecánica, sin diferencias (como la que ahora pretende Felipe Calderón y la oligarquía). En el momento en que se dejó de lado el Estado centralizador, de unidad forzosa, más o menos repartidor de resultados del desarrollo capitalista, en donde el individuo se veía como espectador, no como actor social creador de destino histórico, aparece el modelo neoliberal (1982), impuesto vía el Tratado de Libre Comercio (salinato), en donde la economía del país quedó inscrita, por voluntad de la oligarquía, que no por decisión del pueblo, en la globalización.
El proceso globalizador o modernizador se convirtió en un disolvente poderoso de lo social: se desmoronan las identidades colectivas y los espacios de interacción comunicativa y de formación critica de lo público. Así, aparecen como disolventes de lo social, fenómenos de extrema pobreza, de desigualdad brutal, de exclusión; también un desmantelamiento de actores sociales, sindicatos ( SME), organizaciones sociales y, por último, la integración de individuos y grupos al consumo, que no es otra cosa que su inclusión en lo privado.
Los procesos electorales del 4 de julio se convirtieron en instrumentos que cooperan en la disolución de lo social, ya que eliminan a la democracia social, para sólo quedar la democracia política, misma que sólo le interesa el acceso al poder, a cualquier precio, reparto del botín (cúpula charra del SNTE), para incrementar poder y riqueza en pocos y desmantelar los valores de solidaridad, de igualdad, de justicia, como elementos que sí permiten la cohesión de lo social. Lo anterior es sustituido por los atributos individuales (competencias).
El miedo, la violencia, la desigualdad y la guerra, son hechos provocados desde el poder de dominación y explotación, con la finalidad de erosionar el tejido social y de paso, privatizar lo público y arrojar por la borda lo social, y sustituir a este último, por las preocupaciones de un sujeto personal privatizado, que busque lo mínimo, que viva con lo mínimo, que consuma lo mínimo y se aleje de la política como escenario público; lugar éste donde podría tomar decisiones, a fin de transformar su mundo histórico-social. Otro mundo es posible.
El SME entrará en nueva etapa de lucha a partir del próximo día 14
Fabiola Martínez
La representación legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entrará el 14 de julio próximo en una nueva fase de disputa interna no sólo por la sobrevivencia de esta organización gremial fundada hace 96 años, sino por el destino de su patrimonio, valuado en más de mil 500 millones de pesos.
En 10 días vencerá la toma de nota (reconocimiento oficial) de 13 dirigentes, miembros del grupo de Martín Esparza, cuyo proceso de relección como secretario general no ha sido avalado en los tribunales.
En tanto, Jorge Sánchez, exdirigente del SME, a quien se recuerda por haber apoyado la política energética del presidente Carlos Salinas de Gortari, formó la Coalición de Miembros del SME, figura incluida en los estatutos sindicales; con base en ello procedería a la toma de instalaciones del gremio.
Al respecto, Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del SME, advirtió:
“Sánchez no nos espanta; no tiene estructura de apoyo, es sólo un personaje siniestro, transota. Sin embargo, tomamos precauciones, porque está preparando un enfrentamiento con golpeadores al mando de uno de sus esbirros conocido como El Cabezón; pretende provocar una revuelta para que con ese pretexto la Policía Federal entre a nuestro sindicato”.
En otro plano de la disidencia quedó Alejandro Muñoz, luego de que el hasta ahora tesorero (su toma de nota también vence el 14 de julio) rompió con Sánchez.
Aunque se desconoce cuánta gente lo apoya, Muñoz sigue siendo interlocutor ante el gobierno federal en la entrega de contratos, con el fin de que algunos cientos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo extinto hace casi nueve meses por decreto presidencial, acepten integrarse a empresas o franquicias, provedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Jorge Sánchez dijo en entrevista que el objetivo de la coalición es preservar el patrimonio sindical y reclamar la contratación colectiva en la CFE, en calidad de patrón sustituto.
Aseguró que tiene el apoyo de 11 mil trabajadores, cifra que fue desmentida por Bobadilla, porque, argumentó, las demandas interpuestas ante la Junta de Conciliación rondan esa cantidad, pero sumando los trámites que han hecho múltiples grupos por medio de despachos privados, así como miles de querellas de trabajadores en particular.
Jorge Sánchez expresó que rompió con Alejandro Muñoz porque “a él sólo le interesa la lana del gobierno. En ese sentido, se convirtió en traidor. Con Martín Esparza no nos metemos, aunque tampoco coincidimos con su método de lucha.
“Después del 14 de julio nadie del comité central tendrá toma de nota; los de la coalición seremos los únicos que tendremos personalidad jurídica en el sindicato”, aseguró.
La división en el SME hizo crisis el año pasado, cuando Muñoz impugnó el triunfo de Esparza, a quien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó la toma de nota.
Hace casi nueve meses el gremio recibió, dividido, la intempestiva toma de LFC por la Policía Federal, preludio de la extinción del organismo que daba empleo a 44 mil trabajadores. De ellos, 17 mil 300 no han aceptado su liquidación y se mantienen la defensa legal que encabeza Martín Esparza, lo mismo en tribunales laborales para exigir la reinstalación de los electricistas en CFE, bajo la figura de patrón sustituto, que en el amparo de la determinación presidencial.
El caso está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que mantienen desde hace 70 días una huelga de hambre colectiva en el Zócalo.
Al preguntarle acerca del término de la toma de nota de 13 compañeros suyos, Martín Esparza subrayó: “no nos interesa si el gobierno nos reconoce. A nosotros nos apoya la base y el gobierno no tiene por qué meterse en la vida del sindicato”.
Durante las asambleas del SME fue avalado un documento en el que se informa que tras el litigio mencionado realizarán un nuevo proceso electoral en el sindicato.
La representación legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entrará el 14 de julio próximo en una nueva fase de disputa interna no sólo por la sobrevivencia de esta organización gremial fundada hace 96 años, sino por el destino de su patrimonio, valuado en más de mil 500 millones de pesos.
En 10 días vencerá la toma de nota (reconocimiento oficial) de 13 dirigentes, miembros del grupo de Martín Esparza, cuyo proceso de relección como secretario general no ha sido avalado en los tribunales.
En tanto, Jorge Sánchez, exdirigente del SME, a quien se recuerda por haber apoyado la política energética del presidente Carlos Salinas de Gortari, formó la Coalición de Miembros del SME, figura incluida en los estatutos sindicales; con base en ello procedería a la toma de instalaciones del gremio.
Al respecto, Eduardo Bobadilla, secretario del trabajo del SME, advirtió:
“Sánchez no nos espanta; no tiene estructura de apoyo, es sólo un personaje siniestro, transota. Sin embargo, tomamos precauciones, porque está preparando un enfrentamiento con golpeadores al mando de uno de sus esbirros conocido como El Cabezón; pretende provocar una revuelta para que con ese pretexto la Policía Federal entre a nuestro sindicato”.
En otro plano de la disidencia quedó Alejandro Muñoz, luego de que el hasta ahora tesorero (su toma de nota también vence el 14 de julio) rompió con Sánchez.
Aunque se desconoce cuánta gente lo apoya, Muñoz sigue siendo interlocutor ante el gobierno federal en la entrega de contratos, con el fin de que algunos cientos de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo extinto hace casi nueve meses por decreto presidencial, acepten integrarse a empresas o franquicias, provedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Jorge Sánchez dijo en entrevista que el objetivo de la coalición es preservar el patrimonio sindical y reclamar la contratación colectiva en la CFE, en calidad de patrón sustituto.
Aseguró que tiene el apoyo de 11 mil trabajadores, cifra que fue desmentida por Bobadilla, porque, argumentó, las demandas interpuestas ante la Junta de Conciliación rondan esa cantidad, pero sumando los trámites que han hecho múltiples grupos por medio de despachos privados, así como miles de querellas de trabajadores en particular.
Jorge Sánchez expresó que rompió con Alejandro Muñoz porque “a él sólo le interesa la lana del gobierno. En ese sentido, se convirtió en traidor. Con Martín Esparza no nos metemos, aunque tampoco coincidimos con su método de lucha.
“Después del 14 de julio nadie del comité central tendrá toma de nota; los de la coalición seremos los únicos que tendremos personalidad jurídica en el sindicato”, aseguró.
La división en el SME hizo crisis el año pasado, cuando Muñoz impugnó el triunfo de Esparza, a quien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó la toma de nota.
Hace casi nueve meses el gremio recibió, dividido, la intempestiva toma de LFC por la Policía Federal, preludio de la extinción del organismo que daba empleo a 44 mil trabajadores. De ellos, 17 mil 300 no han aceptado su liquidación y se mantienen la defensa legal que encabeza Martín Esparza, lo mismo en tribunales laborales para exigir la reinstalación de los electricistas en CFE, bajo la figura de patrón sustituto, que en el amparo de la determinación presidencial.
El caso está en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tiempo que mantienen desde hace 70 días una huelga de hambre colectiva en el Zócalo.
Al preguntarle acerca del término de la toma de nota de 13 compañeros suyos, Martín Esparza subrayó: “no nos interesa si el gobierno nos reconoce. A nosotros nos apoya la base y el gobierno no tiene por qué meterse en la vida del sindicato”.
Durante las asambleas del SME fue avalado un documento en el que se informa que tras el litigio mencionado realizarán un nuevo proceso electoral en el sindicato.
Atenco: la lucha rinde. ¡Justicia para el SME y San Juan Copala!
Guillermo Almeyra
Honor a quien lo merece: algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia demostraron ser sensibles y defender las leyes de quienes siempre manejan el aparato judicial como una maza de guerra contra los luchadores sociales y contra las resistencias a las medidas liberticidas. Debo confesar que su fallo me alegró, porque me hizo ver que la densidad cultural histórica de las luchas que construyeron este país y la presión de la sociedad pesan incluso en algunos de los principales organismos estatales de este país, que aunque es capitalista y está gobernado por los representantes directos del capital, ha sido forjado por los grandes y profundos movimientos sociales de la Reforma y de la Revolución Mexicana. En Atenco están, como en tantas otras luchas campesinas y obreras de México, los Emilianos Zapatas de hoy, y alegra ver que no todos en el aparato estatal están dispuestos, como lo están en cambio Enrique Peña Nieto y sus iguales, a cumplir el papel de los Guajardos y los Carranzas.
Pero los héroes de esta lucha por la justicia, los derechos sociales, las libertades y los derechos humanos son, antes que nada, los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, que, con doña Trini y sus mujeres a la cabeza, llevaron adelante una valiente e incansable lucha de más de cuatro años, juntando cada vez más fuerzas y voluntades, construyendo alianzas con otros movimientos sociales y sumando paulatinamente a su lucha a los defensores de los derechos humanos y los intelectuales democráticos de México y del mundo. Ellas y ellos, que se unieron a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los mineros, a los autonomistas triquis de San Juan Copala, a militantes de izquierda y centroizquierda, sin sectarismos ni otro requisito que exigir la libertad de todos los presos políticos y defender los derechos democráticos pisoteados, fueron construyendo el germen de un siempre creciente frente único, autónomo y democrático.
El temor a emitir un fallo que, ratificando las barbaridades políticas y jurídicas cometidas por el gobernador del estado de México y por sus servidores judiciales, cerrase todo camino legal e institucional para la protesta social y la empujase por el camino de la rebelión legítima y de la radicalización y el temor al crecimiento de una protesta social unida influyó sin duda también en la decisión de la mayoría de la Suprema Corte.
Atenco demostró nuevamente, como antes al oponerse al aeropuerto, que la lucha tiene un alto costo pero paga. Como los zapatistas chiapanecos que en 1994 se arriesgaron a morir de un balazo para no seguir muriendo de diarrea, como los triquis de San Juan Copala que desafían los asesinatos y el asedio de los matones del gobierno priísta, Atenco no fue aplastado y ahí está de pie, altivo y luchador, a pesar de la ferocidad de la represión. La lucha paga, rinde sus frutos, porque los pocos miles o decenas de miles de valientes que pelean con tenacidad, constancia y abnegación tienen detrás de sí la simpatía y el apoyo moral de millones de oprimidos y explotados: esta es la fuerza que quita consenso a la represión, que aísla a los criminales de cuello blanco o de pistola y tolete o machete, esa es la presión que hace grandes a los pequeños y convierte moralmente en diminutos a los que sólo cuentan con el tamaño del aparato estatal.
La victoria legal del FPDT, de doña Trini y sus compañeros, es también la victoria moral de buena parte del pueblo mexicano y de los defensores de los derechos humanos y civiles y es, por eso mismo, una confesión indirecta del temor de las clases gobernantes a la construcción de un frente único de movimientos, organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda capaz de juntar a todos, sin sectarismo, en torno a un programa común que defienda las libertades democráticas y sociales, exija la libertad de los presos políticos y sociales, impida la destrucción de los sindicatos y otros organismos de resistencia, defienda las conquistas legales de la Revolución, luche por un aumento generalizado de salarios y pensiones, por el sostén a los campesinos, por la creación de fuentes de trabajo, por la defensa de los recursos naturales que el gobierno está intentando entregar a las trasnacionales, por la desmilitarización de los estados, por una economía alternativa basada en la autonomía, la autogestión, la restructuración del territorio. Es cierto que detrás del fallo de la Suprema Corte está también el deseo de un sector de las clases dominantes de cerrarle el camino a la Presidencia al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ahora aparece ante el mundo como mandante de matanzas, violaciones, torturas, falsificación de pruebas judiciales, promotor de métodos fascistas y, por lo tanto, impresentable dentro de pocos meses como candidato a primer mandatario. Pero la agudización de la lucha intercapitalista sólo facilitó el triunfo legal, no lo determinó. El causante del mismo fue la férrea decisión de lucha de doña Trini y sus compañeros del FPDT, que supieron sumar a otros luchadores en todos los demás ámbitos de la sociedad.
Ahora hay que ampliar la brecha abierta. Hay que lograr que se castigue a los culpables de la violenta represión en Atenco y a los prevaricadores, que se indemnice a sus víctimas, que se libere a todos los presos políticos. Hay que imponer una solución justa para los miembros del SME y para los derechos sindicales de los mineros. Hay que parar de raíz los intentos de empeorar las leyes y garantías que sirven para la protección de los trabajadores. Como decían los de 1968 “ce n’est qu’un début!”, esto no es más que el comienzo, y la victoria no es un punto de llegada sino de partida. Alentados, continuemos el combate.
Honor a quien lo merece: algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia demostraron ser sensibles y defender las leyes de quienes siempre manejan el aparato judicial como una maza de guerra contra los luchadores sociales y contra las resistencias a las medidas liberticidas. Debo confesar que su fallo me alegró, porque me hizo ver que la densidad cultural histórica de las luchas que construyeron este país y la presión de la sociedad pesan incluso en algunos de los principales organismos estatales de este país, que aunque es capitalista y está gobernado por los representantes directos del capital, ha sido forjado por los grandes y profundos movimientos sociales de la Reforma y de la Revolución Mexicana. En Atenco están, como en tantas otras luchas campesinas y obreras de México, los Emilianos Zapatas de hoy, y alegra ver que no todos en el aparato estatal están dispuestos, como lo están en cambio Enrique Peña Nieto y sus iguales, a cumplir el papel de los Guajardos y los Carranzas.
Pero los héroes de esta lucha por la justicia, los derechos sociales, las libertades y los derechos humanos son, antes que nada, los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, que, con doña Trini y sus mujeres a la cabeza, llevaron adelante una valiente e incansable lucha de más de cuatro años, juntando cada vez más fuerzas y voluntades, construyendo alianzas con otros movimientos sociales y sumando paulatinamente a su lucha a los defensores de los derechos humanos y los intelectuales democráticos de México y del mundo. Ellas y ellos, que se unieron a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los mineros, a los autonomistas triquis de San Juan Copala, a militantes de izquierda y centroizquierda, sin sectarismos ni otro requisito que exigir la libertad de todos los presos políticos y defender los derechos democráticos pisoteados, fueron construyendo el germen de un siempre creciente frente único, autónomo y democrático.
El temor a emitir un fallo que, ratificando las barbaridades políticas y jurídicas cometidas por el gobernador del estado de México y por sus servidores judiciales, cerrase todo camino legal e institucional para la protesta social y la empujase por el camino de la rebelión legítima y de la radicalización y el temor al crecimiento de una protesta social unida influyó sin duda también en la decisión de la mayoría de la Suprema Corte.
Atenco demostró nuevamente, como antes al oponerse al aeropuerto, que la lucha tiene un alto costo pero paga. Como los zapatistas chiapanecos que en 1994 se arriesgaron a morir de un balazo para no seguir muriendo de diarrea, como los triquis de San Juan Copala que desafían los asesinatos y el asedio de los matones del gobierno priísta, Atenco no fue aplastado y ahí está de pie, altivo y luchador, a pesar de la ferocidad de la represión. La lucha paga, rinde sus frutos, porque los pocos miles o decenas de miles de valientes que pelean con tenacidad, constancia y abnegación tienen detrás de sí la simpatía y el apoyo moral de millones de oprimidos y explotados: esta es la fuerza que quita consenso a la represión, que aísla a los criminales de cuello blanco o de pistola y tolete o machete, esa es la presión que hace grandes a los pequeños y convierte moralmente en diminutos a los que sólo cuentan con el tamaño del aparato estatal.
La victoria legal del FPDT, de doña Trini y sus compañeros, es también la victoria moral de buena parte del pueblo mexicano y de los defensores de los derechos humanos y civiles y es, por eso mismo, una confesión indirecta del temor de las clases gobernantes a la construcción de un frente único de movimientos, organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda capaz de juntar a todos, sin sectarismo, en torno a un programa común que defienda las libertades democráticas y sociales, exija la libertad de los presos políticos y sociales, impida la destrucción de los sindicatos y otros organismos de resistencia, defienda las conquistas legales de la Revolución, luche por un aumento generalizado de salarios y pensiones, por el sostén a los campesinos, por la creación de fuentes de trabajo, por la defensa de los recursos naturales que el gobierno está intentando entregar a las trasnacionales, por la desmilitarización de los estados, por una economía alternativa basada en la autonomía, la autogestión, la restructuración del territorio. Es cierto que detrás del fallo de la Suprema Corte está también el deseo de un sector de las clases dominantes de cerrarle el camino a la Presidencia al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ahora aparece ante el mundo como mandante de matanzas, violaciones, torturas, falsificación de pruebas judiciales, promotor de métodos fascistas y, por lo tanto, impresentable dentro de pocos meses como candidato a primer mandatario. Pero la agudización de la lucha intercapitalista sólo facilitó el triunfo legal, no lo determinó. El causante del mismo fue la férrea decisión de lucha de doña Trini y sus compañeros del FPDT, que supieron sumar a otros luchadores en todos los demás ámbitos de la sociedad.
Ahora hay que ampliar la brecha abierta. Hay que lograr que se castigue a los culpables de la violenta represión en Atenco y a los prevaricadores, que se indemnice a sus víctimas, que se libere a todos los presos políticos. Hay que imponer una solución justa para los miembros del SME y para los derechos sindicales de los mineros. Hay que parar de raíz los intentos de empeorar las leyes y garantías que sirven para la protección de los trabajadores. Como decían los de 1968 “ce n’est qu’un début!”, esto no es más que el comienzo, y la victoria no es un punto de llegada sino de partida. Alentados, continuemos el combate.
Se manifiestan ante la Corte HIJOS y Eureka
Emir Olivares Alonso
Integrantes del Comité Eureka e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México, se manifestaron en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar, una vez más, la presentación con vida de los más de 500 desaparecidos en el país.
En esta ocasión, los manifestantes aprovecharon el “fervor futbolero” a propósito del Mundial de Sudáfrica para realizar varias actividades relacionadas al balompié y a la vez ligarlas con su demanda de justicia. Bajo la consigna de “goles contra la impunidad” también demandaron el castigo a los responsables de los delitos del pasado.
Como lo hacen cada primer sábado de mes desde octubre de 2008, acudieron poco después del mediodía frente a la puerta principal del máximo tribunal para gritar aquellas exigencias que han proclamado por casi cuatro décadas: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Desaparecidos, presentación” y “Ni perdón ni olvido”.
Aun cuando con la de ayer ya suman 22 visitas continuas (una mensual) a la Corte, el ánimo y creatividad de los miembros de HIJOS México en su exigencia de justicia no ha decaído.
Para estar a la par con la justa mundialista, improvisaron una portería que fue resguardada por una jugadora apodada Impunidad, y se invitó a todos quienes paseaban por el lugar a cobrar un penal para golear a la injusticia. El balón tuvo un diseño especial: tenía escrita la exigencia “juicio y castigo”. Pero la ineficacia para tirar los penales dejó el marcador en favor de la Impunidad.
Este sábado, los familiares de desaparecidos políticos se encontraron con el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene a lado de la SCJN. Además visitaron –por segundo mes– a los miembros del SME en huelga de hambre en el Zócalo.
Integrantes del Comité Eureka e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México, se manifestaron en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar, una vez más, la presentación con vida de los más de 500 desaparecidos en el país.
En esta ocasión, los manifestantes aprovecharon el “fervor futbolero” a propósito del Mundial de Sudáfrica para realizar varias actividades relacionadas al balompié y a la vez ligarlas con su demanda de justicia. Bajo la consigna de “goles contra la impunidad” también demandaron el castigo a los responsables de los delitos del pasado.
Como lo hacen cada primer sábado de mes desde octubre de 2008, acudieron poco después del mediodía frente a la puerta principal del máximo tribunal para gritar aquellas exigencias que han proclamado por casi cuatro décadas: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, “Desaparecidos, presentación” y “Ni perdón ni olvido”.
Aun cuando con la de ayer ya suman 22 visitas continuas (una mensual) a la Corte, el ánimo y creatividad de los miembros de HIJOS México en su exigencia de justicia no ha decaído.
Para estar a la par con la justa mundialista, improvisaron una portería que fue resguardada por una jugadora apodada Impunidad, y se invitó a todos quienes paseaban por el lugar a cobrar un penal para golear a la injusticia. El balón tuvo un diseño especial: tenía escrita la exigencia “juicio y castigo”. Pero la ineficacia para tirar los penales dejó el marcador en favor de la Impunidad.
Este sábado, los familiares de desaparecidos políticos se encontraron con el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene a lado de la SCJN. Además visitaron –por segundo mes– a los miembros del SME en huelga de hambre en el Zócalo.
Suprema Corte de Justicia de la Nacion
Hoy fuimos testigo otraves de la anticonstitucionalidad que vivimos en nuestro pais.
El dia de hoy 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (S.C.J.N.) al parecer dio el fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electrisistas (S.M.E.).
Y como siempre cubriendo los delitos y fraudes que comete el señor Felipe Calderon Hinojosa.
Yo en mi punto de vista la verdad no se como la mayoria de los mexicanos puede aguantar estos tipos de injusticias, o el gobierno lo unico que espara es que el publo consiente se lebante en armas contra el gobierno eso solo dios y el pueblo decide
El dia de hoy 5 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (S.C.J.N.) al parecer dio el fallo en contra del Sindicato Mexicano de Electrisistas (S.M.E.).
Y como siempre cubriendo los delitos y fraudes que comete el señor Felipe Calderon Hinojosa.
Yo en mi punto de vista la verdad no se como la mayoria de los mexicanos puede aguantar estos tipos de injusticias, o el gobierno lo unico que espara es que el publo consiente se lebante en armas contra el gobierno eso solo dios y el pueblo decide
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