En dos comunicados emitidos el 26 de agosto de 2010, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) señala que sobre la sociedad mexicana el gobierno federal ejerce violencia disfrazada de “guerra” contra el narcotráfico. También denuncia que “mercenarios” que combatieron en Irak y Afganistán se encuentran en México realizando labores de contrainsurgencia.
La guerrilla con mayor presencia en los estados de la república mexicana también solicita a la Comisión de Mediación que informe cuáles han sido las respuestas del gobierno mexicano ante las demandas de presentación con vida de sus militantes desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Evalúa revisar la tregua que ha mantenido con el gobierno mexicano.
Por considerarlo de interés público, Contralínea publica de manera íntegra los dos últimos comunicados del EPR.
Primer comunicado
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos
A las organizaciones sociales, políticas y revolucionarias
¡Hermanas, hermanos, camaradas!
La guerra entre los poderes fácticos, desde el gobierno la llaman hoy, guerra contra la delincuencia organizada, es exigida y respaldada por los diferentes grupos de poder económico y político, las cúpulas del ejército federal y de las diferentes fuerzas policíacas federales que hipócritamente dicen combatirla, porque en realidad lo que todo ciudadano ha ido comprobando es que dicha guerra constituye una agresión permanente contra el pueblo, configurándose como terrorismo de Estado.
Los “éxitos y avances” de los que se vanagloria el gobierno federal sólo son un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo, en la cual se ha asesinado impunemente a cuanto ciudadano se cruce en sus operativos “antricrimen” o contra cualquier persona señalada como opositor al gobierno ilegítimo; falsa guerra que ha arrojado el asesinato impune de miles de ciudadanos justificados eufemísticamente como “daños colaterales”, el encarcelamiento de ciudadanos inocentes incriminados y presentados como presuntos delincuentes, la desaparición forzada de miles de ciudadanos, unos por motivos políticos y la gran mayoría por motivos sociales víctimas de la criminal forma de “administrar y procurar la justicia”, que viola sistemáticamente derechos constitucionales y humanos.
La estrategia policíaco-militar contra la delincuencia organizada insistentemente se ha pretendido justificar con un lenguaje policíaco-militar doloso para cubrir el proceder impune de las fuerzas represivas y eludir la responsabilidad en la comisión de delitos y crímenes de Estado tanto de elementos de tropa como de oficiales y mandos, entre ellos, la del jefe supremo de las fuerzas represivas.
Ante el ensanchamiento de facto del fuero militar propiciado por la ilegitimidad de Calderón y la ambición de la cúpula castrense, el ejército federal exige a su ilegítimo protector legalizar todo lo que ha estado haciendo y se avale jurídicamente todo cuanto se propone desde la cúpula militar, como es el hecho de pretender supeditar las leyes constitucionales y penales a las leyes castrenses, es decir, se pretende legalizar una dictadura militar para ponerse en ella como elementos indispensables para “poner orden en el país”, porque desde su lógica fascistoide “la vida de nuestro pueblo, es difícil y delicada”.
Citábamos en otros comunicados que la guerra contra la delincuencia organizada es el pretexto y objetivo para encontrar y destruir a las fuerzas revolucionarias para legitimarse, el gobierno federal bajo este marco está haciendo un brutal ensayo, y en este ensayo ha intensificado la creación y utilización de grupos paramilitares dirigidos por oficiales del ejército federal, la marina y por todo tipo de mercenarios de Estados Unidos como los que utilizan en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que participa directamente la inteligencia israelí a quienes no les importa tener relación con criminales e individuos de la más baja ralea que pertenecen a grupos policíacos, al ejército federal o a la armada de México para asesinar o desaparecer a luchadores sociales que saben que su perfil como individuos es insobornable y cooptar a otros que les han servido como delatores utilizando la calumnia, el desprestigio y al final el asesinato de los luchadores sociales consecuentes.
Dentro de esta estrategia contrainsurgente están algunos partidos políticos que son los que negocian con el Estado y delimitan oportunistamente hasta dónde puede llegar éste; son quienes permiten que hoy las fuerzas represivas no realicen ninguna aprehensión, sino que dan carta blanca para que asesinen a presuntos elementos de la delincuencia organizada que podrían salvar la vida pero, que por ser extraditables podrían delatar a los oligarcas que están detrás de ellos, a sus lava dólares y a políticos reconocidos que son parte orgánica de la delincuencia, esa es la razón por la que llegan a asesinar y no a aprehender, en un intento por evitar que se acumule el expediente público de los nexos del Estado mexicano con el crimen.
Necesariamente para hacer estas acciones mandan a soldados, ya sean infantes de marina, ejército o policía federal por delante como carne de cañón, éstos que van por delante son parte de la gente del pueblo que no pudo obtener un trabajo decoroso, que han truncado su carrera o que es un emigrante de las zonas rurales a las ciudades que ante la necesidad de comer se enrolan en estas fuerzas castrenses, por lo tanto, cuando ven que además de ir en punta son humillados, vejados y pagados con sueldos bajos se da la deserción, mientras sus generales y sus oficiales prooligarcas y reaccionarios se enriquecen escandalosamente y disfrutan de placeres inimaginables utilizándolos a ellos como instrumentos para encubrirlos en sus tropelías.
Y no sólo deserta la tropa, también los oficiales con grado de mayor, capitán, teniente, subteniente, etc., para engrosar las filas de la delincuencia organizada, a quienes el ejército le será más difícil destruir ya que éstos aprendieron y están aprendiendo todas las formas de guerra contrainsurgente y que más tarde utilizan tácticas y estrategias de guerra irregular contra sus ex compañeros, hecho que explica los muertos del lado del Estado, mismas que son ignoradas porque acostumbran ocultar las bajas o informan en el parte oficial que fueron “cocineros” los que murieron, como lo han hecho cuando se han enfrentado con las fuerzas insurgentes.
Cualquiera que platicase con militares o policías, que han pedido su baja en sus respectivas corporaciones, escucha de viva voz que es ahí donde aprenden a consumir todo tipo de droga, donde aprenden a extorsionar, asaltar, secuestrar y a violar toda norma jurídica, en donde son adoctrinados contra la población civil y los luchadores sociales a quienes se les tipifica como delincuentes o terroristas, es ahí donde reciben la orden de “matar a todo lo que se mueva”.
Al señor Calderón no le importa que las fuerzas del ejército y la armada sean despiadadas con la ciudadanía, al contrario, los ensalza como héroes así maten, asesinen, torturen y desaparezcan gente inocente u opositores a su régimen, los estimula repitiéndoles siempre que todo lo que hagan gozará de fuero y de impunidad, bajo la lógica que son héroes, cuando todos sabemos, entre ellos los militares honestos, que en esos crímenes de Estado no hay honor ni gloria que festejar.
Calderón tanto ha perdido el juicio que está haciendo mañosamente un llamado a formar un frente único contra la delincuencia organizada, llamado que persigue la salvación de su administración y repartir entre todos los que cogobierna los costos de su concepción policíaco-militar como política de gobierno, con la cual sólo pueden estar de acuerdo los partidos de derecha, los grandes y medianos empresarios, el clero reaccionario, los dirigentes charros, los monopolios de la comunicación y los políticos de oficio progobiernistas, que festejan y defienden de manera histriónica cada medida del ilegítimo, como es la actual iniciativa contra el lavado de dinero que sólo es una cortina de humo para encubrir a los grandes inversionistas ligados a la delincuencia y criminalizar aún más a quienes por años de manera honrada han hecho un modesto capital que no lo ponen en manos del rapaz y parasitario sector financiero.
Desde la institucionalidad burguesa se valida toda medida de terrorismo fiscal, de acciones policíaco-militares, de medidas de control policíaco de la población, de fiscalización en el consumo y adquisiciones de medicamentos y otros bienes materiales, pero muy pocos oficialmente plantean desde el poder Legislativo hacer un frente unitario para obtener la libertad de los presos políticos y para lograr la presentación con vida de los luchadores sociales, víctimas del delito de desaparición forzada, delito ante el que los más críticos de este sistema y de este régimen también han callado en la exigencia de hacer un juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Políticos de oficio que a pesar de los reclamos populares, en su mayoría se muestran complacientes con las iniciativas y propuestas del ilegítimo al mostrar indiferencia y oídos sordos a las peticiones y exigencias de organizaciones populares, de organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales y de ciudadanos sin partido que sí demandan la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de todos los presos políticos, así como el regreso inmediato de las fuerzas policíaco-militares a sus cuarteles.
Eso lo sabe perfectamente bien el señor Calderón y como se dice el jefe supremo de las fuerzas armadas toda la responsabilidad recae sobre él, sobre los legisladores y el poder judicial que encubren las atrocidades del ejército federal y que son quienes pudieran legalizar un golpe de Estado, presionados por el imperialismo norteamericano para que acepte la tesis imperialista del “Estado fallido”, para que descaradamente se siga violando nuestra soberanía y asegurar el establecimiento de dos o tres bases militares norteamericanas dentro de nuestro territorio como lo ha hecho ya en Colombia, que para ese propósito cuenta con mucho recurso humano qué ocupar como son los hijos de los migrantes o los jóvenes que están en su país legal o ilegalmente que hablan el español e idiomas diferentes como son el náhuatl, zapoteco, mixteco, tlapaneco, etc.
No se debe omitir el hecho de que la mayoría de los agentes de migración que están supuestamente defendiendo la frontera norteamericana de los inofensivos emigrantes, que llegan en pos del falso sueño americano, agentes que por lo regular son hijos de migrantes de habla hispana que fueron tratados y siguen siendo tratados como subhumanos, que hoy sirven al monstruo imperialista, no les quedó otra manera de vivir y ser “aceptados” por la sociedad anglosajona que ser de la migra o parte de las fuerzas armadas americanas, se vuelven resentidos y en lugar de reclamarle a su gobierno que los ha tratado de esa manera, desquitan su odio racial con los migrantes hispanoparlantes hasta el grado de meterse a matar a nuestros hermanos dentro de nuestro territorio.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas, viene a demostrar el doble rasero de este gobierno con respecto al problema global de la expatriación de mano de obra superbarata hacia las economías más desarrolladas de las que emigran, al exigir timoratamente respeto a los derechos de nuestros hermanos en territorio norteamericano, al mismo tiempo que a quienes en esa misma pretensión nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos de llegar “al norte” son criminalizados, perseguidos, vejados y tratados con tanta crueldad inhumana como se hace con los presos en prisiones norteamericanas.
La masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, no es un hecho aislado, ni desvinculado de los grupos paramilitares que entran en la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada, porque curiosamente cada vez que el tema de seguridad va a ser tratado, siempre hay un “incidente” que persigue seguir apuntalando la tesis de la indispensabilidad del ejército en las calles. El principal responsable de esta matanza es el gobierno de Calderón y es parte del terrorismo de Estado.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Por nuestros camaradas proletarios!
¡Resueltos a vencer!
¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (PDPR)- COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (CG-EPR)
Año 46.
República mexicana, a 26 de agosto de 2010
Segundo comunicado
Al pueblo de México
A la Comisión de Mediación
Y mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos, que junto con los desaparecidos por motivos sociales son miles de ciudadanos que están en esta infame condición, realidad producto de una política de “limpieza social”, que aunque no lo acepten plumas “prestigiosas” por sus intereses inconfesables, en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica.
Entre este panorama de criminalización contra nuestro pueblo y ante la pregonada democracia que exaltan los políticos de oficio y sus representados, la oligarquía, preguntamos: ¿Qué prebendas más ganarían, de las ya satisfechas, los partidos políticos con el señor Calderón por no juzgar a los responsables de estas desapariciones forzadas? Como son el general Alfredo Oropeza Garnica, el aún gobernador criminal Ulises Ruiz, Manuel Moreno Rivas, Manuel Vera Salinas y Jorge Franco?
¿Cómo es que la dirigencia nacional del PRD sabiendo que Manuel Vera Salinas tiene responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros compañeros, así como de muchos más luchadores sociales desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca le da protección por medio de su ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo Greg Sánchez, entonces presidente municipal de Cancún, nombrándolo jefe de policía y tránsito? ¿Quiere decir, entonces, que en lugar de hacer una denuncia por este delito es su protegido? ¿Qué más podemos esperar con esta actitud?
El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos coorporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policíaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente.
La historia reciente del país nos recuerda que gobiernos anteriores priistas tenían negociación con el crimen organizado y sus titulares para combatir a los grupos revolucionarios de ese tiempo, por poner algunos ejemplos eran Nazar Haro y el general Acosta Chaparro, el primero hoy “super” asesor de oligarcas y cúpula policíaco-militar, que en su medio solían preguntar a algunos integrantes del crimen organizado y a subalternos si habían hecho tal o cual acción delictiva, y éstos al negarlo ocasionaban que el gobierno declarara después de un supuesto trabajo de inteligencia que habían sido fuerzas insurgentes los responsables de tales acciones.
Desde esos tiempos priistas el crimen organizado facilitaba casas de seguridad y sicarios para que asesinaran, pero previamente torturaran a luchadores sociales y miembros de las fuerzas insurgentes cuando la época de la guerra sucia. Con el arribo el panismo al gobierno federal esta práctica no sólo se retomó si no que la ha intensificado.
Ante este desolador panorama para nuestro pueblo y sus organizaciones hemos respetando la tregua unilateral solicitada por la Comisión de Mediación a pesar de la falta de respuesta oficial a la Comisión de Mediación; a pesar de que en diferentes partes del país se han instrumentado operativos contrainsurgentes de búsqueda y captura de nuestros militantes; a pesar de la indiferencia, silencio y complicidad de la mayoría de los integrantes del poder Legislativo; a pesar del ambiente represivo contra nuestro pueblo y la agresión policíaco-militar contra éste que legitima una respuesta del conjunto del movimiento revolucionario por el anhelo de libertad y justicia de nuestro pueblo que pide el actuar revolucionario.
Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Por nuestros camaradas proletarios!
¡Resueltos a vencer!
¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!
Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario CG-EPR
Año 46
El Juzgado Mixto de primera Instancia, con sede en Ayutla de los Libres, dispuso la libertad absoluta del defensor de derechos humanos, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito que se le imputaba.
