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domingo, 22 de agosto de 2010

Tumban casas de familiares de mineros de Pasta de Conchos

En la celebración eucarística que Familia Pasta de Conchos celebra los días 19 de cada mes en recuerdo de los 65 mineros muertos, esta organización denunció que con maquinaria de Industrial Minera México se demolieron 300 viviendas de la zona carbonífera de Coahuila, con el pretexto de que iban a ser reubicadas porque resultaron dañadas por el huracán Álex.




Con esta acción se quedaron sin vivienda familias de los mineros, por lo que se arguye que esto fue un engaño más de esta empresa en contubernio con el gobierno estatal, ya que a la fecha no se han preocupado por el destino de estos habitantes, no se ha iniciado la construcción de casas y no tienen recursos para pagar una renta.



La misa fue oficiada a las afueras de las oficinas centrales de Grupo México en esta ciudad por el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, quién sostuvo que la pobreza en que viven los mineros de la zona evidencia que las empresas se enriquecen sobre el sacrificio de los trabajadores. Dijo que el propio huracán hace ver que la presencia de grandes empresas, como Industrial Minera México, “no ha implicado progreso para las comunidades”.

La abogada de esta organización, Cristina Auerbach, hizo ver que el gobernador Humberto Moreira prometió reubicar a estas familias que se quedaron sin techo y que en su mayoría viven en casas de familiares, en cuartos que les están prestando o pagando rentas, lo cual merma más su economía, cuando les habían ofrecido que les iban a ayudar a pagarlas.



Señaló que se presume que los terrenos desocupados podrían ser para la propia Industrial Minera México, la cual puso la maquinaria para ello, además de que la zona desalojada está pegada a la propiedad de esta empresa. Dijo que toda esa acción se hizo en el momento de confusión que provocó este fenómeno meteorológico.



Trinidad Cantú, madre de uno de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, señaló que representantes de esta empresa y funcionarios locales les dijeron que iban a demoler sus casas y reubicarlos en otras. Explicó que en total han demolido 300 de las 600 que había en la región, que no les firmaron ningún documento ni les dieron ninguna garantía de una nueva casa, y tampoco dinero como ofreció el gobernador.

Angeles Magdaleno documental Canal 6 de Julio Para vivir Mejor SME 12-08...

Entregará Calderón informe por escrito, reitera Segob

Distrito Federal— La Secretaría de Gobernación (Segob) ratificó que el Presidente de la República, Felipe Calderón, entregará su IV Informe de Gobierno por escrito, tal y como lo marca Constitución.




En un comunicado, la dependencia llamó a que por encima de intereses de grupos y en un diálogo constructivo, se aprueben las iniciativas de ley planteadas por el Ejecutivo federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.



En ese sentido destacó que el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión "es la oportunidad idónea para anteponer los intereses superiores de la República a cualquier interés de grupo y trabajar juntos" .

UllMex...

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Exigen senadores del PAN a Oliva que indulte a presas que abortaron

Mujeres de diversas organizaciones protestaron la semana pasada frente a las oficinas de la representacion de Guanajuato en el DF para exigir la liberacion de las mujeres acusadas de abortar
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos la presidenta de la Comisión de Equidad, Judith Díaz, demandaron al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, resolver de inmediato la situación jurídica de más de 50 mujeres sentenciadas y encarceladas “por el delito de homicidio en razón de parentesco”. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también se pronunció en ese sentido, al solicitarle la inmediata liberación de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel por abortar.




Cabe señalar que en la pasada sesión de la Comisión Permanente, los senadores del PRI Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, formularon un llamado similar a Oliva, y advirtieron que ese tipo penal, que se encuentra en la Constitución de Guanajuato, encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia para las mujeres.



El senador del PAN por Guanajuato Luis Alberto Villarreal dijo que es grave e inconcebible que el gobernador no haya “dado la cara” hasta el momento, y que guarde silencio en lugar de revisar los 50 casos de mujeres sentenciadas, en muchos casos, por abortos espontáneos.



“No se puede pensar que un tema de estas características va a morir con el tiempo; los guanajuatenses, y particularmente las mujeres, no se merecen este silencio del gobierno estatal”, agregó.



La legisladora Judith Díaz consideró que Oliva debe aplicar algún mecanismo que permita liberar a las mujeres, y uno de ellos puede ser el indulto. Es reprobable que se les haya sentenciado, hasta por más de 20 años de prisión, y en muchos casos es producto únicamente de la ignorancia de las afectadas.

Hizo notar que, desafortunadamente, este tipo de injusticias no sólo se han dado en Guanajuato, hay casos también en Chiapas, por lo que es necesario revisar la legislación en todo el país y, sobre todo, instaurar políticas públicas que permitan a las mujeres, principalmente en los sectores rurales, optar por métodos de planificación familiar. El tema se discutirá nuevamente en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Defensa inadecuada

Por su parte, el PRD exigió, en un comunicado de prensa, poner un alto a la persecución contra las mujeres y que se frenen los procesos que se siguen contra todas las que están denunciadas, sentenciadas o encarceladas por abortar.




Es inadmisible que, contrario a los avances constitucionales que muchas de las leyes de nuestro país han tenido recientemente en favor de los grupos sociales más vulnerables, en Guanajuato se continúen aplicando leyes retrógradas que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano, manifestó.



La dirección perredista señaló que el mandatario y las autoridades judiciales de la entidad, de forma “mañosa” y valiéndose de la ignorancia y falta de conocimiento jurídico de las seis campesinas –indígenas y con escasa preparación educativa– las mantienen privadas de su libertad, declaradas culpables “bajo engaños” al no brindárseles una defensa legal adecuada

Empresa sin experiencia en la aviación adquiere Mexicana

Tenedora K, asociación de inversionistas constituida por Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan, adquirieron 95 por ciento de la sociedad controladora de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link. El 5 por ciento restante fue obtenido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). Aunque no se dio a conocer el monto de la operación se estima extraoficialmente que ascendió a unos 49 millones de dólares.




En la información difundida ayer no se da cuenta sobre quiénes son los socios de las empresas ni cuánto ni de dónde van a salir los recursos de la restructura de Mexicana de Aviación. Una búsqueda sobre los antecedentes de los inversionistas no arroja datos sobre la experiencia de este nuevo grupo en la industria aeronáutica.



El único empresario visible es Vicente Ariztegui Andreve, presidente del Grupo Arizan, quien además es consejero de Almacenes del Valle de México, y de una empresa denominada Nextrade, e integrante del Club de Golf Chapultepec y de un Club de Raqueta con sede en la delegación Miguel Hidalgo.



Ariztegui Andreve también participó en el consejo de administración de Satmex, después de que se restructuró la empresa y salió de la bancarrota en Estados Unidos en 2006.



Mediante un comunicado, citado por la agencia Reuters, se informó que un grupo de empresarios mexicanos constituyeron una firma denominada Tenedora K, SA de CV, la cual adquirió 95 por ciento de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), sociedad controladora de las aerolíneas Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link, que era hasta la fecha propiedad de Grupo Posadas y de otros accionistas”, señaló la nueva firma.



Grupo Posadas, también propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, que había sido el principal accionista de la línea aérea, anunció el viernes pasado, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores la venta de sus acciones por un “monto simbólico”, debido a que desde diciembre de 2008 esta inversión se encontraba registrada en cero, y representaban 30.4 por ciento de la participación total.



Tenedora K aclaró que la compra de las acciones sólo es un primer paso para establecer condiciones que permitan el rescate de la aerolínea. El sindicato de pilotos se quedará con 5 por ciento de las acciones restantes, agregó el comunicado.



“Advent International, operador de fondos de inversión de capital privado, ha coadyuvado al esfuerzo de restructura financiera de NGA. Ni Advent International ni los fondos manejados por ésta participan como accionistas de esta operación”. Tenedora K es una empresa constituida “para fungir como vehículo que capitalice las aerolíneas”, agregó el boletín.



Precisó que continuará el desahogo del proceso de concurso mercantil, iniciado el 2 de agosto de 2010, por la compañía aérea mexicana. Esta acción fue para protegerse en México y Estados Unidos de eventuales acciones legales de sus acreedores por una deuda que alcanza mil millones de dólares. En México entre sus acreedores destaca Bancomext y Banorte.



Entre los inversionistas de tenedora K se encuentran el Grupo Industrial Omega, sociedad financiera, dedicado desde hace 30 años al financiamiento para la construcción de infraestructura. También participa el Grupo Arizan, encabezado por Vicente Ariztegui.



El comunicado no aclara cuál será el monto de inversión de Tenedora K en las aerolíneas, pero inicialmente el sindicato de sobrecargos había informado que el fondo de inversión de capital privado Advent podría capitalizar a la empresa con unos 49 millones de dólares.

Los sindicatos de pilotos y sobrecargos iniciaron conversaciones con potenciales inversionistas desde la semana pasada para intentar capitalizar a la empresa que suspendió la venta de boletos y el servicio en varias rutas y frecuencias.



De acuerdo con cifras de Mexicana, los activos suman 11 mil millones de pesos, y el pasivo 10 mil millones. Mexicana emplea de forma directa a 8 mil personas y transporta anualmente a 11 millones de pasajeros anualmente.



Grupo Mexicana informó el viernes pasado que del total de pasajeros que ha atendido en las últimas semanas, en las que tuvo que reducir algunos vuelos por sus problemas financieros, solamente 5.9 por ciento ha sido afectado.



Mexicana preciso que entre el 29 de julio y el 18 de agosto atendió a 520 mil personas, es decir, un promedio de 26 mil personas diarios, y del total 31 mil 145 se han visto afectadas por la suspensión de algunas rutas y vuelos.



De los pasajeros afectados, 27 mil 778 han sido atendidos por grupo Mexicana, a través de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click, y 2 mil 243 personas por otras aerolíneas, según preciso la empresa en un breve comunicado.



Jesús Ramírez Stabros, piloto aviador y Diputado federal, se congratuló de la reciente compra de Mexicana por la conservación de las fuentes de trabajo, pero acusó al gobierno de haber permitido que Mexicana haya llegado a esa situación de quiebra. “Las aerolíneas son de interés público por la concesión que se otorga, por lo que el gobierno debe de estar vigilante y exigirle que cumplan con metas que lleven al país a la competitividad. Sin embargo, el gobierno se hizo de la vista gorda y permitió la administración fraudulenta de Gastón Azcárraga, en perjuicio de los trabajadores que ahora se mantendrán con un contrato colectivo totalmente acotado”.

Hotelero próspero
 
Gastón Azcárraga Andrade es presidente del consejo de administración de Grupo Posadas y también consejero de instituciones como BBVA-Bancomer, Holcim Apasco y Corporación Mexicana de Restaurantes. En diciembre de 2005, Gastón Azcárraga lideró la operación que llevó a la adquisición de la aerolínea Mexicana de Aviación. La operación consistió en un pago directo de 165.5 millones de dólares y la asunción de pasivos netos por 294 millones de dólares.




En octubre de 2007, Azcárraga Andrade hizo pública su intención de compra de Aeroméxico y ofertó por la aerolínea 200 millones de dólares, el precio más alto, frente a los otros dos grupos que participaron en la puja: Moisés Alberto Saba y el otro conformado por 14 empresarios respaldados por Grupo financiero Banamex-Citigroup; sin embargo, la Comisión Federal de Competencia le cerró el paso por considerar que al fusionarse ambas aerolíneas se podría caer en una concentración excesiva en las 24 rutas nacionales.



En 2009 Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga, contaba con 110 hoteles en México, Argentina, Chile y Brasil, con marcas como Fiesta Americana, Grand Fiesta Americana, Aqua, Fiesta Inn, One, Fiesta Americana Vacation Club, Caesar Park, Caesar Business y The Explorean.

Emboscan a indígenas triquis vinculados a San Juan Copala

municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fueron emboscados por un grupo de hombres armados, presuntamente vinculados al Movimiento de Uni- ficación y Lucha Triqui (MULT) y a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). El ataque dejó cuatro muertos y una persona herida. Los hechos ocurrieron en la carretera Santiago Juxtlahuaca-Putla de Guerrero.




El portavoz del municipio independiente –sede del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI)–, Jorge Albino Ortiz, informó que las víctimas se trasladaban en una camioneta Ford Ranger, color blanco, del municipio de Santiago Juxtlahuaca con destino a Santa Cruz Tilapa –en la zona mixteca de Oaxaca–, pero alrededor de las 20 horas fueron atacados por sujetos armados en las inmediaciones del paraje Cumbre de Yerbasanta, comunidad ocupada por integrantes del MULT y de la Ubisort, agrupaciones vinculadas al PRI y antagónicas al MULTI.



Explicó que en la agresión falleció el líder de Santa Cruz Tilapa, Antonio Martínez, conocido como Toño Grande, y tres hombres más hasta ahora no identificados. Señaló que uno de los ocupantes del vehículo, llamado Alfredo Martínez, sobrevivió al ataque.



Las víctimas regresaban a Santa Cruz Tilapa procedentes de Santiago Juxtlahuaca después de realizar trabajos de organización de la caravana de mujeres y niños que partirá la madrugada del lunes 23 de agosto de San Juan Copala con rumbo a la capital del estado, para posteriormente dirigirse a la ciudad de México en protesta por la violencia ejercida contra el municipio independiente.



El pasado 27 de abril una caravana de observación internacional que pretendía llegar a San Juan Copala fue emboscada por integrantes del Ubisort. En ese ataque murieron la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola; además resultaron heridos varias personas que viajaban en el convoy, quienes se internaron en la sierra para eludir los balazos, por lo que permanecieron varios días desaparecidos.



La caravana de mujeres y niños, informó Marcos Albino Ortiz, vocero del municipio en el Distrito Federal –donde varios triquis mantienen un plantón desde el 3 de mayo en demanda de justicia tras el ataque a los observadores internacionales–, demanda al gobierno federal el esclarecimiento del ataque de abril, al tiempo que dará la bienvenida a la familia del activista finlandés, que llegará al país el lunes por la noche y un día después dará una conferencia de prensa.


Jorge Albino Ortiz por su parte, informó que los ocupantes del vehículo atacado ayer “tenían el encargo de trabajar la salida de las compañeras en las comunidades de La Brama, Paraje Pérez, Yosoyuxi, Agua Fría y de San Juan Copala”. Acusó que la emboscada fue perpetrada por miembros de la Ubisort y del MULT.




En tanto, el vocero de San Juan Copala en el Distrito Federal aseveró que no se ha podido confirmar la identidad del resto de las personas asesinadas debido a que en la zona de la emboscada, hasta el cierre de la edición, continuaban los disparos. “Los compañeros no se pueden acercar para rescatar los cuerpos y a los heridos, no sabemos si quienes sobrevivieron están escondidos”.



Recordó que en días pasados miembros del MULT advirtieron que no permitirían la partida de la caravana de mujeres y niños con la amenaza de que si se atrevían a salir serían emboscadas. “El de hoy es un mensaje, pero con muertos y heridos”.



José Albino Ortiz comentó que el ataque de la Ubisort y el MULT es un intento “de bloquear” el tránsito a quienes integrarán la caravana que partirá este lunes a la capital del país para denunciar ante el Alto Comisionado de la ONU en México las violaciones a los derechos humanos en San Juan Copala.



Al cierre de esta edición, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, dijo a La Jornada que esa dependencia investigaba lo que al parecer era “un enfrentamiento entre el MULTI y Ubisort”, pero que no podía confirmar si había personas muertas y heridas.
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La intervención militar internacional

¿Qué tan lejos estamos de una intervención militar extranjera en México? No muy lejos de lo que pensamos. Algunos concejales y analistas en la frontera mexicana han estado señalando la necesidad de Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas para restablecer el orden en Ciudad Juárez. Otros análisis militares estadunidenses han sostenido la posibilidad de una acción militar directa como el último recurso para recuperar Estados fallidos en el mundo y han incluido a México en esa lista de riesgo.










Por lo pronto, lo que estamos observando es una acción militar indirecta. La militarización que estamos viviendo es un intento de alejar la posibilidad de una intervención directa a través de un esfuerzo militar binacional combinado para reducir la ola de violencia del lado mexicano.





Tanto México como Estados Unidos buscan evitar el escenario extremo que podría desencadenarse con el intento de la delincuencia organizada, aliada con fracciones militares desleales, de realizar ataques terroristas, asesinar mandos y buscar el control de la capital de la república, tal y como ya lo hace en regiones enteras de Chihuahua, Durango, Tamaulipas o Michoacán.





Ese escenario extremo, pero no improbable, sería la señal de alerta máxima para los ejércitos vecinos que observan con preocupación lo que está pasando en México e intentan acelerar los vínculos de coordinación y operación conjunta.





Una expresión de este grado de alerta lo vimos hace unas semanas en el comienzo del envío de 2 mil tropas de la Guardia Nacional estadunidense hacia los cuatro estados en la frontera con México. Aunque el número sea relativamente limitado, lo que importa en este caso es la calidad de los soldados y no precisamente su cantidad.





Los soldados de la Guardia Nacional tienen el mismo nivel de entrenamiento de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y llegarán a la frontera tan equipados como lo están en Irak o Afganistán. Su armamento, que incluye helicópteros, será completo, aunque sólo podrán utilizarlo en defensa propia. La calidad de la fuerza militar que está enviando el gobierno de Barack Obama también se expresa en el hecho de que cerca de 35 mil miembros de la Guardia Nacional en los estados fronterizos son veteranos de las guerras en Irak y Afganistán y tienen experiencia de combate aplicable en la zona fronteriza.





Aunque Arizona tendrá un número mayor de tropas de la Guardia Nacional, todos los estados restantes, California, Nuevo México y Texas, tendrán cada uno un 25 por ciento del total de la fuerza militar. Este movimiento de tropas estadunidenses no está determinado sólo por el cruce de inmigrantes indocumentados por los condados fronterizos de Estados Unidos, de por sí a la baja, sino principalmente por el aumento extraordinario de la violencia que ocurre en las poblaciones del lado mexicano, cuyo saldo, como todos lo sabemos, supera los 28 mil asesinatos en los últimos cuatro años.





A esa condición hay que agregar un nuevo elemento de descomposición en la zona fronteriza, pues el narcotráfico mexicano ha decidido dar un salto hacia tácticas terroristas mediante el empleo planificado de artefactos explosivos improvisados, activados a control remoto contra policías y soldados, justo como lo hacen las resistencias afgana e iraquí.





La movilización militar estadunidense acompaña, de hecho, al propio despliegue militar mexicano. Aunque ambas operaciones, en apariencia, no están coordinadas, forman parte de las conversaciones e intercambio de información entre los mandos militares regionales de ambos países. Los protocolos binacionales indican que cada vez que las tropas de un país se aproximan a la zona limítrofe, el mando militar del país vecino tiene que ser informado.





Los nuevos esquemas de cooperación militar cuentan ahora con los mecanismos posibilitados por la experiencia del , el órgano de operación militar creado a partir de los ataques del 11 de septiembre, en el que ya participan representantes de las Fuerzas Armadas mexicanas. Además de la participación de la Armada de México en ejercicios militares antiterroristas, México está desplegando unidades de Infantería de Marina que se desplazan desde los litorales hacia las ciudades en tierra firme consideradas territorio controlado por el narcotráfico.





Esta etapa de militarización está culminando en realidad una estrategia progresiva que lleva décadas. En los últimos 25 años, México ha concentrado el grueso de su caballería mecanizada en la frontera Norte, ha aumentado una zona militar más en una nueva distribución territorial de tropas y ha dispuesto la movilización diaria de miles de soldados que acuden de otras regiones del país.





Ambos países deberán evaluar hacia dónde se dirige esa concentración de recursos militares en la franja fronteriza. Para todos es evidente que la violencia empeora a pesar de esa presencia militar masiva y que la industria del narcotráfico ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones de operación que han vuelto más difícil el paso de cientos de toneladas de cocaína y otras drogas que entran a Estados Unidos cada año.





¿Por qué entonces mantener ese enorme despliegue de recursos militares? De lo que se trata no es precisamente de detener el flujo de drogas, aunque ése sea uno de los resultados parciales del esfuerzo militar, sino de recuperar el control territorial que ha perdido el Estado mexicano. Con el asesinato o respaldo a candidatos, la matanza selectiva de mandos policiales y militares, la imposición de zonas de silencio de los medios de comunicación, y el cobro de impuestos a todas aquellas actividades delictivas o no reguladas por el gobierno, el crimen organizado se ha convertido en una autoridad de facto en diversas regiones de la frontera.





Esta situación ha sido analizada ya en los centros de investigación militar estadunidenses. Los analistas militares tanto del Ejército como de la Guardia Nacional han brindado un respaldo conceptual a la política de añadir más recursos castrenses a la zona fronteriza. Primero lanzaron la noción de territorios de ingobernabilidad controlados por el crimen organizado en la franja fronteriza mexicana, después compararon a México con algunos de los Estados fallidos que han sucumbido ante bandas criminales y terroristas, y luego calificaron como bolsones territoriales bajo control del crimen organizado a más de 200 áreas del país.





Estados Unidos mantiene sus planes de contingencia militar en caso de que lleguen a cumplirse los escenarios extremos en México, pero no adoptará ninguna intervención militar directa si el gobierno mexicano logra mantener la estabilidad y muestra avances en la recuperación de territorios perdidos.





Desafortunadamente, eso no está demostrado aún. La política contra el narcotráfico del gobierno del presidente Felipe Calderón sigue siendo ineficaz, vacilante y ha permitido un aumento masivo de la violencia con el argumento de que eso es una muestra de victoria y un estertor de bandas del narcotráfico arrinconadas ante la ofensiva gubernamental. Nada más lejos de la realidad.





jlsierra@hotmail.com





*Especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington

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