México Ciudad Juárez.- En una agresión semejante a la que el 30 de enero arrancó la vida a 16 jóvenes en Salvárcar, un barrio popular en Ciudad Juárez, una nueva acción armada asesinó, el jueves pasado, a 14 personas más. Después de aquella matanza colectiva, el estremecimiento por la ejecución de víctimas inocentes permitió suponer que habría un empeño eficaz por devolver a esa ciudad fronteriza la tranquilidad que merece.
Nueve meses más tarde, sin embargo, ha sido posible un nuevo crimen colectivo, muy semejante al de enero. Entre uno y otro, medió un giro en la estrategia del combate al crimen organizado: el Ejército fue replegado a la periferia y al Valle de Juárez, así como a puntos estratégicos como el aeropuerto, la Central Camionera, los puentes internacionales. Sustituyeron a los soldados 5 mil miembros de la Policía Federal, que deben patrullar la ciudad durante las 24 horas de todos los días (amén de apoyar a la Policía Municipal),
Ni militares ni agentes policíacos han podido, acaso porque no han querido, frenar la criminalidad: en este año ya van 2 mil 421 asesinatos La cifra fue, más que ofrecida espetada al presidente Calderón el 13 de octubre pasado, cuando en compañía del embajador Carlos Pascual (que en esa y otras oportunidades actúa como supervisor de la actividad gubernamental) evaluó el desarrollo del plan Todos Somos Juárez, que ha demostrado su ineficacia. El propio Calderón admitió que así ha sido, aunque quiso disimularlo con un retruécano: “podemos no estar satisfechos”, antes de advertir que “en el rescate de Ciudad Juárez nos va el prestigio a los tres niveles de Gobierno”.
Se les ha ido ya ese prestigio, en realidad. Hay nuevas autoridades en Chihuahua y en Ciudad Juárez, todas del PRI. El lunes 4 de octubre César Duarte tomó el lugar de José Reyes Baeza Terrazas, y el domingo 10 José Reyes Ferriz fue reemplazado por Héctor Murguía, alcalde juarense por segunda vez. El relevo, aunque se trata de miembros del mismo partido, fue el momento para lanzar graves imputaciones, y dado lugar a una severa secuela, todo lo cual apunta a la clave de la irremediable situación de esa frontera (al menos así parece): el involucramiento en actividades ilícitas, que van de la extorsión al homicidio, de agentes de los tres niveles de Gobierno.
Reyes Ferriz ofreció a la reportera Patricia Dávila una entrevista en su oficina el miércoles 6 de octubre, cuatro días antes de entregar el cargo. La conversación apareció en el semanario Proceso el domingo 10. El Alcalde saliente hizo un abrumador recuento de su trienio en esta materia: “7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses emigraron a causa de la violencia, cerraron 10 mil negocios, se perdieron 130 mil empleos; hay 25 mil viviendas abandonadas y 80 mil adictos”
Entre los factores causantes de esa aterradora situación mencionó al ya ex gobernador Reyes Baeza, con quien tenía rivalidad política, que nunca apoyó el operativo Conjunto Chihuahua. Y, más gravemente, imputó a la procuradora Patricia González Rodríguez haber liberado a nueve mil 500 delincuentes de 10 mil “que pusimos a su disposición”.Según dijo, la Policía Municipal presentaba a la Procuraduría a criminales detenidos en flagrancia: “La sorpresa era que al llegar a esa corporación, en 48 horas quedaban libres”. Y concluyó tajante: “nada funciona sin procuración de justicia”.
La ex Procuradora buscó desmentir al ex Alcalde y fue entrevistada por la propia reportera en la redacción de Proceso en la Ciudad de México el lunes 18. El jueves siguiente, antes de la aparición de la entrevista, publicada el domingo 24, fue secuestrado Mario González, hermano de la ex funcionaria. El lunes 25, ayer, por unas horas pudo verse en You Tube un video donde el secuestrado acusa a su propia hermana de recibir dinero del narcotráfico, que él mismo, su hermano, recolectaba. Es imposible dar crédito al testimonio de una persona privada de su libertad y sometida por ello a presiones irresistibles para que diga lo que sus captores disponen.
La ex Procuradora, por su parte, señaló a Reyes Ferriz por tener una Policía corrupta. Puso como testigo al ya fallecido secretario Juan Camilo Mouriño de cómo fue necesario, y útil, controlar el Centro de Respuesta Inmediata de la corporación municipal, enlazada con el cártel de Sinaloa a través de Hugo Valenzuela, detenido el 18 de junio pasado y ahorcado en su celda a un mes de su captura. La ex funcionaria entregó a la reportera copia de la declaración ministerial de ese delincuente, donde se describe la corrupción de la Policía Federal, cuya presencia en lugar del Ejército fue considerada como un error por la licenciada González:
“El 11, también conocido como ‘El Zucaritas’, es el enlace de La línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez; salió libre hace tres meses, y ‘El Diego’ (uno de los líderes de ‘La Línea’, y ex agente judicial estatal)) le dio trabajo… ‘El Diego’ comentó por la frecuencia (radial de la Policía Judicial) que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México, ‘El JL’ le dio a un alto funcionario de esa corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar a ‘La línea’. “La cuota que se paga aquí en la ciudad es de 140 mil dólares semanales para que no se detenga a nadie y, si los detienen, que los dejen ir”.
El valor de la declaración de un detenido (ya muerto, además) puede ser puesto en entredicho. Pero declaraciones semejantes llegan a servir para solicitar órdenes de aprehensión.
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
