Neoliberales trafican con el hambre y la miseria

• El encarecimiento de los precios de los alimentos básicos, que afecta con particular intensidad a cuando menos, 18 por ciento de los mexicanos –3.8 millones de hogares o 19.5 millones de personas– que sobrevive en la miseria extrema y que es clasificado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el eufemismo de “población en condiciones de pobreza alimentaria”, es responsabilidad directa de los tecnócratas priistas y panistas.

De 1983 a la fecha, ellos, con la aplicación de las políticas ortodoxas de estabilización y las contrarreformas estructurales de varias “generaciones” promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio –a través de las cuales impulsan el neoliberalismo capitalista “global”, el proyecto de redespliegue hegemónico de Estados Unidos a escala mundial, mejor conocido como el “Consenso” de Washington, así como con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, deliberadamente abandonaron la soberanía alimentaria y la sustituyeron por la seguridad alimentaria.

Hasta principios de la década de 1980, se entendió por soberanía alimentaria el esfuerzo del país, bajo la rectoría del Estado, por tratar de cubrir la totalidad, o al menos la mayor parte, de los alimentos demandados por la población a través de la producción local. Esa estrategia implicaba, explícitamente, el apoyo a los productores por medio del reparto de la tierra, los subsidios fiscales, créditos a tasas menores a las cobradas por la banca comercial, por medio del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y los diversos fideicomisos; la asistencia técnica; la organización del campesinado; la regulación de la producción, de la comercialización (por medio de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo) y la creación de reserva de alimentos para evitar las variaciones traumáticas de los precios; el gasto público agropecuario; la creación gubernamental de las obras de infraestructura requeridas (las llamadas “economías externas”), y la protección del mercado (imposición de aranceles de hasta el ciento por ciento) para evitar que la entrada de las importaciones de esa clase de productos compitieran desventajosamente con el campesinado, sobre todo con el tradicional.

En virtud de lo anterior, se lograron avances importantes en la autosuficiencia de los principales granos básicos: el maíz y sus derivados, considerado como el alimento básico de las mayorías; el arroz; el frijol, y el trigo; de las hortalizas, cárnicos y otros bienes agrícolas. Pese a la crisis del sector registrada desde mediados de la década de 1960, también se tuvo la capacidad para proporcionar los insumos requeridos por la agroindustria y generar un superávit comercial agroalimentario. Su excedente de divisas contribuyó a financiar el déficit del resto de la economía, particularmente de la industria. A partir de 1974, empero, la balanza agroalimentaria dejó de ser favorable debido a los números negativos arrojados por la agroindustria. Sin embargo, el intercambio agropecuario mantuvo su saldo positivo hasta 1993, el cual se perdió con el TLCAN.

Al acceder al poder, bajo la coartada de la crisis financiera del Estado, la recesión, el estancamiento hiperinflacionario y el agravamiento de la crisis rural de la década 1980, los neoliberales sustituyeron esa forma de soberanía por la seguridad alimentaria. Con su “modernización” agropecuaria y alimentaria, ya no importará que la oferta dependa o no exclusivamente de los productores locales, porque se abrirá el mercado interno a las importaciones, además de que se fomentarán las agroexportaciones. Con la apertura comercial, se someterá al campesinado a la lógica demoledora del “mercado” para presionarlos a elevar su productividad y competitividad. Los que no se ajusten al nuevo escenario para sobrevivir tendrán que dedicarse a otras actividades, porque, además, se terminará con la rectoría estatal agropecuaria y se desregulará el mercado local. El problema es que la contrarreforma agropecuaria se lleva a cabo en las peores condiciones, en plena recesión hiperinflacionaria de la década de 1980, la instrumentación de los programas ortodoxos y heterodoxos de estabilización, el inicio del TLCAN y la grave crisis financiera y recesiva de 1994-1996.

La “modernización” agropecuaria implica el fin del reparto agrario en 1992 y el estímulo a la privatización de la tierra; la reducción del gasto público real agropecuario, que cae de 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1982 a 0.6 por ciento en 2010; la contracción real de los apoyos directos al campo en casi 30 por ciento entre 1994 y 2010, los cuales, en su caída, benefician principalmente a los grandes productores y agroexportadores en detrimento del campesinado tradicional; la contracción del monto total de esos subsidios, que son marginales comparados a los concedidos en otros lugares (apenas equivalen a alrededor del 3 por ciento de los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al 6 por ciento de los estadunidenses, al 7 por ciento de los de la Unión Europea o al 13 por ciento de los japoneses); con la quiebra del Banrural y la reprivatización financiera, se marginó a los productores del crédito; los préstamos de la banca comercial se desplomaron del 1.4 por ciento a 0.3 por ciento del PIB entre 1982 y 2010, y los de la banca de desarrollo, que aplicó réditos de mercado, de 1.3 por ciento a 0.006 por ciento.

La protección externa del sector que regía a principios de la década de 1980 fue eliminada: el arancel promedio a las importaciones agropecuarias se ubicó en 0.5 por ciento en 2010, y el de alimentos, en 2.5 por ciento. La regulación interna fue suprimida con el desmantelamiento de la estructura de la Conasupo. Las políticas de estabilización y la competencia foránea provocaron que los precios reales pagados a los productores de arroz, frijol, maíz y trigo se contrajeran en alrededor de 47 por ciento, 14 por ciento, 38 por ciento y 25 por ciento, en cada caso, lo que ha provocado su descapitalización y la quiebra de parte de ellos. Los campesinos tradicionales fueron enviados a una guerra sin armas y maniatados por los neoliberales mexicanos que, además, se alinearon con sus enemigos.

Cuando la economía estuvo cerrada, el sector agropecuario creció a una tasa media real anual de 3.4 por ciento (1960-1982). Con los neoliberales, su ritmo cae a la mitad: 1.9 por ciento (1983-2010). Ello explica la agudización de la crisis de esa actividad y la pérdida de la soberanía alimentaria. Las importaciones han ganado espacio a la producción nacional. En el caso del arroz limpio, el grado de dependencia, el peso de las importaciones dentro del consumo nacional aparente (integrado por la producción interna, menos las exportaciones, más las importaciones) se elevaron de 24 por ciento en 1980 a 84 por ciento en 2010; el del trigo, de 30 a 51 por ciento; el de maíz se mantuvo en cerca del 30 por ciento. Pero los grandes productores estadunidenses de ese grano (amarillo, transgénico, destinado al forraje y que venden en México como alimento) y las trasnacionales controlan más del 50 por ciento de las compras externas que ingresan al mercado nacional. El peso de la producción nacional en el consumo de las principales oleaginosas (ajonjolí, cártamo, algodón semilla y soya) se redujo de 49 a 17 por ciento entre 1985 y 2010; la de carne en canal, del ciento por ciento al 78 por ciento; la de leche bovina, de 98 por ciento a 86 por ciento. La Organización para la Agricultura y la Alimentación estima que el 40 por ciento de los alimentos que se consumen en México es importado, y el 73 por ciento de ellos proviene de Estados Unidos.

La supuesta preocupación de los calderonistas por el aumento de los precios del maíz y de las tortillas no es más que un gesto histriónico, hipócrita mentiroso que busca ocultar la situación anterior. Bruno Ferrari, de Economía, dijo: “No toleraremos abusos contra los consumidores”, que a los especuladores se les podría imponer multas de 80 millones de pesos y sentencias de tres a 10 años de cárcel. Apeló a “la fuerza del consumidor”. Pero luego añadió que “no controlamos precios” (La Jornada, 25 de enero de 2011). Sin embargo, los calderonistas no tienen la más mínima intención de velar por los derechos de los consumidores, porque decidieron que la oferta, la demanda y los precios se determinen por las supuestas leyes del “mercado”. Los neoliberales priistas y panistas han posibilitado que el interés privado, insaciable en sus ganancias, se imponga sobre el interés público, sobre las necesidades de los productores y los consumidores locales. Saben que los consumidores desorganizados carecen de fuerza y que no existen mecanismos institucionales que les permitan defender sus intereses, porque ellos se han encargado de esa situación.

Si los consumidores son simples convidados de piedra en el “mercado” y el gobierno lo dejó a su “libre” movimiento, ¿quién norma su funcionamiento? Los grandes productores agropecuarios locales, que no dudan en exportar su producción –maíz, frijol, arroz, trigo, hortalizas– para aprovechar las mayores cotizaciones del mercado internacional, sin preocuparles que, con ello, contribuyan a generar una escasez interna, con la consecuente alza de los precios, en perjuicio de los consumidores nacionales, y los foráneos, que reciben importantes subsidios de sus gobiernos, que cuentan con una mayor capacidad productiva, tecnológica y financiera, que se benefician de la sobrevaluación del peso y la apertura agropecuaria indiscriminada impuestas por los gobiernos neoliberales priistas y panistas, que abaratan artificialmente sus mercancías, comparadas a las internas, y que les permite competir desventajosamente con los campesinos tradicionales mexicanos.

También, las grandes empresas agroindustriales y comercializadoras, nacionales y trasnacionales (Wal Mart, Cargill, Monsanto, Minsa, Maseca y demás), que exportan e importan alimentos hacia México con frecuencia a tarifas inferiores a las internas, lo que les facilita mantenerlas arbitrariamente bajas durante algún tiempo para imponer una desleal guerra de precios a sus competidores, con el objeto de desplazarlos, apoderarse de los mercados y luego elevarlas sin mesura, con la tolerancia oficial. Que aplican condiciones leoninas a los campesinos tradicionales y los procesadores nacionales de alimentos, a los que les compran sus productos con precios castigados, a menudo más bajos a los pagados por sus competidores, o por debajo de sus costos de producción, lo que les provoca pérdidas, su descapitalización y su ruina, y cuya contrapartida son las jugosas ganancias de las corporaciones. Esos grandes productores y empresas que especulan con la oferta y los precios mundiales de alimentos, que generan desabastos ficticios, que manipulan los mercados de futuros para crear burbujas especulativas en los precios que les proporcionan ganancias monopólicas u oligopólicas adicionales. Esos actores económicos que han convertido el hambre, la desnutrición, la salud y la muerte por inanición en un jugoso negocio.

En una actitud suicida, el gobierno calderonista, ante la especulación del precio de los alimentos, decidió una sobredosis de neoliberalismo: reducir más los gravámenes e importar aún más esos productos para tratar de atemperar la especulación. Pero los precios no se han reducido y las condiciones de los productores se complicaron todavía más.

A escala mundial, se producen los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, al menos 1 mil millones de personas, los miserables del planeta, están desnutridas y están condenadas por el capitalismo a padecer y morir de hambre. Oficialmente, se dice que en México 3.8 millones de hogares o 19.5 millones de personas enfrentan “condiciones de pobreza alimentaria”, similar a la que sufren los miserables del mundo. Pero el número es mayor. Al menos, 12 millones de hogares o casi 50 millones de personas, cuyos ingresos son equivalentes hasta cinco veces el salario mínimo, insuficiente para adquirir la canasta de satisfactores básicos y que destinan casi el 50 por ciento a la compra de alimentos. Ellos gastan el 10 por ciento de sus percepciones en la compra de tortillas, y las alzas han afectado su consumo. En ese sentido, se ven obligados a dos circunstancias: si desean mantener la ingesta de tortillas, tienen que reducir la compra de otros bienes y servicios básicos; si no quieren sacrificar estos últimos, entonces tienen que disminuir la compra de aquéllas. Por desgracia, esas opciones son retóricas, porque los precios de otros bienes, como la leche, las frutas, las hortalizas, la electricidad y el gas, también se han elevado y su ingreso real se ha reducido. Por tanto, la cantidad y la calidad de su consumo, así como su nivel de vida, se han deteriorado aún más.

El fantasma de los estallidos sociales en los países del Norte de África y del Medio Oriente merodea sobre las mayorías de los desesperados mexicanos, los productores tradicionales y los consumidores, merced a su mayor empobrecimiento.

 Marcos Chávez *

Unasur: quinta potencia

• El 11 de marzo entró en vigencia el Tratado Constitutivo de la Unión de Ne las claves de su exitosa política económica ha sido el haber destinado mayores recursos financieros al gasto social. Desde ahora, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce el desempeño de las economías de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela en su lucha contra la pobreza y el desempleo.

aciones Suramericanas (Unasur) con la ratificación de nueve de los 12 países miembros que lo integran. La región se perfila como un nuevo polo de desarrollo económico mundial. Una d

La Unasur es ahora la quinta potencia económica mundial, tiene 361 millones de habitantes y una superficie superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados; posee 27 por ciento del agua dulce del mundo, con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, y es también la región que más alimentos produce y exporta. Se calcula que sus reservas de hidrocarburos son para 100 años. A ello se agrega algo no menos importante: el 95 por ciento de sus habitantes tiene una historia común y valores compartidos. Al Tratado sólo le falta ser ratificado por Brasil, Colombia y Paraguay, que ya han desempeñado un papel preponderante dentro de la Unión. De hecho, el organismo será presidido este primer año por Colombia.

Para entender los alcances regionales de la Unasur, es conveniente referirse a sus principios rectores, magníficamente resumidos en el preámbulo del Tratado, en el que las partes establecen que:

Apoyadas en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común, afirman su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.

Seguras de que la integración es un paso decisivo hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva.

Ratifican que la integración y la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.

Con esa sólida base ideológica, desde la firma del Tratado en Brasilia, en 2008, esta Unión ha producido resultados específicos para el desarrollo y la paz de la región. En ese mismo año, la Unasur se avocó a defender el proceso de cambio democrático en Bolivia ante las intentonas separatistas de los prefectos y líderes opositores de las llamadas cinco regiones de la “media luna”. Movimiento en el que se detectó la intervención del embajador estadunidense en ese país andino, Philip Goldberg, quien finalmente fue expulsado por el presidente Morales en septiembre de 2008. Ello se logró sin la intervención de la anquilosada Organización de Estados Americanos. También en 2008, en julio, los 12 países adoptaron una postura común de rechazo a la Directiva de Retorno de la Unión Europea, mediante la cual se pretendía sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares. En cuanto a asuntos de seguridad regional, para 2009 los países miembros ya habían creado el Consejo de Defensa Suramericano.

A partir de ahora, una de las principales tareas a la que deberá dedicarse la Unasur es la impostergable entrada en funcionamiento del Banco del Sur, que tiene también aprobado su Tratado desde 2009 y que apenas ha sido ratificado por dos de sus siete miembros. También, la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y los avances del Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones, entre otros.

Por su parte, la Cepal reconoce desde ahora los buenos resultados de las economías locales y sus alentadoras perspectivas. Una de las claves ha sido destinar mayores recursos al gasto social. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva del organismo, declaró a la publicación Finanzas & Desarrollo (marzo de 2011), del Fondo Monetario Internacional, que la pobreza en la región se encuentra en el nivel más bajo en 30 años, a pesar de la crisis económica. Ello porque el gasto social subió de 12.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el periodo 1990-1991 al 18 por ciento del PIB en 2007-2008. Además, dentro del gasto público global, los programas sociales crecieron de 45 a 65 por ciento. Por último, afirma la Cepal, “el empleo también ha sido clave a la hora de medir las mejoras en los índices de reducción de la pobreza”, y que “a diferencia de las naciones desarrolladas, donde la crisis financiera ha golpeado duramente el mercado laboral, especialmente en Estados Unidos y España, en muchos países latinoamericanos se registró un incremento del empleo en el sector formal de la economía”. La Cepal tiene razón: la clave reside en destinar mayores recursos al gasto social.

*Doctor en derecho de la cooperación internacional por la Universidad de Toulouse I, Francia

 Juan Manuel Bueno Soria *

Villamil: El sexenio de Televisa

• El Grupo-imperio Televisa, con sus medios de comunicación audiovisuales, escritos, orales ytentáculos-ideólogos, como el “historiador” exsalinista Aguilar Camín, ha sido certeramente desnudado por la investigación, análisis y crítica sustentados en los hechos que dan veracidad al texto del reportero Jenaro Villamil, quien lleva en su haber trabajos de gran calidad para obtener y ofrecer información sobre las oligarquías despóticas que explotan los casi monopolios de la comunicación masiva. Ahora pone a disposición de los lectores su completísimo texto El sexenio de Televisa. Conjuras del poder mediático, con 240 páginas sin desperdicio de un tema que, en la medida de su desmedido intervencionismo político y económico, está desquiciando la vida pública con su mala y perversa “educación”, a través de una programación de violencia, incluso sexual, culebrones para idiotizar y desinformación con ropaje de información.

México.- Es una documentada investigación política del Grupo Televisa, sus nexos, personajes y ambiciones más que empresariales, de carácter oligárquico y despótico para manejar totalmente los poderes del Estado, sobre todo el presidencial para continuar su rapiña económica y de control de gobernadores, secretarios del despacho (¡no se diga de Comunicaciones!), como un “poder tras el trono”. Villamil nos lleva al centro de ese grupo al que el foxismo dejó inmiscuir en las decisiones políticas (con su aliada y cómplice Marta Sahagún) y ya con Calderón, de plano erigirse en un cuarto poder de facto y mediático que ha hecho de Peña Nieto su favorito para imponerlo como sucesor.

El periodismo de investigación ha llevado al reportero a explorar la cofradía, el casi cerrado entramado de negocios y complicidad, mediocre espectáculo del “canal de las estrellas”, mediante el clásico “pago por verme”, sobre lo que se ha levantado el frágil, a pesar de todo, imperio-mafia-grupo televisivo que no resistió la investigación de Villamil y mostró sus intimidades que son públicas, porque sus actores se encargan de publicitarse al lado y en competencia con las “estrellas” de sus seudonoticieros.

Con siete capítulos e índice onomástico en más de 200 páginas, el lector tendrá los árboles y el bosque de Televisa que, en el sexenio del Partido Acción Nacional-Calderón, es un Frankenstein dispuesto al golpe mediático para hacerse del poder presidencial al que se acercó durante el foxismo, de tal manera que la derecha empresarial de ese grupo de hombres de presa ahora está en la antesala del peñanietismo para ocupar la vicepresidencia de facto con su hacedor de “milagros” politiquillos, Bernardo Gómez, uno de loscuatro fantásticos, y así Televisa, “en menos de un sexenio, [tiene] una capacidad de presión y obtención de privilegios nunca antes vistos. El sello de Televisa estará en el gran reality de las elecciones de 2012 y en los espectáculos previos para llegar allá”.

Ficha bibliográfica:

Autor:                   Jenaro Villamil

Título:                  El sexenio de Televisa. Conjuras del poder mediático

Editorial:               Grijalbo actualidad

*Periodista Álvaro Cepeda Neri *

Los megaproyectos privatizadores de Ebrard

En el Foro Económico Mundial, en Davos, Marcelo Ebrard Casaubón convocó al encuentro internacional de inversionistas, del 14 al 17 de marzo, en el World Trade Center. Su objetivo: “Estrechar la cooperación de las instituciones científicas y universitarias con las empresas privadas”. Éste ha sido su proyecto en el Distrito Federal.

México.- Las fuerzas progresistas se distinguen por la defensa de los recursos públicos, la empresa pública, los espacios públicos y el respeto por el interés y bienestar de la población; las fuerzas reaccionarias buscan las máximas ganancias para las corporaciones privadas a costa de los recursos públicos; emplean las empresas privadas y ponen a su disposición los espacios públicos. Las fuerzas progresistas dan servicios públicos –que se pagan con los impuestos– gratuitos o al costo; las fuerzas reaccionarias quieren hacer un negocio de los servicios públicos, encareciéndolos y generando lucro para la empresa privada.

En el Distrito Federal, queremos un gobierno progresista. Ya estamos cansados del neoliberalismo.

Marcelo Ebrard ha impulsado una serie de megaproyectos privatizadores que son rechazados por la población: el Foro Estadio en Azcapotzalco, la Supervía Poniente, la Línea 12 del Metro en Tláhuac, el Acuario en Xochimilco, la Biometrópolis en el Ajusco, la Ciudad del Conocimiento en Tlalpan, así como la privatización de parques públicos, como el de Santa Fe o el Parque Reforma Social. Contra estos proyectos, la población se ha organizado para hacer valer sus derechos. Las formas de protesta han variado: algunas son novedosas, como la que utilizó la atleta Úrsula Esquivel Silva el 16 de febrero, cuando al recibir una mención honorífica en el momento en que Ebrard la abrazaba, sacó un letrero con la leyenda “No a la Supervía”.

Otras protestas han sido reprimidas violentamente. El 19 de octubre de 2010, granaderos atacaron un plantón de vecinos opositores a la Supervía; hubo varios heridos. Luego en las primeras horas del 1 de enero, la policía ocupó predios para comenzar la demolición de viviendas. El proyecto de la Supervía ha generado amplio rechazo de la población, académicos y urbanistas, pues el gobierno del Distrito Federal no realizó consulta alguna. Además, con la obra dañará viviendas, zonas catalogadas como Área de Valor Ambiental y Área Natural Protegida, así como uno de los únicos ríos que quedan vivos en la ciudad, y mantos acuíferos. La gran tajada se la han de llevar las empresas constructoras OHL, de origen español, y su asociada Copri, que gana doblemente porque la parte beneficiada sería el circuito del Puente de los Poetas, donde la empresa ha construido más de 1 mil departamentos.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acusa al gobierno del Distrito Federal de violar los derechos humanos a una vivienda adecuada, un medio ambiente sano, la información, al agua, seguridad jurídica y los derechos políticos de los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

En el Norponiente de la ciudad, en Azcapotzalco, Marcelo Ebrard desincorporó, el 14 de diciembre, el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte a favor de una asociación “pública privada”, Operadora de Espacios Deportivos, para la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco en los espacios públicos. Esos terrenos son propiedad de la nación y el gobierno del Distrito Federal sólo debe administrarlos debidamente.

La privatización del Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte en beneficio de Zignia Live y Grupo Avalanz llevó al bloqueó del Eje 5 Norte por el pueblo chintololo el 19 de enero. Con la participación de los barrios y pueblos de Azcapotzalco, el 23 de enero una cadena humana rodeó el Deportivo y la Alameda; el 25 de enero, en el Zócalo, 400 pobladores de Azcapotzalco exigieron la derogación del decreto del 14 de diciembre. “¡Los espacios públicos deben ser respetados!”, gritaban.

El 3 de febrero, tras una reunión de funcionarios del gobierno capitalino en Santa Bárbara, para promover el Foro Estadio, los vecinos se opusieron. Por la tarde, policías intentaron detener a Israel Resendiz Rocha (lo acusaban de robo); ingresaron a su taller de herrería, a su casa y dispararon varias veces. Los vecinos tocaron las campanas y se reunió todo el pueblo para retener dos patrullas y llevar a los policías ante las autoridades de la Agencia 40; pero éstos no fueron detenidos. Los vecinos coreaban “¡Marcelo, entiende,Azcapo no se vende!”.

El 9 de febrero, en la inauguración de la Línea 3 del Metrobús, los vecinos de Azcapotzalco protestaron, y Marcelo Ebrard tuvo que suspender su recorrido. “¡No al Foro Estadio!”, gritaban los chintololos.

Los casos se incrementan. El gobierno de Ebrard otorgó los terrenos del exrastro Ferrería a la iniciativa privada para construir la Arena de la Ciudad de México, con capacidad para 22 mil personas, 125 suites de lujo y 5 mil cajones de estacionamiento. La obra está a cargo del Grupo Avalanz, quien opera la Arena Monterrey. El gobierno del Distrito Federal “aportó” el terreno de la avenida Granjas, en Santa Bárbara, con una superficie de 81 mil metros cuadrados, mediante “un sistema de actuación por cooperación” –un mecanismo donde ambas partes “cooperan” para crear y mejorar infraestructura– para la construcción del centro de espectáculos. La empresa privada invertirá 3 mil 300 millones de pesos para construir la “arena más grande de Latinoamérica”, que les traerá jugosas ganancias, pero que implicará abrir vialidades que destruirán los barrios aledaños, además de afectar el abasto de agua –ya en problemas– en toda la delegación. Este esquema de actuación por cooperación significa que el capital pone inversión, el gobierno aporta el terreno (que no es suyo) y el capital se lleva las ganancias.

En el Rosario, la iniciativa privada controlará otros espacios que eran áreas verdes y públicos. A cambio de 2 mil millones de pesos, erigirá áreas comerciales (donde se ubica el casco de la antigua Hacienda del Rosario, que es un inmueble catalogado con valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH). En esos espacios, los grandes empresarios abrirán sus negocios bancarios, restaurantes, un supermercado, un hospital, un hotel de negocios, cines y un paradero “de clase mundial”. En el Cetram Rosario, invertirán, junto con el gobierno del Distrito Federal, Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social (Dimi), Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (de Carlos Slim Helú) y Conservación y Mantenimiento Urbano, que preside Javier García Bejos. El consorcio tiene la concesión a 30 años. El Distrito Federal aporta el espacio, y Dimi, la inversión, la administración y, en general, la operación del proyecto. Es decir que, por cantidades irrisorias –en el caso del Foro Estadio, 1 millón de pesos al año–, se le otorgan esos terrenos públicos y áreas verdes a las grandes empresas privadas de Salinas Pliego, Carlos Slim y otros. Claro que no reconocen en ningún caso que se trata de una privatización. Para disimularlo, la bautizan como “sistema de actuación por cooperación”. Siempre en el discurso se acentúa que no es privatización, como lo hizo Felipe Calderón con Petróleos Mexicanos.

El tercer proyecto en Azcapotzalco es para la universidad CNCI (1.2 hectáreas): un centro de educación media superior y capacitación en las inmediaciones de la Unidad Habitacional el Rosario, que aplicará el sistema de actuación por cooperación. También se dio la autorización de siete torres de 10 pisos en el Rosario. Sin tomar en cuenta que los megaproyectos en Azcapotzalco se realizan en una zona de hundimientos y grietas muy peligrosas, debido a una falla geológica que va por todo el Nororiente de la delegación y que ya ha ocasionado siniestros.

Todos los megaproyectos de Azcapotzalco tendrán un gran impacto urbano y ambiental, y harían necesaria la apertura de grandes vialidades (que se mantienen en secreto) que afectarían y destruirían a los pueblos originarios de Azcapotzalco: Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, San Martín Xochinahuac, Nueva España, San Pablo Xalpa, etcétera. Incluso, podría verse afectada la Universidad Autónoma Metropolitana.

La movilización en Azcapotzalco ha ido en ascenso. El jueves 3 de marzo se realizó una marcha a la Glorieta de Camarones. Los chintololos reiteraron ahí su demanda de derogación de la desincorporación de los terrenos públicos. El martes 8 de marzo, la movilización de vecinos clausuró simbólicamente la obra de la Arena Ciudad de México y luego emprendió una marcha por varios puntos de la delegación.

Ante el rechazo a los megaproyectos, el 8 de marzo Ebrard y Laura Velázquez, de la Secretaría de Desarrollo Económico, plantearon construir el Foro Estadio en otro lugar. De cumplirse, significaría una victoria del movimiento.

Pero los megaproyectos privatizadores de Marcelo Ebrard no se limitan a Azcapotzalco. Hay otros 24 en toda la ciudad.  En protesta contra estas obras, el jueves 24 de febrero se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Con gran combatividad, más de 2 mil personas repudiaron las políticas neoliberales que buscan entregar los bienes de la nación al gran capital. Ese mismo día, Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la que se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.

Para actuar a su antojo, Ebrard hizo aprobar en la Ley de Desarrollo Urbano de 2010 obras no previstas en los planes de desarrollo delegacionales, sin tomar en cuenta la opinión de legisladores, delegados y ciudadanos. Pero la acción ciudadana ha frustrado algunos de sus proyectos, como el del tranvía, en el que iba a invertir 2 mil millones de pesos al darle la concesión a la empresa francesa Alstim; y la Torre Bicentenario, que costaría 7 mil millones de pesos:  la concesionaria sería constructora Pontegadea, del español Amancio Ortega. Para estacionamientos en el Bosque de Chapultepec, daría 300 mil metros cuadrados a inversionistas privados, pero la oposición de los vecinos lo impidió.

Además, el gobierno capitalino pretende desarrollar vialidades de paga en el segundo piso del Periférico, del Toreo a Muyuguarda. Esta obra ha sido concesionada a la empresa OHL (que trabaja con Peña Nieto), a ICA y a Carso, de Carlos Slim.

La tendencia de Ebrard es la privatización: lo hizo con el servicio de grúas, parquímetros, Metrobús; arrenda trenes de la línea 12 a la empresa española en vez de comprarlos directamente; entrega, en la zona de recarga de los acuíferos del Ajusco, terrenos públicos a un proyecto llamado Biometrópolis; en Tlalpan, impulsa la Ciudad del Conocimiento sobre una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción, y que son “protegidas” por la inmobiliaria Grupo Frisa. Esa ciudad destruirá formaciones lávicas de más de 2 mil años de antigüedad, el hábitat de especies en peligro y el ecosistema con el fin de favorecer la instalación de laboratorios de trasnacionales extranjeras. En la delegación Xochimilco, pretende construir en tierras ejidales una zona hotelera con el “acuario más grande de América Latina. Con Pepsi Cola, construyó el árbol de navidad más alto del mundo, y usó el Zócalo en el Mundial de Futbol para poner una megapantalla de Coca Cola.

Para ganarse a las grandes inmobiliarias, ha fomentado la construcción de rascacielos y viviendas de lujo en Reforma, Insurgentes, Palmas, Santa Fe y Polanco.

Un gobierno progresista realiza las obras con sus propios trabajadores y no recurre a darle todas las obras a empresas privadas que no tienen un sentido social.

Para tener buena imagen, ha gastado cientos de millones de pesos para promoverse en los medios que le permiten ocultar el daño que le hace a la ciudad, como su autorización de demoler 14 inmuebles catalogados Monumentos Históricos por el INAH para construir plazas comerciales, para organizaciones clientelares que lo apoyarán en su campaña.

Por otra parte, busca construir la Línea 12 del Metro con la española Construcción y Auxiliar en Ferrocarril, la francesa Alston y Carlos Slim, y así facilitarle a los desarrolladores inmobiliarios el acceso a la última reserva territorial y de agua del Distrito Federal, para lo cual despojó de 100 hectáreas de tierra agrícola a los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, que se ampararon, pero aun así fueron reprimidos por los granaderos. Se calculan en 800 las expropiaciones. Se ha reprimido violentamente las manifestaciones en Tláhuac; también fueron desalojados los vecinos de la Narvarte que se oponían a los daños por la Línea 3 del Metrobús.

Las políticas neoliberales de Marcelo Ebrard Casaubón van de la mano de las alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y la derecha, que el jefe de gobierno ha propugnado abiertamente. El 10 de febrero de 2011, en la Universidad Iberoamericana, Ebrard declaró: “Las alianzas de la izquierda con la derecha llegaron para quedarse”.

Hay dos proyectos que se contraponen; el enfrentamiento entre los dos se agudiza. Uno es el proyecto social que defiende los derechos de todos los seres humanos, buscando nuevas soluciones para lograr el desarrollo y el bienestar de la sociedad, utilizando los avances y potencialidades del mundo moderno para resolver los viejos problemas de la humanidad, lograr trabajo, paz y vida digna, y un medio ambiente sano y sustentable. Éste se opone al proyecto antisocial, que es el que prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas que niegan los derechos individuales, los de pueblos y naciones, y degradan el medio ambiente.

Aquí no es cosa de “derecha” e “izquierda”, sino de quién defiende al pueblo y a la nación, y quién, a las corporaciones extranjeras y a las potencias imperiales.

Salinas, Zedillo y Peña Nieto privatizan desde el Partido Revolucionario Institucional; Calderón, Fox y Diego, desde el PAN, y en el Distrito Federal, hace lo mismo Marcelo Ebrard desde el PRD.

Ya llegó el momento de un cambio, una renovación democrática para que el pueblo decida; del triunfo de un proyecto alternativo de nación en el que se dé prioridad al bienestar social y al desarrollo en armonía con la naturaleza. Llegó el momento de la unión para alcanzar este proyecto popular y derrotar al neoliberalismo salvaje.

*Politólogo e historiador; exdelegado de Azcapotzalco, Distrito Federal

Pablo Moctezuma Barragán

La “no guerra” que hay en México

El señor Calderón ya dejó de ser el “señor presidente”, desgastado por arrastrar su ilegitimidad a través de cuatro años de incapacidad política e ineficacia administrativa, para volverse una figura decorativa en su búnker de Los Pinos; ejerce sólo el cargo de jefe nato de las Fuerzas Armadas sin el sustento constitucional del artículo 29 y fracciones VI y VIII del 89. Y sin estrategia en su “no guerra” contra la barbarie y terrorismo del narcotráfico, al amparo del cual irrumpen las demás delincuencias que han convertido al mal gobierno calderonista en un gobierno fallido que pone en riesgo a la nación, sus instituciones y al Estado mismo.

El sexenio foxista de la “pareja presidencial” e hijastros, embarrados de corrupción a lo bestia, y el paso de Calderón degradando la Presidencia de la República arrojan una década durante la cual el país se estancó económica y socialmente: tenemos una regresión en todos los aspectos internos y externos. Se ha generado más y mayor pobreza, desempleo con despidos constantes, decadencia cultural, complicidad patronal-empresarial… aumento del desacato, de la mano del Poder Judicial federal, de las resoluciones administrativas y judiciales, e incumplimiento de las leyes del Congreso de la Unión.

La derecha y ultraderecha panistas, con su factor común, El Yunque, y su amasiato de sacristía con el clero político, comprobaron que, weberianamente, no estaban preparados para el trabajo político, e hicieron de los cargos públicos un modus vivendi: la del poder como botín. Estos fundamentalistas religiosos han creído que se puede gobernar con padresnuestros, dejando todo en la “mano invisible” del absoluto libre mercado laboral, comercial, social y económico. Y seguidores de la teodicea, ocupados en salvar sus almas, han desgraciado a la nación, dejando todo en manos de ese poder metafísico, “que se supone a la vez infinito y bondadoso, pero ha creado este mundo irracional y de sufrimiento, de injusticia impune y a la estupidez irremediable” (Max Weber, Escritos políticos).

Según sus propias cifras, 50 millones sobreviven en la pobreza; otros 50 millones, con empleos mal pagados por salarios mínimos, víctimas de la inflación (los precios de bienes y servicios del sector público en alzas constantes, como si fueran del sector privado que, también, se ha coludido para subir los precios y reducir el consumo que va en contra de lo que pregona y necesita cualquier capitalismo: aumentar ese consumo. O de lo contrario se trata de un capitalismo salvaje donde hasta se alimenta del lavado del dinero, del contrabando: de los cafés en todo made in China, etcétera).

Calderón y su grupo están cortados con la misma tijera de su falta de cultura y mínima información (Lujambio, en la que ya es Secretaría de Educación privada… privada de lo público, tiene para el cargo gravísimas insuficiencias, no obstante que diariamente se sienta ante el escritorio que fue de José Vasconcelos y no se le “pega” nada, lo que lo hace ser burro con orejas largas). Todos ellos, pues, no manejan conceptos ni teorías; nada saben de políticas públicas. Habla Calderón de “percepción” para atacar a los mexicanos que no “perciben” que la economía va bien, que hay crecimiento, que hay empleo, etcétera; pero ni siquiera se ha tomado la molestia de abrir un tumbaburros para darse cuenta de que es un seudodocto ignorante.

Percibir, dice María Moliner –para no meternos en las definiciones que nos dan en sus diccionarios José Ferrater Mora y Nicola Abbagnano– es advertir, apreciar, enterarse de la existencia de una cosa por los sentidos… y los mexicanos no tienen mala percepción, como insiste Calderón, sobre sus salarios, empobrecimiento, desempleo, pavorosa inseguridad con baños de sangre y homicidios de inocentes víctimas de impunidad policiaca y militar. E incluso, desafiantes y retadores como el secretario de Marina y el señor Ebrard, provocadores aseguran que no acatarán las recomendaciones sobre los derechos humanos.

Igual pasa con la “no guerra” calderonista. Como si fuéramos desmemoriados, él lo es por su adicción: constantemente se le borran sus actos. Aseguró que jamás, nunca, había calificado su fallida estrategia militar como una guerra. Y como “más pronto cae un hablador que un cojo”, en todos los medios de comunicación que ejercen la crítica, le pusieron ante sus espejuelos las fechas y horas cuando afirmó que la suya era una guerra. Y lo es porque los soldados andan por las calles enfrentándose contra las delincuencias y éstas, a salto de mata, se han apoderado de más y más territorio, al grado que están cercando la capital del país: sede de los poderes federales; y han impuesto “la ley de la selva” en más de la mitad de las entidades. Todo, en un ambiente de impunidad para los “daños colaterales”, la estúpida impartición de justicia por los ministerios públicos y los tribunales; mientras en la cara del desgobernadorde Chihuahua, asesinan a una mujer que reclamaba justicia por su hija asesinada y el homicida quedó absuelto… ¡por falta de pruebas!

La seudoteoría de la percepción calderonista y su “no guerra” tienen a los mexicanos, en medio del fallido gobierno federal en manos de los panistas, a punto del estallamiento social (la lección de Túnez) para deshacerse de los malos gobernantes. Calderón debe renunciar por causa grave, como establece la Constitución, y es que de hecho abdicó ya y la Presidencia está sin titular. No hay otra explicación por lo que la nave estatal va a la deriva con motín a bordo de los narcotraficantes. Y marinos y militares, más a la defensiva que a la ofensiva, carecen de un jefe y, sin estrategia, tiran a matar como en una guerra donde los mexicanos percibimos que cada día vamos más de desastre en desastre.

*Periodista  Álvaro Cepeda Neri *

Desgaste de aeronaves y falta de personal en la Marina

• Las aeronaves de la Armada utilizadas en las acciones de la “guerra” contra el narcotráfico se encuentran desgastadas, reconocen al interior de la Secretaría de Marina. Además, la institución admite que no cuenta con suficientes elementos para pilotarlas. En el documento Visión de la Armada de México en materia de seguridad nacional y continental 2010, la institución acepta la carencia de unidades para transporte aéreo y movilización rápida de infantes de Marina y Fuerzas Especiales pertenecientes al Grupo de Alto Impacto

México.- El aumento de las misiones navales en el sexenio de Felipe Calderón para cumplir con las operaciones Inflexible y Alto Impacto provocó que las horas de vuelo de las aeronaves de la Secretaría de Marina (Semar) se incrementaran en 75 por ciento a partir de 2007, explica el balance del Estado Mayor General de la Armada (EMG). A este escenario se agrega la falta de personal suficiente, reconocido por la Armada, aunque no detalla cuáles son las necesidades de personal naval para enfrentar el crimen organizado de manera óptima.

El balance elaborado por el EMG, Visión de la Armada de México en materia de seguridad nacional y continental 2010, advierte que la intensidad de las operaciones navales para combatir a los cárteles de la droga ha impactado en el desgaste de las aeronaves (sobre todo, los helicópteros). La institución reconoce que las carencias y limitaciones para cumplir la misión contra los cárteles de la droga persisten y que éstas aumentan en la medida en que se incrementa la persecución contra los grupos delictivos.

Para la Armada de México, la guerra contra las drogas encabezada por el presidente Felipe Calderón es “un éxito sin precedentes” que puede traducirse en cifras y datos duros para ejemplificar el involucramiento de la institución en esta lucha y, al mismo tiempo, el desgaste y la falta de recursos para llevar adelante sus operativos contra el narcotráfico.

En este sentido, el balance indica que “se requieren más recursos financieros para compensar el desgaste de las aeronaves, ya que los servicios de mantenimiento y reemplazo de componentes por periodo de vida útil son más frecuentes al requerírseles mayores horas de trabajo para el apoyo aéreo en las operaciones. En consecuencia, se requiere mayor cantidad de refacciones para las aeronaves por estar expuestos a mayor ocurrencia de desgaste”.

Para este año, el Congreso le asignó a la Armada de México un presupuesto de 18 mil 270 millones 177 mil 440 pesos. De esa cantidad, 13 mil 321 millones 915 mil 312 pesos se destinarán a cubrir los sueldos del personal naval (civiles y marinos), según lo indica el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (Ramo 13, Secretaría de Marina) en el apartado “Análisis funcional programático económico”. El resto se aplicará al gasto corriente y gastos de operación de la Marina.

El análisis funcional de la Marina detalla 14 proyectos que sí cuentan con recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para aplicarse este año, como la compra de seis aviones CASA (de la española Construcciones Aeronáuticas, SA) para vigilancia marítima y transporte militar; la compra de vehículos para la Infantería de Marina, y el equipamiento de batallones de Infantería de Marina, así como la construcción de buques de aprovisionamiento logístico.

El presupuesto asignado a la Armada de México para 2011 menciona otros 38 proyectos de inversión que no cuentan con recursos aprobados, pero que están en lista de espera. Entre esos proyectos, destacan la construcción de 17 lanchas interceptoras Polaris II, la construcción de cinco buques patrulla vigilancia del mar territorial y la construcción de dos buques de vigilancia oceánica.

Sobre este punto, el balance del EMG precisa que la Marina sí cuenta con la tecnología suficiente para hacerle frente a los cárteles de la droga y que los recursos existentes han permitido fortalecer el combate al narcotráfico, especialmente en operaciones marítimas. Sin embargo, el documento indica que aún “falta incrementar la tecnología de las unidades operativas para hacer frente y anular las capacidades que poseen los narcotraficantes”.

Los cárteles de la droga mexicanos han desarrollado “nuevas formas de actuar, rutas y medios más sofisticados, como vehículos, embarcaciones, equipos y armamento”, se reconoce en el balance de la Marina.

De acuerdo con las estimaciones del EMG, actualizadas hasta febrero de este año, las acciones terrestres y anfibias de los marinos se incrementaron en 8 mil 800 por ciento, al pasar de 2 mil 843 operativos en diciembre de 2006 a 34 mil 830 en 2010.

El “éxito” en el combate al narcotráfico, según la Armada, se refleja en las cifras totales de aseguramiento de drogas hecho por efectivos navales y que tiene un impacto, por ejemplo, en operaciones efectuadas en “recintos portuarios”, en los que se han asegurado, hasta febrero de este año, cerca de 29 toneladas de cocaína.

Además, de acuerdo con cifras registradas en los cuatro informes de labores emitidos por la Secretaría, han sido aseguradas 60 mil 9 toneladas de cocaína en alta mar o en puntos terrestres.

Los datos más recientes de la Armada, actualizados hasta febrero de este año, indican que, en el actual sexenio, el personal naval ha asegurado y destruido 109 millones 277 mil 945 plantas de amapola y 360 millones de plantas de mariguana.

Actualmente, la Secretaría de Marina Armada de México cuenta con una plantilla de 53 mil 776 elementos, de los cuales 7 mil 868 son mujeres militares, y 273, mujeres civiles, de acuerdo con datos de la institución proporcionados en junio de 2010 (el Cuarto informe de labores de la Marina no contiene datos al respecto pese ocuparse del tema de equidad de género casi al final del documento).

Operación inflexible

El texto sobre la actuación de la Armada en el combate al narcotráfico indica también que las acciones desarrolladas son parte de la Operación Inflexible, diseñada a principios del sexenio por el EMG y perfeccionada cada año para incrementar el poder naval y su capacidad de penetración en las organizaciones criminales.

Los informes de labores de la Marina en lo que va del sexenio precisan que la Operación Inflexible se creó en 2007 y permanece vigente como la punta de lanza de las acciones navales contra los cárteles de la droga.

Para reforzara y llevar la operatividad de la Marina a niveles de más contundencia, se pusieron en marcha otras operaciones y estrategias, como la Operación Caribe (2008); se han creado las Unidades de Inteligencia Táctico Operativas (en 2009), y se han efectuado operativos de reacción rápida con unidades pequeñas y aeromóviles para actuar contra blancos ubicados con alta precisión.

Estas operaciones se conocen como Golpe de Mano, y en ellas participan los integrantes de las Fuerzas Especiales de la Marina, incluyendo un grupo de 15 mujeres seleccionadas y adiestradas en abril de 2010 por mandos navales en el Distrito Federal.

El éxito de estas operaciones reside en la aplicación, por parte de la Armada de México, de procedimientos creados por la Marina estadunidense dentro de la Iniciativa de Protección Marítima de América del Norte (NAMSI, por sus siglas en inglés), explica el documento.

Bajo el esquema de coordinación con la NAMSI –que consiste en intercambio de información de inteligencia operativa de alto nivel–, la Armada de México interceptó el semisumergible cargado con 6 toneladas de cocaína; fue localizado por buques y helicópteros navales a unas 190 millas de las costas de Oaxaca en junio de 2008.

La información entregada por la Marina estadunidense a la de México mediante la NAMSI se tradujo también en otras cuatro operaciones de intercepción y aseguramiento de cocaína en alta mar o en puertos. Las operaciones se efectuaron en 2009 contra el buque pesquero Polar I, en el que se incautaron 7 toneladas de droga.

En 2008, se aseguraron 3 toneladas del alcaloide en el pesquero San Pascual, otras 3.5 toneladas en el buque Juan Alejandro y un cargamento más de 3.5 toneladas en el buque Caracol III.

Este nivel de colaboración hizo posible también la captura de Felipe Zurita Cruz, “presunto integrante y operador del cártel de Sinaloa”, señalan los mandos del EMG.

Mediante la aplicación de la estrategia NAMSI, se han asegurado también siete embarcaciones menores, 26 mil 596 kilogramos de cocaína y 17 mil 91 kilos de mariguana.

Cooperación binacional

Además de estrechar la colaboración y coordinación con la Armada y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, la Marina mantiene contactos e intercambio de personal e información con el Comando Norte de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Interagencial y la Flota de las Fuerzas de Comando,organismos con los que se tienen oficiales de enlace de la Semar de manera permanente.

La Marina también mantiene oficiales de intercambio con el Colegio de Guerra Naval, la Escuela de Fuerza Expedicionaria, el Colegio Interamericano de Defensa y la Escuela Naval de Posgrado, señala el documento Visión de la Armada de México en materia de seguridad nacional y continental.

El texto, de 80 páginas, indica que el “narcotráfico, la pobreza y los desastres naturales son los principales retos del país”.

Destaca que aunque México “no percibe la materialización de amenazas bélicas contra su integridad ni en el corto o mediano plazo”, reconoce el rápido desarrollo y crecimiento de fenómenos como el de la delincuencia organizada.

En este contexto, el documento precisa que “los litorales mexicanos son áreas de alta incidencia para el tráfico de drogas”. Señala que los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Juárez y de Sinaloa dominan el trasiego de drogas por mar, y ubica en la costa del Pacífico 10 puntos recurrentes para la entrada de drogas al país y a territorio estadunidense (Acapulco, Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Mazatlán, Culiacán, Nogales, Agua Prieta, Mexicali, Tijuana y San Diego).

En el Caribe, la Semar señala que Cancún, Mérida, Veracruz, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Mc Allen, Texas, son los sitios de mayor afluencia de drogas provenientes de Colombia, Venezuela y Brasil.

En sus conclusiones, el documento detalla, como uno de los objetivos importantes por cumplir en esta administración, que es necesario mantener el estado de derecho, la coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional y el “reforzamiento de las relaciones cívico-militares”.

S.M.E amplía plantón a Azcapotzalco

• Electricistas refuerzan presencia frente a JFCA y cierran vialidad en el Barrio de Santo Tomás; delegación da opciones viales

Los electricistas aseguran que no se retirarán
 hasta que se atiendan sus demandas
(Foto: Cortesía delegación Azcapotzalco)

México D.F..- Un contingente de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricista (SME), reforzaron su plantón frente a la sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en la que dijeron permanecerán hasta que se de solución a sus demandas.


Los inconformes por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y que piden la recuperación de su fuente laboral cerraron la vialidad de la Antigua Calzada Azcapotzalco-La Villa, en el tramo de las avenidas 22 de febrero y Granjas, en el Barrio de Santo Tomás.


En un acto encabezado por Martín Esparza, en la sede federal situada en la delegación Azcapotzalco, exigieron audiencia con Eduardo Andrade Salaverria, presidente de la Junta.


Señalaron que su exigencia es debido a que el pasado 26 de marzo, cuando tenían programada una audiencia con Adriana Mayo Río, presidenta de la Junta Especial número 5 para presentar adición de pruebas en relación a las demandas individuales de ex trabajadores sobre despido injustificado y patrón sustituto contra el SAE, sólo fueron atendidos por el secretario de Acuerdos.


Alrededor de las 7:30 horas, unos 250 trabajadores del SME arribaron a las instalaciones de la JFCA y comenzaron a instalar carpas, mantas y equipo de sonido a la entrada del tribunal para exigir la resolución expedita a las demandas de reinstalación laboral.


Elementos de la policía auxiliar y sector Hormiga realizaron operativos para desahogar el tránsito en la zona.


“Montaremos un operativo para evitar congestionamiento en vialidades mientras se mantenga en plantón”, destacó por su parte el Jefe Delegacional Enrique Vargas Anaya.


Alternativas viales


Las alternativas para automovilistas que van al Poniente son incorporarse a la Avenida 22 de febrero y continuar por el Eje 3 Norte hasta la Glorieta de Camarones donde podrá tomar Cuitláhuac o Granjas para alcanzar Vallejo y Ceylán.


Para quien conduce por Antigua Calzada Azcapotzalco-La Villa hacia el centro de Azcapotzalco a las avenidas Aquiles Serdán y Calzada de las Culturas la opción es tomar Granjas y Eje 5 Norte, o bien, Granjas hasta la glorieta de Camarones e incorporarse al Eje 3 Norte, detalló la demarcación.


Desde el fin de semana que concluyó los inconformes realizaron protestas frente a la JFCA y han dicho que permanecerán en el lugar por tiempo indefinido.


ELUNIVERSAL

Más fotos del “Kill Team” de EEUU en Afganistán

Tomado de Rolling Stone

El ejército responsable de actos como estos ahora bombardea Libia en nombre de los derechos humanos. Se advierte que los enlaces de este artículo contienen imágenes altamente repulsivas.

La semana pasada, la revista alemana Der Spiegel fue la primera en publicar tres fotografías de un grupo de soldados estadounidenses que, entre juergas y drogas, posó con los cádaveres de afganosinocentes que habían matado.

El artículo de Der Spiegel era ya suficientemente inquietante, con fotos de varios soldados de EE.UU. que sostienen la cabeza de un cadáver, y otra foto de dos hombres afganos muertos, encubriendo los rostros de las víctimas.

17 fotos más han sido publicadas por la revista Rolling Stone este domingo (esta vez sin borrar los rostros de las víctimas)  llevando  el terror a un nivel superior.

El artículo de la revista Rolling Stone que acompaña las fotos se titula “The Kill Team Photos” (Las fotos del equipo de matar).

Una foto muestra a soldados de la 5 ª Brigada Mixta Base de Lewis-McChord de Stryker siguiendo el protocolo militar y cortando la ropa de Gul Mudin, un campesino afgano.

Un sonriente Capitán Jeremy Morlock y el soldado Andrew Holmes aparecen mostrando la cabeza de Mudin sostenida por el pelo,  y posando con su cadáver en otras imágenes.

Otra foto muestra a un afgano que había sido apuñalado por el “Kill Team”.

La revista también señaló que el Ejército ha estado tratando de eliminar las pruebas de mala conducta del Tercer Pelotón. Una foto que puede haber sido tomada por otro pelotón muestra a dos hombres afganos muertos amarrados y colocados junto a una carretera.

Un cartel en el cuello de un cadáver dice: “los talibanes están muertos.”

Los fiscales del Ejército insisten en que la culpa de las muertes corresponde a Calvin Gibbs, jefe de escuadra en el Tercer Pelotón. Morlock, junto con otros cinco soldados, se declaró culpable la semana pasada de delitos menores a cambio de su testimonio.

Morlock ha sido condenado a 24 años de prisión. (Tomado de The Raw Story, traducción de La pupila insomne)

El ejército responsable de actos como estos ahora bombardea Libia en nombre de los derechos humanos.

Capitán del ejército norteamericano Jeremy Morlock posa sonriente mientras sostiene por el pelo la cabeza de un campesino afgano asesinado por el "Kill Team". Una de las fotos que publicó Der Spiegel