No al “genocidio económico neoliberal”, educación y empleo para la juventud en México, fuera paramilitares de San Juan Copala, no más muertes de mexicanos disfrazadas de combate al narcotráfico y castigo a los responsables de los crímenes del pasado, fueron las exigencias centrales de la marcha conmemorativa del 42 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Con un llamado a la unidad de obreros, estudiantes, indígenas, campesinos y luchadores sociales para contrarrestar los abusos del gobierno federal, miles marcharon de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco (donde ocurrió la matanza), hasta el Zócalo capitalino.
Las consignas que por más de cuatro décadas han lanzado los sobrevivientes de aquella represión oficial y estudiantes universitarios volvieron a escucharse en las calles de la ciudad de México: “¡Ni perdón ni olvido; castigo a los asesinos!” y “¡2 de octubre no se olvida!”.
A lo largo del trayecto, los contingentes que participaron en la movilización denunciaron que después de 42 años de aquella matanza, la situación en el país “no ha cambiado. El gobierno sigue reprimiendo a los movimientos sociales, la economía de la mayoría de los mexicanos no es buena, no hay oportunidades para los jóvenes, la violencia en el país está desatada y decenas de ciudades se encuentran militarizadas”.
La marcha –que empezó alrededor de las 15.30 horas en la Plaza de las Tres Culturas– fue encabezada por el Comité 68 (integrado por quienes formaron parte del Consejo General de Huelga en aquel año). Eran seguidos por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, que demandó al Estado mexicano cumplir la sentencia en su contra emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del guerrerense Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974.
Junto a ellos venían habitantes de San Juan Copala, Oaxaca, poblado que lleva más de 10 meses cercado por paramilitares presuntamente auspiciados por el gobernador Ulises Ruiz, lo que ha provocado asesinatos en la región. Se exigió castigo parael mandatario priísta.
También participaron estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de la Ciudad de México, Pedagógica Nacional y Autónoma Chapingo, y del Instituto Politécnico Nacional, además de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (conformada por normalistas rurales), integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pobladores de San Salvador Atenco.
Las autoridades capitalinas informaron que en la movilización participaron 15 mil personas, mientras los organizadores dijeron que fueron más de 25 mil. Casi a las 17 horas los contingentes ingresaron al Zócalo capitalino, donde se realizó un mitin; a las 6 de la tarde se guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco.
Ahí, Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, aseveró que después de 42 años de la matanza, “nada ha cambiado. Miles de mexicanos están en el desempleo, millones de jóvenes no estudian ni trabajan y el recuento diario en los medios de comunicación es de miles de muertos, muchos de ellos llamados ‘víctimas colaterales’”.
Al tomar la palabra, Mariana, triqui de Copala, recibió el aplauso más intenso de la tarde de una multitud que ocupó la tercera parte de la plancha del Zócalo. Denunció que “las autoridades de Oaxaca, con apoyo de grupos paramilitares, quieren desmantelar nuestra autonomía, pero seguiremos resistiendo”.
Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME; América del Valle, hija de Ignacio del Valle, líder de los campesinos de San Salvador Atenco, y el resto de los oradores llamaron a la unidad de “todos los sectores oprimidos para combatir la represión oficial y el modelo económico”.
Las cosas en el país, igual que hace 42 años
En las consignas había una mezcla entre el pasado y el presente. Señalamientos contra los “asesinos” Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y reclamos por la actual falta de presupuesto para el sector educativo, el acoso paramilitar contra Copala y el encarcelamiento del estudiante Víctor Herrera Govea, detenido en la marcha del año pasado y a quien aún no se le dicta sentencia.
El contingente de anarquistas señaló a supuestos provocadores o policías vestidos de civil, a quienes por lo menos en un par de ocasiones expulsaron de su grupo. Ello, porque en años anteriores en este sector se filtraban provocadores que desataban violencia.
La movilización avanzó sin contratiempos hasta el desnivel a la altura de Garibaldi, pero al salir de éste, los granaderos impidieron dos veces el paso al llamado “bloque negro”, lo que motivó breves altercados entre jóvenes y policías, quienes intercambiaron empujones y se lanzaron objetos. En menos de cinco minutos los agentes recibieron la orden de retirarse.
Al enterarse del “ataque” a los anarquistas, en la vanguardia de la movilización –que estaba en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes– se hizo un alto total. “No nos moveremos hasta que el GDF (Gobierno del Distrito Federal) y la Secretaría de Seguridad Pública dejen de agredir a nuestros compañeros”, advirtieron.
Una vez confirmado el paso a los retenidos en Garibaldi, la marcha continuó. Metros adelante, integrantes del Comité Eureka, encabezados por su fundadora, la senadora Rosario Ibarra, esperaban el paso de los contingentes, a los que saludaron con el puño izquierdo en alto.
Por todo 5 de Mayo, la marcha transcurrió con tranquilidad. Por momentos se mezclaron activistas, que grafiteaban paredes y casetas telefónicas, con familias que paseaban por la calle y turistas que observaban el paso de los manifestantes.
Ya en el Zócalo, mientras los oradores pronunciaban sus discursos, un grupo de estudiantes quemaron un muñeco de cartón que pasearon durante todo el día, y que representaba a Felipe Calderón vestido de militar, haciendo el saludo nazi.
Al final del mitin, elementos de la Policía Judicial detuvieron a Juan Manuel Santana García, de 23 años; José Manuel Hernández Pérez, de 24; Andrea Velázquez Sandoval y Carlos García Roque, de 19, y César Morales López, de 21, presuntamente por hacer pintas.
Este hecho provocó que decenas de jóvenes reclamaran a las autoridades la inmediata liberación de sus compañeros. Norma Martínez y Martín Juárez, de Concertación Política del GDF, informaron a los organizadores de la marcha que los aprehendidos saldrían ayer mismo –lo que no había ocurrido hasta el cierre de la edición–, ya que fueron remitidos a un juzgado cívico.
Emir Olivares y Fernando Camacho
