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Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de un billón de pesos por excedentes petroleros, revela una auditoría a cuentas públicas del gobierno de Fox y dos años de la actual administración (LAS NENAS)
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Distrito Federal— Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador Arturo González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran “jamás de Francisco Labastida”.
Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.
A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.
También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.
La ley en subasta
El 9 de septiembre de 2002 el contador González de Aragón entregó los resultados de la cuenta pública de 2000, donde determinó que mil 500 millones de pesos de Pemex se desviaron a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, pero además concluyó que cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, hoy HSBC) defraudaron al erario federal por el caso Fobaproa y tenían que regresar 110 mil millones de pesos.
Sólo 28 días después, el 7 de octubre de 2002, fue notificado de tres auditorías fiscales: una a su despacho –del cual ya había donado sus acciones a sus hijos–, otra personal y una más a una empresa de radio de la cual había sido socio un año y medio atrás.
– ¿Recibió presiones por su actuación?
– ¡Tremendas! Estuvieron instrumentas desde el Ejecutivo federal.
– ¿Por quién?
– A través de Francisco Gil Díaz, de nuestro amigo Paco Gil –aclara, irónico.
– ¿Y de los bancos?
– Sí, pero no directamente. No se atrevían de frente. Hubo algunos emisarios. Me pedían que nuestra posición fuera más laxa, cosa que no aceptamos nunca. Eran mensajeros de los cuatro bancos que pedían que no fuéramos tan duros, tan rígidos. Decían que ya todo estaba resuelto. Ahí empezaron las presiones.
Recuerda que hasta su oficina llegó un anónimo de Banamex. “Fue una nota, según esto del jurídico de Banamex. En ella decía que existían todos los elementos para hacer una denuncia de daño moral en mi contra por todos los pronunciamientos sobre el Fobaproa. Fue una nota que nunca supe cómo llegó hasta mi escritorio”.
“A los 28 días de mi primer informe empezó la presión. La respuesta del aparato de Estado fueron las tres auditorías que me iniciaron. Incluso, las auditorías fueron renovadas dos veces. Ya con la tercera no encontraron nada en mi contra, pero no me dieron el finiquito hasta tiempo después: lo mantenían como la espada de Damocles”.
La maniobra del gobierno federal, operada por Gil Díaz y que el ex auditor califica de “perversa y cochina”, prosiguió. En julio de 2003, el conductor de noticieros de Televisa Joaquín López-Dóriga reveló que la PGR tenía información de que el despacho de González de Aragón había prestado servicios al gobierno de Carlos Salinas de Gortari por los que cobró sumas millonarias.
“Yo quería ver la magnitud del ataque y saber cuál era la estrategia del gobierno –dice González de Aragón–, así que llamé al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y me puse a sus órdenes. Recuerdo lo que le dije: ‘…porque ahora, señor procurador, se juzga desde los noticieros’. Y su respuesta fue: ‘No sólo eso, auditor. También se emiten fallos’.”
La indagatoria contra él, que duró entre cinco y seis meses, se realizó “contra todo principio de estado de derecho, porque en lugar de que ellos probaran las acusaciones, el que tuvo que probar la inocencia fui yo. Y pude probar que cuando trabajé para el gobierno lo hice como independiente; que llevaba 16 años sin estar en cargos públicos. Y a mí nunca me importó si me pagaban con dinero de la partida secreta, concreta o indiscreta”, sostiene.
González de Aragón trabajó entre 1979 y 1985 para el Gobierno Federal, incluso con Rogelio Montemayor, y con Francisco Gil en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, en los primeros años de su gestión como auditor superior tuvo “a tres instituciones alineadas en mi contra: Hacienda, la PGR y la SCJN”.
Particularmente lo molestó la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que a partir de su revisión comprobó que los bancos debían reintegrarle al erario federal 110 mil millones de pesos, pero el tribunal se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” y sólo se recuperaron 10 mil millones. Los ministros Genaro Góngora Pimentel y Juventino Castro y Castro respaldaban a la ASF en esa ocasión, pero el resto se opuso a privilegiar el interés público.
En su momento, González de Aragón dijo a sus colaboradores: “Ahí está la mejor demostración de que el derecho lo haces para donde quieras”. Y cuestiona: “Si la demanda estaba fundamentada y motivada, ¿por qué no se tomó en cuenta el interés de la nación y el hecho de que todos los mexicanos tenemos que pagar el dineral que se llevaron?”.
–Usted ha dicho que el derecho lo hacen para el lado que quieren. ¿Los ministros de la SCJN obedecieron a otros intereses?
–Yo no tengo elementos para afirmarlo, pero mi gran pregunta sigue siendo esta: si había fundamentos, ¿por qué actuaron así? Mi conclusión, después de estos ocho años al frente de la ASF, es que la aplicación de la ley y del estado de derecho es una subasta pública.
– ¿Qué quiere decir con eso?
– Al mejor postor. El que tiene recursos para comprar la ley es el que obtiene la justicia, no importa que sea inocente o culpable, eso es lo que menos importa. En México lo que menos importa es la justicia.
Pemex e ISOSA
Lo mismo ocurrió en el Pemexgate. Con las pruebas del desvío de fondos públicos en la mano, González de Aragón presentó una denuncia penal por presunto daño patrimonial que ascendía a mil 580 millones de pesos.
El problema no se solucionó sino que se evadió con una componenda. El gobierno presentó “un reconocimiento del adeudo firmado con Pemex de parte del sindicato petrolero para pagar los mil 580 millones de pesos. Eso quitó la causa penal, pues ya no había delito que perseguir… Aplicaron adeudos que tenía Pemex con el sindicato, se llegó a un acuerdo”.
–¿Pemex se convirtió en la gran caja de las administraciones pasadas?
–No sólo en la pasada, ¿eh? Pemex era la gran caja en todos los gobiernos.
–¿Lo sigue siendo?
–Ahorita no sé, estoy fuera.
– Cuando usted era auditor, César Nava fue responsable de algunos actos que la ASF consideró ilegales… –se le plantea.
– …Le observamos en tres auditorías. Dos fueron estando él al frente del jurídico de Pemex. Se trató de los casos de los Contratos de Servicios Múltiples y por los permisos de energía.
El entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, autorizó contratos y permisos. Nava dio su opinión favorable para que se realizaran. Por ello el presidente Fox decidió llevar ambos casos a la SCJN, que finalmente falló a favor del Ejecutivo.
La última auditoría en la que tuvo que ver César Nava se realizó con motivo del fideicomiso que se constituyó en Banjército para el equipo de transición de Felipe Calderón. “De los 130 millones de pesos que se le aprobaron, nosotros le observamos 30 millones manejados en forma irregular”, comenta González de Aragón. Pero Nava fue salvado por el gobierno foxista.
“Las irregularidades por 30 millones de pesos que le detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Gil Díaz, por Hacienda, que es la que interpreta”, dice el ex auditor superior. Aun así, Nava tuvo que regresar un millón de pesos.
Al retomar el tema de Pemex como caja gubernamental, González de Aragón destaca la denuncia penal que interpusieron para que se devolviera el pago por la renta de una embarcación, que se contrató por 39 mil dólares cuando el Instituto Mexicano del Petróleo ofreció cobrar 19 mil dólares.
Y acerca de Oceanografía, la empresa intermediaria de los hijos de Marta Sahagún, el ex auditor sostiene que sólo hubo observaciones. Lo mismo sucedió cuando el Congreso le pidió a la ASF que investigara a la fundación Vamos México.
– Por qué no hubo una acusación formal por la desviación de recursos de la Presidencia hacia Marta Sahagún?
– ¿Se acuerda que por eso vendió todos sus vestidos e hizo aquel show, un desfile de modas? Ahí no se comprobó que hubiera recursos públicos entregados a Vamos México, esa no fue la vía. A lo que pudimos llegar es que ella no tenía calidad jurídica de servidora pública, y por lo mismo no podía hacer uso de recursos públicos. Por eso recomendamos: reglamenten la figura.
En 2003, al revisar la cuenta pública de 2001, González de Aragón examinó el estado de la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V., la empresa que Francisco Gil creó en 1993 para cobrarles a los contribuyentes los derechos de trámite aduanero.
González de Aragón encontró en ISOSA visos de corrupción y una afectación al erario federal por 10 mil millones de pesos que, en lugar de ir a parar a las arcas de la federación, se estaban desviando a los propietarios de la empresa al depositarse en un fideicomiso privado, que por lo mismo era inescrutable. El dictamen de la ASF fue contundente: los servicios aduaneros los presta el gobierno y el dinero captado por ese concepto debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Gil Díaz, que ya era su enemigo político, recurrió de nuevo a la SCJN. El fallo volvió a favorecer al Ejecutivo e ISOSA devolvió únicamente 2 mil 500 millones.
–¿En este caso Gil Díaz presionó a los ministros?
– Directamente, no tuve conocimiento de eso. Lo que sí supe fue que el jurídico de Hacienda, Luis Mancera, estaba metido en labor de lobbing con los ministros.
Intenciones regresivas
La administración foxista fue incrementando sus fideicomisos, muchos de los cuales se consideraban privados e inescrutables aunque tuvieran fondos públicos: de mil 387 que tenía en 2004, pasaron a mil 409 en 2005, cuando su monto alcanzó 742 mil millones de pesos.
Las dificultades para fiscalizar estos instrumentos de inversión constituidos con dinero público llevaron a González de Aragón a uno de sus primeros triunfos. Presentó al Congreso una iniciativa de ley para que esta figura quedara sujeta a fiscalización. Al aprobarse la reforma, ISOSA no pudo continuar viva y Gil la liquidó, según sus propios reportes de cuentas públicas.
En el primer año de Felipe Calderón los fideicomisos se redujeron en forma importante. En 2007 eran 377 y tenían 321 mil 74 millones de pesos.
Aunque González de Aragón está satisfecho por esa aportación a la transparencia de las finanzas federales, resalta que no es precisamente la tendencia: “Se muestran muchas intenciones regresivas. Pasamos del presidencialismo, del poder absoluto, al poder compartido, y ahora son los gobernadores. Resulta que estás sujeto a la buena voluntad del servidor público, y eso no puede ser”.
Se le pregunta al ex auditor superior si en los primeros años del sexenio de Calderón persistió la falta de transparencia que encontró en la administración de Fox.
“A nivel del Ejecutivo –responde– hay más voluntad de transparencia y apertura, la cual no es compartida por muchos de sus colaboradores y obviamente tampoco por los gobiernos estatales, porque ya se dieron cuenta de que pueden manejar de manera mañosa, indebida, los recursos que reciben”.
Un ejemplo de la forma indebida en que se han manejado los recursos en ambos sexenios panistas son los llamados “excedentes petroleros”, que de 2003 a 2008 alcanzaron la exorbitante suma de un billón 330 mil 116 millones de pesos.
“No estoy diciendo que se los hayan robado. La pregunta es en qué se los gastaron y dónde están. El 72 por ciento se fue al gasto corriente, el 12 por ciento a inversiones financieras y el 16 por ciento a inversiones físicas, cuando se debió aprovechar esa bonanza petrolera para crear grandes proyectos e infraestructura, a fin de generar una gran cantidad de empleos”, acota.
Experto en el manejo de finanzas y presupuestos, advierte que a las administraciones de Fox y Calderón las han caracterizado los subejercicios, la discrecionalidad de los servidores públicos y el exceso de “disponibilidades” o el dinero que no se utiliza. Explica González de Aragón:
“Una de las grandes áreas que sumamos para su revisión son los subejercicios presupuestales. Por ejemplo, detectamos la cantidad de 102 mil millones de pesos en diciembre de 2007, como disponibilidades que existían, y la transfirieron de manera indebida a fideicomisos. Fue dinero que no fue ejercido pero ellos (los funcionarios federales) lo dieron por ejercido”.
Este engaño lo lleva a preguntarse “por qué, si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano, actuaron así”. Se responde: “Creo que la realidad los rebasó. No estaban listos, había carencia de proyectos. ¿Por qué mandaron millonarias cantidades a fideicomisos? Porque no sabían en qué aplicarlas y quieren darlas por gastadas para que el siguiente año no las puedan etiquetar en lo que el Legislativo aprueba como presupuesto, sino que ellos puedan manejarlas con toda libertad y discrecionalidad”.
Para evitar esto, él propone que se constituya un fondo con los excedentes petroleros, y que el Ejecutivo y el Legislativo acuerden cómo usarlo. Con eso se evitaría la discrecionalidad de los funcionarios de Hacienda y el exceso de disponibilidades.
“Es válido dar un grado de discrecionalidad, pero no tanta. Ahora tienen tal cantidad los servidores públicos que pueden hacer mal uso de los recursos, pero ¡ojo!, el dinero no se pierde, simplemente se pasa de manera mañosa a fideicomisos. Ahí hay que tener cuidado”, advierte.
Por eso considera que la grave corrupción que persiste en el país hace urgente la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, impulsada por él mismo y aprobada en 2008, por lo que debe estarse adaptando en todo el país para 2012. La norma obliga a todos los niveles de gobierno a llevar la contabilidad del gasto y un inventario de sus bienes.
Indignado, pone ejemplos: “Un presidente municipal, en Morelos, compró un camión de basura, y como no llevó registro de patrimonio, no lo registró a nombre de la administración sino al suyo propio. Al dejar el cargo, mandó arreglar el camión, fue con el nuevo presidente municipal y se lo vendió. Otro caso: en un solo año, un estado reportó que se habían perdido 2 mil vehículos…”.
La ASF también tiene injerencia en los bienes intangibles de la nación, por lo que González de Aragón demanda que la actual autoridad audite desde sus bases la licitación número 21 del espectro radioeléctrico, que le otorgó a Televisa 30 megahertz a precio de ganga.
Los partidos, un freno
González de Aragón llegó a la ASF con el respaldo del PRI y el PAN, partidos que, revela hoy, lo frenaron para que repitiera en el cargo: “Yo no les convenía a ninguno de los dos para 2012”, año de la elección presidencial.
“Durante mi gestión logré la recuperación de 40 mil millones de pesos y su ingreso a la Tesorería de la Federación. De esos recursos, entre 14 y 15 mil millones correspondieron al mal uso del dinero por parte de los estados. El más observado fue el Estado de México, siguió Michoacán y luego Jalisco, entidades gobernadas por PRI, PRD y PAN, respectivamente. Ante ellos fui claro: o devuelven el dinero o los denuncio penalmente”.
– ¿Por qué dice que no le conviene al PRI y al PAN para 2012?
– Porque yo no acepto consignas. A mí me daba lo mismo que fueran de un color u otro.
– ¿Quiere decir que Juan Manuel Portal Martínez, quien lo sucedió a partir de diciembre de 2009, sí les conviene?
– No puedo especular.
– Se la cambio: ¿la ASF será manipulada por los partidos?
– Lo que es cierto es que ellos tenían certidumbre de cómo actuaba yo, es todo lo que puedo decir, y no pretendo adivinar cómo van a actuar. Lo cierto es que la ASF es un instrumento de la sociedad y tiene que ser preservada para beneficio de todos.
Señala que los partidos políticos no han querido darle autonomía a la institución “porque dejaría de ser un instrumento político”. Abunda: “La ASF es un instrumento de presión de los partidos políticos. Y yo nunca permití intromisión, jamás acepté ni una sola recomendación. En el momento en que aceptas una, la ASF deja de tener validez”.
– ¿Cuál es su opinión de quienes hoy manejan el dinero en el país?
– México requiere hombres de Estado que tengan visión en perspectiva y no hombres de aldea que se quedan en el cortoplacismo. Decía alguien: los hombres de primera tienen subordinados de primera; los hombres de segunda tienen surbordinados de tercera para evitar que les hagan sombra. Ahí la dejo”.
