Una masiva manifestación clausura la huelga en Madrid

Las estaciones de tren y las de metro tuvieron mucha 

menos afluencia que un día ordinario en la red de transportes de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ.

"¡Viva la lucha de la clase trabajadora!". Con este grito, surgido de forma espontánea entre la multitud, se puso punto y final a una de las manifestaciones más concurridas que se han vivido en Madrid, sólo comparable al clamor que se vivió durante las protestas contra la guerra de Irak en 2003. Varios cientos de miles de ciudadanos, 40.000 según fuentes de la Policía Nacional y medio millón para los sindicatos convocantes, se concentraron durante casi tres horas en el centro de la capital.

Números aparte, lo cierto es que cuando la multitud que marchaba en cabeza llegó a la Puerta del Sol, destino final de la manifestación, la cola de la marea humana aún estaba comenzando a salir de la plaza de Neptuno, origen oficial de la cita. Finalmente, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, tuvieron que ser trasladados por la seguridad de la organización para llegar al estrado preparado para los discursos. Con sus intervenciones, pusieron punto y final a una jornada que consideraron "un éxito" y que, en opinión de Cándido Méndez ha puesto al Gobierno "entre la espada y la pared". Para Méndez, la "expresión democrática" que se vivió ayer debe servir para que el Gobierno "se reconcilie con el pueblo" y rectifique las medidas que ha adoptado en la reforma laboral. Para Méndez, la alta respuesta ciudadana le da al Gobierno los argumentos para cambiar sus políticas. El líder de CCOO advirtió al Gobierno que "tome nota" de este "clamor" de los ciudadanos al que debe "agarrarse si tiene una pequeña sensibilidad de izquierdas". En este sentido, Toxo aseguró que es "un cuento" que "la única alternativa al PSOE es la derecha" y resaltó al papel del resto de partidos políticos.

Pese al palpable descontento de los manifestantes con el Gobierno de Zapatero, que se reflejó en cientos de pancartas como obreros maltratado, de ZP divorciados, apenas se oyó ningún grito a favor de su dimisión, al contrario de lo que había sucedido en algunas concentraciones de delegados sindicales durante el último mes. "Huelga, huelga" fue el neutral pero contundente grito que coreó la multitud durante la marcha.

Preciados cerrado

La manifestación puso el punto y final a una jornada complicada que se había iniciado antes de la medianoche con una concentración multitudinaria de piquetes en la Puerta del Sol. Los sindicatos tuvieron como primeros destinos el parque de Bomberos, Mercamadrid (antes de las dos de la mañana), las cocheras de la EMT y, finalmente, la zona centro de Madrid.

Poco después de las nueve de la mañana, un piquete de casi un centenar de sindicalistas de la CNT y la CGT, se citaba en Gran Vía 30 y paralizaba el tráfico al ocupar todos los carriles de la centenaria arteria madrileña. Este piquete fue uno de los más concurridos en el centro de la ciudad, ya que se le fueron sumando sindicalistas de CCOO e integrantes de otros piquetes. Finalmente, lo que casi parecía un amago de manifestación, con alrededor de dos mil personas,se llegó a bloquear la Gran Vía desde plaza de España hasta la plaza de Cibeles.

La policía nacional intentó varias veces restablecer el tráfico o, al menos, habilitar alguno de los carriles, pero el incremento del número de piquetes les llevó a no utilizar ningún tipo de fuerza. La mayor parte de las tiendas de Gran Vía, grandes cadenas comerciales como Zara, Sfera o Mango, y los establecimientos del grupo Vips, optaron por echar el cierre o cerrar la verja.

Mientras, otros piquetes de menor tamaño circulaban por las calles aledañas, intentando cerrar establecimientos como la Fnac, cuya cierre de la verja (intermitente) fue una de las más vitoreadasal grito de "escucha Zapatero, así luchan los obreros". Varios piquetes cerraron también el tráfico a la altura de la plaza de Colón y en Atocha, lo que imposibilitó durante ese tiempo la llegada al centro de Madrid de los coches y a los viandantes.

Pero no fue impedimento para las bicicletas, un medio muy utilizado en la protesta. Unos 500 ciclistas convocados por asociaciones ecologistas y vecinales circularon por el centro de Madrid. En la glorieta de Atocha, varios furgones policiales les cortaron el paso y les obligaron a subir a la acera, donde fueron cercados por al menos 70 antidisturbios y diez vehículos. Los ciclistas denunciaron que varios participantes fueron agredidos. "Tiraban de las bicicletas y pegaban con porras, no nos dejaban circular", explica una de las participantes, Chío Domínguez. Los agentes detuvieron a dos personas. El cordón policial inmovilizó al grupo más de una hora. "No nos han dado ninguna explicación. En ningún momento hemos parado el tráfico, sólo circulábamos lentamente, igual que hacen los taxistas cuando secundan una huelga", cuenta otro ciclista, Juan Gamba.

Fuera de las calles del centro, el tráfico era muy escaso, entre el habitual de un sábado o un domingo cualquiera. Metro y autobuses circularon con muy baja ocupación.

EU acusa a ABB por sobornar a la CFE

ABB hizo presuntamente pagos por cientos de miles de dólares a funcionarios extranjeros de la Comisión Federal de Electricidad (Archivo).

Fiscales señalan a la empresa de conspirar con sobornos para lograr contratos con la mexicana; los acuerdos generaron más de 81 millones de dólares en ingresos a ABB.

WASHINGTON (Reuters) — Fiscales estadounidensesacusaron a una subsidiaria estadounidense de ABB Ltd por conspiración en relación con sobornos pagados para ganar contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según documentos presentados a una corte el miércoles.

ABB Inc fue acusada pagar ciento de miles de dólares a funcionarios de la paraestatal mexicana a cambio de contratos lucrativos, según información penal presentada en la Corte de Distrito de Texas.

Los contratos, que incluyeron la actualización de la red principal del sistema eléctrico de México, generaron más de 81 millones de dólares en ingresos a ABB tras concederse en 1997 y 2003, según el documento.

Los funcionarios de la CFE informaron a los empleados de ABB y a los agentes que trabajaban en nombre de la empresa sobre qué pagos serían necesarios para ganar los contratos, según los cargos.

El gerente general de la unidad, John O'Shea, aprobó los pagos, que fueron realizados a través de intermediarios, pagando a funcionarios de la CFE cerca de 10% del ingreso del contrato, de acuerdo a los documentos de la corte.

O'Shea fue despedido a finales de 2004 y la compañía reveló los pagos deshonestos al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en el 2005. Las presentaciones de la información penal se hacen usualmente antes de un arreglo judicial.

La compañía fue acusada de un cargo por conspiración y un cargo por violar la Ley de Estados Unidos sobre Practicas Corruptas en el Extranjero. Una audiencia quedó fijada para las 2100 GMT en Houston.

Un portavoz del Departamento de Justicia no quiso hacer declaraciones y un representante de ABB no estuvo disponible inmediatamente para hacer comentarios.

29-S: huelga general en España

En el primer minuto de este 29 de septiembre estalló la huelga general en España. Convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), es la respuesta al viraje neoliberal del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En lo inmediato, la huelga se presenta como protesta frente a la reforma laboral y las medidas de austeridad fiscal aplicadas para reducir el déficit. En realidad, es una respuesta democrática mucho más profunda y con repercusiones políticas de primera magnitud.

En el fondo, la huelga general del 29-S es un ejercicio de dimensiones históricas. Lo que está en juego es la recuperación del Estado democrático comprometido con objetivos de pleno empleo y bienestar social. Es la rehabilitación de un modelo de integración europea basado en la capacidad nacional para desarrollar una política macroeconómica y sectorial que no sacrifique los compromisos sociales de todo Estado democrático. Estamos en presencia del rechazo al proyecto de la Europa neoliberal concebida en los centros de poder burocrático o corporativo.

Lo que anima la huelga es el sentimiento de indefensión frente al poder de la Europa neoliberal. La crisis económica y financiera es para el capital la oportunidad para desmantelar lo que queda de la vieja Europa, en la terminología de los asesores de Bush. La huelga general del 29-S es la defensa de ese proyecto de vida política que tantos logros tuvo en el pasado.

El 29-S es en primer lugar la revuelta contra la dictadura del capital financiero y sus mentiras sobre mercados eficientes. La Europa de las finanzas busca mantener sometidos a los estados europeos. Su instrumento de dominación pasa por recetar la medicina llamada austeridad y por el dolor de millones de personas que están en desempleo o en la pobreza. Ese es el principal legado de la construcción de la Europa neoliberal.

El Tratado de Maastricht impuso restricciones a los bancos centrales para financiar directamente a los Estados miembros. Ese fue el golpe maestro: de este modo los gobiernos de los países de la unión monetaria deben procurarse recursos en los mercados financieros y someterse a la dictadura de la liberalización financiera. La justificación utilizada es que los gobiernos dejarían atrás su comportamiento fiscal irresponsable y se someterían a la disciplina de los mercados financieros.

Detrás de todo esto está la nefasta hipótesis sobre los mercados eficientes de muchos bancos centrales y modelos macroeconómicos. Con este esquema neoliberal se entregó a los Estados europeos como rehenes maniatados en el casino de la especulación financiera. El capital financiero pudo así expropiar a los estados del viejo continente su autonomía en materia de política monetaria y fiscal, quitándoles la capacidad de aplicar medidas que permitan proteger a la población frente a la crisis.

En segundo lugar, el 29-S es el movimiento organizado que se opone a darle el poder a los embustes neoliberales. El regreso a la austeridad fiscal por el que clama la Europa neoliberal es una idea peligrosa que profundizará la crisis. Responde a la idea de que el déficit fiscal le roba recursos y oportunidades de inversión productiva al sector privado.

Esa noción carece de respaldo científico: el sector público no compite con el sector privado por un monto de recursos fijos. La creación monetaria que llevan a cabo los bancos es la fuente de recursos del sector privado. Y la tasa de interés no es un precio que mantiene en equilibrio la oferta y demanda de capitales (como pretendía la vieja y desacreditada teoría de los fondos prestables). La tasa de interés es una variable exógena que se fija políticamente y no depende de ningún mecanismo automático.

En tercer lugar es la rebelión frente a la injusticia de la reforma laboral. El 29-S es el rechazo a la idea de que existe un mercado laboral, en el que se vende y se compra una mercancía llamada trabajo a un precio denominado salario. En primer lugar, el mercado laboral no existe, como cualquier análisis económico puede demostrar. Y el salario no es un precio, es una variable de la distribución del ingreso, no un simple precio. El salario es una variable de la distribución del ingreso y depende de la lucha y movilización de la población, no de una pretendida ley de la oferta y demanda. Además, la reducción de los salarios no incentiva la creación de empleo: provoca una caída en la demanda efectiva, mayores inventarios y endeudamiento de las empresas, menos inversiones y mayor desempleo.

Por eso cabe la pregunta, ¿quién votó en favor que el gobierno impusiera las directrices de los mercados financieros? ¿Quién le autorizó calmar los apetitos de los especuladores sacrificando derechos y bienestar de millones de personas? ¿Quién le otorgó poderes para desmantelar el entramado institucional de las relaciones laborales? El 29-S debe ser el comienzo de la acción política decisiva a nivel europeo e incluso mundial para salir del esquema neoliberal.
Alejandro Nadal

Una huelga general para recuperar la confianza del movimiento obrero

La del 29 de setiembre de 2010 será la séptima huelga general convocada en el estado español desde la Transición hasta nuestros días. Tal vez la que tuvo mayor repercusión fue la del 14 de diciembre del 88 tanto por la participación de los trabajadores como por las consecuencias que tuvo así como por el antes y después que marcó en las relaciones entre los sindicatos y el gobierno del PSOE. La del 29 de setiembre trata de emular la de entonces pero las circunstancias, evidentemente, no son las mismas.

Huelgas generales en España

-5 de abril del 78. UGT y CCOO se suman a una convocatoria europea de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) para protestar contra el paro. Tan solo fue de 1 hora y entonces el país era gobernado por Adolfo Suárez, de la UCD.

-20 de junio del 85. CCOO convoca una huelga general contra la Ley de Pensiones, aprobada por el gobierno socialista de Felipe González, que aumentaba el tiempo de 2 a 8 años para el cálculo de las pensiones de jubilación.

-14 de diciembre del 88. Los sindicatos CCOO y UGT convocan, de nuevo contra el gobierno de González, para la retirada del Plan de Empleo Juvenil y contra la política económica. El Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás a las medidas y se produjo el llamado “giro social”.

-28 de mayo del 92. UGT y CCOO exigen la retirada del Decreto, también realizado por el gobierno socialista de González, que recortaba las prestaciones por desempleo y el proyecto de Ley de Huelga, reclamando la reindustrialización de España. La huelga general fue de media jornada.

-27 de enero del 94. Nueva huelga general, de nuevo contra un gobierno socialista liderado por González, contra la Reforma Laboral, los recortes en las conquistas sociales y la reforma del mercado de trabajo.

-20 de junio de 2002. CCOO y UGT convocan huelga general contra las medidas de reforma de la protección por desempleo y la Ley Básica de Empleo aprobada por el gobierno presidido por José María Aznar, del Partido Popular. En 2007, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Real Decreto.

Unas huelgas generales de las que, curiosamente, cinco son contra medidas tomadas por el Partido Socialista Obrero Español. Todo indica que, en España, la clase dominante utiliza preferentemente a un partido socialdemócrata para llevar a cabo los ajustes más duros contra la clase trabajadora. O lo que es lo mismo, que el PSOE no tiene reparos en plegarse a los intereses capitalistas cuando se trata de aumentar las tasas de ganancia de éstos.

Por otro lado, los motivos de las sucesivas huelgas generales, dejan vislumbrar las pérdidas paulatinas de derechos de los trabajadores desde la instauración de la democracia parlamentaria. En aquellos momentos, para muchos pre-revolucionarios, la burguesía vio peligrar sus intereses ante el avance del movimiento obrero que exigía, no solo un cambio político, sino también mejoras laborales. No tuvo otra opción que ceder con concesiones que se tradujeron en aumentos salariales, convenios colectivos favorables y derechos laborales al alza. Tal vez, el minuto de oro del movimiento obrero español y el punto más alto alcanzado por el sindicalismo personalizado por CCOO y UGT. La Transición, y concretamente los Pactos de la Moncloa, significaron el comienzo de la domesticación del sindicalismo y el inicio de la ofensiva capitalista contra los derechos conseguidos.

Esta cantidad de huelgas generales en casi 35 años pueden dar la impresión de un sindicalismo combativo defensor de los intereses de los trabajadores, pero no es así. El sindicalismo ha ido aceptando, irreversiblemente, las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos a la vez que entraba en la espiral de organizaciones subvencionadas, no solo por el estado sino por las propias empresas. Esto le ha llevado a una pérdida de objetivos y el desapego total entre las élites sindicales, no solo de sus propias bases, sino también de la clase trabajadora en general. Prueba de ello es la incertidumbre con la que nos acercamos al 29S.

La propia convocatoria de huelga general muestra ya unas carencias ideológicas preocupantes. La huelga, históricamente utilizada por el movimiento obrero como herramienta contra los abusos de la patronal (los gobiernos capitalistas, en palabras de Marx, no son sino los Consejos de Administración de la clase dominante), y para contraponer en la mesa de negociación la fuerza del trabajo a la fuerza del capital, es usada en este caso como protesta ante las medidas tomadas con mucha antelación. Pierde todo su carácter combativo, hace dudar a la clase trabajadora y no parece mas que justificar la supervivencia del propio sindicalismo.

Además, ante el aluvión de medidas que pretenden hacer pagar la crisis a los trabajadores, la convocatoria de huelga centra su objetivo en la Reforma Laboral, ya aprobada, y ante la que las direcciones sindicales estaban dispuestas a ceder mucho en la negociación: aceptaban las Agencias de colocación con ánimo de lucro, la negociación por convenio de la entrada de las ETT’s en sectores hasta ahora vedados, usar el FOGASA para bonificar el despido con causa… Sin embargo, patronal y gobierno les exigían demasiado. Y esta reforma era inaceptable porque daba en la línea de flotación de los propios sindicatos: precarizaba a los trabajadores con contratos fijos (que constituyen el pilar de su afiliación) y dejaba en papel mojado la negociación colectiva.

La realidad sindical es que estas organizaciones se han ido configurando como instrumentos para la conciliación con la patronal, no en herramientas para la lucha de clases. Así, la propia huelga se plantea para volver a la mesa de negociación e, incluso, para que se “repartan equitativamente” los costes de la crisis.

La Reforma Laboral es una de las agresiones que los trabajadores hemos sufrido en el último año. Reforma que, por no repetir su articulado, prefiero resumir con un ejemplo. La multinacional UPS anunció a finales del año pasado un ERE para la plantilla de la sede de Vallekas, expediente no admitido por improcedente por el gobierno regional de Madrid; pasados los tres meses que marca la ley, volvió a presentar un segundo ERE que volvió a ser rechazado, en este caso por el Ministerio de Trabajo; pasados los tres meses legales, volvió a presentar un tercer ERE que, en este caso, fue retirado por la propia empresa ante la inminencia en la aprobación de la Reforma Laboral. En el mes de setiembre, 18 trabajadores habían recibido la carta de despido acogiéndose a la nueva norma. ¿Qué significa, entonces, la Reforma Laboral? Ni mas ni menos que, ahora, las empresas pueden despedir a trabajadores con menores costos y con causas que antes la ley no permitía. ¿Es la nueva ley un avance o un retroceso para los trabajadores?

Pero hay mas. A principios de año se anunció la Reforma de las Pensiones que aumentaba a 20 años el periodo de cálculo del sueldo de jubilación, los 67 años como nueva edad legal de jubilación (antes eran los 65 años) o la eliminación del derecho a la pensión de viudedad para pasar a ser una prestación sustitutoria. Para lidiar la crisis económica se ha recortado el gasto público en 50.000 millones de euros hasta 2013 con medidas que van desde los recortes en las políticas sociales a la bajada en un 5% en el sueldo de los funcionarios. En el mes de julio se aumentó el IVA en 2 puntos, impuesto que es pagado por los consumidores, mientras el aumento de impuestos a las rentas mas altas sigue demorándose. A la hora de escribir estas líneas vuelve a anunciarse ese aumento pero mas parece una maniobra de distracción en vísperas del 29S. La crisis financiera del año pasado tuvo una respuesta por parte del gobierno de 143.000 millones de euros de ayuda a los bancos mientras que las prestaciones por desempleo en 2009 han supuesto 30.000 millones de euros…

Hay razones para convocar una huelga general, pero también las había a principios de año. Y, a pesar de los desatinos de las dirigencias sindicales, los trabajadores tenemos motivos para secundar la huelga general del 29S porque son muchas las agresiones y muchas las pérdidas que hemos sufrido en los últimos treinta años. Pero, sobre todo, porque parece ser ya la hora de despertar del letargo al que hemos sido sometidos por nuestros propios representantes en las mesas de negociación.

¿Qué qué pasará el día 29? Una incógnita… y la guerra de cifras volverá a ser la clave de la jornada del 30. Pero hay que tener en cuenta un dato fundamental a la hora de calcular el seguimiento de la huelga: la mayoría de los trabajadores españoles no tienen derecho a huelga. No la tienen los 5 millones de parados, no la tienen la mayoría de los millones de trabajadores autónomos para los que trabajar o no trabajar ese día significa llegar o no llegar a fin de mes, no la tienen los millones de trabajadores en precario para quienes secundar la huelga puede suponer el despido inmediato, no la tienen la mayoría de trabajadores inmigrantes ni aquellos trabajadores que deberán cumplir los casi siempre abusivos servicios mínimos…

Pero la clave del éxito de esta gran movilización no va a ser el 29S sino la continuidad que el movimiento obrero le dé a partir de esa fecha hasta conseguir que el ejecutivo de marcha atrás en su medidas. La participación, no cabe duda, es importantísima pero no debe ser sino el principio de más movilizaciones y de la recuperación de la confianza del movimiento obrero.

Esparza entrega a senadores pruebas de la “gran corrupción” que priva en la CFE

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregó ayer al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones y a los coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, respectivamente, documentos que prueban, dijo, “la gran corrupción” que priva en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los negocios con empresas extranjeras a las que se pretende otorgar la concesión del servicio de provisión de energía eléctrica en el centro del país.

Esparza resaltó que un personaje clave en “las corruptelas” que se dan en la CFE es Néstor Moreno Díaz, quien renunció, “bajo total sigilo”, el pasado 14 de septiembre, después que en periódicos de Estados Unidos se dio a conocer que habría recibido “sobornos” millonarios de la empresa sueca Asea Brown Boveri (ABB), con los que adquirió un yate que cuesta 1.8 millones de dólares, a cambio de permisos para generar electricidad.

Sobre ese tema, el coordinador del PT, Ricardo Monreal presentó una propuesta a fin de que el Senado instaure una comisión especial que investigue los presuntos actos de corrupción en la generación eléctrica a cargo de particulares, en el otorgamiento de contratos para ese fin a firmas nacionales y extranjeras, y la responsabilidad de CFE en las inundaciones ocurridas en varias entidades del país.

La sueca ABB, una de las empresas beneficiadas

En el documento, que fue turnado a comisiones, Monreal advierte que de 1997 a 2003, la CFE ha otorgado 81 millones de dólares en contratos a la empresa ABB y es sólo la punta del iceberg de las adjudicaciones ilegales concedidos a trasnacionales, que quieren apoderarse de la zona y la materia de trabajo del SME.

Expuso que en 1998 la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) destituyó e inhabilitó por 10 años a Moreno Díaz, quien reapareció, sin embargo, en la CFE. Se le acusa, expuso, de ser dueño de empresas, por medio de prestanombres, que realizan trabajos a la paraestatal.

“Las consecuencias de las corruptelas en CFE se traducen en desastres para la economía nacional y un duro golpe a los bolsillos de las familias mexicanas. El esquema de triangulación que usa la paraestatal le permite recibir comisiones o asesoría simuladas para poder extraer cuantiosas prebendas a través de prestanombres o empresas creadas con un fin: realizar actividades ilícitas simulando que son empresariales”.

En entrevista, Monreal expuso que el empecinamiento de la CFE en privatizar la generación eléctrica, además de quitar el empleo a los trabajadores del SME, provoca inundaciones y otros desastres en las entidades en que hay plantas hidroeléctricas, como es el caso de Tabasco.

Ello debido, explicó, a que las presas están por arriba de su capacidad, por las lluvias, y no se utilizan, ya que CFE prefiere comprar la energía que producen las empresas extranjeras que ya operan en México.

Esparza señaló que confía en que en el Senado se tome conciencia de la violación constitucional en que incurre la CFE, al convertir el servicio público de energía eléctrica en un negocio millonario de trasnacionales y de un grupo de funcionarios.

En tanto, en la mesa de negociaciones que tiene el SME con la Secretaría de Gobernación se planteó un esquema para que esta organización pueda obtener su “toma de nota”, es decir, el reconocimiento oficial de su comité ejecutivo; sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, “es el que quiere pasar por alto estos acuerdos”, señaló Martín Esparza, líder del gremio.

En entrevista, el dirigente sostuvo que el titular de la Secretaría del Trabajo ya no participa en la mesa de negociaciones, pero quiere “montarse” en los acuerdos en los que se avanza con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora para resolver este conflicto.

Según expuso, el SME planteó en dicha mesa una propuesta para reponer el proceso electoral y están a la espera de que se dé el visto bueno a la misma, para llevarla a cabo. Eso es muy independiente de las otras solicitudes de “toma de nota” que se habían pedido antes a la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, las cuales de manera sistemática han sido negadas por la dependencia.

Hizo ver que fue el propio secretario de Gobernación, Blake Mora, quien planteó que tenían que reponer el proceso electoral con los trabajadores que no se han liquidado. “El nos presentó el acuerdo, lo revisamos, lo firmamos, ellos lo entregaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y esa instancia tiene que dictar el acuerdo sobre lo que nos propuso el gobierno federal”.

Refirió que cuando el secretario dijo antier que se le había negado la toma de nota al SME, se refería a una solicitud que hizo meses atrás –el pasado julio–, cuando en una asamblea del sindicato se ratificó a todos los integrantes del actual comité ejecutivo a mano alzada. También agregó que si Javier Lozano sostiene que para reponer el proceso electoral deberá antes llegar a un acuerdo con Alejandro Muñoz –quien impugnó el pasado proceso electoral– es porque “Muñoz siempre fue el candidato del secretario del Trabajo, al que compraron con dinero”.

La reposición de las elecciones en el SME, según el dirigente, deberá llevarse a cabo sólo con los 16 mil 300 trabajadores que no se han finiquitado y dijo que ya se pidió la lista de los trabajadores que se liquidaron y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la negó. Cabe recordar que antier el secretario Lozano sostuvo que Muñoz no se ha liquidado, lo que difiere de la información que ha dado el sindicato.

Esparza comentó que con la propuesta de realizar el proceso electoral de nueva cuenta se espera llegar a un acuerdo para tener el reconocimiento oficial con base en la ley y los estatutos, y agregó que Lozano “ya no está en la mesa de negociación y debe entender que quien es el jefe del gabinete es el secretario de Gobernación y éste atiende una instrucción del Presidente de la República de resolver de fondo este conflicto”.

Sempra Energy, un éxito entre políticos y empresarios (VI)

(Parte 6.Una empresa limpia que contamina...) "En este País las cosas no se respetan", señaló molesta una mujer en una sala del Centro Cultural Riviera, en el municipio de Ensenada.

Era el 29 de enero de 2003 y la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Nora Bringas Rábago, asistía a la consulta pública que organizaba la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El enojo de la investigadora era porque empresarios de Shell y Sempra Energy justificaban la instalación de plantas de gas natural licuado en la zona de Costa Azul, a 29 kilómetros el norte de Ensenada.

Nora Bringas fue la coordinadora del Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), que se publicó en el Periódico Oficial del Estado en noviembre de 2001.

El programa impedía la construcción de plantas de gas natural en la zona de Costa Azul, como en esos momentos proyectaban hacerlo las transnacionales.

Sin embargo, los empresarios justificaban sus intenciones con el argumento que el Cocotren contemplaba en la zona la figura de depósitos de energéticos y que las actividades que realizarían no eran industriales.

La figura de depósito de energéticos, aclaró la redactora del programa de ordenamiento, es para la construcción de gasolineras en una zona reservada para actividades de turismo de baja densidad y no para actividades industriales.

Añadió que no estaba en contra de terminales de gas natural licuado en el Estado, pero que éstas deberían estar en áreas donde sí se podían construir.

Luego de su participación en la consulta pública, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte se alejó de las manifestaciones en contra de los proyectos de las terminales de gas natural licuado.

7 años después, Nora Bringas, quien actualmente coordina el Comité de Ordenamiento Ecológico de Baja California, dijo que la experiencia con las plantas de gas natural fue de impotencia y que decidió salir del país por un tiempo.

Sin embargo, los argumentos que expuso el día de la consulta pública eran compartidos por académicos, políticos y ciudadanos, que dieron seguimiento a la supuesta violación del Programa del Cocotren.

En 2004, el Congreso local de Baja California integró una Comisión Especial para el estudio, análisis, evaluación y seguimiento de las plantas regasificadoras de gas natural, que fue encabezada por el legislador priista Ismael Quintero Peña.

El dictamen final de la Comisión especial, que hasta la fecha se retoma en las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que hubo violación del Cocotren, porque la zona donde se instaló la planta de Sempra está clasificada para desarrollo sustentable de actividades primarias y terciarias.

Añade que la terminal de la transnacional está ubicada dentro de las unidades de gestión ambiental de Salsipuedes  y la Salina Terraza, así definidas por el programa del Cocotren y que son áreas incompatibles con la industria.

Considera que las actividades que se realizan en la planta de Sempra son secundarias o industriales, porque existe una transformación del gas natural.

Pero lo que miraban unas personas, no lo hacían otras; tal vez era por el color del cristal a través del que se miraba.

Nada es verdad

Tres meses después de la consulta pública de enero de 2003, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental, autorizó el manifiesto de impacto ambiental de la terminal de Sempra Energy.

El manifiesto de impacto ambiental del proyecto fue elaborado por la empresa Especialistas Ambientales S.A de C.V., fundada por Víctor Lichtinger, quien esa fecha era secretario de la Semarnat.

Con relación de las críticas sobre la incompatibilidad de la planta con el programa del Cocotren, el documento de autorización de la dependencia federal expone que el proyecto denominado "Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado" se tipifica como una industria.

Sin embargo, añade, la misma queda circunscrita dentro del sector terciario, debido a la desagregación de las actividades económicas establecidas en la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas y Productos (CMAP).

"En consecuencia, la política de aprovechamiento con impulso no restringe el desarrollo de este tipo de actividades, siempre y cuando se cumpla con la aplicación estricta de las normas y criterios ecológicos correspondientes", apunta.

En noviembre de 2006, Ricardo Juárez Palacios, quien era director general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, publicó un estudio de caso sobre la planta de Sempra Energy para justificar la autorización de la terminal.

El proyecto se autorizó porque se ajustaba a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, apunta en el documento.

En adición, añade, la planta no se contrapone a ningún instrumento de planeación u  ordenamiento ambiental, y la zona de amortiguamiento no alcanza a ninguna comunidad ni tampoco altera recursos frágiles.

"El criterio conservacionista atribuye al acto de autoridad una elevada dosis de discrecionalidad e incluso se emiten opiniones que consideran que la decisión que se asumió sólo se sustentó en el objetivo de apoyar el desarrollo económico de un proyecto", indica.

"Un adagio mexicano dice: 'nada es verdad, nada es mentira, todo es según... el color del cristal con que se mira', y el mismo es aplicable al ejercicio público y a los actos de autoridad, traducidos en autorizaciones o licenciamientos", argumenta Juárez Palacios, quien dejó la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat en 2007.

Pero esa adagio, ni tan mexicano, permitió que en 2008 se reunieran viejos conocidos.

El éxito común

La placa fue develada con grandes sonrisas de dos viejos conocidos, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el presidente de Sempra Energy, Donald E. Felsinger.

Era el 28 de agosto de 2008 y tras más de diez años de trabajar muy cercana al poder, la transnacional californiana inauguraba uno de sus principales proyectos en México: la terminal de gas natural licuado en el municipio de Ensenada.

Como testigos estaban algunos personajes ya conocidos: Luis Tellez, quien fue consejero de Sempra Energy y ahora ostentaba la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la SCT y ahora era directivo de la transnacional; y Gastón Luken, quien fue socio de Sempra a su arribo a tierras mexicanas.

La celebración de la transnacional no era exclusiva de sus accionistas, también se le unían funcionarios públicos que impulsaron el proyecto en la península de Baja California.

"Así que felicito a todos los directivos, a los miembros de Sempra por tomar esta decisión, una decisión correcta, una decisión inteligente de apostar por México como un destino seguro y rentable para las inversiones", expresó el presidente Felipe Calderón en el evento.

"Felicito también a los ingenieros, a los trabajadores, que hicieron posible que esta planta hoy se pueda inaugurar. También a las autoridades y a todos los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, a Francisco Salazar, su presidente; a Dionisio Pérez Jácome, su anterior presidente también; a la Secretaria de Energía -iba a decir a los anteriores secretarios de energía, pero dejémoslo así -, por el éxito de este proyecto", subrayó.

Quien expondría el aspecto ambientalista del proyecto sería la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien dijo que con el gas natural licuado, se avanzaría en la estrategia instrumentada por el Presidente Felipe Calderón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

"La Comisión Federal de Electricidad podrá planear la expansión de la capacidad con mayor certidumbre, dando prioridad a la utilización de tecnologías amigables con el medio ambiente", declaró.

Luego de las palabras oficiales, el Mandatario Nacional se colocó un casco de Energía Costa Azul y realizó un recorrido por la planta de gas natural.

El acto de inauguración de la terminal de Sempra Energy también representó el arranque de otros proyectos en la zona, considerados industriales o peligrosos.

En el área de Costa Azul, en el municipio de Ensenada, actualmente se construye una planta de gas LP, de la empresa Zeta Gas, y se tiene proyectada una central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los proyectos han salido adelante amparados bajo el mismo criterio con el que fue autorizada la terminal de la transnacional californiana.

Las consecuencias de Sempra en Baja California

El graznido de los cuervos, parados sobre pequeños arbustos, es lo constante en la zona Costa Azul, ubicada frente al océano Pacífico, a 28 kilómetros al norte de Ensenada. Por el suelo, entre el chaparral costero, se mueven ratones, lagartijas y conejos, cuya caza con resorteras es el entretenimiento de los guardias de seguridad que tienen contratados los diferentes propietarios de los predios, porque a los predios de Costa Azul, como a los colindantes de Bajamar o La Jovita, no se puede pasar libremente.

En el área conviven más de 80 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y 45 especies de vegetación, de las cuales 6 están protegidas por organismos, normas o convenciones ecológicas, porque son endémicas o de chaparral costero.

Una de las especies vegetales es el "agave shawii", cuya mayor belleza representa el inicio de su decadencia. El agave crece lentamente por años, siempre verde y con hojas dentadas fuertes y gruesas, pero llegada la época de su floración, entre septiembre y mayo, gasta todas sus reservas y energías; y poco tiempo después la planta muere.

Pero la zona guarda otro espectáculo, que se presenta cada año en los meses de enero, febrero y  marzo, y es el paso por el océano Pacífico de la ballena gris, en su largo peregrinar de Alaska a Baja California Sur para reproducirse.

Para proteger esas actividades y regular los asentamientos humanos, autoridades municipales y del Estado crearon en 2001 el Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren).

Pero, desde hace siete años, las cosas comenzaron a cambiar en la zona de Costa Azul y en los terrenos colindantes, principalmente por la instalación de la terminal de gas natural licuado de la transnacional californiana Sempra Energy.

Una de las críticas al proyecto era que no respetaba lo establecido en el programa del Cocotren, que definía la zona para actividades turísticas de baja densidad y no para proyectos industriales.

Además de los riesgos ambientales, investigadores, ambientalistas y abogados advirtieron que la planta de la transnacional abría la puerta para transformar el corredor turístico en industrial.

Horacio de la Cueva, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), fue uno de los principales críticos de la planta y de las implicaciones futuras que representaba.

Integrante de la organización civil Terra Peninsular y la Coalición pro-desarrollo energético sustentable de Baja California, que agrupaba a asociaciones civiles, empresarios, vecinos, académicos y ciudadanos, señaló que la planta de Sempra Energy podía incidir en la calidad de vida de los habitantes de Ensenada, porque atraería a otras industrias a la región.

Antes de ser diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jaime Palafox Granados fue asesor del legislador priista Ismael Quintero Peña, que encabezó en el Congreso del Estado (2001-2004) la Comisión especial para el estudio, análisis, evaluación y seguimiento de las plantas regasificadoras de gas natural.

El dictamen final de la Comisión especial recomendaba que la planta de Sempra Energy debía instalarse al sur del municipio de Ensenada, en las zonas de Punta China o Punta Colonet, lo que crearía la infraestructura para el desarrollo de la zona.

Sin embargo, las recomendaciones fueron desoídas, y el paso del tiempo les ha dado la razón.

Tres palabras

Cuatro meses después que el presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró en Ensenada la terminal de Sempra Energy, representantes de la compañía Zeta Gas llegaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y presentaron un manifiesto de impacto ambiental.

Era el segundo manifiesto que entregaban para el mismo proyecto, una "Terminal marítima para recepción y almacenamiento de gas licuado de petróleo en Ensenada, Baja California".

En julio de 2008, representantes de la empresa de la familia Zaragoza presentaron el primer expediente para la terminal marítima, pero fue rechazado por la Semarnat en octubre del mismo año, porque funcionarios de la dependencia descubrieron que era una copia del manifiesto de impacto ambiental de la planta de gas natural de Sempra Energy.

El segundo intento lo realizaron en diciembre de 2008 y ese sí les fue aprobado por la dependencia federal tres meses después, en marzo de 2009.

En estos momentos, la compañía Zeta Gas construye la terminal marítima, que estará localizada a un costado de la planta de gas natural de Sempra Energy en el municipio de Ensenada.

A diferencia de la transnacional, los tanques de almacenamiento, 20 esferas de tres metros y medio de altura, serán visibles desde la carretera escénica Tijuana-Rosarito, ya que serán construidas a un costado de la vialidad.

En lo que coinciden los dos proyectos es en los argumentos presentados a la Secretaría del Medio Ambiente, en el sentido que la terminal no será de uso industrial, sino será un depósito de energéticos y que estará ubicada en una zona autorizada para infraestructura regional.

Esos argumentos fueron retomados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir una central eléctrica a un costado de la planta de Sempra Energy, en un predio denominado La Jovita.

En julio pasado, la CFE presentó el manifiesto de impacto ambiental del proyecto ante la Semarnat  y actualmente está en etapa de evaluación. En 2001, un proyecto similar en la misma zona fue rechazado por la Secretaría del Medio Ambiente, porque no respetaba los usos de suelo.

"En base a tres palabras es como han industrializado el corredor turístico Tijuana-Ensenada, en la zona de Costa Azul", manifestó Jaime Palafox Granados.

A lo que se refiere el exdiputado perredista es que las empresas han utilizado el concepto de "depósito de energéticos", contenido en el programa del Cocotren y que era para permitir la construcción de gasolineras.

Comparada con la planta de Sempra Energy, las instalaciones de Zeta Gas implican un mayor riesgo de que ocurra una tragedia por un accidente en las operaciones, agregó.

Detalló que además de las instalaciones de Zeta Gas, entre las actividades que se han realizado en Costa Azul están la construcción de una planta de nitrógeno y la ampliación de la terminal de Sempra Energy, y ahora el proyecto de la CFE.

Palafox Granados es una de las personas que supuestamente ha sido espiada por hombres pagados por la transnacional californiana, porque sus familiares han llevado asuntos legales en contra de la empresa.

En su oficina en Ensenada, detalla que fueron criticados porque pensaban que había una pelea entre desarrollo contra conservacionistas.

Sin embargo, manifestó que los señalamientos en contra de la terminal de gas natural eran porque el lugar escogido por la transnacional no permitía actividades industriales, sólo de baja densidad.

La propuesta era que se instalaran en Punta China o Punta Colonet, que les incrementaría el costo de la planta en unos 80 millones de dólares, explicó, pero los empresarios querían construir donde les saliera más barato.

Una dependencia que les da la razón

Siete años después de las gestiones de Sempra Energy para instalarse en Ensenada, surgió un informe de una dependencia estatal que por vez primera respalda los argumentos de las personas que señalan que las plantas de Zeta Gas y Sempra Energy violan  el programa del Cocotren.

En el "Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte", realizado por autoridades de los tres niveles de gobierno y coordinado por la Semarnat, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) señala que las instalaciones de las dos empresas "violan" las disposiciones establecidas por el (Cocotren).

En la última versión del documento, publicada en julio de este año, se apunta que las construcciones de las plantas de Sempra Energy y Zeta Gas, ubicadas en las zonas de Costa Azul y El Mirador, a 22 kilómetros al norte de Ensenada, muestran una "falta de respeto a los programas de desarrollo estatales".

Sin embargo, las autoridades municipales, encargadas de autorizar el uso de suelo, o las federales, responsables de avalar los estudios de impacto, respaldan los proyectos porque están áreas para "depósito de energéticos" o para la instalación de infraestructura regional.

El alcalde de Ensenada, Pablo Alejo López Nuñez, ha dicho que el corredor turístico no se está industrializando.

El nuevo proyecto

La transnacional californiana continúa con su avance en Baja California, ahora sus proyectos pasan de las costas a las sierras del Estado, donde contempla una granja eólica, para producir energía eléctrica que será exportada a Estados Unidos.

Al igual que la planta de gas natural licuado en su momento, el proyecto de parque eólico, cuya primera etapa se realizará en sierra de Juárez, es criticado porque se realizará en una zona supuestamente no permitida y porque las autoridades han otorgado permisos sin conocer los impactos que generaran las obras.

Por su parte, la transnacional, empresarios y medios de comunicación se han encargados de difundir los beneficios del proyecto, principalmente por su derrama económica.