México.- Por Martín Esparza Flores, El pasado sábado 2 de abril, Valdemar Pérez Vázquez, un joven de 24 años, encontró la muerte tras recibir una brutal descarga de 23 mil volts al tocar una línea de alta tensión, cuando su cuadrilla realizaba labores de tendido de cables en la delegación Gustavo A. Madero. Él, como otras decenas de trabajadores eventuales al servicio de empresas contratistas, fue una víctima más de la corrupción y la política antilaboral que el gobierno le ha permitido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro. La fotografía del lamentable deceso, aparecida en la primera plana de varios periódicos, mostraba al joven e inexperto empleado colgando de los cables de alta tensión, con los brazos en cruz, cual si se tratará de un mártir. Vestía sudadera azul y un gastado pants gris; es decir, no contaba con el menor equipo de seguridad para desempeñar su peligrosa labor. Por supuesto que del lamentable accidente, como de otros muchos que han tenido desenlaces fatales, las autoridades federales, y menos la empresa de Clase Mundial, no han dicho nada al respecto, a pesar de que CFE es la que autoriza a las empresas contratistas –que tratan de suplicar el trabajo especializado de los electricistas del SME–, emplear a trabajadores sin experiencia ni capacitación alguna, convirtiéndose en responsable directa de estos “crímenes industriales”.
Utilizando una cortina de humo a través de los medios de comunicación en contra del SME, el Gobierno
Federal insiste en ocultar la violación de los derechos humanos y laborales no sólo de los trabajadores electricistas a los que se les arrebató, mediante un ilegal decreto, su fuente de empleo; sino además, de cientos de trabajadores al servicio de las empresas contratistas que son enviados a desempeñar labores especializadas de alto riesgo para las que no están capacitados, pagándoles ínfimos salarios sin las prestaciones a que por ley, tienen derecho. Si pierden la vida, los contratistas y CFE, se deslidan de toda responsabilidad, lo mismo que si sufren una incapacidad que los inhabilite de por vida.
Otro joven de 21 años, oriundo de Puebla, Agustín Salinas Pérez, contratado por la firma INOVA ELÉCTRICA, SA de C.V –de las contratistas de CFE–, recibió en agosto del pasado año, una descarga eléctrica que le dejó inservibles ambas piernas, un brazo, una mano y los riñones, cuando, al igual que Valdemar, trabajaba sin equipo de protección en las líneas de alta tensión, pero en una colonia de la delegación Madgalena Contreras. Por meses, esperó justicia en su lecho de convalecencia del Hospital Rubén Leñero.
Ni el contratista, ni la CFE o alguna autoridad federal, se acercó a brindarle su apoyo, a hacerle justicia. Inválido de por vida, es la muestra palpable de lo que le espera a nuestros trabajadores, miles de ellos jóvenes, de avanzar sistemas como las outsourcings que tanto defiende y pregona el Secretario del Trabajo, Javier Lozano. El regresivo modelo histórico que persigue el gobierno de Felipe Calderón, y que busca pulverizar los Contratos Colectivos, con todo y sus derechos y prestaciones consagradas en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. La tesis fascista de que el mejor sindicato, “es el que no existe”.
Por eso es importante que la sociedad se entere que la operación ilegal e inhumana de estos contratistas ha permitido a funcionarios corruptos de la CFE manejar a su libre albedrío desde la extinción de Luz y Fuerza, en octubre del 2009 hasta mediados del 2010, más de 2 mil 620 millones de pesos, sin que tal gasto represente una mejora en el servicio pues como se aprecia, a las empresas privadas sólo les interesa inflar el costo de sus servicios para repartir ganancias con la gente de CFE, sin preocuparse por la calidad de los mismos: De ahí que contraten a trabajadores sin ninguna experiencia pero que por sus apremiantes necesidades, estar dispuestos a recibir sueldos de hambre e incluso jugarse la vida.
Inframundo laboral que es consentido por un gobierno que parece tener odio a la clase trabajadora. Ilegalidad que pagamos todos los mexicanos, incluidos los usuarios que enfrentan ahora un pésimo servicio con altas tarifas eléctricas. Las fallas, como se aprecia, tienen un trasfondo de corrupción que nada tiene que ver con los supuestos sabotajes con que tratan de justificarse quienes obtienen las ganancias del río revuelto generado tras la extinción de Luz y Fuerza: La CFE y sus contratistas.
