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viernes, 29 de abril de 2011

FeCal huye al Vaticano el dia del trabajo


Como excusa para escapar del pais y de las criticas en el dia del trabajo FeCal la beatificación del pontífice Papa Juan Pablo II
Opiniones encontradas se dan en torno a la visita del presidente Felipe Calderón a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II al Vaticano, ya que somos un país laico, sin embargo lanzando excusas pateticas:
El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas salió a la defensa de la visita y dijo que esta es válida ya que se trata de una reunión de Jefes de Estado.
Recordemos de la entrada de panazi

5°- Arreglos con la Iglesia
Para asegurarse el apoyo de la iglesia, Hitler llevó a cabo un concordato con la iglesia catolica. Hitler se comprometia a no tocar las propiedades de la iglesia ni a sus jerarcas. El papa Pio XII, en agradecimiento, al acabar la guerra ayudó, usando los monasterios en Italia para encubrirlos, a los nazis de la ODESSA a escapar a Argentina.
Hoy en dia el PAN dispensa “limosnas” de millones de pesos para hacerle monumentos a terroristas cristeros. El mujercito del presidente, Mouriño, ya fue a agarrarles la pierna a los obispos los cuales se han declarado a favor de la deforma energetica. El senador Federico Goring, perdon, Doring, del PAN anda cabildeando para que se apruebe una ley por la cual los curas podran aspirar a cargos de elección popular, podrian entrar a las escuelas de gobierno a manosear chamacos, y hacienda recaudaria limosnas en nombre de la iglesia.
Y puntualizó que es importante la presencia del presidente Calderón en este evento de beatificación de Juan Pablo II, ya que fue muy querido en México aunque no les parezca a quienes no votaron por el presidente o profesen otra religión.
Mientras que el diputado priista Alfonso Navarrete Prida sostuvo que si va el presidente Calderón o no al Vaticano da igual porque su presencia en México no detiene la violencia que se vive y recordó el fracaso que ha tenido en su estrategia contra el crimen organizado.
Mientras tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) censuró el viaje del presidente Felipe Calderón a El Vaticano, para participar en la ceremonia donde se beatificará a Juan Pablo II. Lo calificó de “una burla” y advirtió que el Ejecutivo violaría el principio de laicidad contemplado en la Constitución.
“Si Calderón va a la beatificación del señor Wojtyla, tendría que ir también a los procedimientos santificadores de los musulmanes, de los evangelistas, y de todos los grupos religiosos para los que no se daría abasto”, refirió el sonorense.
Asentó que el PRD, como ente de interés público, siempre se ha conducido por los cauces legales que ha sido un defensor a ultranza del Estado Laico reivindicando la libertad de cultos y de creencias en nuestro país y por ende, los poderes del Estado tienen igualmente la obligación de marcar la pauta.
Alertó que si el Jefe del Ejecutivo asiste a ese evento religioso el primero de mayo, lo hará violando fragante mente el Artículo 130 de la Constitución y el Artículo 24 que establece la libertad de toda persona de profesar la religión que quiera.
A su vez, la secretaria general del PRD, Dolores Padierna consideró que “es una burla que existiendo tantos problemas en nuestro país, Calderón pretenda ausentarse; se le exhorta a que lo reconsidere, aquí hay asuntos de suma importancia por atender. ¿O será que aprovechará para pedir un milagro?”.
La dirigente partidista indicó que desde la Constitución de 1857, México se proclamó como un estado laico y en la actual Constitución de 1917: el artículo 130, establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados.
“Felipe Calderón viola esta promulgación al visitar como jefe de Estado al Vaticano con motivo de la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II. A pesar de querer darle un carácter oficial a este acontecimiento, se quebranta la laicidad”, atajó.
Indicó que de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: las autoridades federales, estatales y municipales “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”.

Contribución Video Denuncia – Militares en la UNAM


Entra comando de militares armados a CU. Violando la autonomía universitaria ingresan armados para llevar a consulta un perro (o eso dicen los de Auxilio UNAM) NO PUEDE SER NORMAL VER MILITARES ARMADOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, No nos acostumbraremos a verlos en las calles. ¡QUE REGRESEN A SUS CUARTELES!
EL video se hizo el 19 de abril a la 1:37 p.m en las puertas del estacionamiento de la facultad de veterinaria de la UNAM, quienes grabamos somos del Comité Estudiantil Metropolitano CEM. Los que nos dijeron que traían un perro (qué nunca vimos) fueron los vigilantes que venían escoltando el comando, que manejaban la patrulla numero 36 con placas 725-WLS del D.F. Después de decirlo ya no quisieron hacerlo frente a la cámara.

Un país destruido desde el interior


Hacer un recuento de lo que ocurre en México, sería una tarea tan difícil como describir cuadro por cuadro la escena de un paisaje en implosión, un país que es destruido desde el interior. El horror se ha instalado en la cotidianidad y quizá es sobre todo la normalización de este estado de cosas el elemento más inquietante de lo que sucede en el país. Imágenes y palabras se instalan en una coyuntura permanente, en un presente que parece perpetuarse en la lógica de la destrucción. Así por ejemplo, durante el último mes hemos sabido de los alcances de la operación “Rápido y furioso”, en la que con anuencia de distintos funcionarios norteamericanos se permitió la entrada de más de 2,000 armas que posteriormente fueron utilizadas por distintas mafias mexicanas vinculadas con el tráfico de drogas y otras acciones criminales que en muchos casos se dirigen contra la población (1).
El correlato de la actuación de las autoridades mexicanas sólo augura la profundización de la cultura de la violencia que ahora crece desbocada. La propuesta de reforma de ley por parte del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que contempla el servicio militar obligatorio durante tres años so pena de cárcel para los jóvenes que no realizan estudios o trabajos formales, es una prueba de ello(2). Por su parte, los medios de difusión masiva, acordaron en medio de un inmenso despliegue mediático, un pacto de censura y la intención de crear una realidad propia de la distopía orwelliana. A fines de marzo, fue presentado el denominado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, con el que la dictadura mediática encabezada por el duopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca, proponen, entre otras cosas, la adopción de “criterios editoriales comunes” que contrarresten los efectos propagandísticos del “crimen organizado” (3).
Debajo de estos acuerdos, la guerra lanzada por Felipe Calderón aumenta sus cifras. Se estima que la cifra de muertes entre mujeres y hombres oscila entre los treinta y cinco y cuarenta mil asesinatos desde 2006. La cifra crecerá, pues en los últimos días se han descubierto fosas clandestinas en distintos estados del país(4). Por otro lado, las recientes declaraciones de un general del ejército en retiro, quien cumple funciones de “seguridad pública” revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales, lo que abre paso a la sospecha de que este tipo de acciones ilegales sean realizadas por otros cuerpos represivos del Estado mexicano(5).
Sin embargo, también crece el descontento, el hartazgo y la idea de que un elemento esencial para detener la catástrofe humanitaria que ocurre en México es el regreso del ejército a los cuarteles. A raíz del asesinato de siete personas en el estado de Morelos, entre los que se encontraba Juan Francisco, hijo de un reconocido poeta, periodista y activista morelense, Javier Sicilia; se llevaron a cabo distintos actos de protesta en alrededor de 50 ciudades del país e incluso en distintas embajadas mexicanas en el extranjero. La convocatoria de Sicilia fue tan sencilla como contundente y recuerda al ¡Ya Basta! lanzado por los indígenas zapatistas en 1994. La consigna de ¡Estamos hasta la madre! logró aglutinar a miles de personas en todo el país y la reivindicación estrictamente ciudadana y apartidista revela que en el conflicto que vivimos en México, cada vez es más grande la certidumbre de que el Estado y el sistema político mexicano son corresponsables de las muertes, los desaparecidos y de las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos de la población.
Quizá uno de los aciertos más grandes de la iniciativa impulsada por lo que se ha dado en llamar Redes Ciudadanas por la Justicia y la Paz, y que tienen como figura importante al propio Javier Sicilia, es que han expresado con claridad, que esa cifra de 40, 000 muertos, no debe ser tratada como un dato estadístico para legitimar una falsa guerra contra el crimen organizado. Que detrás de cada uno de esos muertos, existen historias personales, muchas de las cuales hablarían, si se les diera la oportunidad, de la exclusión y la miseria. Que esos 40, 000 muertos son una herida para todas y todos.
En contra de nuestros mejores deseos, sabemos que la lucha contra la militarización no rendirá frutos en el corto plazo, que la única posibilidad de ganarla es a partir de la constancia y el compromiso constantes. El mejor ejemplo de ello es la lucha que desde 1990 realiza SOAW y que año con año levanta la voz para exigir el cierre de la Escuela de las Américas, actualmente denominada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC por sus siglas en inglés). Es en esta institución en la que durante décadas los Estados Unidos han entrenado a militares latinoamericanos, responsables de miles de muertes, torturas y desapariciones.
En este 2011, del 04 al 11 de abril, se llevaron a cabo las jornadas: “No Más Militarización Extranjera en América Latina, No más Escuela de las Américas”. Estas incluyeron distintas acciones de apoyo en países como Honduras, Chile y Venezuela. Las acciones centrales se realizaron en el Pentágono, en el estado de Virginia y en la Casa Blanca donde se realizaron ayunos públicos con una duración de 6 días. Las acciones culminaron el 10 de abril con una marcha hacia la Casa Blanca que culminó con actos de desobediencia civil no violenta. Como resultado de las protestas frente al Pentágono del 08 de abril hubo 25 activistas detenidos, mientras que en la Casa Blanca donde protestaron cientos de personas hubo 27 detenciones. En ambos casos los compañeros del movimiento SOAW ya han sido liberados. En estos tiempos, en que la militarización crece y se diversifica, la lucha de los pueblos se debe unir en una sola voz.
1- El Universal, “Rápido y furioso se aprobó en Washington”, disponible en la dirección:
www.eluniversal.com.mx/notas/754414.html
2- La Jornada, “Oficializa César Duarte propuesta de obligar a ninis a realizar servicio militar por tres años”, disponible en la dirección
www.jornada.unam.mx/2011/03/29/index.php?section=politica&article=020n1pol
3- El acuerdo completo se puede consultar en la dirección:
www.iniciativamexico.org/pdf/Acuerdo_Medios_23_marzo_2011.pdf
4- Consultado en la dirección electrónica: www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=167124
5- Sanjuana Martínez, “Si agarro a un zeta lo mato; ¿para qué interrogarlo?: jefe policiaco”, La Jornada, disponible en la página de internet:www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol
http://pandejos.net

Preocupación de Amnistía Internacional


Ley de (In)seguridad repudiada internacionalmente
Amnistía Internacional (AI) advirtió que el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en la Cámara de Diputados, debilitará gravemente la labor de protección a los derechos humanos y podría generar una figura legal que incrementará aún más las violaciones a las garantías individuales en el país.
Mediante un comunicado, la organización lamentó que dicha iniciativa le facilite al Poder Ejecutivo la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que no le corresponden, con el pretexto de las afectaciones a la seguridad interior.
Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, subrayó que las fuerzas militares no están diseñadas ni capacitadas para ejercer estas funciones con pleno respeto a los derechos humanos. No se garantizan controles o mecanismos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos.
Las modificaciones a la ley, advirtió el organismo internacional, no limitan las funciones castrenses, sino que las extienden de manera peligrosa, en un momento en el que las denuncias contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos han aumentado notablemente en los pasados cuatro años.
Este tipo de abusos casi nunca son investigados, puesto que están bajo control de la justicia militar. Por ello, señaló AI, tales juzgados se han convertido en factor de impunidad.

Rogamos difusion y apoyo...TODOS SOMOS UNO SOLO!!!


(FAVOR DE ENVIAR POR E-MAILEL TEXTO  A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES)

Bogotá, D.C. abril 2011


Señores - Señoras:
ANGELINO GARZÓN.
Vicepresidente de Colombia. - contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

HERNAN JAIME ULLOA VENEGAS
Director de programa de la presidencia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. - hernanulloa@presidencia.gov.co

VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo. - secretaria_privada@hotmail.com

BEATRIZ URIBE BOTERO
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. - buribe@minambiente.gov.co

JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
despachoministro@minagricultura.gov.co


Respetados Señores/as:

Los abajo firmantes, defensores de la vida y organizaciones de la sociedad civil, quienes le apostamos a la defensa de la vida; de la soberanía de los pueblos; de los derechos humanos; de los bienes y patrimonios públicos y comunes; de los derechos territoriales y de las comunidades indígenas; afrocolombianas y campesinas, y a la defensa de la soberanía alimentaria, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa la población rural y que se mantiene y profundiza desde décadas atrás.

De entrada, rechazamos y censuramos todos los múltiples hechos de violencia, desplazamiento y acoso sobre la población civil colombiana y en particular, sobre las poblaciones indígenas, negras y campesinas en numerosas regiones del país. Tenemos claro, como lo reconoció la Honorable Corte Constitucional, que muchas de esas presiones guardan relación con megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales, y con el desarrollo de infraestructura y especulación con la tierra.

Varias situaciones dan ejemplo de esa relación, tales como la persecución judicial de los líderes campesinos de las Pavas; el asesinato continuo y frecuente de víctimas del conflicto que han luchado por la restitución de sus tierras; las continuas amenazas y ataques a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; el acoso de actores armados legales e ilegales a las poblaciones indígenas del Cauca; la expropiación y posterior dilación en la entrega de tierras colectivas por empresas palmicultoras y el asesinato de líderes de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamandó; así como el desplazamiento de líderes afrodescendientes en Guapi, Timbiquí y López de Micay; los asesinatos de líderes de comunidades campesinas y la expropiación de tierras en la región Caribe en zonas de megaproyectos de minería de carbón y de palma aceitera; los desplazamientos de poblaciones campesinas y pescadoras por megaproyectos de represas como el caso de El Quimbo, Ituango e Hidrosogamoso.

Las formas organizadas de las comunidades rurales para defender de manera civilista y democrática sus derechos han sido arrasadas literalmente por el conflicto armado, o acalladas o intimidadas. Hoy, por ejemplo, se estigmatiza y vincula cualquier intento de organización y denuncia, con la guerrilla o el terrorismo. Es en este aspecto particular que queremos llamar la atención de Ustedes. Como defensores de la vida que creemos y reivindicamos un Estado social de Derecho, queremos llamar la atención del gobierno y las instituciones que Ustedes dirigen y orientan, frente a los siguientes casos específicos:

El pasado 17 de febrero fue desaparecida en Cali la joven ambientalista Sandra Viviana Cuellar, de quien a la fecha no se tiene ninguna noticia sobre su paradero. También denunciamos las recientes amenazas que ha recibido el señor Hildebrando Vélez, reconocido ambientalista que ha venido liderando las denuncias por la desaparición de Sandra Viviana Cuellar y las acciones que piden su pronto regreso.

Asimismo, repudiamos el allanamiento e invasión por el ejército colombiano, el pasado mes de marzo, a varias fincas ubicadas en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), entre ellas, la del maestro de la agroecología latinoamericana Mario Mejía Gutiérrez. En este importante centro de enseñanza de la agricultura sustentable fueron realizados daños y actos denigrantes por parte de la Fuerza Pública. Otros campesinos en varias regiones del país, han sufrido la misma suerte, por lo cual solicitamos promover iniciativas inmediatas de protección de derechos de las comunidades campesinas y prevenir el abuso de la fuerza pública sobre personas y comunidades vulnerables. De igual manera, solicitamos evitar los señalamientos hechos a las comunidades rurales que se encuentran presas entre diversos fuegos, en el marco del conflicto armado que vive el país, poniendo en peligro sus vidas e integridad física y moral.

Igualmente vemos con preocupación las permanentes y continuas amenazas de muerte que ha recibido desde hace años el ambientalista Guillermo Castaño, Presidente del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos en Risaralda y coordinador de la ONG Surcos Comunitarios, quien no ha recibido ninguna protección y garantía por parte del Estado colombiano en el ejercicio de su trabajo como defensor de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de las comunidades campesinas, y quien lidera propuestas agroecológicas y de autonomía alimentaria en el Eje Cafetero.

Citamos solo algunos casos recientes en donde se ven comprometidos los derechos de los defensores de la vida y solicitamos al gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente de la república, Angelino Garzón, el seguimiento a estos hechos. Existen, sin embargo, muchos otros hombres y mujeres anónimos en el campo, líderes y líderesas que no tienen las garantías para desarrollar sus actividades y para ejercer el derecho al disenso y a la confrontación de políticas adversas a la protección del ambiente y de los territorios de las comunidades locales, y por equidad en el acceso a la tierra y al agua.

En este sentido, exigimos al Gobierno Nacional que garantice los derechos fundamentales de estos defensores de la vida y también que asuma de manera urgente la adopción de medidas estructurales, como la redistribución de los beneficios, el acceso gradual y equitativo a la tierra, la exigencia al buen trato de los campesinos, indígenas y comunidades negras por parte de las fuerzas armadas, y reivindicar en la política y la gestión pública la soberanía alimentaria que sustentan las familias campesinas.

Salvar el campo y a los campesinos

Estamos convencidos de que la situación de aislamiento y difíciles condiciones estructurales de acceso a la tierra, al crédito y a las oportunidades, incrementan la vulnerabilidad y los riesgos de las poblaciones rurales. Consideramos muy críticas y lesivas las políticas gubernamentales y la normatividad ambiental y rural expedidas en los últimos años, orientadas hacia la privatización de los bienes naturales y a la promoción de modelos de desarrollo dominados por los grandes inversionistas. Estas políticas y normatividad promueven un modelo de campo sin campesinos y una ausencia de derechos específicos para un sector minoritario y vulnerable.

No podemos olvidar que Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor iniquidad en la distribución de la tierra. Para el año 2008, el 70% de los minifundios se localizaban solo en el 2,8% del territorio nacional, mientras el 0,16 de los latifundios se extendía sobre el 60% del territorio. Esto se traduce en que actualmente el 64% de la población rural vive en condiciones de pobreza y al menos el 41 por ciento de los hogares colombianos presenta inseguridad alimentaria (alcanzando el 58,3 en las zonas rurales). Hasta diciembre de 2009 se registraban en Colombia 3'303.979 personas internamente desplazadas. La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y 2010 es cercana a las 6,65 millones de hectáreas.

Es por todo esto que solicitamos una acción urgente del gobierno colombiano para rescatar el campo de su crítica situación y para que se garantice la restitución plena de los derechos ciudadanos, de la adopción de políticas que lleven a la defensa real de nuestro territorio y nuestros recursos naturales, de manera a garantizar un mundo rural en que quepamos todos, en donde se reconozca la vía campesina como política pública, y en donde se garantice la sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras.

miércoles, 27 de abril de 2011

EXIGIMOS ESCLARECIMIENTO DE HECHOS POR EL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ Y RESPETO A SUS FAMILIARES....UNETE


  • MÉXICO: DIRIGENTE COMUNITARIO ASESINADO; SU FAMILIA CONTINÚA EN PELIGRO


Javier Torres Cruz, campesino y dirigente comunitario, fue asesinado a tiros por hombres armados en el estado de Guerrero, sur de México, el 18 de abril. Desde entonces, se ha disparado contra sus hermanos, y existe honda preocupación por la seguridad de su familia.

El 18 de abril, Javier Torres Cruz fue muerto a tiros por un grupo de hombres armados en el Puerto de La Mosca, cerca de la comunidad de La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, donde vivía con su familia. Al enterarse de lo sucedido, sus hermanos, Felipe y Alejandro Torres, acudieron al lugar de los disparos. Allí, los hombres armados dispararon contra ellos, y Felipe Torres resultó herido de gravedad. Se está recuperando de las heridas sufridas.

El asesinato de Javier Torres Cruz estuvo precedido de un patrón de ataques e intimidaciones contra él y contra miembros de su familia. En diciembre de 2008, Javier Torres estuvo secuestrado durante diez días. Al ser liberado, tenía varios hematomas, especialmente en las manos, y se quejaba de fuertes dolores abdominales. Según afirma su familia, durante su cautiverio permaneció con los ojos vendados, y no sabía dónde había estado recluido; creían que había estado detenido por soldados. Las autoridades no llevaron a cabo ninguna investigación efectiva, y los responsables del secuestro y la tortura no comparecieron ante la justicia.

Javier Torres Cruz era miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán, y trabajaba para proteger las tierras altas de Petatlán.

En septiembre de 2007, él y su tío testificaron contra un cacique local presuntamente implicado en el homicidio de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cometido en Ciudad de México en 2001. Las organizaciones locales de derechos humanos creen que el asesinato de Javier Torres Cruz puede estar relacionado con su papel como testigo en este caso, y con sus abiertas denuncias de los abusos cometidos por el ejército en el municipio de Petatlán durante los últimos años.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
instando a las autoridades a proporcionar a la familia de Javier Torres Cruz protección inmediata y efectiva, conforme con los deseos de los propios afectados; pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Javier Torres Cruz y los disparos contra Felipe y Alejandro Torres, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE JUNIO DE 2011, A:

Marisela Morales Ibáñez
Procuradora General de Justicia de la República
Av. Paseo de la reforma 211 – 213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., México
Fax: +52 555 346 0908 (insistan)
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
Tratamiento: Estimada Procuradora


Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno Edificio Centro 2do. Piso, Col. Ciudad de los Servicios
C.P. 39074 Chilpancingo
Guerrero, México
Fax: +52 747 471 9956
Correo-e.: contacto@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Y copia a:
Lic. Jesús Ramírez Guerrero
Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6 + 300
C.P. 39090
Chilpancingo, Guerrero,
México
Fax: +52 747 472 2328
Correo-e.: contacto@guerrero.gob.mx
Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

SOBRE LA TRAMA DEL ESTADO MAFIOSO PARA IMPLANTAR UN ESTADO POLICIACO A TRAVÉS DE UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

MÉXICO FRENTE A LA ESCORIA LADRONA




IX.2 La militarización y legalización de la violencia de Estado
Ahora, con Calderón, se están dando los pasos para acrecentar al máximo la autonomía investigadora. A pesar de que la valoración de las políticas de mano dura iniciadas en los noventa han dado repetidamente muestras fehacientes de su fracaso –al tiempo que exhiben los monumentales niveles de negligencia, corrupción e impunidad del andamiaje de justicia penal– se insiste en la profundización de las reformas de mano dura.  Postura que –al insistir en políticas fracasadas– evidencia repetidamente que el fin ulterior no es la seguridad sino amedrentar y reprimir a la ciudadanía.

Calderón de facto opta desde un principio por el uso del ejército en operaciones de “seguridad interior”.
Postura que muestra su evidente desprecio por los derechos humanos y por el Estado de derecho.
Subsecuentemente, opta por legalizar los estados de excepción impuestos de facto a lo largo del país. Por
fortuna, no consigue todas sus pretensiones, claramente ominosas, y las organizaciones de derechos humanos se movilizan y acuden incluso a foros internacionales, sosteniendo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, en junio de 2008, Calderón logra la aprobación de reformas que afectan directamente los
procesos judiciales y las garantías individuales. En dichas reformas se observa claramente el intento de
aumentar la capacidad de las fuerzas públicas para actuar con mayor arbitrariedad en la persecución de
supuestos delitos. En algunos casos la táctica utilizada es la usada tradicionalmente para modificar reglas de manera velada, haciendo uso de términos plagados de ambigüedad con el fin de asegurar la mayor discreción posible para que actúen las policías según su propio criterio y no conforme al ministerio público. Esto se realiza modificando el artículo 21 constitucional. Antes de la reforma se establecía con claridad que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.538 Con la reforma de Calderón aprobada por el congreso, ahora se estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.539 Aunque se sigue estipulando que el trabajo policiaco sigue al mando del ministerio público, se agrega que el trabajo de investigación estará a cargo del ministerio y de “las” policías, poniéndolos al mismo nivel. Con justificada razón el ministro en retiro de la SCJN, Juventino Castro y Castro, valoraba –en el análisis preparado a solicitud del congreso– que la reforma puede estar tan trampeada como con frecuencia ha ocurrido con otras. En su opinión, la modificación representa la ruptura del “principio de legalidad” porque antes se negaba discrecionalidad a la autoridad investigadora y le impedía actuar de manera parcial al momento de ejercitar acción penal contra algún inculpadoAhora, el ministerio público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley.540 De la misma forma se  expresaron juristas de inclinaciones diversas, como Bernardo Bátiz541, Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, quienes consideran que los cambios representan la legalización de prácticas propias de un Estado policiaco que por antonomasia actúa en contra de los derechos humanos y en favor de los regímenes de facto.542 Connotados criminólogos consideraron en el Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del Delito que la reforma viola los derechos humanos pues la libre facultad de investigar que se otorgó a los cuerpos policiacos en la reciente reforma penal se puede convertir en una medida violatoria de los derechos humanos y limitante de las garantías individuales, toda vez que, en el caso de los agentes federales, han realizado acciones con base en denuncias anónimas, no en autorizaciones judiciales, y cuando esta medida se aplique a las policías estatales o municipales, cualquier domicilio o persona podrá ser sujeto de “investigación”.543 Considerando que el área de seguridad y procuración de justicia y que el poder judicial tienen una larga historia de corrupción que permea la vida civil como un cáncer profundamente arraigado en la cultura, otorgarle espacios de discreción es poco menos que una medida criminal.

Otros cambios igualmente ominosos de la misma reforma suceden en el artículo 16, donde se flexibilizan los criterios para girar una orden de aprehensión. Ésta es la valoración de cerca de sesenta magistrados federales de la judicatura federal, quienes hicieron una crítica severa por considerar que la modificación no respetará a las garantías individuales sino que mermará las posibilidades de defensa legal de cualquier inculpado.544

Así mismo, tratándose de delitos de delincuencia organizada, en dicho artículo se introduce la arbitraria figura de arraigo hasta por ochenta días, que constituye una forma de detención sin cargos fuertemente criticable desde muchas esferas por su evidente tenor fascista. Para ello se tipifica con la mayor ambigüedad posible a la delincuencia organizada como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. En tal caso, la escoria ladrona cumple plenamente con esta figura de delincuencia organizada. En efecto, Amnistía Internacional puntualizó al respecto, considerando que la ambigüedad con la que se ha definido ‘delincuencia organizada’ y su régimen especial podrían facilitar la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno, como es el principio de legalidad, especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley”. La OEA y la ONU también consideran a la reforma violatoria de tratados internacionales de derechos humanos a los que México está obligado, sobre todo los relativos a las detenciones arbitrarias y la tortura.545  Una ley ambigua lo que menos provee es certeza y en cambio da un espaldarazo a la discrecionalidad cuando no a la criminalidad ejercida directamente por los supuestos aparatos de seguridad y justicia del Estado.

Así las cosas, se legaliza el arraigo que es una actividad nefasta que, valga la redundancia, tiene profundo
arraigo en México en los usos y costumbres de las “fuerzas del orden” y del ministerio público. Peor aún, la
práctica del arraigo está íntimamente ligada a la tortura, práctica también muy recurrida en los supuestos
procesos de indagación judicial y extrajudicial. Ahora se puede detener hasta por ochenta días para luego
investigar y buscar las pruebas que justifiquen la detención. Como explica el Centro Prodh, el arraigo
practicado en México siempre ha violado los derechos humanos, mas ahora legalizado por la escoria sigue
violando el derecho a la libertad personal que está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos instrumentos obligan a notificar al
detenido de los cargos que se hacen en su contra y a que se le presente ante un juez sin demora.Human
Rights Watch hace notar que el arraigo de ochenta días es muy superior al de la mayoría de los países
occidentales, donde es inferior a siete días. Incluso la SCJN –en una tesis de 2006– consideró que el arraigo
viola la garantía de libertad personal que consagran los artículos 16, 18, 19, y 21 de la Constitución.546 Otra medida atentatoria del derecho a la libertad es la incorporación de una seria de delitos que ahora requieren de la prisión preventiva obligatoria y que, como explica el Centro Prodh, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Finalmente, las reformas perpetradas por la escoria crean un trato de excepción para todo aquel que sea
acusado de pertenecer al crimen organizado. Esto es, al permitir medidas más invasoras de las garantías
individuales se crea un régimen de excepción que permite la violación de más derechos. Además, conociendo los antecedentes de la procuración de justicia en México y de las “mejores prácticas” de la escoria ladrona, se abre la puerta para que cualquier activismo político sea reprimido bajo la acusación de pertenecer al crimen organizado, por la ambigüedad con la que se establece la figura de delincuencia organizada. En ese sentido, el Centro Prodh considera que se crea un régimen de excepción que –entre otras cosas– sienta las bases para violaciones generalizadas al principio de la igualdad de toda persona en el respeto a los derechos humanos y viola los artículos uno y dos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente; instrumentos que al estar suscritos por el Estado mexicano lo obligan a proteger todos los derechos para todos, aún si se les acuse de ser parte del crimen organizado.

En opinión del Centro Prodh no todo es negativo. Hay algunas modificaciones que, si se actúa de buena fe,
representarán avances importantes en la protección de los derechos humanos, como son la adopción de un
sistema de justicia penal acusatorio y oral (art. 20); el reconocimiento del derecho a una defensa pública de
calidad (art. 17); y la regulación explícita de varias garantías del debido proceso (art. 20) como la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a guardar silencio que despoja de valor las pruebas obtenidas mediante prácticas muy socorridas en México, como la tortura.547 Es menester establecer, no obstante, que a la luz de la nefasta cultura de la escoria ladrona –exhibida de mil maneras en este estudio– sería infinitamente ingenuo pensar que los aspectos positivos arriba comentados se implementarán de buena fe.

En efecto, Bátiz destaca que –considerando que nuestro sistema judicial ha padecido largos periodos en los que la corrupción ha sido generalizada– la reforma penal de 2008 nada remediará, mas sí servirá para otros fines políticos no explícitos en la exposición de motivos. Además, sirve de pretexto para introducir reformas que conducen al autoritarismo y que atentan directamente contra los derechos humanos.548 Si en México
tradicionalmente la procuración e impartición de justicia han sido un privilegio para quien tenga dinero y
poder en lugar de un derecho para todos, las reformas –además de estimular aún más la cultura de la
corrupción– sólo pueden entenderse como medidas cuyo único propósito –cuidadosamente premeditado y
deliberado– es legalizar acciones de carácter amedrentador y represor por parte de las supuestas fuerzas del orden con el fin de mantener el sistema de depredación impuesto.

IX.3 Estado policiaco y criminalización de la protesta social
El pronóstico de Bátiz es más que certero, pues la embestida más dura se inicia en abril de 2009 con un nuevo paquete de iniciativas dirigidas a ser aprobadas por la nueva LXI legislatura (septiembre 2009) en la que se pretende avanzar en la institución de un Estado policiaco. En ella se propone que el poder legislativo le otorgue al poder ejecutivo un régimen de excepción que viole de manera permanente –además de los derechos económicos, sociales y culturales– los derechos civiles y políticos, cada vez que el Estado mafioso declare a placer condiciones de excepción. Calderón implementa su intentona a través de una reforma muy significativa a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), promulgada apenas durante el periodo del despachante Fox. La trama es bastante clara:549

La iniciativa de Calderón ha generado la crítica de un espectro social inusitadamente amplio. Al Centro Prodh le parece un intento de regularizar la militarización y le llama de inmediato la atención la inclusión de las sublevaciones como causal de suspensión de garantías.550 Para Leonel Rivero, abogado de movimientos sociales, es una medida peligrosa dirigida a aumentar el control de los ciudadanos, que pretende otorgar facultades metaconstitucionales al poder ejecutivo, que pasan por encima del 29 constitucional y que hacen caso omiso de los tratados internacionales ratificados por México, por lo que la considera una regresión. Así mismo, le llama la atención que se pretenda utilizar a la fuerza pública –entre otras cosas– como elemento de contención para movimientos y rebeliones sociales. En su opinión, es un riesgo considerar un reclamo de derechos sociales como una amenaza a la seguridad nacional puesto que en todas las constituciones modernas –incluyendo la mexicana– se contempla el derecho legítimo a resistir un derecho cuando el propio derecho es injusto. Riesgo que se puede materializar cuando un movimiento de reclamo pueda utilizarse como argumento para reprimirlo. Además, Rivero considera que la iniciativa no respeta normas internacionales que obligan a que el uso de la fuerza pública sea proporcional a la amenaza.551 Para Miguel Sarre, profesor e investigador del ITAM, la iniciativa parece una “vía rápida” para declarar situaciones de excepción que entra en conflicto con tratados internacionales, además de que el Estado tendría que informar a la OEA y a la ONU al respecto. En su opinión, la iniciativa pretende darle la vuelta a las garantías individuales restringiendo los derechos ciudadanos sin sujetarse a la constitución. Por ello, la considera un intento de militarizar la seguridad.552

La iniciativa evidentemente pretende utilizarse primordialmente como arma de represión a la protesta y la movilización social, a pesar de que la constitución otorga exclusivamente al pueblo la potestad de la soberanía nacional y el derecho de remover a sus gobernantes. La iniciativa de ley define claramente al Estado mexicano como la razón de ser de la seguridad en contraste con la LSN actual. En ella, en su artículo 3, la seguridad nacional se entiende como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:553

En la iniciativa propuesta, el artículo 3 es totalmente modificado para establecer una serie de conceptos. Así, en él se define la seguridad nacional como la condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que se preserva a través de políticas, acciones, recursos y medios dirigidos a hacer frente a Riesgos y Amenazas que atenten en contra de los objetivos del proyecto nacional. Así mismo, se agrega una definición de “seguridad interior” –antes inexistente– como la condición en que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano, se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios.554 En síntesis, la seguridad nacional e interior tienen como objeto la permanencia del Estado mexicano y su proyecto nacional; ergo: del Estado mafioso. Claro está que se asume que dicho proyecto no puede ser cuestionado y mucho menos rechazado. La intención es sostener el statu quo monolíticamente a pesar de toda la retórica democrática, de desarrollo y de respeto a los derechos humanos también incluida en la propuesta.

Los motivos de fondos son evidentes. Conforme se profundiza el absoluto sometimiento de México a un estado de explotación voraz, atroz y perverso, para la escoria es imprescindible instituir las condiciones para legalizar la represión y criminalización de la protesta social –esgrimiendo la defensa de la seguridad interior– que forzosamente aumentará conforme se profundice el despojo y la humillación. Hasta el momento la iniciativa sigue pendiente de ser llevada al pleno del congreso para su discusión. Hay amplia oposición a una acción tan excesivamente retrograda y de claro corte fascista. Empero, el peligro es más que latente dada la permanente asociación delictuosa que existe en los dos principales brazos políticos del Estado mafioso en el congreso.

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