Secretarías ‘se pasan la bolita’ en caso de espías de la DEA

México Distrito Federal.— En el caso de los espías de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) quienes, infiltrados, han operado en Ciudad Juárez y el resto del país a espaldas del gobierno mexicano, como lo dio a conocer El Diario a partir de una entrevista hecha a un agente, las autoridades mexicanas se traspasan la responsabilidad unas a otras, sin que nadie se atreva a explicar la razón de su presencia en territorio nacional y su actividad secreta.

El Diario solicitó a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) declaraciones en las cuales se explicara la presencia de dichos agentes en el país, si se tiene o no conocimiento de dichas actividades y si esto representa una “invasión a la soberanía nacional”, como algunos sectores lo han calificado.

Sin embargo, ninguna de ellas ha dado una respuesta hasta el momento, a pesar de que sus titulares, en el pasado, han hablado del asunto.

Incluso, las dependencias han delegado la responsabilidad a sus homólogas en el trato del tema, pues en el caso de la SRE, personal adscrito a la dependencia federal aseguró que era un tema en el que la Segob era quien tenía injerencia y al preguntarle a ésta, argumentó que la institución más adecuada para responder era la PGR, quien, a su vez, designó a la delegación estatal de Chihuahua para que diera a conocer una postura oficial.

A pesar de ello, hasta ayer en la noche la delegación de la PGR no había respondido a la solicitud de información que se le había realizado sobre el tema.

Al hacer una revisión hemerográfica, una de las declaraciones más recientes hechas sobre el tema fue realizada por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, en febrero de 2010, cuando rechazó que agentes operativos de la DEA fueran a actuar de forma conjunta con agentes mexicanos en la lucha contra el narcotráfico en Ciudad Juárez y reiteró que la colaboración entre los cuerpos de seguridad e inteligencia de ambos países se sigue rigiendo por las leyes que regulan la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano desde 1992.

En una conferencia conjunta con el embajador de EU en México, Carlos Pascual y del zar antidrogas Gil Kerlikowske, el funcionario federal aseguró en ese entonces que “las leyes en México son muy claras y no se van a violentar o modificar para el caso los actuales casos de intercambio de inteligencia e información y para mejorar nuestra capacidad de actuación en Ciudad Juárez”.

Las declaraciones fueron realizadas para desmentir la supuesta integración de agentes federales estadounidenses en unidades de intervención mexicanas en Ciudad Juárez.

La versión, publicada en primera plana por The Washington Post, aseguraba que por primera vez en la historia de la lucha antinarcóticos entre EU y México, ambos gobiernos sopesaban la posibilidad de incrustar agentes estadounidenses dentro de unidades operativas en Ciudad Juárez para reforzar la lucha contra los cárteles de la droga.

“Quiero clarificar que EU no tiene agentes operativos de sus fuerzas de seguridad en México. Lo que tenemos son agentes que trabajan como consejeros para compartir información de inteligencia y experiencia. Esto es algo que hemos hecho desde hace mucho tiempo”, aseguró a su vez el embajador estadounidense, Carlos Pascual.

A pesar de las declaraciones, un informe fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio y fue obtenido por la revista Proceso, señala que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi un 50 por ciento más de agentes de la DEA y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.

Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tenía registrados en ese entonces a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un ex funcionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son 54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.

El reporte del auditor general de la DEA establece que “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.

Recientemente, con las filtraciones realizadas por el sitio WikiLeaks, diversos medios de comunicación dieron cuenta que, en dos años, 61 funcionarios federales mexicanos que servían de enlace con la DEA y el FBI fueron asesinados por el narcotráfico.

Los agentes mexicanos, agrega el parte identificado como 09MEXICO193, eran de los mejor entrenados para la lucha contra las organizaciones de la droga y colaboraban de manera sistemática con las autoridades estadunidenses.

“Aunque los cárteles no han tenido como objetivo directo agentes u otro personal del gobierno de EU, éstos no han dudado en perseguir a algunos de nuestros más confiables socios de las agencias de ley mexicanas”, se afirma en el cable preparado por la embajada estadunidense en nuestro país.

Pero las suspicacias en torno a la participación de elementos en cubiertos de la DEA en territorio mexicano va más atrás, pues en 2005, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República fueron conminadas por el Senado de la República a entregar toda la información relativa a la participación de los agentes de la DEA en territorio nacional, así como de las acciones emprendidas por el gobierno federal frente a organizaciones antimigrantes de Estados Unidos. 

Ahora Iglesia tacha a Ebrard de talibán

México Distrito Federal.— El pulso entre jerarcas católicos y la izquierda mexicana, alimentado por leyes sobre el matrimonio homosexual y el aborto en la capital, escaló otro peldaño después de que la Iglesia comparara al Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard, figura presidencial para 2012, con los “talibanes”.

En la primera edición de este año, el periódico “Desde la Fe” de la arquidiócesis de México acusó al Gobierno de Ebrard de intolerancia y de evadir el debate en torno a las leyes que permiten el aborto y los matrimonios del mismo sexo en la megaurbe.

En el editorial titulado “La verdadera libertad religiosa”, la jerarquía católica, que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera, arremetió contra las autoridades locales al calificarlas de “verdaderos talibanes laicistas”.

A decir del texto en el gobierno hay “personajes intolerantes a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales, incapaces de aceptar el reto del diálogo con la racionalidad y el derecho (…) Ese tipo de actitudes no son un buen augurio para futuras responsabilidades públicas de quienes hoy ejercen la autoridad en la Ciudad de México”.

Ebrard es, hasta ahora, el único político que ha anunciado su deseo de participar en la elección presidencial, aunque tendrá que ganar primero la candidatura de su partido.

En entrevista, luego de partir una Rosca de Reyes con adultos mayores, Ebrard dijo ayer que hay dos puntos que no tienen que ver con la libertad religiosa. En primer lugar, aclaró: “Hay un problema de ignorancia porque los talibanes son fanáticos religiosos, no puede haber talibanes laicos. Los fanáticos no somos nosotros”, dijo.

Ebrard aseguró que “el laicisismo -según la Real Academia Española, la palabra correcta es ‘laicismo’- es tolerancia, el laicisismo es respeto a la libertad de creencias. En cambio, los talibanes son quienes persiguen a los que no piensan como ellos”.

 

Agregó que las declaraciones “están mal formuladas, pero también denota mucho sobre la naturaleza y forma de pensar de quienes elaboran ese tipo de textos” y aseguró que “sabemos que el redactor es el señor Valdemar, él es el redactor y autor de esas enjundiosas frases”.

El mandatario local dijo que “simple y llanamente el tema es la diferencia que se tiene por parte del Gobierno del Distrito Federal que se respeten las instituciones, a los que piensan distinto y que se respete el artículo 130 constitucional. Esa es la postura nuestra y va a seguir siendo. Nosotros no perseguimos a nadie”.

El portavoz de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, cree que se ha exagerado la reacción ante el mensaje del periódico católico.

“La iglesia no tiene la menor intención de iniciar una campaña contra ningún candidato”, aseguró.

Por el contrario Javier Angel, teólogo y profesor universitario de la red de investigadores de la religión en México, cree que no es la primera ni la última vez en que Ebrard será blanco de críticas desde la iglesia.

“En un año previo a la contienda electoral, los obispos buscarán hacer notoria su distancia con candidatos que no comparten su agenda y Ebrard, con su talante liberal, representa justamente el polo opuesto”, señala.

OJO CECY OPCIONAL DESDE AQUÍ

Además, el PRD acusó a la jerarquía católica de indebida participación en política y advirtió que se trata de una maniobra para bloquear una eventual candidatura presidencial suya.

“Sin duda, constituye una amenaza velada para las aspiraciones presidenciales del jefe de gobierno de la capital”, consideró Hortensia Arangón, secretaria general del PRD.

Para algunos líderes del PRD, la iglesia promueve el más grave enfrentamiento con tintes políticos desde la ‘guerra Cristera’, que en la tercera década del siglo XX enfrentó a guerrillas católicas con el gobierno.

“Desde que la jerarquía eclesiástica convocó a la insurrección armada en 1926, nunca habíamos tenido un embate tan abierto”, señaló el congresista del PRD, Víctor Círigo.

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O DESDE AQUÍ

Con un 70 por ciento de los 112 millones de habitantes considerado católico, la influencia de la iglesia en México es notoria aunque menor que en otros países de América Latina.

Su prestigio se vio afectado por escándalos de pederastia como el que rodeó a los Legionarios de Cristo, intervenido por el Vaticano el año pasado.

Esa poderosa congregación admitió que su fundador, el fallecido sacerdote mexicano Marcial Maciel, tuvo una vida pararela.

El catolicismo enfrenta además el aumento de cultos populares, como la “Santa Muerte” -una iglesia paralela que trata a la muerte como si fuese una figura más del santoral- y del “santo ladrón” Jesús Malverde, cuyos santuarios abundan en los estados más afectados por el narcotráfico.

Pese a ello, la capacidad de influir en la jerarquía católica sigue siendo importante, como lo demostró la campaña que logró -entre 2008 y 2009- que los congresos de 17 de los 32 Estados mexicanos declararan ilegal el aborto, para contrarrestar su despenalización en la capital.

En alianza con el conservador Partido Acción Nacional (PAN) del presidente Felipe Calderón, la jerarquía católica denunció además la constitucionalidad del matrimonio homosexual, que entró en vigor en marzo.

“Es una iglesia que conserva influencia, pero muy atrasada en su discurso”, señaló el diputado socialdemocráta David Razú, uno de los promotores de la legalización del matrimonio homosexual.

México: Norberto Rivera y el 2012

Mal comienza el año el cardenal Norberto Rivera Carrera al volver por sus fueros y, sin más argumentos que las adjetivaciones que se les ocurrieron a los editorialistas del semanario Desde la Fe, imponerles al Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa la de “verdaderos talibanes laicistas”.

Amén de la evidente contradicción que encierra el marbete de los escribanos de Rivera, acusan a las autoridades ejecutivas y legislativas capitalinas de hacer del laicismo una “religión” única e intolerante, “realizando ritos laicos contra las verdaderas (sic) religiones”.

El rosario de descalificaciones que en tiempos imborrables hubiera conducido a los acusados a la hoguera y en la actualidad a la excomunión, los intérpretes de los intereses terrenales de Norberto Rivera, explican su galimatías: son “personajes intolerantes a la crítica, fundamentalistas en sus principios inmorales, incapaces de aceptar el reto del diálogo con la racionalidad y el derecho”.

A pesar de que apenas el 9 de de diciembre, el arzobispo primado de México y Marcelo Ebrard inauguraron la Plaza Mariana de la Basílica de Guadalupe, en terrenos del GDF cedidos por Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba la ciudad, temprano se la cantan al primero: “el autoritarismo y la intolerancia” con que se manejan “no es buen augurio para futuras responsabilidades públicas de quienes hoy ejercen la autoridad en la ciudad de México”. Y el “legalismo en que se amparan es una muestra más de su intolerancia”.

Con la creciente permisividad de Felipe (del Sagrado Corazón de Jesús) Calderón y la alcahuetería de Gobernación, la Arquidiócesis Primada de México hizo una apuesta hacia julio de 2012 para obligar, como bien advierte Édgar Cortez Morales –conocedor de las entrañas de la milenaria institución--, a los candidatos a fijar una postura para dar marcha atrás en las leyes capitalinas que permiten la unión entre personas del mismo sexo y su derecho a adoptar, y que el editorial juzga como “inmorales e injustas, sin ningún sentido moral y ético”.

Para Rivera Carrera es moral y ético defender a Marcial Maciel Degollado, el afamado pederasta, defraudador, drogadicto y padrote formado por y en la Iglesia, amén de tolerado por Juan Pablo II, y del que hoy está prohibido hablar en la septuagenaria Legión de Cristo y en la institución de su otrora puntual defensor.

El señor cardenal no aprende de los errores que cometió con el de Cotija, Michoacán --incluso con el sacerdote poblano que protegió como presunto pederasta y por lo cual está indiciado en Los Ángeles, California--, y refrenda su vocación por alinearse a causas como la de su homólogo Juan Sandoval Íñiguez, ante quien Ebrard llegó “incluso, al colmo de pretender callar y amenazar mediante ‘demandas’ ante los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes expresan sus desacuerdos por el solo hecho de ser sacerdotes católicos y tener convicciones inspiradas en los principios cristianos”.

Reformadas 18 constituciones locales para penalizar el aborto con cárcel, bajo los eficientes oficios de cardenales y obispos, además de las dirigencias de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el cardenal que hace tres años dejaba 500 pesos de propina en los restaurantes de cinco estrellas, está en completo desacuerdo en que sea por medio de las leyes y las instituciones laicas –SCJN y ALDF, por ejemplo-- que forjaron varias generaciones de mexicanos, donde se diriman las diferencias, los conflictos.

Si nos atenemos al texto editorial, aspira a que sean las leyes divinas y sus terrenales intérpretes las que rijan en México. Esto es sencillamente imposible y menos cuando el declive caracteriza a la Iglesia católica que busca, eso sí, ostentar los derechos como la religión que influya en las conductas legalmente aceptadas. Y ello tampoco es viable pese la permisividad del grupo gobernante.

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En México.....el salario ha perdido más del 82% de su poder adquisitivo.

La pobreza como forma de gobierno

Cristóbal León Campos

Rebelión

A pocos días de concluir la primera década del siglo XXI, es necesario reflexionar sobre las condiciones de vida de la población trabajadora en nuestro país. Pues desde 1982, el salario ha perdido más del 82% de su poder adquisitivo, ocasionando que a la fecha la pobreza sea el signo característico de los últimos gobiernos mexicanos.

El neoliberalismo mexicano ha tenido en el período del espurio Calderón, la mayor reproducción de la pobreza. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) pasó de costar $80.83 a $156.76, en el período correspondiente del 1º de diciembre del 2006 –fecha en que inicia el gobierno de Felipe Calderón- al 1° de Abril de 2010, con un incremento acumulado de 93% tan sólo en el rubro de alimentos, dejando de lado, el incremento en otros rubros como servicios, gas doméstico, renta, aseo personal y del hogar. Y el salario mínimo únicamente se incrementó 17% durante ese mismo periodo, sufriendo una pérdida en su poder adquisitivo de 47.1%, la cual supera la sufrida en todo el sexenio de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas.

La política salarial que los panistas han impuesto a los trabajadores, los condena a enfrentar una constante y cada vez mayor disminución en el nivel de vida y de trabajo. La gestión de Felipe Calderón ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores mexicanos.

Debido al insuficiente poder adquisitivo del salario, los trabajadores en México han tenido que aumentar sus jornadas laborales. El 1º de diciembre del 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos para poder adquirir la CAR. En cambio, para el 1 de abril de 2010 tenían que trabajar 21 horas 50 minutos. Actualmente para poder acceder únicamente a la Canasta Alimenticia Recomendable con un salario mínimo el trabajador y su familia tienen necesariamente que sumar jornadas laborales diarias de muchas más horas. Y es que con el actual salario mínimo, millones de personas que representan cerca del 50% de los trabajadores de la Población Económicamente Activa en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la CAR, incluyendo a la población trabajadora que percibe hasta dos salarios mínimos diarios.

Para ejemplificar la pérdida de poder adquisitivo del salario, basta con comparar los productos y las cantidades de ellos, que se podían comprar hace poco más de 28 años cuando iniciaba el modelo Neoliberal en México, y lo que se puede comprar hoy con el gobierno espurio de Calderón. Supongamos que el salario mínimo se dedica íntegramente a la compra de un sólo artículo de la Canasta Alimenticia Recomendable (como ejemplo las tortillas), para ver cuánto se puede adquirir del mismo y ejemplificar de forma clara la pérdida del poder adquisitivo del salario.

El 1º de diciembre de 2006, con un salario mínimo de $48.67 pesos se podía comprar 7.22 kilogramos de tortillas de maíz, al 1 de abril de 2010 con el salario de $57.46 pesos sólo se podía comprar 6.04 kilogramos, es decir, 1.18 kilogramos menos. Desde la aplicación del modelo Neoliberal los trabajadores mexicanos han dejado de consumir -hasta la fecha indicada- 44.87 kilogramos de tortillas.

Recientemente el salario ha vuelto a aumentar de forma ridícula, pues la necesidades básicas están muy lejos de ser satisfechas con un par de pesos demás. El espurio de Calderón sigue empeñado en ser recordado como el peor gobierno mexicano de las últimas décadas, pues junto a la agudización de la pobreza, su estadía en el poder sólo ha generado, violencia, represión y la desintegración de nuestra nación. En nuestras manos esta poner fin y evitar que la pobreza siga siendo la forma de gobierno en México.

Días de Incertidumbre, Aciago y Resistencia del SME

LOS NÚMEROS NO MIENTEN... ¿O SÍ?







Una vez que el Ejército y la Policía Federal tuvieron bajo control las instalaciones de LFC, “sin romper un solo vidrio”, en los primeros minutos del domingo 11 de octubre de 2009, de forma inédita –en día inhábil— se publicó en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, suscrito por el Poder Ejecutivo de la Nación, representado por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerado como el “acto de gobierno más trascendental del sexenio”, la extinción de esta empresa se fundamenta principalmente en que “no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años; basta señalar que del 2001 al 2008 –se asegura en el decreto—, tales transferencias se incrementaron en más de doscientos por ciento”.

También, según los considerandos del documento liquidador, “los costos de Luz y Fuerza del Centro casi duplican a sus ingresos por ventas; de 2003 a 2008 registró ingresos por ventas de 235,738 millones de pesos, mientras que sus costos fueron de $433,290 millones de pesos”; además, se precisa que dicha institución “…registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado”.


Sobre su operación se mencionan resultados “notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional”, entre los que se destaca, por ejemplo, el porcentaje de pérdidas totales de energía, “excesivo y superior en casi tres veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad”, niveles tan altos que, según el decreto, “casi ninguna empresa eléctrica en el mundo registra”.

Asimismo, el ordenamiento presidencial, el cual puede consultarse de manera íntegra en el portal electrónico del Diario Oficial de la Federación (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5114004&fecha=11/10/2009), indica que LFC, hasta diciembre de 2008, “no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco”. La problemática –sostiene el Presidente de la República en su decreto—puede “inhibir la decisión para realizar inversiones” y crear una situación insostenible que “hoy en día representa un costo tan elevado que no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Así de grave y alarmante era la radiografía descrita por el Ejecutivo Federal sobre la empresa eléctrica.

Y continúa: si se toman en cuenta “las circunstancias económicas derivadas del entorno de crisis mundial” y “la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión” –reitera el texto—, se concluye que ante la contundencia de la información expuesta y “…siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse”, sentencia el escueto documento de 4 páginas, firmado al calce por el Presidente de la República y 11 distinguidos miembros de su gabinete, entre los que destacan, Fernando Gómez Mont, Agustín Carstens, Georgina Kessel, Juan Molinar y Javier Lozano, secretarios de Gobernación, Hacienda, Energía, Comunicaciones y Trabajo, respectivamente.

A primera vista, los datos expresados en el decreto aparentan ser contundentes e irrefutables, sin embargo, ninguno de estos es acompañado de una argumentación sólida que los respalde, tampoco se citan las fuentes originales de donde se tomaron los datos. El documento no alude a ningún informe de desempeño; alguna auditoría reciente de la Secretaría de Hacienda; estudios comparativos, estadísticas generales; evaluaciones de la Secretaría de Energía –responsable del sector energético—, análisis de especialistas o de comités técnicos que fundamenten la repentina suspensión de operaciones del Organismo público.

Si son tan grandes los recursos destinados a la empresa e injustificables y ominosos tanto sus gastos como sus pérdidas, por qué el Congreso de la Unión –responsable de la aprobación del paquete presupuestal de egresos federales—no emitió un extrañamiento al Director de la Entidad (ingeniero, Jorge Gutiérrez Vera), o citó a comparecer a la titular de la Secretaria de Energía para que informara al Poder Legislativo las causas del supuesto desorden financiero que la paraestatal presentaba, antes de decidir su extinción.

Además, el tema no se abordó en ninguna minuta o punto de acuerdo al interior de las Comisiones de Energía, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, durante los meses previos al famoso Decretazo, es decir, no existe un documento oficial, de acceso público, donde se detallen con precisión las razones o los argumentos técnicos que precedan la extinción de la empresa eléctrica. El Presidente no consultó o pidió autorización –al menos de manera pública—al único Poder de la Unión facultado para legislar en materia de electricidad: El Poder Legislativo (Artículo 73, Fracc. X, de la Carta Magna). ¡Calderón se fue por la libre!

Sometidos al vertiginoso ritmo que los medios de comunicación impusieron al flujo de información, que no era mucha ni precisa –pero sí muy reiterativa—, los usuarios del servicio público de energía prestado por LFC, reaccionaron sorprendidos e indignados ante la retahíla de datos y cifras negativasque, de forma por demás insistente, se hacía en los principales noticiarios de radio, televisión y planas de los periódicos sobre su “oportuna” liquidación. 

No obstante, el funcionamiento operativo y financiero de todo el sector energético nacional es desconocido por la mayoría de la población. Incluso para los especialistas en el tema, el esquema deficitario bajo el cual operan las tres principales empresas del sector –Pemex, CFE y LFC—resulta intrincado, polémico y poco discutido, cuánto más para los ciudadanos de a pie que no cuentan con suficientes elementos para establecer un criterio mesurado y objetivo sobre la explotación de los recursos naturales, ni el destino de las cuantiosas ganancias que estos generan a la hacienda pública.

En consecuencia, la exposición mediática de los problemas financieros del Organismo y la campaña de linchamiento en contra de su sindicato –en el mar de desconocimiento que prevalece sobre el tema—, apuntaló la decisión presidencial para que ésta fuera considerada pertinente y bienvenida por la población.

La respuesta fue automática: si ante la difícil situación económica que vive el país, a éste se le dice en cadena nacional y por todos los medios posibles, que el peor de los males para la economía nacional es la Compañía de Luz, y que con su liquidación se acabaría con una “sangría para los bolsillos de los mexicanos” y con las “muchas deficiencias que registra el servicio de energía”, seguramente nadie se opondría, y así fue. La empresa eléctrica y sus trabajadores elevados a enemigo público número uno… ¡A ellos!
Por otro lado, si el Organismo fue dirigido y administrado por el Gobierno federal, a través de funcionarios públicos designados por el Presidente de la República –quien antes de vivir en Los Pinos, fue Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox, entre 2003 y 2004—, sorprende que ante lo delicado que venía siendo la operación de dicho Organismo “para la economía nacional y el interés público”, desde hace ya muchos años, no se hubiera hecho nada antes. ¿Quién tenía la responsabilidad del buen funcionamiento de una empresa tan importante como Luz y Fuerza del Centro?

La Doctora Leticia Campos Aragón, miembro del equipo académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, publicó en el año 2005 el libro La electricidad en la Ciudad de México y el área conurbada. En sus más de 400 páginas de análisis histórico y económico de los procesos productivos de LFC, la profesora universitaria estudió el complejo esquema operativo, su administración deficitaria y el impacto social de ésta. En los prolegómenos del citado libro precisa que el desarrollo del sector energético, así como sus características y condiciones, son responsabilidad ineludible del Estado Mexicano:

Con el espíritu de la Constitución General de la República Mexicana, que en su artículo 27 establece claramente que la propiedad de nuestro país no puede tener otro contenido ni otra modalidad que no sea la expresión de las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano, en 1960 la nación se constituyó como propietaria de la industria eléctrica para que el representante del conglomerado que la conforma, o sea el Estado, se responsabilice de satisfacer las necesidades colectivas de la electricidad que los individuos o particulares no podían, no quería o no debían satisfacer.

En el año 2008, por ejemplo, en el Congreso de la Unión se realizaron intensos foros de análisis y discusión, durante todo un mes, sobre la reforma energética propuesta por el Gobierno federal, enfocada en el sistema operativo-financiero de Pemex. Especialistas en la materia la escudriñaron y debatieron para que, antes de que fuera votada por los diputados, se lograran los consensos necesarios para su aprobación o enmienda. Al concluir dichos trabajos, aún con la férrea oposición del Frente Amplio Progresista, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se aprobó una reforma que, sin dejar de ser polémica –si bien no fue precisamente la deseada por Felipe Calderón, tuvo que aceptarla—, el Senado defendió la reforma señalando que “se fortalece a Pemex, se le dan nuevas y mejores herramientas para enfrentar los grandes retos, se frena su desmantelamiento y será nuevamente impulsor del desarrollo nacional”.

La responsabilidad que tiene el Estado mexicano sobre Petróleos Mexicanos es la misma a la que se ciñe con Luz y Fuerza del Centro. Ambas son propiedad de la nación. ¿Por qué no se hizo algo similar con el servicio eléctrico si éste era tan deficiente? ¿El fondo y la forma de la decisión adoptada resistirían un debate público? ¿Un decreto administrativo, de la noche a la mañana –literalmente—, puede extinguir un Organismo público cuya actividad es protegida y regulada por la Constitución?


El Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana y miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto Azis Nassif,publicó en el periódico El Universal, el 13 de octubre de 2009, el artículo ¿Legalidad o grandes golpes? Ahí reconoce el trato distinto que el Gobierno federal dio a la paraestatal extinguida y sus trabajadores: 

De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.

Desde su creación, señala el decreto de extinción, LFC “no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han visto incrementadas en los últimos años”. ¿Por qué? El decreto no lo explica. Para el año 2009 dichas erogaciones, consigna el documento oficial, fueron del orden de 41,945 millones de pesos, y de no haberse extinguido el organismo, el Gobierno federal estimó que “podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración”. ¿Qué se hacía con tantos recursos económicos? ¿En qué se gastaban? ¿Por qué en el decreto se hacen afirmaciones tan generales y se manejan cifras millonarias sin explicar su origen y destino con claridad? 

Desde el 11 de octubre de 2009 la página web oficial de Luz y Fuerza del Centro, donde antes cualquier ciudadano podía buscar datos, cifras e información diversa sobre el funcionamiento de la empresa, fue suspendida. Lo único que se encuentra en el sitio www.lyfc.gob.mx es información sobre montos de liquidación para los trabajadores despedidos y avisos para reportar fallas eléctricas en la zona de operación del Organismo. No hay más. 

Para saber en qué se utilizaban los cuantiosos recursos transferidos a la paraestatal, se consultó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2008, y en su "Análisis del ejercicio del presupuesto programático devengado", se reportó que el organismo Luz y Fuerza del Centro gastó en el ejercicio fiscal de dicho año (cifras cerradas) 112 mil millones de pesos (mdp). Menos de la mitad de dicho gasto, 51,200 mdp, correspondió a erogaciones con “recursos propios”, es decir, dinero que sale de sus propias arcas pero es asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el resto de los recursos corresponden a transferencias –también del presupuesto federal—bajo el concepto de “subsidio eléctrico”: 60,728 mdp.

Del gasto corriente de LyFC, los servicios personales, que representan el pago de salarios y prestaciones de los 44,167 trabajadores que hasta el 31 de diciembre de 2008 laboraban en la institución, ascendió a 11,151 mdp, aproximadamente el 10% del gasto total anual, según el mismo informe de Hacienda. Al pago de jubilaciones se destinaron 27,758 millones de pesos, cerca del 25% del total. Entonces, si se suman las erogaciones para el pago a trabajadores activos y jubilados, se alcanza una cifra cercana al 40% de la totalidad de recursos asignados durante 2008. ¿En qué se gastaba la otra parte del dinero?

Según datos del Gobierno federal, en el mismo informe de la SHCP, se confirmó que más de la mitad del dinero público destinado a LFC, no se pierde en “excesos y privilegios” de los trabajadores sindicalizados, sino que dichos recursos regresan directamente a las arcas del erario público. ¿Cómo? A través del pago de energía a Comisión Federal de Electricidad bajo el concepto de“subsidio eléctrico”. Así de sencillo. Los recursos no se dilapidan –por lo menos, no en prestaciones laborales—, como se quiso hacer creer a la opinión pública; más bien, y muy contrario a lo expuesto en el decreto, este dinero público sólo se le retira a una empresa (LFC) para ingresarlo en la otra (CFE).¡Los trabajadores no ven un céntimo!

Por lo tanto, los 60, 728 millones de pesos, casi el 60% del total asignado en 2008, representó en términos contables un desmesurado gasto para Luz y Fuerza del Centro –lo cual influyó definitivamente en sus índices de productividad—, y esos mismos recursos fueron captados, de forma inversamente proporcional, como un ingreso sustancial para la CFE. Sí, lo está leyendo bien: El Gobierno federal, en su carácter de patrón, califica el desempeño de las dos empresas públicas más importantes después de Pemex, bajo diferentes esquemas financieros a pesar de que su giro industrial es el mismo. En términos sencillos, una pierde lo que la otra gana. Vaya sistema. 

Debido al revuelo mediático provocado por el cierre de la Compañía de Luz, el investigador Alberto Serdán Rosales, Maestro en Políticas Sociales y Administración por el Goldsmith’s College de la Universidad de Londres, actualmente Coordinador de Desarrollo de Proyectos de Propuesta Cívica A.C., se dedicó a investigar a través del análisis de documentos de acceso público, en el mismo mes de octubre de 2009, las razones que llevaron a la extinción de LFC. Sus resultados fueron publicados con el título Luz, fuerza y opacidad, en su blog personal (http://alserdan.blogspot.com), conocido como elChicote Posmoderno. Ahí el autor se hizo las siguientes preguntas: 

¿Dónde está el documento oficial que previo al decreto hablara del desastre de LyFC? […] Y es que los problemas no salen de la nada y por la magnitud de las decisiones que se toman ¿por qué no dijeron nada antes a través de los canales legales en función de los cuales el gobierno está obligado a rendir cuentas?
Al final del día, la duda sigue sin responderse: ¿quién puso en riesgo la empresa: la política de subsidios eléctricos o los mentados privilegios? Si no hay un diagnóstico oficial que haya desmenuzado todas las posibilidades, me parece que la liquidación es arbitraria. Si de tajo iban a cortar a tantos trabajadores, lo que al menos se espera es que haya un documento con justificaciones claras. ¿Dónde está el documento oficial donde señalaran problemas y propusieran soluciones antes de llegar al punto de la liquidación? Si LyFC era un desastre tan grande como lo pintan ¿qué documento oficial lo dijo con todas sus letras? […] Hay muchos saldos de lo que está ocurriendo alrededor de la liquidación de LyFC. Para mí hay uno claro: no hay información, transparencia ni rendición de cuentas clara y oportuna.

Nicéforo Guerrero Reynoso, actual alcalde de la ciudad de Guanajuato, anteriormente se desempeñó como Subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox, y fue relevado de dicho cargo en marzo de 2004 cuando el Secretario de Energía era Felipe Calderón. En una entrevista con el periódico La Jornada, publicada el 12 de octubre de 2009, el ex funcionario sostuvo que la principal carga financiera de LFC no es su sindicato, sino la compra de energía en bloque que ésta realiza a la Comisión Federal de Electricidad. “Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal”, aseguró quien también fue secretario de la Junta de Gobierno de la Empresa de Clase Mundial.

¿De qué estamos hablando? Sí, como ocurre hasta en las mejores familias: existe un trato desigual de Papá Gobierno hacia sus principales empresas públicas: Comisión Federal de Electricidad es la empresa preferida, a la que todo le dan, la consentida, siempre y cuando sea obediente y permita buenos negocios; Luz y Fuerza del Centro fue la relegada y rebelde, la del sindicato disidente, la oveja negra de la familia, siempre castigada y obligada a ser autosuficiente (de Pemex no hablamos, no tiene comparación… ¡Es la reina del Palacio!).

Así es, del presupuesto anual que Papá Gobierno le asignaba a LFC con la mano izquierda, el 60% de éste se lo retiraba –con la mano derecha—para dárselo a CFE, que a su vez, por la puerta de atrás, lo trasladaba (sigue haciéndolo) a empresas trasnacionales (productores independientes de energía) por concepto de compra de electricidad, ya que por “falta de infraestructura y presupuesto” (¡¿?!), valga la redundancia, ambas paraestatales no pueden producir la cantidad de energía que el país necesita. ¡El Gobierno convertido en intermediario de sí mismo! Así es México.