FeCal huye al Vaticano el dia del trabajo

Como excusa para escapar del pais y de las criticas en el dia del trabajo FeCal la beatificación del pontífice Papa Juan Pablo II

Opiniones encontradas se dan en torno a la visita del presidente Felipe Calderón a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II al Vaticano, ya que somos un país laico, sin embargo lanzando excusas pateticas:

El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas salió a la defensa de la visita y dijo que esta es válida ya que se trata de una reunión de Jefes de Estado.

Recordemos de la entrada de panazi

5°- Arreglos con la Iglesia

Para asegurarse el apoyo de la iglesia, Hitler llevó a cabo un concordato con la iglesia catolica. Hitler se comprometia a no tocar las propiedades de la iglesia ni a sus jerarcas. El papa Pio XII, en agradecimiento, al acabar la guerra ayudó, usando los monasterios en Italia para encubrirlos, a los nazis de la ODESSA a escapar a Argentina.

Hoy en dia el PAN dispensa “limosnas” de millones de pesos para hacerle monumentos a terroristas cristeros. El mujercito del presidente, Mouriño, ya fue a agarrarles la pierna a los obispos los cuales se han declarado a favor de la deforma energetica. El senador Federico Goring, perdon, Doring, del PAN anda cabildeando para que se apruebe una ley por la cual los curas podran aspirar a cargos de elección popular, podrian entrar a las escuelas de gobierno a manosear chamacos, y hacienda recaudaria limosnas en nombre de la iglesia.

Y puntualizó que es importante la presencia del presidente Calderón en este evento de beatificación de Juan Pablo II, ya que fue muy querido en México aunque no les parezca a quienes no votaron por el presidente o profesen otra religión.

Mientras que el diputado priista Alfonso Navarrete Prida sostuvo que si va el presidente Calderón o no al Vaticano da igual porque su presencia en México no detiene la violencia que se vive y recordó el fracaso que ha tenido en su estrategia contra el crimen organizado.

Mientras tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) censuró el viaje del presidente Felipe Calderón a El Vaticano, para participar en la ceremonia donde se beatificará a Juan Pablo II. Lo calificó de “una burla” y advirtió que el Ejecutivo violaría el principio de laicidad contemplado en la Constitución.

“Si Calderón va a la beatificación del señor Wojtyla, tendría que ir también a los procedimientos santificadores de los musulmanes, de los evangelistas, y de todos los grupos religiosos para los que no se daría abasto”, refirió el sonorense.

Asentó que el PRD, como ente de interés público, siempre se ha conducido por los cauces legales que ha sido un defensor a ultranza del Estado Laico reivindicando la libertad de cultos y de creencias en nuestro país y por ende, los poderes del Estado tienen igualmente la obligación de marcar la pauta.

Alertó que si el Jefe del Ejecutivo asiste a ese evento religioso el primero de mayo, lo hará violando fragante mente el Artículo 130 de la Constitución y el Artículo 24 que establece la libertad de toda persona de profesar la religión que quiera.

A su vez, la secretaria general del PRD, Dolores Padierna consideró que “es una burla que existiendo tantos problemas en nuestro país, Calderón pretenda ausentarse; se le exhorta a que lo reconsidere, aquí hay asuntos de suma importancia por atender. ¿O será que aprovechará para pedir un milagro?”.

La dirigente partidista indicó que desde la Constitución de 1857, México se proclamó como un estado laico y en la actual Constitución de 1917: el artículo 130, establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados.

“Felipe Calderón viola esta promulgación al visitar como jefe de Estado al Vaticano con motivo de la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II. A pesar de querer darle un carácter oficial a este acontecimiento, se quebranta la laicidad”, atajó.

Indicó que de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público: las autoridades federales, estatales y municipales “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”.

Contribución Video Denuncia – Militares en la UNAM

Entra comando de militares armados a CU. Violando la autonomía universitaria ingresan armados para llevar a consulta un perro (o eso dicen los de Auxilio UNAM) NO PUEDE SER NORMAL VER MILITARES ARMADOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, No nos acostumbraremos a verlos en las calles. ¡QUE REGRESEN A SUS CUARTELES!

EL video se hizo el 19 de abril a la 1:37 p.m en las puertas del estacionamiento de la facultad de veterinaria de la UNAM, quienes grabamos somos del Comité Estudiantil Metropolitano CEM. Los que nos dijeron que traían un perro (qué nunca vimos) fueron los vigilantes que venían escoltando el comando, que manejaban la patrulla numero 36 con placas 725-WLS del D.F. Después de decirlo ya no quisieron hacerlo frente a la cámara.

Un país destruido desde el interior

Hacer un recuento de lo que ocurre en México, sería una tarea tan difícil como describir cuadro por cuadro la escena de un paisaje en implosión, un país que es destruido desde el interior. El horror se ha instalado en la cotidianidad y quizá es sobre todo la normalización de este estado de cosas el elemento más inquietante de lo que sucede en el país. Imágenes y palabras se instalan en una coyuntura permanente, en un presente que parece perpetuarse en la lógica de la destrucción. Así por ejemplo, durante el último mes hemos sabido de los alcances de la operación “Rápido y furioso”, en la que con anuencia de distintos funcionarios norteamericanos se permitió la entrada de más de 2,000 armas que posteriormente fueron utilizadas por distintas mafias mexicanas vinculadas con el tráfico de drogas y otras acciones criminales que en muchos casos se dirigen contra la población (1).

El correlato de la actuación de las autoridades mexicanas sólo augura la profundización de la cultura de la violencia que ahora crece desbocada. La propuesta de reforma de ley por parte del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que contempla el servicio militar obligatorio durante tres años so pena de cárcel para los jóvenes que no realizan estudios o trabajos formales, es una prueba de ello(2). Por su parte, los medios de difusión masiva, acordaron en medio de un inmenso despliegue mediático, un pacto de censura y la intención de crear una realidad propia de la distopía orwelliana. A fines de marzo, fue presentado el denominado Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, con el que la dictadura mediática encabezada por el duopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca, proponen, entre otras cosas, la adopción de “criterios editoriales comunes” que contrarresten los efectos propagandísticos del “crimen organizado” (3).

Debajo de estos acuerdos, la guerra lanzada por Felipe Calderón aumenta sus cifras. Se estima que la cifra de muertes entre mujeres y hombres oscila entre los treinta y cinco y cuarenta mil asesinatos desde 2006. La cifra crecerá, pues en los últimos días se han descubierto fosas clandestinas en distintos estados del país(4). Por otro lado, las recientes declaraciones de un general del ejército en retiro, quien cumple funciones de “seguridad pública” revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales, lo que abre paso a la sospecha de que este tipo de acciones ilegales sean realizadas por otros cuerpos represivos del Estado mexicano(5).

Sin embargo, también crece el descontento, el hartazgo y la idea de que un elemento esencial para detener la catástrofe humanitaria que ocurre en México es el regreso del ejército a los cuarteles. A raíz del asesinato de siete personas en el estado de Morelos, entre los que se encontraba Juan Francisco, hijo de un reconocido poeta, periodista y activista morelense, Javier Sicilia; se llevaron a cabo distintos actos de protesta en alrededor de 50 ciudades del país e incluso en distintas embajadas mexicanas en el extranjero. La convocatoria de Sicilia fue tan sencilla como contundente y recuerda al ¡Ya Basta! lanzado por los indígenas zapatistas en 1994. La consigna de ¡Estamos hasta la madre! logró aglutinar a miles de personas en todo el país y la reivindicación estrictamente ciudadana y apartidista revela que en el conflicto que vivimos en México, cada vez es más grande la certidumbre de que el Estado y el sistema político mexicano son corresponsables de las muertes, los desaparecidos y de las violaciones generalizadas a los Derechos Humanos de la población.

Quizá uno de los aciertos más grandes de la iniciativa impulsada por lo que se ha dado en llamar Redes Ciudadanas por la Justicia y la Paz, y que tienen como figura importante al propio Javier Sicilia, es que han expresado con claridad, que esa cifra de 40, 000 muertos, no debe ser tratada como un dato estadístico para legitimar una falsa guerra contra el crimen organizado. Que detrás de cada uno de esos muertos, existen historias personales, muchas de las cuales hablarían, si se les diera la oportunidad, de la exclusión y la miseria. Que esos 40, 000 muertos son una herida para todas y todos.

En contra de nuestros mejores deseos, sabemos que la lucha contra la militarización no rendirá frutos en el corto plazo, que la única posibilidad de ganarla es a partir de la constancia y el compromiso constantes. El mejor ejemplo de ello es la lucha que desde 1990 realiza SOAW y que año con año levanta la voz para exigir el cierre de la Escuela de las Américas, actualmente denominada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC por sus siglas en inglés). Es en esta institución en la que durante décadas los Estados Unidos han entrenado a militares latinoamericanos, responsables de miles de muertes, torturas y desapariciones.

En este 2011, del 04 al 11 de abril, se llevaron a cabo las jornadas: “No Más Militarización Extranjera en América Latina, No más Escuela de las Américas”. Estas incluyeron distintas acciones de apoyo en países como Honduras, Chile y Venezuela. Las acciones centrales se realizaron en el Pentágono, en el estado de Virginia y en la Casa Blanca donde se realizaron ayunos públicos con una duración de 6 días. Las acciones culminaron el 10 de abril con una marcha hacia la Casa Blanca que culminó con actos de desobediencia civil no violenta. Como resultado de las protestas frente al Pentágono del 08 de abril hubo 25 activistas detenidos, mientras que en la Casa Blanca donde protestaron cientos de personas hubo 27 detenciones. En ambos casos los compañeros del movimiento SOAW ya han sido liberados. En estos tiempos, en que la militarización crece y se diversifica, la lucha de los pueblos se debe unir en una sola voz.

1- El Universal, “Rápido y furioso se aprobó en Washington”, disponible en la dirección:

www.eluniversal.com.mx/notas/754414.html

2- La Jornada, “Oficializa César Duarte propuesta de obligar a ninis a realizar servicio militar por tres años”, disponible en la dirección

www.jornada.unam.mx/2011/03/29/index.php?section=politica&article=020n1pol

3- El acuerdo completo se puede consultar en la dirección:

www.iniciativamexico.org/pdf/Acuerdo_Medios_23_marzo_2011.pdf

4- Consultado en la dirección electrónica: www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=167124

5- Sanjuana Martínez, “Si agarro a un zeta lo mato; ¿para qué interrogarlo?: jefe policiaco”, La Jornada, disponible en la página de internet:www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol

http://pandejos.net

Preocupación de Amnistía Internacional

Ley de (In)seguridad repudiada internacionalmente

Amnistía Internacional (AI) advirtió que el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en la Cámara de Diputados, debilitará gravemente la labor de protección a los derechos humanos y podría generar una figura legal que incrementará aún más las violaciones a las garantías individuales en el país.

Mediante un comunicado, la organización lamentó que dicha iniciativa le facilite al Poder Ejecutivo la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que no le corresponden, con el pretexto de las afectaciones a la seguridad interior.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, subrayó que las fuerzas militares no están diseñadas ni capacitadas para ejercer estas funciones con pleno respeto a los derechos humanos. No se garantizan controles o mecanismos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos.

Las modificaciones a la ley, advirtió el organismo internacional, no limitan las funciones castrenses, sino que las extienden de manera peligrosa, en un momento en el que las denuncias contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos han aumentado notablemente en los pasados cuatro años.

Este tipo de abusos casi nunca son investigados, puesto que están bajo control de la justicia militar. Por ello, señaló AI, tales juzgados se han convertido en factor de impunidad.

Rogamos difusion y apoyo...TODOS SOMOS UNO SOLO!!!

(FAVOR DE ENVIAR POR E-MAILEL TEXTO  A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES)

Bogotá, D.C. abril 2011

Señores - Señoras:

ANGELINO GARZÓN.

Vicepresidente de Colombia. - contactovicepresidencia@presidencia.gov.co

HERNAN JAIME ULLOA VENEGAS

Director de programa de la presidencia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. - hernanulloa@presidencia.gov.co

VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo. - secretaria_privada@hotmail.com

BEATRIZ URIBE BOTERO

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. - buribe@minambiente.gov.co

JUAN CAMILO RESTREPO

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

despachoministro@minagricultura.gov.co

Respetados Señores/as:

Los abajo firmantes, defensores de la vida y organizaciones de la sociedad civil, quienes le apostamos a la defensa de la vida; de la soberanía de los pueblos; de los derechos humanos; de los bienes y patrimonios públicos y comunes; de los derechos territoriales y de las comunidades indígenas; afrocolombianas y campesinas, y a la defensa de la soberanía alimentaria, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa la población rural y que se mantiene y profundiza desde décadas atrás.

De entrada, rechazamos y censuramos todos los múltiples hechos de violencia, desplazamiento y acoso sobre la población civil colombiana y en particular, sobre las poblaciones indígenas, negras y campesinas en numerosas regiones del país. Tenemos claro, como lo reconoció la Honorable Corte Constitucional, que muchas de esas presiones guardan relación con megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales, y con el desarrollo de infraestructura y especulación con la tierra.

Varias situaciones dan ejemplo de esa relación, tales como la persecución judicial de los líderes campesinos de las Pavas; el asesinato continuo y frecuente de víctimas del conflicto que han luchado por la restitución de sus tierras; las continuas amenazas y ataques a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; el acoso de actores armados legales e ilegales a las poblaciones indígenas del Cauca; la expropiación y posterior dilación en la entrega de tierras colectivas por empresas palmicultoras y el asesinato de líderes de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamandó; así como el desplazamiento de líderes afrodescendientes en Guapi, Timbiquí y López de Micay; los asesinatos de líderes de comunidades campesinas y la expropiación de tierras en la región Caribe en zonas de megaproyectos de minería de carbón y de palma aceitera; los desplazamientos de poblaciones campesinas y pescadoras por megaproyectos de represas como el caso de El Quimbo, Ituango e Hidrosogamoso.

Las formas organizadas de las comunidades rurales para defender de manera civilista y democrática sus derechos han sido arrasadas literalmente por el conflicto armado, o acalladas o intimidadas. Hoy, por ejemplo, se estigmatiza y vincula cualquier intento de organización y denuncia, con la guerrilla o el terrorismo. Es en este aspecto particular que queremos llamar la atención de Ustedes. Como defensores de la vida que creemos y reivindicamos un Estado social de Derecho, queremos llamar la atención del gobierno y las instituciones que Ustedes dirigen y orientan, frente a los siguientes casos específicos:

El pasado 17 de febrero fue desaparecida en Cali la joven ambientalista Sandra Viviana Cuellar, de quien a la fecha no se tiene ninguna noticia sobre su paradero. También denunciamos las recientes amenazas que ha recibido el señor Hildebrando Vélez, reconocido ambientalista que ha venido liderando las denuncias por la desaparición de Sandra Viviana Cuellar y las acciones que piden su pronto regreso.

Asimismo, repudiamos el allanamiento e invasión por el ejército colombiano, el pasado mes de marzo, a varias fincas ubicadas en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), entre ellas, la del maestro de la agroecología latinoamericana Mario Mejía Gutiérrez. En este importante centro de enseñanza de la agricultura sustentable fueron realizados daños y actos denigrantes por parte de la Fuerza Pública. Otros campesinos en varias regiones del país, han sufrido la misma suerte, por lo cual solicitamos promover iniciativas inmediatas de protección de derechos de las comunidades campesinas y prevenir el abuso de la fuerza pública sobre personas y comunidades vulnerables. De igual manera, solicitamos evitar los señalamientos hechos a las comunidades rurales que se encuentran presas entre diversos fuegos, en el marco del conflicto armado que vive el país, poniendo en peligro sus vidas e integridad física y moral.

Igualmente vemos con preocupación las permanentes y continuas amenazas de muerte que ha recibido desde hace años el ambientalista Guillermo Castaño, Presidente del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos en Risaralda y coordinador de la ONG Surcos Comunitarios, quien no ha recibido ninguna protección y garantía por parte del Estado colombiano en el ejercicio de su trabajo como defensor de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de las comunidades campesinas, y quien lidera propuestas agroecológicas y de autonomía alimentaria en el Eje Cafetero.

Citamos solo algunos casos recientes en donde se ven comprometidos los derechos de los defensores de la vida y solicitamos al gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente de la república, Angelino Garzón, el seguimiento a estos hechos. Existen, sin embargo, muchos otros hombres y mujeres anónimos en el campo, líderes y líderesas que no tienen las garantías para desarrollar sus actividades y para ejercer el derecho al disenso y a la confrontación de políticas adversas a la protección del ambiente y de los territorios de las comunidades locales, y por equidad en el acceso a la tierra y al agua.

En este sentido, exigimos al Gobierno Nacional que garantice los derechos fundamentales de estos defensores de la vida y también que asuma de manera urgente la adopción de medidas estructurales, como la redistribución de los beneficios, el acceso gradual y equitativo a la tierra, la exigencia al buen trato de los campesinos, indígenas y comunidades negras por parte de las fuerzas armadas, y reivindicar en la política y la gestión pública la soberanía alimentaria que sustentan las familias campesinas.

Salvar el campo y a los campesinos

Estamos convencidos de que la situación de aislamiento y difíciles condiciones estructurales de acceso a la tierra, al crédito y a las oportunidades, incrementan la vulnerabilidad y los riesgos de las poblaciones rurales. Consideramos muy críticas y lesivas las políticas gubernamentales y la normatividad ambiental y rural expedidas en los últimos años, orientadas hacia la privatización de los bienes naturales y a la promoción de modelos de desarrollo dominados por los grandes inversionistas. Estas políticas y normatividad promueven un modelo de campo sin campesinos y una ausencia de derechos específicos para un sector minoritario y vulnerable.

No podemos olvidar que Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor iniquidad en la distribución de la tierra. Para el año 2008, el 70% de los minifundios se localizaban solo en el 2,8% del territorio nacional, mientras el 0,16 de los latifundios se extendía sobre el 60% del territorio. Esto se traduce en que actualmente el 64% de la población rural vive en condiciones de pobreza y al menos el 41 por ciento de los hogares colombianos presenta inseguridad alimentaria (alcanzando el 58,3 en las zonas rurales). Hasta diciembre de 2009 se registraban en Colombia 3'303.979 personas internamente desplazadas. La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y 2010 es cercana a las 6,65 millones de hectáreas.

Es por todo esto que solicitamos una acción urgente del gobierno colombiano para rescatar el campo de su crítica situación y para que se garantice la restitución plena de los derechos ciudadanos, de la adopción de políticas que lleven a la defensa real de nuestro territorio y nuestros recursos naturales, de manera a garantizar un mundo rural en que quepamos todos, en donde se reconozca la vía campesina como política pública, y en donde se garantice la sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras.