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sábado, 9 de abril de 2011

Mueren dos mineros y 20 quedan atrapados en una mina de Chihuahua

México SANTA BÁRBARA, Chihuahua.- Dos trabajadores murieron y 20 más quedaron atrapados, al derrumbarse el túnel de una mina ubicada en el poblado de Santa Bárbara, al sur del estado.


Autoridades municipales de Santa Bárbara confirmaron que alrededor de la una de la tarde, en la mina Los Hilos, se escuchó un estruendo y se activó la alarma de emergencia. Posteriormente, se confirmó que el accidente ocurrió en la zona de excavación.

Según la primera información que circuló, a esa hora los habitantes de este municipio realizaron varias llamadas a los medios de comunicación para informar sobre lo que ocurría en la zona minera, donde labora gran parte de la población económicamente activa de ese pueblo.

Trabajadores de la empresa encargada de la explotación de los minerales en Los Hilos, mantiene a su personal de rescate en busca de más posibles víctimas, aunque se menciona que ya han logrado salir la gran mayoría de los gambusinos que ahí laboran.

De acuerdo con versiones de gambusinos, los cuerpos de los dos mineros quedaron aproximadamente a 250 metros de profundidad. Extraoficialmente, se dijo que las víctimas eran padre e hijo, aunque no se han proporcionado sus nombres.

La mina Los Hilos, se ubica en medio de dos cordilleras en un punto circundado por un arroyo. En el filón, propiedad de las empresas Goleen Goliath Resources LTD y Minera Delta, es productora de oro y plata.

Armada Bolivariana ultima detalles para vigilar costas venezolanas


Buque Yavire

Dispondrán de las fragatas misilística F-21, los buques de vigilancia litoral "El Yavire" y "Guaicamacuto", un remolcador de altura para patrullaje y vigilancia costera e insular
 - El encargado de la Región Estratégica de Defensa Insular, Almirante Carlos Giacopini Martínez, informó que la Armada Bolivariana afina los detalles sobre la vigilancia y patrullaje durante la Semana Santa en la Costa Insular venezolana.

Destacó que los operativos no sólo se efectuarán en el estado Nueva Esparta, "sino que también las unidades de salvamento atenderán los casos como Los Peñeros que se desaparecieron, el año pasado".

El encargado de la Región Estratégica de Defensa Insular acotó que dispondrán de las fragatas misilística F-21, los buques de vigilancia litoral "El Yavire" y "Guaicamacuto", un remolcador de altura para patrullaje y vigilancia costera e insular.

Policía peruana mata a tres de sus compatriotas que protestaban contra minera norteamericana


  • Tres muertos y 51 heridos, 6 de ellos graves, es el resultado de la brutal represión policial en Perú contra las manifestaciones en rechazo a la instalación del proyecto minero Tía María. Impactante vídeo. 
                El Ciudadano
Tres muertos y 51 heridos, 6 de ellos graves, es el resultado de la brutal represión realizada por policías del Perú, contra las manifestaciones en rechazo a la instalación del proyecto minero Tía María, de la estadounidense Southern Copper Corporation.
Los hechos ocurrieron este jueves 7, en la provincia de Islay (Arequipa) cuando los policías intentaron despejar una ruta bloqueada por los protestantes.
En las imágenes se puede ver como un policía descarga su fusil contra sus compatriotas que se defendían premunidos sólo de piedras y palos. Las protestas se iniciaron hace quince días siendo el motivo la inminente aprobación de el Estudio de Impacto Ambiental que daría vía libre a la actividad minera. Esto, en una región caracterizada por su fértil agricultura.
La matanza coincide con el cierre de la campaña política previa a las elecciones presidenciales del próximo 10 de abril. Y en circunstancias que el favorito de las mismas, Ollanta Humala, se encontraba en dicha región realizando la clausura de su campaña. Humala se solidarizó con las víctimas y responsabilizó al Gobierno de Alan García de estas muertes.
El Ministro de Interior, Manuel Hidalgo, defendió el accionar policial al señalar que “los efectivos del orden actuaron dentro del marco de la ley”.
Los manifestantes reaccionaron a los asesinatos quemando la sede del gubernamental partido APRA así como un camión cisterna de combustible que se encontraba en el terminal terrestre de Mollendo.
Como resultado de estos incidentes el Gobierno peruano anunció la postergación por 120 días del proceso de evaluación ambiental con lo que el tema deberá ser resuelto por el futuro mandatario. El presidente regional de Arequipa, el nacionalista José Guillén, haciéndose eco del clamor popular, solicitó al Gobierno que cancele definitivamente este proyecto, cuya posible realización tiene en estado de alerta a toda la macro-región sur del Perú.


Aprodeh condena brutal represión
El presidente de la Asociación Pro  Derechos Humanos  (Aprodeh), Francisco Soberón, condenó rotundamente la fuerte represión ordenada por el gobierno en la provincia arequipeña de Islay, donde miles de pobladores protestan contra la ejecución del proyecto cuprífero Tía María.

Soberón también exigió una inmediata investigación para identificar a los responsables de las pérdidas humanas en Cocachacra, causadas por la represión lanzada “cuando se avizoraban las primeras luces para iniciar las negociaciones en relación al proyecto Tía María, que pretende ejecutar  Southern en la zona”.

“Es lamentable que el gobierno utilice la fuerza para reprimir a los manifestantes y así se cobren vidas humanas inocentes. Exigimos una exhaustiva investigación para dar con los responsables, porque es inadmisible que se usen armas de fuego para dispersar las protestas”, indicó.

El representante de Aprodeh también informó que a la fecha los recintos hospitalarios de Mollendo han colapsado debido a la cantidad de heridos que resultaron con heridas de consideración producto de la violenta intervención de las fuerzas policiales y armadas.

El presidente de la República, Alan García Pérez, poco antes de los luctuosos sucesos, exhortó a la población de Islay que vuelva a la calma y termine la protesta. También comentó que dichas huelgas terminarían cuando el proceso electoral finalice. “Tranquilidad a la población, además ya van a pasar las elecciones”, aseveró.
 

Desclasificado: La CIA se lucraba de la droga

Este es el tipo de noticias que, en cuanto la lees, corres a contárselo a tu gente. ¿Oye, te has enterado de que la CIA se financiaba con dinero de la droga? A pesar de que la noticia es totalmente cierta, los grandes medios (por lo menos los españoles) no han dicho nada. Estos grandes medios esperan que si no publican la noticia no nos enteraremos. Para ellos, esta noticia no existe.

Paramilitarismo: la CIA, a través del dinero de la droga, conseguía fondos para financiar el paramilitarismo en América Latina. La CIA, de esta manera desestabilizaba gobiernos y revoluciones o posibles revoluciones durante los 70s, 80s y 90s.

Activistas estadounidenses: la CIA también usó el dinero de la droga para atacar a los líderes y agitadores que se manifestaban a favor de los derechos civiles en EEUU (como la lucha contra el racismo).

Ronald Reagan y George Bush I: promovieron, cara a la galería, la lucha contra las drogas. Curiosamente, mientras decían eso a la masa social, el tráfico de drogas aumentó más y más. Cuesta creer que México y Colombia vendan la droga a EEUU (principal consumidor) mientras que EEUU mueve tropas militares a sus anchas en Colombia para luchar contra la droga
Todo esto ahora ya está comprobado al haberse desclasificado más de 8000 documentos.
Véase:


Miguel Ruiz 

Honduras: 16 niños mueren al día por indiferencia estatal

El ex representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Honduras, Sergio Guimaraes, dijo que es contradictorio que en Honduras todo mundo se escandaliza por las muertes violentas y nadie dice nada de que por indiferencia del Estado mueren 16 niños menores de cinco años al día.





Guimaraes concluyó la semana anterior su carrera como representantes de UNICEF enHonduras, lo que también marca el fin de su labor en ese organismo, por lo que le rindieron un homenaje en Casa de Gobierno.

Antes de marcharse para cursar un doctorado en Argentina, Guimaraes dijo que desde que vino a 
Honduras vio que pasaba “algo raro” porque era tiempo de campaña política y todos los candidatos 
“hablaban de que los jóvenes son importantes, los jóvenes son primero y de los niños nada, será porque los jóvenes votan y los niños no”

Además notó que en Honduras a los niños se los dejan a la primera dama, a las iglesias y se toma la atención de los menores como algo para la caridad, “acaso los niños no los ha hecho el hombre junto con las mujeres, yo pregunto por qué los niños se quedan con la primera dama y el primer marido, (él) ha hecho niños también”.

Pidió mayor atención a la infancia porque si no tienen acceso a la salud, a la educación, a los alimentos y a la recreación, en 20 años lo que “cosechamos son bandidos, lo que hoy estamos recibiendo de los jóvenes son lo que no hicimos hace 20 años”.

“No atienden los niños hoy y en 20 años quieren que salgan doctores”, reclamó Guimaraes, tras advertir que si “siguen haciendo lo mismo van a tener más violencia, más gente desnutrida, más analfabetas, más pobreza, eso es lo que quieren”, preguntó.

INDIFERENCIA LETAL

Guimarares lamentó que en Honduras cada día mueren 16 niños menores de cinco años por la indiferencia del Estado que no combate adecuadamente las diarreas, infecciones respiratorias y la desnutrición.

“Hablamos de los asesinatos y del narcotráfico y está bueno, pero de estos 16 niños que mueren todos los días, quién habla de ellos”, dijo.

El Estado debe enfocar sus recursos a que todas las embarazadas tengan atención médica, un parto asistido por médico y que se preocupen por la nutrición en los primeros tres años que es cuando se forma la mente y la inteligencia.

“Muy poco sirve después la merienda escolar si ese niño está desnutrido en los primeros tres años”, sentenció.

INSEGURIDAD

“Se equivocan los que piensan que poniendo mano dura vamos a detener la delincuencia, si quieren menos delincuencia hagamos una buena salud, una buena educación y una buena protección de los niños y Honduras tendrá frutos de flores y esperanza”: Sergio Guimaraes.

Guatemala: Una nueva fase en la guerra del capital

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Se seguirán impulsando desalojos, toda vez que los capitales corporativos y transnacionales no quieren esperar más para apropiarse de los territorios, los bienes naturales y el trabajo de los pueblos.
AVANCSO | Incidencia Democrática 
La reciente oleada de asesinatos y desalojos de comunidades y familias campesinas en Livingston, el Valle del Polochic (Panzós) y Chajul ha sido interpretada por algunos analistas como un sorpresivo viraje en la política agraria de la UNE, sobre todo a partir del reciente comunicado oficial, donde el gobierno anuncia su “obligación legal y moral” de dar “cumplimiento a todas las órdenes de desalojo y de captura relacionadas con medidas ilegales y de hecho”.

A nuestro juicio, estos desalojos en territorio q’eqchi’ no representan un viraje, sino todo lo contrario, son un reforzamiento de las políticas –agrarias, pero también energéticas y extractivas– que el gobierno de la UNE ha impulsado desde su primer día. El lenguaje populista, conciliador y pro campesino utilizado hasta hace poco por el gobierno, escondió no solo su cara más represiva –cerca de 80 desalojos documentados en tres años de gobierno– sino sus numerosas similitudes con el gobierno de la GANA (abiertamente neoliberal).

Son claras las diferencias entre ambos gobiernos, sobre todo en el campo del discurso y del enfoque de las políticas sociales como la llamada Cohesión Social, pero resulta evidente que se mueven dentro de las mismas coordenadas en el campo de las grandes políticas económicas, y específicamente en el de las políticas de impulso a las industrias extractivas y a la producción agroindustrial de caña de azúcar, en el caso de los recientes desalojos en Panzós (los cuales se dieron en apoyo al ingenio Chabil Utzaj, vinculado al grupo Berger-Widman).

Aunque el discurso decididamente neoliberal de la GANA se diferencia del discurso populista de la UNE (”gobierno con rostro maya”, “gobierno de los pobres”), ambos gobiernos impulsaron el mismo modelo de desarrollo rural neoliberal, en el cual tienen un papel central proyectos como la producción de agrocombustibles o las industrias extractivas como la minería, el petróleo y los megaproyectos; a la vez que son criminalizadas las diversas formas campesinas e indígenas de resistencia y lucha territorial, tal el caso de las consultas comunitarias, la ocupación de terrenos, y los bloqueos.

En efecto, los desalojos en el gobierno de la UNE siguen las mismas lógicas y tendencias territoriales que los del gobierno de la GANA. Ambos gobiernos ejecutaron al menos 40 desalojos en su primer año de gobierno y cifras ligeramente inferiores en los siguientes años. Ambos gobiernos ejecutaron desalojos en zonas de interés petrolero (Petén, Chisec), agro industrial (Costa Sur, Valle Polochic, Franja Transversal del Norte), minero (Izabal) e hidroeléctrico (Tucurú, Nebaj), así como en regiones de ampliación del excluyente modelo actual de áreas protegidas (Lachuá, Chocón Machacas). Ambos gobiernos se alinearon totalmente con los intereses de grupos corporativos y transnacionales.

Debe recordarse también que estos desalojos en Panzós no se dan de forma aislada, sino como la continuación de desalojos efectuados en el territorio q’eqchi’ desde el primer año de gobierno de la UNE (2008), y también como parte de una serie de hechos supuestamente inconexos, pero en realidad articulados entre sí: desalojos en Izabal (enero 2011), masacre de cuatro activistas q’eqchi’es en Izabal (febrero 2011), desalojos en Cobán por ampliación de área protegida Lachuá (inicios de marzo 2011), desalojos en Panzós y Chisec (mediados de marzo 2011).

El actual reforzamiento de las políticas gubernamentales parece marcar el inicio de una nueva coyuntura, caracterizada, entre muchos otros factores, por el auge de las soluciones represivas, no solo de cara a “cumplir la ley” y asegurar las inversiones transnacionales y corporativas, sino también de cara a la próximas elecciones y a las ofertas de “mano dura” del PP, Partido Patriota, principal competidor de la UNE.

Esta nueva coyuntura podría compararse –salvando las distancias– con la coyuntura del cambio de gobierno del de Kjell Laugerud al de Romeo Lucas, que implicó, entre varios otros elementos, la ejecución de la masacre de Panzós (1978) y el inicio de un nuevo período y forma de la violencia estatal y genocidio (1979 - 1983), en el contexto de la consolidación inicial del proyecto desarrollista-militar de la Franja Transversal del Norte.

Si aquella coyuntura marcó el inicio de una nueva fase en la guerra contrainsurgente, la presente coyuntura marca una nueva fase en la guerra del capital contra la naturaleza, los bienes comunes y los pueblos. Al respecto, recordemos que los actuales desalojos en el Valle del Polochic no son la excepción sino la regla, toda vez que se dan en un contexto represivo de varias formas de resistencia de los pueblos (región ixil, región mam, región kaqchikel, entre otras). Lo que cambia en la coyuntura no es la dirección de la violencia estatal, sino su intensidad.

Este contexto se vuelve aún más complejo con: Primero. El mencionado comunicado oficial, donde el gobierno de la UNE proclama su preocupante intención de congelar “todo espacio de diálogo en el que participen organizaciones sociales que desarrollen medidas ilegales”, y Segundo. La intención del gobierno de emitir un reglamento de consultas que no solo responde a los intereses de grupos empresariales, sino que también pretende reglamentarlas de ahora en adelante (o sea, sin tomar en cuenta a las 800,000 personas que ya votaron por el NO a los megaproyectos, y en especial por el NO a la minería).

El contexto post electoral de la transición UNE/GANA - PP (o UNE – UNE/GANA) no marcaría muchos cambios al respecto. En ambos casos, está claro un incremento en la represión contra los pueblos campesinos e indígenas. En ambos casos, queda claro que el modelo de acceso a la tierra por la vía mercado está agotado (para los campesinos), mientras que se seguirán impulsando desalojos como los que hoy nos hemos referido, toda vez que los capitales corporativos y transnacionales no quieren esperar más para apropiarse de los territorios, de los bienes comunes naturales y del trabajo de los pueblos.

Perú: Piden 30 años de cárcel para defensores de la Madre Tierra

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La criminalización del ejercicio de los derechos indígenas en el Perú se impone junto con el modelo neoliberal. Entre los acusados hay un anciano de 78 años.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Entre los acusados por protestar contra la imposición de la minería hay un anciano de 78 años. Sobre 18 defensores de la Madre Tierra y de los derechos de sus comunidades pesa la amenaza de treinta años de cárcel. Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior de Ancash (Perú) ha solicitado esta pena privativa de la libertad contra los indígenas.

Los acusados deben comparecer ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de esa región, presidida por Carlos Rodríguez Ramírez, el martes 19 de este mes. Los delitos de los que se les acusa van desde obstrucción de los servicios públicos hasta secuestro. Todo por participar hace cuatro años en una movilización contra la imposición minera en sus territorios, específicamente en el cerro Condorhuain, lugar sagrado donde nacen las aguas que abastecen a las comunidades de la zona para su consumo y sus actividades agrícolas.

El proyecto minero a cargo de la empresa minera Barrick Misquichilca SA afecta directamente a la comunidad campesina Santiago Antúnez de Mayolo y los centros poblados de Acomarca, Ucru, Pacchac, Quenuayoc, Cruzpampa, Atipayán, Picup y Cochac.

La criminalización del ejercicio de los derechos indígenas en el Perú se impone junto con el modelo neoliberal, a través de normas inconstitucionales que vulneran los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por tratados internacionales.

Se trata de un paquete de decretos legislativos emitidos en julio del 2007 por el presidente Alan García Pérez, los cuales crean nuevas figuras delictivas para actos reivindicativos como movilizaciones y protestas sociales, aumentan desproporcionadamente las penas por estos “delitos”, militarizan diversas zonas del país y buscan la impunidad para policías y militares que provocan lesiones o muerte entre los manifestantes.

En este caso concreto, a los acusados se les está vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a reunirse pacíficamente, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica y cultural de la nación, y a su identidad étnica y cultural.

La CAOI reitera su llamado a las organizaciones indígenas y del movimiento social en su conjunto y a los organismos de derechos humanos, a defender la libertad de los defensores de la Madre Tierra y exigir el fin de la criminalización de la protesta social.

Convoca Sicilia a un pacto nacional


Javier S

MÉXICO, D.F..- El poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue ejecutado en Temixco, Morelos, el pasado 28 de marzo, junto con otras seis personas, convocó hoy a los diferentes sectores del país a un pacto nacional, con el 
propósito de “rehacer el suelo de la nación”.


Luego de subrayar la necesidad de hacer a un lado las luchas ideológicas y partidistas, argumentó:


“Lleguemos a un pacto, por lo menos un pacto nacional entre nosotros, porque si no, no vamos a salir, pero la convocatoria no puede salir de mí, quienes están al frente del país son los que tienen que convocar a esto”, dijo.


En entrevista con Radio Fórmula,          Sicilia reiteró que él puede sentarse con todos los sectores a dialogar, pero aclaró que el que tiene que convocarlos a un pacto nacional, por estar al frente del país, es el presidente Felipe Calderón.


El creador de “Lo Abierto” y “El sobreviviente”, entre muchos otros poemas, planteó que de no hacer nada ante la ola de violencia que aqueja a los mexicanos, se estaría contribuyendo con los grupos del crimen organizado.


“Yo he estado insistiendo en que tenemos ahorita que dejar entre paréntesis nuestras luchas ideológicas, partidistas, ni izquierda ni derecha ni nada, para pensar en rehacer el suelo de la nación con cuatro o cinco puntos fundamentales: seguridad (hay que volver a replantear este tema), el problema del narcotráfico, la educación, la cultura y empleo”, expresó.


Es necesario, insistió, que en el país se dejen entre paréntesis las luchas ideológicas y partidistas para que todos los sectores de la sociedad se pongan a pensar en cómo rehacer las bases de la nación mediante un pacto nacional.


"Que nos sentemos, dejando nuestras diferencias a un lado, representantes fundamentales, a pensar cómo rehacemos el tejido de la sociedad”, agregó.


El escritor y colaborador de la revista Proceso también habló de la misiva que le envió la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, en le que le pide levantar, por su seguridad, el plantón que instaló frente al Palacio de Gobierno de Morelos, en demanda de que se esclarezca el asesinato de su hijo.


"El plantón no se va parar, ahí sí que discúlpenme, pero dejar el plantón es claudicar, es debilitarnos como ciudadanía, no, no lo vamos a levantar, ni modo", dijo, y afirmó que está tomando todas las medidas necesarias para no exponer la vida de los que lo apoyan y la propia.

Calderón, a juicio


MÉXICO, DF,.- En una guerra existen protocolos para actuar, para el trato a los rehenes, para el trato a la prensa, existe, en suma, la Convención de Ginebra que marca la ruta para que uno y otro bandos actúen y tomen decisiones, y existe también La Haya para juzgar a quienes se
considere criminales de guerra.

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
         En México existe una guerra de un gobierno contra un sector de la población: los que forman parte del crimen organizado. Hubo una declaración unilateral anunciada el 6 de diciembre del 2006, pero lo que nunca existió fueron los protocolos que permitieran juzgar a quien, en nombre de esta guerra, cometiera abusos, violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos.

         Felipe Calderón Hinojosa decidió sacar al Ejército de sus cuarteles y dijo que habría bajas, que cuatro años más tarde recibieron el mote de “daños colaterales”, pero lo que nunca dijo fue cómo evitarlos o quién juzgaría a aquellos que cometieran abusos.
Dejó, por ejemplo, que el Ejército se siga escudando en el fuero militar para que los atropellos de éstos no fueran juzgados. No hizo nada por profesionalizar a los policías federales de Genaro García Luna y sí, en cambio, ha dejado que el titular de la SSP federal siga actuando a pesar los señalamientos en su contra.

         El problema no es que se combata al crimen organizado, el punto es que la forma de hacerlo no ha traído nada bueno y, lo peor, no ha disminuido la narcoviolencia. A García Luna se lo repiten legisladores de todos los partidos cada vez que acude a la Cámara de Diputados, pero por otro lado los mismos legisladores no hacen nada para detener el baño de sangre que existe en México.

         Todos se llenan la boca diciendo que hacen su parte, que le han dado los instrumentos al Ejecutivo federal para acabar con el crimen organizado, que le aprobaron esta y tal ley, pero han sido incapaces de cuestionar otros aspectos; incluso no han podido ser un contrapeso para, como Poder Legislativo, poner un freno al Ejecutivo. Lo dejan ser omnipotente, como si cada una de sus decisiones no pudiera ser cuestionada o… juzgada.

         No ha habido una discusión seria en la Cámara de Diputados para detener este baño de sangre, pero sí muchos momentos para criticar y cuestionar. Hechos que han sido menos que llamados a misa para los funcionarios federales como, por ejemplo, el propio Calderón o García Luna.

         Nadie ha puesto sobre la mesa temas como la ausencia de protocolos para detener, para investigar o para combatir el crimen organizado a cargo de las Fuerzas Armadas, porque bien es sabido que éstas se encuentran violando la Constitución al participar en el combate al narcotráfico. No le han dado al Ejército las herramientas legales para actuar y es lo mismo que dejarlos actuar en la impunidad. Y de poner un alto a los abusos de las policías tampoco se habla o se trabaja en el Poder Legislativo.

         Uno se pregunta, ¿existen averiguaciones previas contra los 35 mil muertos que lleva esta “guerra” de Calderón? Por supuesto que muchos de los fallecidos han tenido participación en el crimen organizado, pero otros tanto no y también han formado parte de esta masacre. Y como prueba están ahí los más de 70 muertos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Quién los asesinó, el crimen organizado, las policías, el Ejército, el Poder Legislativo, el Presidente de la República, quién?

         ¿Por qué ni diputados ni senadores reparan en todo esto?

En los hechos, los legisladores de esta y la pasada Legislatura son cómplices de lo que está aconteciendo, ya que sólo se quejan y no hacen nada para decirle: “Ya basta, señor Calderón”, “ya basta de que los asesinatos se haya convertido en algo rutinario”.

         Los legisladores se la pasan discutiendo asuntos menores frente a lo que vive el país. No se preguntan, por ejemplo, qué hacer, cómo ayudar a los 15 mil niños huérfanos que ha dejado esta guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua. No se atreven siquiera a preguntarse cómo evitarán que el rencor de los vivos, que sufrieron alguna pérdida, los lleve a delinquir, a odiar, a golpear, a ver la violencia como algo natural y, por tanto, a reproducirla.

         Piensan, quizá, que esta realidad nunca los alcanzará; pero un niño de 10 años al que en el 2000 le mataron a sus padres, ya sea por el fuego cruzado o porque formaban parte del crimen organizado, porque fueron “daño colateral”, porque eran policías que combatían a “los malos” o porque sus padres eran militares y cumplían órdenes del jefe supremo de la Fuerzas Armadas, contará al finalizar este sangriento sexenio con 16 años. Quizá mañana ese niño, hoy huérfano, sea su verdugo.

         Legisladores y gobernantes sólo piensan en el 2012, en quién ocupará la silla presidencial. Pero ese año, quien gane, tendrá que lidiar con el odio y rencor que este gobierno ha hecho recrudecer, y se enfrentará con miles de jóvenes que están creciendo en una sociedad vejada.

         Quizá mañana quieran llevar a juicio a los militares de este sexenio, quizá quieran llevar a la cárcel a cientos de policías que en medio de esta guerra han abusado del poder y violentado las garantías individuales de cientos de mexicanos. Pero ahora, ¿por qué no hacen nada, por qué no obligar al gobierno federal a detener este baño de sangre?

Si el gobierno federal vive en la indiferencia del clamor de la gente que pide a gritos un cambio en la estrategia anticrimen, en el Poder Legislativo se vive, sin atreverse a aceptarlo, una complicidad. Así fue desde el momento mismo en que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa protestar como presidente de la República. Por el bien de la nación, de las instituciones, dijeron los priistas aquel diciembre de 2006; hoy, por esa misma razón, por el bien de la nación, debieran destituirlo y llevarlo a juicio.


Dato: ¿En qué se ocupó el Poder Legislativo esta semana? En ver de qué manera impedían la difusión de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Senadores de PRI y PAN, de la comisión bicameral del Congreso de la Unión, votaron en contra de que se televisara la visita del tabasqueño. Y en cámara, los priistas afines a Enrique Peña Nieto estallaron en cólera cuando se enteraron que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez --también priista--, lo recibiría.

            Algo más en que se ocuparon los senadores fue en votar para que llegara Marisela Morales a la Procuraduría General de la República, quien en más de una ocasión ha sido acusada de manipular expedientes: por ejemplo, el desafuero de
El Peje o el expediente del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Habrá que esperar si en el camino a la Presidencia del 2012 no surgen de PGR “expedientes negros” contra políticos.


¡No más sangre! ¡Alto a la impunidad!


Jesusa Cervantes

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