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domingo, 1 de mayo de 2011

Mueren mil 236 niños por violencia en sexenio de Calderón


Una mujer murió junto con sus dos nietos a manos de sicarios en Acapulco. Foto: Bernardino Hernández/Cuartoscuro (Archivo)


México.- Si bien la cifra de muertos desde que comenzó la lucha antinarco implementada en el actual gobierno de Felipe Calderón ha generado polémica, el número de niños que han perdido la vida es alarmante.

De acuerdo con Nasheli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social, mil 236 niños y adolescentes han muerto en México en el marco de la estrategia contra el narcotráfico.

Señaló que en el reporte que las autoridades federales en enero es de 34 mil muertos, sin embargo no hacen un desglose por edades. “Lo sabemos (la cifra) por nuestro monitoreo", sostuvo.

En conferencia de prensa, Nasheli Ramírez indicó que la violencia relacionada con la delincuencia organizada ha dejado entre 30 mil y 40 mil niños huérfanos, de los cuales alrededor de 9 mil se encuentran en Ciudad Juárez. 

"En mayo de 2010 la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad y Género, pidió a la Procuraduría General de la República y otras instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina y el Consejo de Seguridad que proporcionaran información sobre los huérfanos y es la fecha en que no la tenemos", expresó. 

En tanto, Laurencio Garraza, integrante de la Organización Popular Independiente de Ciudad Juárez, informó que sólo este año se han registrado 50 decesos violentos de menores en esa localidad fronteriza.

Indicó que la violencia ha afectado a todos los niños, incluso a aquellos que no han sido víctimas directas, pues muchos además han sufrido la pérdida de uno de sus padres, víctimas del Gobierno Federal

"Los niños no sólo están en situación de orfandad, sino que viven el paso de la estafeta y el cambio de turnos por la ausencia de papá o mamá. Hay un impacto en la estructura familiar. Son niños que se sienten cada vez más solos, sin identidad, sin una referencia más profunda", señaló.

Para José Luis Flores, de la Red por la Infancia en Juárez, urge reforzar la protección de los niños frente a la violencia, por lo que impulsó una ley que proteja a los niños, que los haga sujetos de derecho.

“Chihuahua carece de una ley de protección de la infancia", dijo, por lo que "se requieren programas innovadores de protección a niñas u niños en situaciones complejas. En Juárez vivimos una situación compleja y no acciones que atiendan estas complejidades".

Gobierno mexicano, omiso ante señalamientos de la CIDH


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha develado ante la comunidad internacional la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón con las libertades de expresión y de prensa, coinciden defensores de derechos humanos y periodistas. El informe sobre México documenta persecución, acoso y represión contra medios y reporteros que ejercen su labor de manera independiente. Para organizaciones civiles, sólo fue la confirmación de lo que han venido denunciando desde hace casi cinco años

El Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa. La conclusión es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, publicado por el organismo internacional en Washington el 7 de marzo pasado.
En entrevistas por separado, periodistas y defensores de derechos humanos señalan que el Informe le da a México la posibilidad de rectificar y mejorar el clima en el que los periodistas ejercen su oficio. Advierten que el documento impone obligaciones a las autoridades: prevenir, investigar y sancionar las agresiones contra periodistas.

Artículo 19: el Estado mexicano debe rectificar

“La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pone énfasis en el clima de violencia que afecta a la prensa mexicana. Documenta la censura directa, pero también otros mecanismos de censura indirecta, mismos que han generado un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico. Es el caso de la revista Contralínea y sus periodistas, quienes han sido víctimas de acoso judicial.
“El informe exige que, a la brevedad, el Estado mexicano adopte medidas para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en el país, así como para prevenir, investigar y sancionar a quienes cometan agresiones contra periodistas.
“Queda establecida la importancia de la aplicación de estándares internacionales para evitar el uso de figuras jurídicas, como difamación, calumnia e injuria, que pretendan inhibir el ejercicio periodístico, más aún cuando se trata de temas de interés público como la denuncia de actos de corrupción”. (Cynthia Cárdenas, consultora legal de la Oficina para México y Centroamérica de la organización internacional Artículo 19)

Cencos: la CIDH le pone rostro a las agresiones

“El pleno de la Organización de los Estados Americanos aprobó elInforme. La relatora Catalina Botero y los abogados Alejandra Negrete Morayta y Michael Camilleri, junto con Frank La Rue, relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión en el país, verificaron cada uno de los ejemplos mencionados en elInforme.
“El documento recoge muchas de nuestras preocupaciones. Nos da elementos desde la mirada internacional, desde el enfoque de derechos humanos, de lo que está pendiente en la agenda del país. En gran medida puede ayudar cuando se cumpla lo que demanda la Relatoría. En el escrutinio internacional, el Estado mexicano queda como alguien que no está garantizando el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
“Entre los temas que destacaría, están las agresiones a periodistas, la pluralidad informativa y la publicidad oficial bajo el contexto de violencia, impunidad y autocensura en el que se vive.
“Hay 13 ejemplos en el apartado sobre agresiones a medios de comunicación. Siempre estamos hablando en general del problema, pero el Informe le pone rostro a las agresiones”. (Brisa Maya Solís Ventura, directora del Centro Nacional de Comunicación Social)

Frente Nacional de Periodistas: México, el más peligroso para el gremio

“Es lamentable que instancias internacionales tengan que señalar los casos en que fueron violados los derechos humanos, concretamente la libertad de expresión en México. Destaca entre los casos el de la revista Contralínea, donde los trabajadores, reporteros, distribuidores y el director han padecido acoso, robo, agresiones, amenazas y juicios con el fin de acallar la verdad.
“Con estos recursos, pretenden impedir la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; así, no sólo se vulnera el derecho de los periodistas y trabajadores de ese medio, sino el derecho que tiene la sociedad de recibir la información.
“En México, la violencia predomina el ambiente. Sólo en 2010, hubo 12 periodistas asesinados y hay, al menos, otros 12 desaparecidos en la última década. Esta situación coloca a México como el país donde se cometen mayor número de agresiones contra periodistas. El gobierno de Felipe Calderón no puede justificar el asesinato de 40 mil personas bajo la farsa de que es producto del combate al narcotráfico.
“La Relatoría indica que las acciones interpuestas a la revista buscan hostigar a los periodistas y a ese medio informativo. El acoso se ha manifestado con la promoción de al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas.” (Judith Calderón, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Jornada y coordinadora del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión)

La CIDH recuerda que México no ha cumplido: RSF

“Los gobiernos tienen una obligación moral de cumplir con las recomendaciones, de tomar medidas y establecer mecanismos encaminados a proteger y garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
“El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recuerda a las autoridades que hay compromisos y recomendaciones que no se han cumplido.
“La Comisión hace un señalamiento directo de la judicialización de la libertad de expresión, es decir, aquellos casos donde funcionarios públicos o autoridades se sienten agraviadas por informaciones difundidas. Hace un llamado a revisar el sistema de justicia no sólo en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil.
“Si hay voluntad, lo ideal es que las recomendaciones se cumplan desde ya y se encaminen a sosegar el clima de inseguridad e impunidad que hay para el ejercicio periodístico.” (Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras)

Libertad de prensa en México, en su peor época: CIDH


El veto publicitario del gobierno de Felipe Calderón y el acoso judicial de contratistas de su administración en contra de este semanario son parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe de su visita oficial a México, la institución de la Organización de Estados Americanos urge al presidente resolver el agravio en cumplimiento a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión el Estado está obligado a cumplir

La prensa mexicana vive en el sexenio de Felipe Calderón una de sus etapas más infaustas: en enero de 2010, con el asesinato del periodista guerrerense Jorge Ochoa Martínez, editor del semanario El Sol de la Costa, el país se ubicó a la cabeza en el índice mundial de periodistas asesinados, agravio al que se suman desapariciones forzadas, acoso, agresiones físicas, amenazas de muerte, censura y la autocensura por la que han optado incontables comunicadores como única vía de seguridad. Tan negro es el panorama que los organismos internacionales definen a México como el país más mortífero para la prensa.
Junto a esos agravios, el acoso judicial y el veto publicitario en contra de medios de comunicación independientes son los principales retos que enfrentan el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México, concluye el Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido en Washington el 7 de marzo.
Dicho informe –que deriva de la primera visita oficial que la Relatoría, al frente de la abogada colombiana Catalina Botero Marino, realiza a México– incluye una serie de recomendaciones que, en su calidad de jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón deberá considerar en apego a los acuerdos internacionales que en materia de libertad de expresión ha signado el Estado mexicano y como país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La visita oficial de la relatora Catalina Botero y sus abogados Alejandra Negrete Morayta y Michael Camilleri tuvo lugar del 9 al 24 de agosto. La misión –que tuvo como objetivo observar la situación de la libertad de expresión en el país– se realizó en conjunto con el relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y su equipo de trabajo.
Las Relatorías se reunieron con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales pertenecientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con representantes de órganos autónomos.
Con el secretario de Gobernación, el procurador General de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los representantes de la CIDH y de Naciones Unidas abordaron el caso de este semanario como un medio de comunicación “vetado” por el gobierno de Felipe Calderón, en represalia por publicar investigaciones periodísticas que han documentado presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados altos funcionarios de su gabinete, particularmente en el sector energético.
El último día de la visita, el 24 de agosto, en conferencia de prensa presentaron un informe preliminar para exponer los temas considerados “más preocupantes” en el panorama mexicano (incluyeron en ellos el caso Contralínea). Las relatorías expusieron que, en 2011, su informe oficial incluiría las recomendaciones que, desde la óptica de los organismos internacionales, Felipe Calderón deberá atender según los estándares mundiales de prensa y libertad de expresión, y en cumplimiento también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El informe difundido en Washington corresponde a la CIDH; la Relatoría de la ONU hará lo propio en junio próximo. Ambas relatorías documentan el caso Contralínea en dos vías: la del veto publicitario para un medio de comunicación por su línea editorial y el acoso judicial para inhibir su trabajo profesional, incluidos allanamientos, amenazas, arrestos, entre otros.

El veto publicitario

El informe documenta que, “en México, el gasto público en publicidad oficial es alto y tiende a aumentar. Según la información entregada por el Estado, en 2009 el monto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo federal fue de 5 mil 371 millones 418 mil 470 pesos mexicanos, equivalentes a 410 millones 580 mil 429 dólares, el cual representa un aumento de más de 60 por ciento comparado con el gasto de 2006. Un monto tan significativo en publicidad oficial hace aún más importante la existencia de reglas claras y objetivas para su asignación”. Pero “en México no existe una legislación específica que establezca claramente los criterios que deben usarse al momento de asignar la publicidad oficial”.
Al respecto, la CIDH tomó como referencia la Recomendación 57/2009 en la que, en septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó el veto publicitario oficial en contra de este semanario por sus investigaciones periodísticas.
Refiere el informe de la CIDH:
“En el contexto de este marco legal, la Relatoría recibió información sobre casos en los cuales la publicidad oficial habría sido asignada en función de las líneas informativas de los medios de comunicación. La CNDH acreditó, por ejemplo, que después de que la revista Contralínea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial en dicha revista. La CNDH recomendó al director de Petróleos Mexicanos ‘girar sus instrucciones a quien corresponda, para que Petróleos Mexicanos cuente con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial’.”
También consideró los casos de la revista Proceso y de los periódicos AM y Al Día, de Guanajuato, vetados por su línea editorial.
La CIDH le dice al Estado mexicano que “es esencial asegurar que la pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de comunicación independientes o críticos del gobierno, o como subsidio encubierto que beneficie, directa o indirectamente, a los medios de comunicación afines o condescendientes con las autoridades”.
Y que “los Estados deberían decidir qué comunican y dónde comunican sus mensajes a la sociedad, en función de criterios objetivos vinculados con la mejor manera de transmitir esa información de forma más eficaz, y con absoluta independencia del contenido informativo o editorial del medio que deban contratar para tales efectos . Resulta imprescindible que los Estados cuenten con una regulación específica que fije expresamente criterios previos y objetivos de asignación de la pauta oficial, redactados de manera clara y precisa”.
La recomendación de la CIDH fue hecha de acuerdo con los criterios internacionales, pues el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la ONU dice que “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y de créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y debe ser castigado por la ley”.
Dice la CIDH que, en el marco de la visita in loco, el Ejecutivo federal reconoció la necesidad de adoptar una legislación que establezca reglas para el manejo de la publicidad oficial que aplican de manera homogénea en todo el país y a todos los niveles y ámbitos del gobierno, aunque hasta ahora no ha habido muestra alguna de que Felipe Calderón esté dispuesto a cumplir con las recomendaciones de la CIDH y sus obligaciones como jefe del Ejecutivo.
En su informe, la Relatoría “insta” a que el Congreso de la Unión legisle al respecto. Cabe señalar que éste es uno de los grandes pendientes en el Legislativo. Distintos grupos parlamentarios lo han puesto en la agenda sin que aún se llegue a un acuerdo por la legislar sobre la partida presupuestal, de la que el Ejecutivo dispone de manera discrecional.
El llamado más reciente es el del senador Carlos Sotelo García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y presidente de la Comisión de Radio y Televisión.
En abril, en un punto de acuerdo que presentó en el Senado de la República, el legislador presentó el caso de Contralíneacomo el “ejemplo paradigmático” de la asignación arbitraria y discriminatoria que Calderón hace de la publicidad oficial “con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Lo que, según consideraciones del senador, constituye “una forma de censura directa”.

Acoso judicial, agravio a la libertad de expresión

En su informe, la oficina de la OEA expresa su preocupación por el acoso judicial a Contralínea durante este sexenio –como represalia al trabajo periodístico– por parte de funcionarios y empresarios supuestamente beneficiados de actos de corrupción.
La CIDH ha llamado reiteradamente a los Estados a no criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente respecto de asuntos de interés público.
La CIDH considera que la utilización de mecanismos para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre servidores públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor respecto del debate sobre asuntos de interés público.
Al respecto, la relatora Botero –doctorada por la Universidad Complutense y el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid– dice en su informe:
“La Relatoría también recibió información sobre acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios. Al respecto, la Relatoría recuerda que, como lo ha indicado la Corte Interamericana, las opiniones no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas; por ello, la opinión no puede ser objeto de sanción. Asimismo, deben existir estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.”
Al abordar el tema del acoso judicial en contra de los periodistas de este semanario, la CIDH le recuerda a Felipe Calderón que “los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo. Cabe recordar que, como la Corte Interamericana ha observado, el temor a la sanción civil puede ser tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, con el resultado evidente de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos”.
Desde 2009, tanto la CIDH como la ONU en sus oficinas sede han documentado el acoso judicial en contra de este semanario y han enviado diversas comunicaciones diplomáticas al gobierno de Calderón en las que le han hecho saber su preocupación por la escalada de agresiones por parte de contratistas de su gobierno.
De las demandas que se han presentado en contra de este semanario con la finalidad de inhibir el que se documenten supuestos negocios irregulares , la CIDH cita como ejemplo las demandas promovidas por el consorcio gasero Zeta Gas, de la familia Zaragoza López, financieros de campaña de Felipe Calderón, según su director Jesús Alonso Zaragoza López.
Puntualiza: “En algunos casos, las acciones civiles interpuestas habrían sido promovidas con el propósito de hostigar a periodistas y medios críticos. La CNDH ha caracterizado como un ‘acoso’, por ejemplo, las acciones civiles impulsadas contra periodistas de las revistas Contralínea y Fortuna. Negocios y Finanzas por parte de particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial quienes promovieron en su contra al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas distintas.
“Según la información recibida, en uno de estos casos el juez 44 de lo Civil del Distrito Federal condenó, el 30 de mayo de 2008, al director de Contralínea Agustín Miguel Badillo Cruz, a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza y a la empresa a la cual pertenecen las revistas mencionadas. La sentencia concluye que las notas publicadas sobre el presidente del consejo de administración de un consorcio empresarial con más de 80 compañías, que reproducen una entrevista dada voluntariamente por el propio implicado, así como documentos entregados por éste, constituyeron un ‘abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión, con el que se lesionó el honor de la parte actora’. El fallo judicial no otorga importancia a ‘la circunstancia de que el actor haya admitido las entrevistas y entregado documentos’, ni tampoco a ‘la circunstancia de que alguna información sea del dominio público tanto en territorio nacional como en el extranjero’. La sentencia ordena publicar integralmente el texto del fallo en las revistas y retirar de las páginas de internet de las revistas los artículos cuestionados en el caso.
“La apelación resuelta por la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el 23 de septiembre de 2008, mantuvo la condena, y el amparo directo presentado por los condenados fue negado el 11 de diciembre de 2008 por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil. En sus observaciones sobre la versión preliminar del presente informe, el Estado mexicano informó que “el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace notar de manera sobresaliente que en este asunto, como se desprende de la misma narración, todas las instancias, esto es, el juez resolutor quien condenó en ejercicio de su función jurisdiccional, así como los magistrados de sala correspondiente que confirmaron la resolución estuvieron de acuerdo en la condena, e incluso el amparo interpuesto por los demandados les fue negado.
“Preocupa además a la Relatoría que en el marco de los procesos mencionados en el párrafo anterior, un juez civil dictó una medida provisional contra los periodistas y la empresa prohibiéndoles referirse a los demandantes ‘a través de insultos’ en sus notas periodísticas, medida que equivaldría a una censura previa. Adicionalmente, según la información recibida por la Relatoría, en el marco de dichos procesos civiles, el director de Contralínea fue detenido en circunstancias cuestionadas por la CNDH.
“Asimismo, según información de la CNDH, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y varios civiles que, según información de la revista, se identificaron como representantes de los demandantes, se introdujeron intempestivamente en las instalaciones de dicha revista el 11 de febrero de 2009.”
Subraya la Oficina en Washington: “La Relatoría expresa su preocupación ante estos hechos, que revelarían un intento de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a periodistas”.
Documenta que entre los ataques en contra de este semanario, el 12 de abril de 2010 las instalaciones de la revista fueron robadas. De las oficinas administrativa y editorial sustrajeron documentos financieros, fiscales y el equipo de cómputo del editor de la revista. El robo fue denunciado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
También que, el 23 de junio de 2010, el encargado de distribución de Contralínea en Puebla, Israel Maldonado Flores, fue golpeado, robado y amenazado en Izúcar de Matamoros por 15 sujetos armados que dijeron ser simpatizantes del Partido Acción Nacional.
En su informe, la Relatoría le recuerda a Calderón que el noveno principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”. Y que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Subraya: “La Relatoría recuerda en este sentido que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano no solamente está obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino también a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares.
“El Estado tiene además la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los autores de dicha violencia, aun cuando las personas responsables no sean agentes estatales. En este sentido, el hecho de que la Relatoría se pronuncie sobre un acto de violencia, no necesariamente implica que ese acto resulte directamente atribuible al Estado. Sin embargo, estos hechos sí ponen de manifiesto la obligación del Estado de prevenir, proteger y, en su caso, sancionar este tipo de hechos.”

Las Recomendaciones

La CIDH le dice a Felipe Calderón que “por la gravedad de la situación que enfrenta la libertad de expresión y las personas que se dedican al periodismo en el país, resulta urgente que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección, y procuración de justicia, con la finalidad de garantizar las condiciones para un debate democrático libre, desinhibido y robusto”.
En el caso Contralínea, la CIDH se dice “preocupada” por las acciones legales de carácter civil contra periodistas, “que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica”. Por ello, recomienda a Calderón “garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.
La CIDH refiere que sus recomendaciones están encaminadas a fortalecer la libertad de expresión de todas las y los mexicanos.
“Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”

El discurso oficial

En febrero, el gobierno mexicano envió a la CIDH su postura respecto del informe. Aseguró que “considerará” las recomendaciones hechas por la Relatoría en cumplimiento de su mandato.
En su comunicación oficial, el gobierno de Calderón reconoce que la atención a los casos documentados por la Relatoría –entre ellos el de Contralínea– representan “los desafíos emergentes para la libertad de expresión en la coyuntura que atraviesa nuestro país, así como en la implementación de mecanismos y estrategias que garanticen el ejercicio pleno de este derecho fundamental en nuestro país”.
Pero omite que desde septiembre de 2009, en su Recomendación 57/2009, la CNDH le hizo diversos extrañamientos para que su administración levantara el veto oficial que desde Los Pinos se ordenó en contra de Contralínea. Tanto él como su gabinete fueron omisos a las consideraciones de la CNDH, que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace extensivas.

Fracasa el “presidente del empleo”


México.- A menos de dos años de que concluya su sexenio, Calderón Hinojosa ha sido incapaz de crear los empleos que prometió; por el contrario, el número de personas sin ocupación ha aumentado durante su gobierno. Al mismo tiempo, se han deteriorado las condiciones laborales como no ocurría desde el fin de la Revolución Mexicana. El fracaso del “presidente del empleo” es evidente a pesar del sigilo con el que se manejan las cifras sobre el tema

Pese al triunfalismo oficial, los propios datos del gobierno confirman el fracaso de la administración de Felipe Calderón en materia de empleo: más de 8 millones de desempleados, casi 12.5 millones de personas laborando en la informalidad y 1 millón más con empleos temporales.
Lejos han quedado los días en que Calderón Hinojosa, todavía como candidato presidencial, se autoproclamaba “presidente del empleo” y prometía crear, cuando menos, 800 mil nuevos trabajos anualmente.
A poco más de un año de que concluya su sexenio, el michoacano no ha cumplido con dicha meta: en 2010, la cifra de nuevos empleos fue de 730 mil, considerada “histórica” por ser la más alta en los últimos 14 años.
Pero la mayor parte de esos empleos ni siquiera podría considerarse como plazas creadas, pues en realidad se trató de trabajos recuperados tras la crisis económica de 2009.
Además del fracaso en la generación de empleos, el mandato de Calderón Hinojosa se ha caracterizado “por acabar con el derecho del trabajo”, considera el abogado laborista Néstor de Buen.
De Buen sostiene que el empeoramiento de la situación laboral ha sido alentado tanto por el titular del Ejecutivo como por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quienes buscan modificarla “de manera tal que sirva a las empresas sin ninguna limitación”.
La actual propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo –promovida por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional– sería la formalización de este deterioro, a decir del abogado. Pero aun sin ser legal, la lesión a los derechos de los trabajadores es una realidad cotidiana.

Cifras del desempleo, sigilo deliberado

Desde el año pasado en que presumió la cifra “histórica” de 730 mil empleos creados, Calderón Hinojosa sólo ve buenas noticias en materia laboral. En su intervención durante la presentación de resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, abonó al triunfalismo oficial que en la década de gobiernos panistas no sólo ha aumentado el número de trabajadores, sino también sus salarios.
Pero hasta los datos oficiales echan por tierra el optimismo gubernamental. La Encuesta nacional de ocupación y empleo(ENOE) muestra que para septiembre de 2000, el número de personas desocupadas era de 1 millón 120 mil, mientras que para el mismo periodo del año pasado la cifra aumentó a 2 millones 650 mil, es decir que en esos años quedaron en la calle 1.5 millones más de personas.
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hace un cálculo menos halagüeño y reporta no sólo que la cifra de desempleados rebasa actualmente los 8 millones, sino que 3 millones 330 mil de éstos son producto de los gobiernos panistas.
Y es que el CAM contabiliza, además de las personas desocupadas, a aquéllas que se encuentran disponibles para trabajar pero que son omitidas en las estimaciones de la ENOE por considerarlas “población no económicamente activa”. La explicación metodológica es que dicha población no se encontraba “buscando activamente” un trabajo al momento de realizar la encuesta.
De este modo, afirma el CAM, las cifras reportadas “ocultan deliberadamente” la dimensión real del desempleo, pues sólo miden una tasa de desocupación que “excluye a la gente vencida por no encontrar empleo, a mexicanos que por falta de oportunidades han tenido que migrar dejando atrás a sus familias y el poco patrimonio que hayan podido lograr”.
Conforme a los cálculos del Centro, para septiembre del año pasado el desempleo real había afectado a 8 millones 110 mil personas, el triple de la cifra reportada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) –encargado de realizar la ENOE.
Hasta la fecha, el Inegi no ha publicado los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2010 ni al primero de 2011. Aunque desde marzo está disponible la información sobre la población que sí tiene trabajo –que sirvió a Calderón Hinojosa para hacer sus declaraciones–, los datos más recientes sobre el desempleo siguen en sigilo.
El Inegi arguye que aún se encuentra procesando la información. En marzo pasado, presentó cifras preliminares de la ENOE, entre las que señala que la tasa de desocupación para ese mes fue de 5.09 por ciento, superior en casi dos puntos a la que había al inicio del sexenio.

Informalidad, la oferta calderonista

De acuerdo con el CAM, en la última década se han incorporado al mercado laboral 12 millones 173 mil 511 personas, pero sólo el 53 por ciento ha encontrado un empleo en el sector formal. Los otros 5 millones 721 mil 550 han tenido como alternativas el trabajo informal o el desempleo.
Hasta el año pasado, 12 millones 445 mil trabajaban en la informalidad, de los cuales 1 millón 40 mil habían engrosado la estadística durante este sexenio. Ello significa que la informalidad ha crecido 9 por ciento en los últimos cuatro años, prácticamente el doble del aumento en el sector formal, que ha sido de 4 por ciento.
El CAM califica esta desproporción como un “déficit de empleos formales”, que demuestra que la informalidad sigue siendo la alternativa inmediata de las personas que no encuentran un empleo formal o pierden el que ya tenían.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el 36.5 por ciento de los trabajadores no tiene prestaciones sociales. A esa proporción se suman el 42 por ciento de trabajadores que no recibe utilidades o prima vacacional, 31 por ciento que no tiene sistema de ahorro para el retiro, 21 por ciento al que no le pagan vacaciones y los 10 de cada 100 que no reciben aguinaldo.
Las estadísticas podrían develar también el panorama actual del outsourcing, socorrido lo mismo por empresas privadas que por entidades públicas y que atenta contra la estabilidad en el trabajo, la seguridad social y la organización de los trabajadores.
A pesar de que en los últimos 15 años esta práctica se ha generalizado a nivel mundial, no hay cifras oficiales sobre su incidencia en el país.
Una modificación a la Ley del Seguro Social en 2009 obliga a las empresas que subcontraten trabajadores a registrarlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mas la institución mantiene reservada la información sobre el número de empresas que han acatado la disposición.
El Centro de Investigación Laboral y Acción Sindical y el Centro de Reflexión Laboral (Cereal) han denunciado que el esquemaoutsourcing es violatorio de los derechos laborales; sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lejos de regular su práctica, la alienta al considerarla una forma de crear empleos.

Trabajo temporal al alza

Dado que la informalidad en el trabajo se determina por el incumplimiento a las regulaciones de seguridad social, el indicador con que se mide es el registro de trabajadores en el IMSS.
En lo que va del sexenio calderonista, se han inscrito poco más de 1 millón de nuevos cotizantes, lo que equivaldría también al número de trabajos formales creados. Pero el CAM acota que esta “aparente recuperación no es del todo cierta”, pues la mayoría de dichos empleos son temporales y se pierden en el corto plazo.
Para finales del año pasado, el IMSS reportaba 14 millones 611 mil 629 trabajadores matriculados, de los cuales 1 millón 785 mil 801 eran eventuales.
El pasado 24 de abril, los secretarios del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, informaron que en lo que va del año se han generado 271 mil 235 nuevos empleos, de los cuales 94 mil 932 son eventuales.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010,la cantidad de empleados permanentes aumentó sólo en 1 mil 127 cotizantes, mientras que como trabajadores eventuales se registraron 134 mil 667 más.
Es decir, que entre el periodo previo a la crisis y finales del año pasado se crearon 120 trabajos eventuales por cada empleo formal permanente.
El CEFP también indica que en los últimos dos años, la mayor prevalencia de trabajadores eventuales se ha dado en los sectores de servicios, comercio e industria de la transformación, aun cuando este tipo de trabajos solía concentrarse en el de la construcción.
Manuel Padrón Fuentes, coordinador del Cereal, refiere que el mayor número de trabajos se ha creado en el ámbito de los servicios, mientras que sectores como el agropecuario y el industrial han ido a la baja. Y los empleos generados, coincide Padrón Fuentes, tienden a ser temporales.

Cifras oficiales, sólo para el elogio

El Cereal estima que el número de empleos creados en la última década ha sido de 2 millones 100 mil, un promedio de 210 mil por año. La cantidad es apenas la cuarta parte de los trabajos prometidos por Calderón Hinojosa y “escasamente la quinta parte del mínimo necesario”, afirma Padrón Flores.
Los datos del IMSS reportan 1 millón 60 mil 291 nuevas plazas de trabajo en lo que va del sexenio; mientras que el gobierno federal dice que la “generación neta de empleos”  de junio de 2009 al 15 de abril pasado ha sido de 1 millón 108 mil 346.
A pesar de eso, Calderón Hinojosa se obstina en hablar de importantes avances en la materia.
Padrón Flores considera que el gobierno federal presenta cifras “de manera improvisada” que en nada corresponden con la realidad, en donde la pérdida de empleos va en aumento y se ha reducido la calidad de los que hay.
El coordinador del Cereal critica que el gobierno ensalce los empleos creados, cuando la mayoría de éstos vulneran los derechos de los trabajadores al negarles protección social y estabilidad laboral.
Considera que es una forma de plantear el problema laboral “eludiendo la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos, encargados de la política laboral del país”.

Promesas incumplidas

Aunque Calderón Hinojosa no hace alusión alguna a su promesa de campaña de crear 800 mil empleos anualmente, ésta quedó asentada como política de su gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
El doctor Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, califica dicha propuesta como “poco factible”, pues con los niveles de crecimiento que tenía la economía en 2006 se habrían logrado crear, cuando mucho, 600 mil trabajos por año.
El miembro de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del Iiec considera que para alcanzar su meta, Calderón Hinojosa habría tenido que establecer un plan de inversión en infraestructura desde el principio del sexenio.
En lugar de eso, la estrategia calderonista fue el establecimiento del Programa de Primer Empleo (PPE), que subsidia las cuotas ante el IMSS de los trabajadores nuevos que contrataran las empresas inscritas.
A cuatro años de su puesta en marcha, los resultados del PPE son minúsculos. Sólo se han inscrito 1 mil 530 empresas y sus beneficios han sido acaparados por las cadenas de supermercados Walmart, Oxxo, Soriana y Chedraui (Contralínea 224).
La estrategia en materia laboral la complementaría el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con el que se esperaba ayudar a los desempleados y subempleados para incorporarse o mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.
Pero sus resultados también han sido exiguos. Durante 2009, el PAE sólo logró colocar a 187 mil 581 personas de las 6 millones 406 mil 237 que se encontraban desempleadas y subempleadas entonces, con lo que su cobertura fue de 2.9 por ciento, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, de la Auditoría Superior de la Federación.
Ese año, en medio de la crisis económica mundial, la STPS no tenía forma de evaluar las acciones del PAE ni su impacto. Tampoco contaba con una metodología para evaluar si los empleos en los que se colocó a los beneficiarios del programa habían sido de calidad o si se encontraban dentro del mercado formal.

El teólogo Hans Küng critica con dureza la beatificación de Juan Pablo II

Foto de archivo en blanco y negro tomada el 24 de octubre de 1997 del papa Juan Pablo II a bordo de un Ferrari durante su visita a Maranello (Italia). EFE/Archivo
Foto de archivo en blanco y negro tomada el 24 de octubre de 1997 del papa Juan Pablo …
Berlín.- El teólogo disidente suizo Hans Küng, profesor emérito de Teología Ecuménica, ha criticado con suma dureza la beatificación del papa Juan Pablo II (1920-2005), al que considera un pontífice "intolerante" y "autoritario".
El antiguo papa no puede ser considerado un ejemplo para los fieles de la Iglesia católica, afirma Küng, al que en 1979 le fue prohibida la docencia por orden del Vaticano, en declaraciones que publica hoy el rotativo alemán "Frankfurter Runschau".
El papa Juan Pablo II practicó "un magisterio autoritario con el que reprimió los Derechos Humanos de las mujeres y los teólogos", afirma el teólogo suizo, antiguo profesor en la prestigiosa universidad alemana de Tubinga.
Küng denuncia que el "lado oscuro" del pontífice polaco no ha sido tenido en cuenta en su proceso de beatificación y subraya que Juan Pablo II fue un papa "intolerante e indispuesto al diálogo".
Las críticas de Küng se extienden al actual papa Benedicto XVI, al que acusa de haber precipitado y llevado a cabo en un tiempo récord la beatificación de Juan Pablo II.
"¿El sucesor declara beato al antecesor?. En Roma se actúa como en los tiempos de los césares, que sucesivamente proclamaban la divinidad del anterior emperador", comenta el polémico teólogo, al que el propio Juan Pablo II prohibió continuar con la docencia teológica.
Finalmente afirma que Benedicto XVI ha actuado como un príncipe absolutista y violado el propio derecho eclesiástico para beatificar a Juan Pablo II en un proceso exageradamente acelerado. EFE
Foto de archivo en blanco y negro tomada el 24 de octubre de 1997 del papa Juan Pablo II a bordo de un Ferrari durante su visita a Maranello (Italia). EFE/Archivo

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