Este miércoles el fotoperiodista michoacano Irineo Mújica Arzate cumple siete días de haber iniciado una huelga de hambre frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) de la ciudad de Puebla como protesta para exigir el esclarecimiento de las agresiones de las que fue objeto el pasado viernes en el municipio de Soltepec por parte de personal de la dependencia federal –cuando filmaba un operativo para la detención de indocumentados– y la devolución de sus pertenencias, entre ellas una cámara fotográfica, su celular y dinero. Paralelamente, en la ciudad de México un par de trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) están al borde de la muerte como resultado de una huelga de hambre que han sostenido ante la cerrazón del gobierno federal de negociar una solución al despido que hubo de 40 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Aunque estos dos hechos no tienen relación alguna en las causas que generaron las huelgas de hambre de los miembros del SME y del fotoperiodista Mújica Arzate, al final muestran una misma situación: la frivolidad y la falta de respeto por la vida de parte de altos funcionarios del gobierno federal, que no les interesa medir las consecuencias de sus acciones y se cierran a toda posibilidad de diálogo y de modificar las decisiones que asumen. Ni los trabajadores del SME ni el fotoperiodista Irineo Mújica han cometido algún delito. Sus reclamos son justos y se ubican en la esfera de la defensa de los derechos humanos. Y en cambio la actitud del gobierno federal de no atender sus demandas se inscribe en una línea autoritaria, que de seguir prevaleciendo en la vida del país pone en riesgo la estabilidad y el respeto a las garantías individuales.
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Estamos de vuelta
Hace 9 años
