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miércoles, 17 de noviembre de 2010

Jornaleros inmigrantes logran acuerdo histórico en Florida

  • Firman pacto para aplicar los principios de comida justa en la industria del jitomate
  • Llevó 15 años de lucha alcanzar este convenio: Coalición de Trabajadores de Immokalee
  • Granjeros pagarán un centavo más por libra, lo que podría duplicar el salario de un labriego
Foto
Lucas Benítez, uno de los líderes y fundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (a la izquierda), y Reggie Brown, del Florida Tomato Growers Exchange (en medio) firman un acuerdo para fijar los principios de comida justa en casi 90 por ciento de los campos de jitomate de Florida. Observa Gerardo Reyes, otro dirigente de la coalición de jornalerosFoto CIW



 Estados Unidos Nueva York.- Jornaleros inmigrantes en Florida –la mayoría mexicanos y guatemaltecos– lograron hoy un acuerdo histórico con la principal asociación de granjeros de jitomate, después de una lucha de 15 años y más de medio siglo después de que se revelaron, a nivel nacional, las condiciones laborales que en algunos casos llegaban a ser de esclavitud en los campos agrícolas de ese estado.
La Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), y el Florida Tomato Growers Exchange (FTGE) firmaron hoy un acuerdo para aplicar los principios decomida justa en más de 90 por ciento de la industria jitomatera de Florida, lo que incluye un estricto código de conducta, un sistema cooperativo de resolución de quejas, un programa participativo de salud y seguridad, y un proyecto de educación entre trabajadores.
Además, los granjeros que se suman al acuerdo, incluidos algunos de los que cuentan con las operaciones agrarias de jitomate más grandes del estado, ahora pagarán un centavo más por libra, que acordaron algunos de los grandes compradores comerciales del jitomate como resultado de campañas nacionales libradas, y ganadas, por el CIW frente a Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Subway y otros.
Este es un parteaguas en la historia de la agricultura en Florida, declaró hoy el guerrerense Lucas Benítez, uno de los líderes y fundadores del CIW. “Con este acuerdo, la industria del jitomate de Florida –trabajadores y granjeros– se une para dar vuelta a la página del conflicto y estancamiento del pasado, para forjar una industria nueva y más fuerte”.
En breve entrevista con La Jornada,Benítez afirmó que esto es nuestro mayor logro desde que iniciamos hace 15 años, ya que estamos hablando de casi todos los agricultores de jitomate.
A la vez, advirtió, en declaraciones en la sede de Immokalee al firmar el acuerdo, que “aún queda mucho por hacer; este es el principio, no el fin, de un camino muy largo. Pero con este acuerdo las piezas están en su lugar para hacer de la industria del jitomate de Florida un modelo social de rendición de cuentas para el siglo XXI.
Con este acuerdo, estaremos trabajando con los granjeros para identificar y eliminar abusos a través de un sistema de investigaciones y resoluciones cooperativas de quejas, con consecuencias reales para violaciones, incluida la tolerancia cero para el trabajo forzado, informó Benítez en conferencia de prensa.
Gerardo Reyes, otro líder del CIW, agregó que medio siglo después de que un reportaje del legendario teleperiodista Edward Murrow llamado Cosecha de vergüenza fue transmitido al aire revelando al país las condiciones infrahumanas de los jornaleros, ha aparecido una solución en el horizonte por medio de la Campaña por la Comida Justa, en referencia a la campaña nacional del CIW para lograr este acuerdo. Reyes advirtió que el convenio, para alcanzar sus metas, aún requiere que las cadenas de supermercados se sumen a apoyar las normas más altas, como lo han hecho varias de las empresas de comida rápida.
El CIW, organización laboral de base comunitaria con más de 4 mil miembros, nació en Immokalee con uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos del país: inmigrantes latinoamericanos y caribeños sujetos a condiciones laborales sin goce de derechos o garantías básicas.
De hecho, el CIW ha participado en la liberación de miles de jornaleros en Florida por medio de casos legales bajo las leyes antiesclavitud del estado. Con el apoyo de redes nacionales de estudiantes, grupos comunitarios, organizaciones de derechos humanos y de consumidores, e iglesias, así como el apoyo de la familia Kennedy, la participación de figuras como el ex presidente Jimmy Carter, y de algunos senadores y representantes federales, el CIW ha logrado obligar a algunas de las empresas de alimentos más poderosas y grandes del país a negociar acuerdos para incrementar los salarios de los jornaleros, mejorar sus condiciones y presionar a otras empresas a hacer lo mismo.
Pero uno de los grandes obstáculos hasta ahora ha sido la feroz y hasta violenta oposición de los granjeros de la zona. Con el acuerdo logrado entre el CIW y dos de los agricultores de jitomate más grandes hace unos días (Six L’s, la más fuerte del estado, y Pacific Tomato Growers), se empezó un proceso sin precedente que culminó en el anuncio de hoy, en el que los 13 granjeros –que representan 92 por ciento de toda la industria del jitomate en Florida– se comprometen a desarrollar e implementar las medidas, normas y procesos acordados dentro de un plazo de dos años.
La asociación de las granjas FTGE emitió un comunicado hoy en el cual se compromete a apoyar soluciones integrales que mejoren la vida de los jornaleros y sus familias. Por ello, hemos acordado trabajar con el CIW en establecer nuevas normas de rendimiento de cuentas sociales verificables para la industria del jitomate.
Las campañas del CIW mantienen la presión a cadenas regionales y nacionales de supermercados –como Publix– para obligarlos a apoyar las nuevas normas y pagar un centavo más por libra, lo cual puede casi duplicar el salario de algunos jornaleros. (Para mas información:www.ciw-online.org/).
Así, desde una esquina poco conocida de este país, se escuchan ecos –esta vez en español– de las grandes luchas laborales y sociales de la historia poco conocida de este superpoder.

David Brooks / corresponsal

Esta semana se iniciarán reuniones del SME con la Comisión de Energía de San Lázaro

  • Señala Martín Esparza compromiso de diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia
  • Tratarán sobre la creación de una nueva empresa para abastecer de electricidad el centro del país
México D.F.- El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, informó que este gremio tiene el compromiso de diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia de que a partir de esta misma semana realizarán una serie de reuniones entre representantes de los trabajadores y la Comisión de Energía de la Cámara, para que se emita el dictamen de la iniciativa presentada para crear la nueva Comisión de Electricidad del Centro.
En entrevista explicó que los legisladores señalaron que lo fundamental es tener el dictamen de esta iniciativa que propone crear una nueva empresa para dar el servicio de energía eléctrica a la zona centro del país; para regularizar el servicio; terminar con los accidentes mortales de trabajadores que desconocen la red; normalizar los cobros, y a la vez dar empleo a los 16 mil 300 trabajadores del SME que no se han liquidado.
Indicó que el hecho de que en el presupuesto de egresos de 2011 no se haya previsto una partida especial para crear la nueva empresa que propone el sindicato no es un impedimento para el proyecto, ya que se está proponiendo que se capitalice la misma con los recursos que tiene el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para el finiquito de los 16 mil 300 trabajadores en resistencia.
Primero es tener la iniciativa de ley dictaminada para que se puedan asignar recursos económicos a esta actividad estratégica. Dicho proyecto se envió a la Comisión de Energía para su discusión, y una vez que se tenga el dictamen se sube al pleno de la Cámara de Diputados para que se vote, y si obtiene mayoría pasaría a la de Senadores y sería entonces cuando el Congreso pueda asignar recursos. Se está proponiendo que se podría capitalizar el proyecto con los finiquitos que tiene el SAE de las liquidaciones de los trabajadores en resistencia, y podría empezar a operar con los propios ingresos por venta de electricidad, explicó el dirigente.
Insistió en que el compromiso de los legisladores es empezar de inmediato un programa de reuniones para discutir la iniciativa con el SME.
También expuso que entre los documentos que se presentarán en esta discusión está uno que le entregó el SAE al sindicato, en el que señala que la Comisión Federal de Electricidad no es el patrón sustituto de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, porque no adquirió los bienes de LFC, sino sólo los recibió en comodato, o sea que los tiene prestados, luego entonces los bienes de la paraestatal liquidada aún no han sido asignados de manera definitiva a ningún organismo.
También se planteará en esas reuniones que la CFE estaba pidiendo en el presupuesto del próximo año 261 mil millones de pesos para el pago de productores independientes de energía y 300 más para costos de operación, cuando tiene un déficit de 39 por ciento en las ventas de electricidad de este año, porque no pudo operar eficientemente la red de la zona centro del país, comentó Esparza, y añadió que el Legislativo tiene además facultades para retiquetar recursos del presupuesto ya autorizado.

Patricia Muñoz Ríos

Ganó la tv $131 millones en un mes por LFC

México D.F.- El proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) le reportó a las televisoras mexicanas, en un solo mes, ganancias por 131 millones 805 mil 914 pesos, según respuesta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) a una solicitud de información planteada por La Jornada.
Ese monto representa 60 por ciento de los 217 millones 849 mil 503 pesos que en total pagó en publicidad el gobierno de Felipe Calderón entre enero y abril pasados para defender el proceso de extinción del organismo descentralizado.
Hasta ahora, unos 21 mil millones de pesos se han destinado a las liquidaciones de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), mientras que otros 2 mil millones de pesos han ido al pago de impuestos, a proveedores de LFC, al seguro de bienes y en comunicación social, según se consigna en otra información de la Secretaría de Energía, en el recurso 1078/10 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
De acuerdo con la información parcial del SAE, organismo responsable por decreto presidencial de la desaparición de LFC, junto con las secretarías de Hacienda, Energía y la Función Pública (SFP), el gobierno federal gastó otros 30 millones 493 mil 357 pesos en el pago de publicidad transmitida en diversas estaciones radiofónicas, durante los meses de enero y febrero pasados. Dicha cantidad equivale a 13.9 por ciento del total erogado en el rubro.
$20 millones a prensa escrita
Aunado a ese monto, pagó otros 20 millones 472 mil 177 pesos a medios de comunicación escrita, en enero, febrero y abril. El monto representa 9 por ciento del total en publicidad. Y sin especificar de qué otro medio se trata, el SAE dijo que se pagaron 34 millones 478 mil 54 pesos más en publicidad.
Según el SAE, ni antes de la liquidación de LFC (de octubre a diciembre de 2009), ni después de abril, hizo otros pagos por concepto de publicidad, ni tampoco tiene proyectado otro gasto similar, aunque no descarta que se vuelvan a erogar recursos públicos para ese rubro.
Al respecto explica que, de acuerdo con el artículo 3 del decreto que extingue a LFC, se realizarán las acciones conducentes para que el SAE, en su carácter de liquidador, reciba los recursos que se requieran, según las necesidades previsibles, para hacer frente a la liquidación del organismo descentralizado.
Aunque en junio pasado la Secretaría de Energía declaró la inexistencia de esa información, el SAE (organismo dependiente de la SFP) finalmente entregó esos datos, no exhaustivos, y tras requerir un plazo adicional al que plantea la Ley Federal de Transparencia (20 días hábiles y otro periodo igual en lapso adicional) para proporcionarlos.
Elizabeth Velasco C.

Cada quien sus deseos

México.- 

Macabro hallazgo descrito en audiencia en EEUU sobre matanza en Afganistán

Foto de archivo
Un investigador declaró este lunes que encontró dedos cortados cerca de una unidad del ejército estadounidense en Afganistán, a la que se acusa de matar a civiles afganos por deporte y diversión y tomar sus cuerpos como trofeos.
El macabro testimonio se produce en el marco de la comparecencia de un tercer soldado a una audiencia de pre sumario sobre presuntos asesinatos de afganos a comienzos de 2010 en la sureña provincia de Kandahar.
Andrew Holmes, uno de los cinco soldados acusados en este caso, escuchó en silencio mientras el agente especial Benhamin Stevenson describió el hallazgo de varios dedos cortados cerca del lugar donde se alojaban los integrantes de esa unidad.
Los fiscales del ejército alegan que Holmes participó en la ejecución de un afgano en enero, que conservó un dedo y que fumó hashish con el resto de los victimarios.
Stevenson, que testificó este lunes por teléfono, indicó que tenía un mapa provisto por el testigo estrella del ejército, Jeremy Morlock, revelando dónde los investigadores podían encontrar los dedos, presuntamente tomados de los civiles afganos.
Utilizando el mapa de Morlock, Stevenson dijo que él y otro agente localizaron una amplia y protectora barrera de basura cerca del alojamiento de los soldados en la Base Operativa de Avanzada Ramrod.
Encima de la barrera encontraron una botellita de plástico con dos dedos envueltos en un trapo.
“Allí donde nos dijeron que estaban los dedos, estaban los dedos”, dijo Stevnson, quien agregó que otro hueso fue encontrado en las cercaníás.
Los investigadores también descubrieron un hueso, probablemente de una pierna, en donde se cree se alojaba en la base otro soldado que enfrenta cargos por encubrimiento de las presuntas muertes, aunque no cargos por asesinato.
Los soldados acusados de asesinato, que podría enfrentar una corte marcial, integraban la Compañía Bravo, 2do Batallón de la 1era División de Combate en la Base Operativa de Avanzada Ramrod.
Los resultados de las audiencias y juicios posteriores podrían tener significativas repercusiones en la explosiva región de Kandahar, en Afganistán.

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