EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LYFC ES ILEGAL

• La Cofemer No Autorizó su Publicación en el Diario Oficial

• Si la Cofemer no Emite Dictamen Aprobatorio Tampoco se Puede Publicar en el Diario Oficial y no Entra en Vigor.

Por María de Lourdes Martínez González

México D.F..-La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) notificó por escrito a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas que este organismo no emitió dictamen aprobatorio del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, que publicó Felipe Calderón, por lo cual su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue ilegal y no puede surtir efecto ni entrar en vigor.

Martín Esparza Flores, dijo en conferencia de prensa el pasado jueves 03 de marzo del 2011, que el coordinador general de la Cofemer, Rodolfo Vejar Valenzuela, firmó la respuesta oficial de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a la solicitud del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en la que destaca que no puede entregar copia certificada del dictamen aprobatorio del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque "la COFEMER no emitió dictamen aprobatorio del decreto y de las bases".

El dirigente electricista destacó que con esto se demuestra que es ilegal la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues si la Cofemer no emite dictamen, ninguna ley o decreto puede publicarse en el Diario Oficial de la Federación y, por tanto, no puede entrar en vigor, como lo señaló el jurista Samuel Duarte, "no es obecible", porque tiene vicios de legalidad, no respetó las normas de procedimiento jurídico. (Leer Noticia Relacionada: "El Decreto de Extinción de LyFC Tiene Vicios de Legalidad.")

El documento de la Cofemer señala tambióen que mediante el oficio COFEME/09/3558 del 5 de octubre del 2009, se eximió a la Secretaría de Energía de presentar las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes..."en consecuencia no es posible entregar las copias certificadas de los documentos socilitados, toda vez que estos últimos son inexistentes".

"Emplazamos al secretario de Gobernación, a la secretaría de Hacienda, a la secretaría de Energía, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a reconocer la ineficacia del decreto descrito y restaurar funcional y operativamente al Luz y Fuerza del Centro. Pedimos la reinstalación inmediata de los electricistas y el pago de salarios y prestaciones de las que fueron ilegalmente privados".

Comentó que el SME promovió un amparo que está revisando la juez de primera instancia en materia laboral, Guillermina Coutiño, está por resolverse un juicio para que se declare ilegal el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Finalmente comentó que seguramente este caso irá a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se pronunció por la constitucionalidad del decreto, pero no por su legalidad. Ahí es donde el SME exigirá respeto a la legalidad, a la constitución y a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, concluyó.

Libia-La delegación de la Unión Europea desmiente bombardeos en Tripoli

Los enviados describieron un panorama muy alejado de los crímenes contra la humanidad por los que el Tribunal Penal Internacional investiga a Muammar Gaddafi.

Kaos. Internacional | Telesur 

Los supuestos bombardeos en Tripoli: ciencia ficciónLa misión técnica enviada por la Unión Europea (UE) a Trípoli (capital libia) para tener información propia sobre la crisis en el país, no pudo corroborar la existencia de combates ni signos de bombardeo en la capital. En este sentido, el grupo pidió el despliegue de un equipo independiente para analizar la situación y determinar responsabilidades, informó uno de los funcionarios de alto nivel.

Los enviados describieron un panorama muy alejado de los crímenes contra la humanidad por los que el Tribunal Penal Internacional investiga a Muammar Gaddafi.

La misión -encargada por la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton- regresó a Bruselas y el martes informó que la visita, que se limitó a una parte de la ciudad, transcurrió sin incidentes y sin registrar "ninguna amenaza".

Uno de los funcionarios destacó que el ambiente era "bastante tranquilo", con tráfico y "niños jugando" en las calles, y que no observó signos de bombardeos ni escuchó disparos en ningún momento, a pesar de que su impresión de la situación fue de "calma antes de la tempestad".

El Tribunal Penal Internacional investiga a Muammar Gaddafi por crímenes contra la humanidad, tras constantes denuncias de Estados Unidos y sus países aliados.

La primera reunión de la misión europea tuvo lugar en el Ministerio de Exteriores libio, donde los funcionarios explicaron el objetivo de su visita al titular de esa cartera, Ahmed Jarrod, con quien mantuvieron una conversación.

El representante libio insistió en el regreso de los embajadores europeos, que han salido del país desde que inició la crisis, y con el pedido se comprometió a protegerlos. También, a facilitar la salida de aquellos ciudadanos europeos y otras nacionalidades que quieren dejar el país.

Uno de los puntos de la misión era censar a los ciudadanos europeos que permanecen en Libia, identificar quiénes desean partir y cuál es la situación de los trabajadores extranjeros.

De acuerdo con los diplomáticos, entre 100 y 300 ciudadanos europeos quedan todavía en el país y unos 200 están solicitando su salida, algo que calculan que podrán hacer en los próximos días.

Fuentes de la misión europea afirmaron que los funcionarios mostraron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Libia, pero alegaron que no pueden tomar posición sobre los responsables por las supuestas violaciones cometidas pues no cuentan con información de primera mano. Lo que se conoce, se ha recogido a través de testimonios o de los medios de comunicación.

A pesar de las declaraciones de la misión, enviada por Ashton y encabezada por Agostino Miozzo, el portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Michael Mann, aseguró que "nada cambia" la posición de la UE sobre que "el régimen de Gaddafi debe irse".

El líder de la Revolución libia ha instado a la comunidad internacional a ir a su país y verificar los hechos. En este sentido, Muammar Al-Gaddafi rechazó la resolución emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que sanciona al país por la violencia, tomando como base reportes de prensa.

El presidente condenó que el organismo se haya basado en informes de prensa para lanzar una decisión sin haber ido a Libia y abrir una investigación.

Criticó que "amigos de Libia" hayan apoyado esta decisión de la o­nU, sin investigar primero la situación que vive la nación y alertó que ese tipo de resoluciones podría amenazar la soberanía de muchos países

Enfrentamientos entre la policía y estudiantes en California

LA POLICÍA ANTI DISTURBIOS INGRESÓ A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN BERKELEY Y SE ENFRENTÓ A UN GRUPO DE ESTUDIANTES QUE PROTESTAN POR UNA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN.

Ocho manifestantes ocuparon el jueves pasado una cornisa en el cuarto piso de la universidad, de los cuales seis se encadenaron entre sí, informó la institución en un comunicado. La policía dijo que algunos agentes pudieron llegar hasta un manifestante a través de una ventaja y lo arrestaron. Más tarde, en otro comunicado, la universidad anunció que los manifestantes descendieron de la cornisa que ocuparon por varias horas y que lo hicieron después de hablar con autoridades del campus. La policía de la universidad dijo que las ocho personas fueron citadas a comparecer por entrar sin autorización a propiedad privada, y luego dejadas en libertad. Al caer la noche, la televisión transmitió en vivo imágenes de cientos de manifestantes en el piso mientras gritaban y coreaban consignas, al tiempo que la policía con equipo antidisturbios y con porras tomaba posiciones en el campus. Los manifestantes protestaron contra los recortes presupuestales que el estado ha impuesto a la Universidad de California. Entre los policías que llegaron al recinto había también agentes de las poblaciones cercanas de Emeryville y Oakland. El rector de la universidad, Robert Birgeneau, ordenó a las 16:00 horas el cierre del edificio cuya cornisa fue tomada, y la policía comenzó a desalojar del área a estudiantes, maestros y trabajadores, dijo la institución. De acuerdo con autoridades de la universidad, fueron canceladas 26 clases y más de 1.000 estudiantes resultaron afectados.

No han podido parar a los estudiantes boricuas

Ni arrestos, ni golpeaduras, ni gases lacrimógenos, ni amenazas. Días de huelga general, mas de dos meses de protesta pacífica, sin armas.

Nada ha podido detener la heroica resistencia de cientos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la única estatal de la isla caribeña, para que las autoridades docentes eliminen el alza de 800 dólares anuales impuestos para ingresar a esa casa de estudios. La nueva cuota iniciada este curso es repudiada por miles de jóvenes que reconocen en la extrema medida del Rectorado la posibilidad de una cercana privatización de la UPR que es, al parecer, el propósito del gobernador colonial de ese Estado Libre Asociado de Estados Unidos, Luis Fortuño, un declarado político neoliberal.

Hasta el momento, mas de 10 mil jóvenes debieron renunciar a estudios superiores ante la imposibilidad la nueva tasa, mientras otros miles que se manifiestan desde el pasado año en el campus y recintos de la UPR consideran casi imposible la posibilidad de asumir ese gasto otro curso.

La brutalidad policíaca contra los estudiantes ha movido los cimientos de los ámbitos universitarios, no solo de ese Estado colonial, debido a la brutalidad represiva de los gendarmes que invadieron los lugares donde se concentran los manifestantes.

El pasado 24 la UPR amaneció paralizada de nuevo no solo por la huelga de los alumnos sino que también los profesores y miembros de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) adhirieron el paro debido a las agresiones de los uniformados, que atacan con sádica brutalidad a las muchachas en especial, a quienes ofenden con y golpean con macanas, arrastrándolas por las calles. Cerca de 50 jóvenes han sido detenidos, mientras otras decenas resultaron heridos a causa de la represión policíaca.

Las órdenes dadas por el gobernador Fortuño están encaminadas, según observadores, a dar una lección a la población puertorriqueña aquejada por la crisis económica —una de sus medidas fue el despido de 30 mil empleados públicos — y evitar las posibles protestas que surjan de la unión de las fuerzas progresistas de la isla con los universitarios.

En estos momentos el desempleo en la Isla está en torno al 17% y según cifras oficiales, durante el 2010 las corporaciones estadounidenses extrajeron 35 mil millones de dólares de ganancias de sus negocios en ese Estado Libre Asociado.

Después de 31 años sin que los militares penetraran en la Universidad, el gobernador movilizó a fuerzas de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) o fuerzas de choque antidisturbios, la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) y la división especializada S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics, todos entrenados en Estados Unidos.

Las autoridades universitarias encabezadas por la Rectora del Recinto de Río Piedras, sede de las grandes protestas, Ana Guadalupe Quiñones, intentan detener con amenazas las protestas contra el mas alto aumento de matricula en mas de 100 años de historia del centro. Quiñones prohibió el pasado día 24 "la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios del Recinto de Río Piedras por un período de 30 días contados a partir del 24 de febrero de 2011. (…). (…) "podrán ser celebrados en las áreas designadas e identificadas por la Policía Estatal en las avenidas: Juan Ponce de León, Gándara y Barbosa".

Sin embargo, la resolución de la Rectora, a las órdenes del Gobernador, no ha amilanado a la juventud boricua, que continúa su lucha ordenada y pacífica por sus derechos y este viernes último volvió a tomar las calles, sensibilizando a la opinión pública por su heroica actitud ante los planes neoliberales impuestos por las autoridades federales en la Casa Blanca.

Lo que pretende el Rectorado es que los alumnos paguen, con la nueva matricula, el supuesto déficit de la Universidad con el Gobierno de Fortuño, lo cual es improcedente al existir un Fondo de Estabilización estadual para cubrir tales diferencias en los organismos públicos.

SIMPATÍA HACIA LOS ESTUDIANTES BORICUAS

La constancia y la justeza de la causa de los estudiantes puertorriqueños le han ganado la simpatía de sus similares de otras naciones.

Un ejemplo de ello fue la reciente visita hecha por la líder estudiantil boricua Xiomara Caro a la Universidad de Buenos Aires, invitada por el grupo Calle 13, integrada por jóvenes músicos puertorriqueños muy populares en América Latina, luego de su actuación en Argentina. La Facultad de Derecho bonaerense estaba colmada de alumnos que brindaron un absoluto respaldo a la iniciativa de Calle 13 para que Caro, a nombre del Comité de Representación Estudiantil de Río Piedra, les explicara la dimensión de la lucha que llevan a cabo en defensa de la educación pública, porque se respeten sus derechos humanos, y la desaprobación de la represión policíaca. La joven refirió que en el 2010 estuvieron 62 días de huelga y ganaron porque obligaron a la Junta de Síndicos a negociar y lograron varios acuerdos, pero "quedó pendiente la cuota de 800 dólares extras y ahora llevamos mas de 70 días de protestas. Organización, participación y resistencia han sido las claves para esta nueva etapa", precisó Caro. En su opinión, "la relevancia del movimiento es que se ha convertido en la oposición principal del gobierno de Puerto Rico", a la que se van uniendo otros sectores de la sociedad. La presencia de la dirigente boricua en Buenos Aires es el punto de partida para la discusión que pretenden establecer los estudiantes latinoamericanos sobre la educación. Alejando Lipcovich, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, destacó que la situación actual en Puerto Rico "tiene que ver con que la educación es víctima de la crisis capitalista que sufre el mundo". En San Juan, la capital boricua, se anunció que el próximo 11 de marzo habrá una marcha nacional en apoyo a la UPR y la lucha de los estudiantes. Mientras, la Organización Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE) analizará en su próxima reunión entre el 11 y el 15 del próximo mes la situación de la UPR y las exigencias del alumnado, y el incremento de las matriculas en otras universidades, como las de Chile y Colombia. A ese evento asistirá la Federación Universitaria Pro-Independencia (FUPI) de Puerto Rico y otras entidades juveniles de la isla. Esta semana continuarán las protestas del alumnado universitario en los principales recintos de la UPR, mientras el gobernador Fortuño advirtió que si es preciso volverán las arremetidas policiales contra los manifestantes, lo cual augura, de no aceptar las autoridades volver a la mesa de negociaciones, un agravamiento del conflicto puertorriqueño

Carta de protesta de parlamentarios franceses y europeos contra la nominación de Álvaro Uribe Vélez en Francia

Crece la protesta contra el nombramiento del asesino y narcotraficante Alvaro Uribe, exPresidente de Colombia, como profesor universitario en Francia

José Bustos 

Su política de “Seguridad democrática”, un verdadero genocido.

Nosotros parlamentarios franceses y europeos, queremos manifestar nuestra indignación frente a la nominación del ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez como profesor en Francia en la escuela Nacional de Ingenieros de Metz (ENIM), en contra-parte de contratos pasados con esta institución educativa y el gobierno colombiano.

 

La Unión Europea y Francia, revindican ser defensores de los derechos humanos. Aceptar tal nominación seria agregar una nueva incoherencia al cumplimiento estos objetivos políticos, y dar un mal ejemplo a la educación de los jóvenes europeos.

 

Nos gustaría recordarles el balance del mandato del Sr. Uribe en cuanto a la defensa de los derechos humanos:

 

El Sr. Uribe desarrollo una política controversial de "Seguridad Democrática", que buscaba oficialmente luchar contra a la inseguridad y reforzar el Estado de Derecho. En un contexto de conflicto armado en Colombia desde hace más de 50 años, esta prometía a los soldados, primas y ventajas por cada guerrillero abatido en combate. Esta "política de cifras" catastrófica, tuvo como efecto incitar los militares a asesinar más de 3000 civiles inocentes, provenientes de barrios pobres, para disfrazarlos y presentarlos como "guerrilleros muertos en combate".

 

Varios casos de corrupción, asesinato y revelaciones en consecuencia de la ley "Justicia y Paz" permitieron mostrar los lazos fuertes existentes entre los escuadrones de la muerte (paramilitares) ligados a la mafia y la familia política del Sr. Uribe. Más de 120 políticos cercanos a su gobierno están siendo investigados y varias decenas están condenados por vínculos criminales. Hasta el propio primo del ex-presidente y socio político, Mario Uribe, acaba de ser condenado a siete años y medio de prisión por haberse aliado y utilizado organizaciones criminales para facilitar su elección al parlamento nacional y apropiarse ilegalmente de grandes cantidades de tierra fértil.

 

Colombia es hoy el segundo país (después de Sudán) con más desplazados internos en el mundo. Así este fenómeno haya comenzado antes de que Álvaro Uribe llegara al poder, se estima que 2,4 millones de personas fueron desplazadas durante su mandato. Además se cuentan con la existencia de más de mil fosas comunes en Colombia y un cementerio de N.N. de más de 2000 cuerpos no identificados situado en el departamento del Meta, "alimentado" desde el 2005 por militares. En otras regiones, reportes muestran que hornos crematorios habían sido instalados para desaparecer los cuerpos de las víctimas.

 

Varios casos de corrupción implicando al gobierno y la familia política de Uribe fueron descubiertos durante su mandato. Es el caso, por ejemplo, de su ex-ministro de agricultura, que esta siendo juzgado por haber desviado enormes cantidades de plata de su objetivo principal (ayudar al pequeño campesinado) para beneficiar a grandes terratenientes y contribuir indirectamente al financiamiento de la reelección del Sr. Uribe.

 

Bajo la presidencia del Sr. Uribe, los servicios secretos colombianos (DAS) fueron utilizados para espionar, perseguir, amenazar, estigmatizar y atacar los defensores de derechos humanos, sindicalistas, opositores políticos, periodistas, la Corte Suprema de Justicia; el reciente descubrimiento de documentos internos del DAS permitió revelar la voluntad de vigilar y desacreditar la Comisión de Derechos Humanos  del Parlamento Europeo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y las ONGs de Derechos Humanos. Entre estas organizaciones o personas, varias fueron explícitamente señaladas por el ex-presidente como "vitrina intelectual" de las FARC, poniéndolas así en peligro de muerte.

 

El nombramiento del Sr. Uribe al cargo de "profesor de Universidades" en l'ENIM no es fortuita. Este aparece luego que la administración colombiana, durante el mandato del Sr. Uribe, les otorgara la modernización de los centros de formación colombianos (SENA). En esta ocasión el Sr. Uribe había sido nombrado "Ingeniero Honoris Causa del ENIM". El Sr. Uribe, comprometido por varios casos graves en su país, había intentado crearse una respetabilidad, haciéndose nombrar como profesor de la Universidad de Georgetown (USA). Pero esta tentativa había creado un fuerte rechazo por parte del medio estudiantil y la sociedad civil de Estados Unidos.

 

 

Hacemos un llamado hoy a todas las ciudadanas y los ciudadanos franceses y europeos a de igual forma y que denuncien con nosotros la nominación del Sr. Álvaro Uribe al ENIM y exigimos a esta institución educativa romper rápidamente con este contrato.

 

Consideramos que el sistema educativo europeo no puede servir para "limpiar" las personas que han cometido violaciones de derechos humanos, y que el Sr. Uribe debe responder por las acusaciones de la cuales es responsable frente a las autoridades colombianas, o a su defecto, frente a la Corte Penal Internacional

 

FIRMAN:

Jürgen Klute, diputado europeo, Alemania, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Jean-Luc Mélenchon, diputado europeo, Francia, Vicepresidente de la Comisión Asuntos Exteriores.

Martine Billard, diputada francesa, Vicepresidente del Grupo de Amistad France-Republica de Colombia.

Nikolaos Chountis, diputado europeo, Grecia, Comisión Asuntos Económicos y Monetarios.

Marie-Christine Vergiat, diputada europea, Francia, Comisión de Derechos Humanos.

Cornelia Ernst,  diputada europea, Alemania, Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Gabriele Zimmer, diputada europea, Alemania, Comisión de Desarrollo.

Eva-Britt Svensson, diputada europea, Suède, Presidente de la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Georgios Toussas, diputado europeo, Grecia, Comisión Transportes y Turismo.

Charalampos Angourakis, diputado europeo, Grecia, Comisión del Desarrollo Regional.

Bairbre de Brún, diputada europea, Reino Unido, Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Thomas Händel, diputado europeo, Alemania, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

Willy Meyer, diputado europeo, España, Vice-presidente de la Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Sabine Wils, diputada europea, Alemania, Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Helmut Scholz, diputado europeo, Alemania, Comisión del Comercio Internacional.

Catherine Grèze, diputada europea, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Sabine Losing, diputada europea, Alemania, Comisión Asuntos Exteriores.

Miguel Portas, diputado europeo, Portugal, Comisión Crisis Financiera, Económica y Social.

Jacky Henin, diputado europeo, France, Comisión de Industria, Investigación y Energía.

Raül Romeva i Rueda, diputado europeo, España, Delegación a la Asamblea parlamentaria EUROLAT.

Dominique Voynet, parlamentaria francesa, Secretaria de la Comisión de Asuntos extranjeros, defensa y fuerzas armadas.

Noël Mamère, diputado francés, Secretaria de la Comisión de Leyes.

Francois de Rugy, diputado francés, Secretaria de la Comisión Asamblea Nacional.

Jean Desessard, parlamentario francés, Comisión de Asuntos Sociales.

Ivan Renar, parlamentario francés, Vicepresidente de la Comisión de Cultura, educación y comunicación.

Marie-Christine Blandin, parlamentaria francesa, Secretaria de la Comisión de Cultura, educación y comunicación.

Michel Billout, parlamentario francés, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos.

Alima Boumediene-Thierry, parlamentaria francesa, Comisión de Asuntos Europeos.

Anny Poursinoff, diputada francesa, Comisión de asuntos económicos.

Pascal Canfin, député European, France, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

Ecuador: El juicio ambiental del siglo

Por primera vez en la historia una multinacional, la petrolera de los Estados Unidos Chevron, ha sido sentenciada judicialmente en Ecuador a pagar 9500 millones de dólares por el desastre ambiental y a pedir perdón oficial a las poblaciones afectadas.

Anibal Garzón

Una persona desconocida en la comunidad internacional ha hecho historia. María Aguinda, indígena ecuatoriana de etnia quechua, ha puesto en jaque a la gigante multinacional petrolera de los Estados Unidos, Chevron. Aguinda, con el respaldo de 30000 indígenas y mestizos de 80 comunidades de las provincias de Orellana y Sucumbíos agrupados en la Asamblea de Afectados por Texaco, presentó en 1993 una querella contra la empresa, llamada Texaco hasta 2001, por derramar desde 1972 a 1990 productos tóxicos y crudo afectando duramente el hábitat de la Amazonia, tanto en tierra como en ríos, y provocando graves consecuencias en la salud de las comunidades indígenas donde muchos murieron de cáncer. Después de 9 años de juicio en tribunales norteamericanos la sentencia de 2002 dictaminó que la resolución del conflicto es competencia de los órganos ecuatorianos por suceder en las propias fronteras, conocer la problemática directamente y disponer de mecanismos legales. Este fenómeno fue una primacía en el mundo judicial al ser la primera vez que una transnacional se somete a la jurisdicción de un “país en desarrollo” por una querella presentada por particulares. Con la reanudación del juicio en la Procuraduría de Ecuador en el 2003, finalmente el 14 de febrero el juez Nicolás Zambrano de la Corte Justicia de Nueva Loja, capital de Sucumbíos, después de más de 100 estudios y peritos sentenció a Chevron como la culpable de insertar en los recursos subterráneos y ríos más de 55938 millones de litros contaminantes debido a guardar la empresa el caudal residual en balsas perforadas en la tierra sin impermeabilizar, y provocando, así, grandes efectos nocivos en el área selvática de la Amazonia. El juez confirmó que el daño era evitable con la creación de balsas de acero pero que esta medida de seguridad ambiental no fue ejecutada por Chevron para ahorrar costes y obtener unos beneficios máximos de 30.000 millones de dólares. También condenó la mala fe de la empresa para intentar suprimir su responsabilidad al desastre natural y social con el cambio de nombre, de Texaco a Chevron, y no escuchar el sufrimiento de la población. La sentencia ordena a la multinacional pagar 8.646 millones de dólares por multas y reparaciones, más el 10% que impone la Ley de Gestión Ambiental, haciendo un total de 9500 millones. La suma de la multa es debida a los 600 millones de dólares destinados a purificar las aguas subterráneas, 800 millones para construir un fondo de salud, 1.400 millones por daños a la salud pública de los pobladores de las dos provincias, y 5.396 millones por la limpieza de la tierra, entre otras. Los demandantes del largo litigio consideraron la pena como insuficiente reclamando una indemnización de 113.000 millones de dólares. Complementando, la sentencia incluye una posible multa de doblar el total del pago de los costes si Chevron no pide una disculpa pública sobre el que varios ecologistas han calificado “el Chernobil de Chevron en la Amazonia”, dirigida no solamente al equipo de litigantes que han liderado las demandas sino a los 223.000 habitantes de Sucumbíos y Orellana.

Chevron contraataca 

Las primeras palabras públicas de Chevron en un comunicado consideraron la sentencia como “ilegítima e inejecutable”, negándose la empresa a pagar los costes de la multa y a pedir disculpas. Como respuesta uno de los abogados demandantes del litigio, Juan Pablo Saénz, ha anunciado la preparación “de acciones destinadas para llevar a cabo una ejecución forzosa de sentencia al extranjero”. Al no disponer Chevron de bienes en Ecuador los abogados, en base a la ley internacional, pueden ir a otro estado donde la empresa tenga bienes y poder ser embargados hasta que cumpla su sentencia. Saénz afirmó que quién utiliza y ha utilizado constantemente mecanismos ilegítimos, “para continuar violando la justicia” es Chevron. Según Guillermo Grefa, dirigente indígena de Sucumbíos, Chevron “está haciendo un lobby en el Congreso de los Estados Unidos para que adopten medidas contra Ecuador”, gastando la empresa más de 1000 millones de dólares en su juego sucio de defensa atacando a los demandantes y a sus abogados. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, concretó que esto no es un asunto donde el gobierno se ha involucrado en el proceso, dado que es competencia del poder judicial y “tiene que ser respetada la sentencia por un juez ecuatoriano contra la petrolera Chevron”. "Bien por los compañeros de la Amazonia, pero nosotros no hemos tenido absolutamente nada que hacer en este juicio, por que es entre agentes privados. La estrategia de Chevron es acusar al gobierno de que ha participado con influencia política. Todo esto es falso. Antes sí había influencia política, pero a favor de Chevron, para tratar de impedir este juicio los gobiernos vendidos de Ecuador” manifestó Correa.

Otra estrategia de defensa de Chevron ha sido presentar contra Ecuador una demanda a la Corte internacional de La Haya por la violación de un tratado bilateral de inversiones. Según Chervron la empresa estatal Petroecuador fue socia de Texaco entre 1972 y 1992 y tiene corresponsabilidades en las acusaciones sobre daños medioambientales. El abogado del estado de Ecuador, Diego García, afirmó que Petroequador tenía una responsabilidad de control como lo pide la ley, pero no tuvo ninguna responsabilidad en la exploración de los yacimientos. El juez Nicolás Zambrano señaló que Petroecuador también participó indirectamente en el daño medioambiental pero solamente podría ser sancionada si terceros plantean un juicio a su contra, no la empresa Chevron, que busca la estrategia de culpar al estado ecuatoriano como socio del desastre para que finalmente se meta en el litigio a favor de Chevron.

Chevron planificó mal. Desde que se inició el juicio en los Estados Unidos, la multinacional buscó no ser sentencia en los tribunales norteamericanos y trasladar el caso a la justicia ecuatoriana, no solamente por que las condenas de las leyes medioambientales son más suaves en Ecuador, sino por que los cuerpos jurídicos eran fáciles de controlar por las presiones de las grandes empresas. Conseguido el traslado del caso judicial a Ecuador en 2003, Chevron no se enteró de los cambios políticos que se vivían en América Latina en resistencia a las reglas del capitalismo internacional y sus actores primarios como las multinacionales. Después de más de 20 años de periodo neoliberal el pueblo ecuatoriano quiso poner fin a este modelo y eligió democráticamente como nuevo presidente a Rafael Correa en 2006 con su proyecto de izquierdas de Revolución Ciudadana. La nueva Constitución de Ecuador aprobada por referéndum en 2008 abría el camino a un nuevo proyecto político que transformaba las instituciones estatales, entre ellas el poder judicial. La anarquía imperialista de las multinacionales en los países subdesarrollados, no solamente extrayendo las materias primas sin beneficios a las poblaciones autóctonas sino también perjudicando su hábitat natural ambiental, empieza a tener barreras legales con nuevos gobiernos progresistas. Ecuador puede ser el pionero de una nueva justicia internacional naciente en el siglo XXI, donde los pobres puedan juzgar a los ricos.