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viernes, 27 de agosto de 2010

Liberan a Hernández Abundio, preso de conciencia del Estado mexicano


http://contralinea.info/archivo/2010/agosto/196/fotos/raul-libre/raul-libre3.jpgEl Juzgado Mixto de primera Instancia, con sede en Ayutla de los Libres, dispuso la libertad absoluta del defensor de derechos humanos, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito que se le imputaba.
Aunque Hernández Abundio fue acusado del asesinato de un espía del Ejército Mexicano, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales sostuvieron que el Estado mexicano buscaba criminalizar la lucha social de las comunidades me’phaa y na’saavi de la región.
Fue aprehendido el 17 de abril de 2008 junto con cuatro campesinos más: Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino y Natalio Ortega Cruz. Sólo Raúl Hernández Abundio permanecía en prisión. Ante la falta de pruebas que inculparan al campesino me’phaa, fue declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional desde noviembre de ese año.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (a la que pertenece Hernández Abundio) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco encabezaron la defensa del indígena de 31 años.
“Estoy preso por andar defendiendo el territorio, los hijos y la familia”, dijo Hernández Abundio aContralínea en febrero pasado. La entrevista se realizó al interior de la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, donde se encontraba recluido.
A continuación, la entrevista publicada en febrero pasado:
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
http://contralinea.info/archivo/2010/agosto/196/fotos/raul-libre/raul-libre4.jpg

Voces de Ayutla

“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Hernández Abundio
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)

Si bajan IVA recortamos salud, educación o seguridad: Cordero

Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, amenazó a los legisladores priistas con recortar el presupuesto de Salud, Educación o de Seguridad Pública si reducen el IVA a 15%.
Ciudad de México - Alegando que no hay espacio para bajar impuestos, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, amenazó al PRI con recortar el presupuesto de educación, salud o seguridad pública si se reduce el IVA.

De acuerdo con El Universal, Cordero declaró que "si se disminuyen los impuestos, sin ninguna duda va a disminuir la recaudación tributaria y en este caso, habría que decidir a qué dejamos de destinarle recursos, si al combate a la seguridad, si dejamos de construir hospitales, si dejamos de atender la educación superior" ya que "todo tiene un costo".

Sin embargo, Cordero nunca amenazó con recortar, por ejemplo, los sueldos de la alta burocracia o los privilegios onerosos de la alta burocracia en el gasto corriente.

Tampoco habló, por ejemplo, de reducir el presupuesto para comunicación social, como los spots de propaganda de los tres niveles de gobierno.

El PRI propuso reducir el IVA de 16% a 15% este año, luego de que ellos mismos aprobaron el aumento al IVA el año pasado a propuesta de Felipe Calderón con la condición de que no se aliara el PAN con el PRD en el Estado de México.

14 años antes, en 1995, el PRI, con mayoría en el congreso, avaló aumentar el IVA de 10% a 15%.

Lo arrestan, torturan y consignan por gritar ‘asesino’ a Ulises Ruiz

Oaxaca— La Guelaguetza lo trajo a esta ciudad desde su natal Jalisco, pero hace unos días cometió un grave ‘delito’: le gritó “asesino” al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Dicha osadía le costó caro: el pasado 26 de julio, en plenas festividades del Lunes del Cerro, Francisco Javier Salas González fue detenido, torturado y procesado por el delito de posesión de cocaína, según Isaac Torres Carmona, responsable del área jurídica de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

Salas González, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), responsabilizó a Ulises Ruiz de su detención ilegal y los actos de tortura de que fue objeto. El jalisciense no sabía que en Oaxaca la palabra “asesino” está prohibida por el gobernador saliente. Salas la usó para mostrar su coraje ante tanta represión en la entidad, pero con ella firmó su sentencia.

En el estadio de futbol “Benito Juárez”, donde representantes de las siete regiones de Oaxaca hacían gala de sus dotes como bailarines, Francisco Javier lanzó el grito que lo condenó. De inmediato, un séquito de policías civiles que acompañaban a Ulises Ruiz a la Guelaguetza lo retiraron a golpes.

Después de su detención, fue torturado en el cuartel general de la Policía Preventiva Estatal, ubicado en San Bartolo Coyotepec.

“Inmediatamente comenzaron las amenazas diciéndome: ‘¿Qué te crees, hijo de la chingada? ¿Dónde crees que estás o por qué estás gritando? Ya te cargó la chingada’”.

Tras el hecho, el área jurídica de la Limeddh presentó una queja ante la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), así como un amparo de protección de la justicia federal, que quedó registrado en el expediente 940/2010, bajo las acusaciones de incomunicación y actos de tortura.

De acuerdo con Isaac Torres Carmona, el estudiante de Jalisco fue puesto a disposición de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), luego de haber permanecido 19 horas incomunicado.

La idea era que con intimidaciones se declarara adicto a la cocaína, y para ello le “sembraron” 300 miligramos de clorhidrato de cocaína.


Frente a tal descaro, la Limeddh envió una misiva al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador de Oaxaca para señalar las arbitrariedades de la UMAN que, dijo, sólo ha servido para reprimir, so pretexto de combatir al crimen organizado.

Además, solicitó a las instancias de procuración e impartición de justicia la cancelación inmediata del proceso penal número 102/2010 contra Javier Salas, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca.

También, la devolución de los 6 mil pesos que tuvo que pagar como fianza el estudiante de Sociología de la UAG, a fin de que pudiera enfrentar el proceso en libertad... Y todo por gritarle “asesino” a Ulises Ruiz, señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como responsable del conflicto social que vivió Oaxaca en 2006.


ONU: Indigna violencia contra migrantes

Condena la organización el nivel de violación a la seguridad de los indocumentados que pasan por el país







El asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas fue condenado por el Sistema de la ONU en México, el cual señaló que 'indigna y preocupa' el nivel de violación a la seguridad de los migrantes en el país.

El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán, expresó que 'el sistema está indignado frente al nivel preocupante que ha tomado la violación a la seguridad de los migrantes'.

Ante ello, refrendó el compromiso de esa instancia para 'seguir trabajando con sus contrapartes, para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes'.

Martínez-Solimán reconoció en un comunicado que México se ha convertido en un país de tránsito para casi 400 mil migrantes al año, quienes enfrentan cada vez más peligros en su recorrido hacia el norte.

Detalló que ante el flujo migratorio que hay en el país y su 'extrema vulnerabilidad', las agencias de la ONU en México brindan asistencia directa a través de organizaciones no-gubernamentales, casas del migrante y promoción de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo recalcó su disposición a seguir colaborando con el gobierno y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el respeto a los derechos humanos, seguridad e integridad de todo extranjero que se encuentre en el país.

De igual forma, Magdy Martínez-Solimán expresó la solidaridad del Sistema de la ONU en México con las familias de los migrantes asesinados.

Italia, Alemania, Dinamarca y Suecia también están expulsando a gitanos

gitano
No sólo Francia está expulsando a los gitanos rumanos de su territorio. “Está sucediendo en varios países de la Unión Europea, incluida Italia, Alemania, Dinamarca y Suecia”, afirma Robert Kushen, director ejecutivo del European Roma Rights Center, una organización dedicada a luchar contra la discriminación de las minorías étnicas en todo el continente. La expulsión de la población romaní se ha convertido en un problema “europeo”.
Ese fue uno de los escenarios más temidos por la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea (UE) en 2007.
Ayer, Francia pidió a la Comisión Europea obligar a Rumanía a detener el éxodo de gitanos rumanos en distintos países del viejo continente.
El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, invitó a otros cuatro países de Europa (Italia, España, Alemania y Reino Unido) a una reunión informal en materia de inmigración, en París el 6 de septiembre.
También se llamará a Bélgica, que ahora preside la UE, a Grecia, un país de tránsito de los extranjeros que tratan de llegar a la comunidad, y Canadá, lidiando con los inmigrantes gitanos de Hungría y la República Checa.
“Espero que no olviden que hay libre circulación de ciudadanos dentro de la UE”, dijo Robert Kushen, por teléfono desde Budapest. “Y que detrás de este movimiento migratorio está la discriminación estructural y la extrema pobreza que soportan los romaníes en sus países”.
El primer ministro francés, François Fillon, ayer escribió al presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso. Le pidió que tome medidas para garantizar que los cuatro millones de euros de fondos de la UE que van cada año a Rumanía se utilizen para integrar a la población romaní.
Vivian Reding, vicepresidente de la Comisión Europea, ha enviado un mensaje en forma de una declaración: “Yo creo que los gitanos son una parte importante de la población de la UE y es de vital importancia que estén bien integrados. “El Comisario de Justicia también ha seguido la situación en Francia. Sabe que corresponde a cada Estado miembro garantizar el orden público, pero espera hacerlo dentro de las normas de la Unión.
La libertad de movimiento de ciudadanos no fue un derecho inmediato para Rumanía y Bulgaria. Entraron con algunas restricciones, tales como la exigencia de un contrato de trabajo antes de finales de 2013. Esta exigencia se produce en Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Austria, Reino Unido y Malta.
Robert Kushen cree que los romaníes no están siendo tratados como ciudadanos sino como una masa homogénea de la que quieren desprenderse - en contradicción con la directiva de libre circulación y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros.

Demanda familia de minero atrapado a dueños de la mina y al Estado chileno

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La policía militarizada reprime con chorros de agua y perros a manifestantes, en Valparaíso



de los 33 mineros atrapados desde hace 21 días presentó este jueves la primera demanda contra el estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y los dueños de la mina San José, ubicada en el desierto de Atacama, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, cuyos bienes fueron congelados para garantizar eventuales indemnizaciones.

Pero más allá del dramático problema de estos trabajadores, el presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, enfrentaba hoy una serie de movilizaciones de empleados públicos, grupos mapuches y estudiantes, varios de los cuales fueron detenidos tras ser reprimidos por la policía militarizada de Carabineros.
El abogado Remberto Valdés, quien representa a la familia del minero Raúl Bustos, dijo que la demanda presentada contra el Sernageomin y los propietarios de la mina es por el delito de prevaricación, buscando la sanción penal por haber obtenido irregularmente la autorización para el ejercicio de las faenas y así dejar atrapados a los 33 mineros.
Carolina Narváez, la esposa de Bustos, dijo que su interés no está centrado en la recompensa monetaria, sino en las personas responsables. No solamente en los dueños de la minera, sino en la gente que no hizo (bien) su trabajo de fiscalizar, aseguró.
El juzgado de letras de la norteña ciudad de Copiapó, donde se ubica la mina San José, ordenó retener para futuras indemnizaciones un millón 800 mil dólares que la empresa San Esteban –propietaria del yacimiento donde se encuentran atrapados los trabajadores– debía recibir del Estado chileno por la venta de cobre, informó una fuente judicial.
El tribunal acogió así la petición del abogado Edgardo Reinoso, quien representa a 23 de las 33 familias de los mineros atrapados, como anticipo de una demanda de indemnización que ingresará en los próximos días contra los dueños de la compañía minera.
Una comisión del Congreso investiga ya las responsabilidades que pudiesen existir en el derrumbe, y en concreto la autorización otorgada por el Sernageomin a la reapertura de la mina en 2008, tras su cierre un año antes.
El ex directivo de esa entidad Ezequiel Yáñez adelantó ante legisladores que la mina San José no cumplía con las condiciones para el reinicio de las tareas.
Mientras, en el interior de la mina los trabajadores atrapados serán grabados con diminutas cámaras de alta definición para evaluar su estado de salud, en especial la condición de sus ojos.
La iniciativa es parte de un plan de alta tecnología en el que colaborará incluso la agencia espacial estadunidense, la NASA, para mantener en buenas condiciones a los mineros, cuyo rescate tardará unos cuatro meses.
El plan incluye el envío de alimentos similares a los que usan los astronautas de la Estación Espacial Internacional, oxígeno en spray y soporte sicológico.
Las autoridades de salud han manifestado su preocupación por los efectos sicológicos que tendrá para los mineros el prolongado encierro bajo toneladas de roca, entre los que hay jóvenes de 19 años, ex marinos mercantes y hasta un ex futbolista profesional.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que aún no se ha percibido en ellos un cambio de ánimo, pero subrayó que luego de la euforia producida por el rencuentro y el contacto del domingo, “lo más probable es que se presente un periodo de depresión, angustia y decaimiento, para lo cual se preparan fármacos, además del plan alimenticio, ocupacional y de ejercicios a que serán sometidos.
Los expertos indicaron que una vez que se termine de perforar el agujero de 66 centímetros de diámetro por el que saldrán los mineros, hasta completar los 700 metros de profundidad, el ascenso a la superficie de cada hombre llevará al menos 40 minutos.
El rescate demorará 34 horas, 12 de las cuales se consumirán en el desplazamiento de la camilla vertical en la que serán transportados. La operación final se hará después de las 19 horas locales del día D, para proteger los trabajadores de la luz solar.
Mientras tanto, el presidente Piñera enfrentaba el primer paro de 24 horas por unos 80 mil empleados públicos que se manifestaban contra el despido de 2 mil 500 funcionarios de planta.
La huelga, convocada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, involucra a los empleados de todos los ministerios del Estado, a excepción de los que trabajan en el sector salud.
Los empleados fiscales, además, marcharon por el centro de esta capital, casi al mismo tiempo en que lo hicieron unos 3 mil estudiantes de secundaria y universitarios, en defensa del financiamiento de la educación pública y su desmunicipalización, y en demanda de una educación de calidad. La marcha culminó con la detención de varios estudiantes.
Por último, el mandatario derechista también enfrenta una huelga de hambre de un grupo de integrantes de la etnia mapuche, que se ha prolongado ya por 46 días, quienes protestan por el procesamiento de la justicia chilena mediante una ley antiterrorista que permite juicios dobles.
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Ante la falta de avances, el SME rompe la tregua: regresa a las movilizaciones

Debido a que no hay avances en la mesa de negociación que estableció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, el gremio determinó romper la tregua, regresar a la calle e iniciar de nueva cuenta movilizaciones y acciones de lucha.
En asamblea general, los trabajadores en resistencia consideraron que no se ha cumplido con la minuta firmada por el sindicato y el gobierno, en la que se planteó el otorgamiento de la toma de nota para el comité ejecutivo de esta organización y el regreso a laborar de los sindicalizados, por lo que determinaron regresar a su plan de movilizaciones.
Aprobaron incluso un programa de diversas acciones que contempla marchas, visitas a San Lázaro cuando inicie el próximo periodo de sesiones, celebración paralela del Bicentenario de la Independencia, realización de caravanas de trabajadores desde varios estados de la República y otros.
Ayer por la tarde, Martín Esparza Flores, dirigente del SME, encabezó la asamblea realizada en la sede del sindicato, donde informó de la falta de resultados de dicha mesa de negociación, y señaló que ha faltado voluntad de algunos funcionarios, incluido el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, para terminar de una vez por todas con este conflicto. Dijo que algunos funcionarios, lejos de apoyar una salida negociada, la estánobstaculizando a toda costa.
Ante los trabajadores recordó que el SME planteó desde el inicio con los gobiernos federal y local que iba a dar una tregua a las movilizaciones para abrir espacio a una mesa de diálogo, sin embargo, ante la falta de acuerdos, propuso el rompimiento de la tregua, moción que fue aprobada por la totalidad de los trabajadores asistentes a mano alzada.
El plan de movilizaciones que iniciarán de inmediato los electricistas contempla una marcha de niños del SME, que realizarán los hijos de los trabajadores para reclamar el derecho de sus padres al trabajo, la cual partirá del sindicato al Ángel de la Independencia.
De igual manera, llevarán a cabo una manifestación masiva –junto con trabajadores mineros– a la Cámara de Diputados en el inicio del periodo de sesiones. Incluso el 2 de septiembre podrían acudir a San Lázaro a pedir que les permitan plantear en tribuna su conflicto.
El primero de septiembre realizarán un volanteo en el Congreso de la Unión; y el 3 y 5 de ese mes participarán en una conferencia sobre la defensa de los derechos laborales, en el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical; el día 7 realizarán un mitin en el Hemiciclo a Juárez. Para el 14 arribarán a esta ciudad caravanas de trabajadores de diversos gremios encabezados por mineros, que llegarán desde varios estados, junto con los cuales harán una celebración paralela del Bicentenario de la Independencia.
En tanto, los electricistas intensificarán las asambleas de usuarios, impulsarán el amparo de pagos a la Comisión Federal de Electricidad y realizarán visitas a las representaciones diplomáticas acreditadas en México y el 16 de septiembre incluso marcharán paralelamente al desfile militar. Un intenso programa de actividades a fin de manifestar su rechazo al hecho de que ha faltado voluntad política para concretar un acuerdo definitivo que ponga fin a este conflicto.

Recibe comunidad de la UNAM a los ex presos políticos de Atenco y a electricistas

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Ex presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco fueron recibidos ayer por estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía.
En el acto, Ignacio y América del Valle, dirigentes del movimiento, sostuvieron que la libertad no implica el fin de una lucha, sino la unión a otras, como la del municipio autónomo de San Juan Copala o la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Al mediodía, ante un auditorio desbordado, ex presos políticos del FPDT, acompañados de representantes del SME, ocuparon las primeras filas del foro para dar paso en el escenario a integrantes del Taller Coreográfico de la UNAM, quienes bailaron una pieza que representaba la lucha revolucionaria mexicana y su continuidad.
Posteriormente, el profesor de la Facultad de Economía, Mario Benítez, dio la bienvenida a los luchadores sociales liberados de Atenco y a los sindicalistas del sector eléctrico, y dijo que ambos movimientos son dos luchas que se abrazan hoy en la UNAM y que no aguantarán hasta 2012 para lograr una sociedad justa, porque el pueblo no aguanta más.
América del Valle, quien permaneció durante cuatro años en la clandestinidad, expresó su gratitud hacia la comunidad universitaria por su apoyo al movimiento de Atenco, pero dijo a los estudiantes que si bien los presos políticos del FPDT hoy están libres, en el país aún no hay justicia y, por tanto, pidió a los universitarios unirse a las luchas indígenas de Chiapas, del municipio autónomo de San Juan Copala y del SME.
No podemos darnos el lujo de dividirnos, cuando todos coincidimos en afirmar que en nuestra patria no hay justicia. Tenemos que unirnos al SME. Nosotros estaremos en todas sus marchas y siempre que nos necesiten.
Dijo que los universitarios tienen una tarea en la historia del país y es sumarse a esas luchas del pueblo para vencer a los de arriba. No podemos estar atrincherados en las aulas, que es importante, pero de nada nos va a servir estudiar mucho y hacer teoría si rebasando las puertas se nos va a olvidar una realidad más cruel que está en nuestro lado.
Ignacio del Valle, liberado en julio después de permanecer más de cuatro años en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, dijo que el FPDT seguirá luchando no sólo por agradecimiento de que ya salimos, sino porque tenemos un compromiso con nuestra realidad, para transformarla.
Leyó un texto en el que reflexionó sobre las situaciones de injusticia que vive el país, agradeció la solidaridad que recibió el movimiento de Atenco desde sus inicios y rindió homenaje al papel de las mujeres en las luchas sociales. En este caminar la mujer nos ha enseñado su verdadero lugar, el que ha ocupado desde siempre, con su fuerza enorme; la que en sus entrañas gesta la esperanza, la que con sus desvelos adorna nuestros sueños con un beso.
Después de otras participaciode ex presos políticos y representantes del SME, la bienvenida a los atenquenses finalizó con un enorme pastel que ponía:Atenco siempre libre ¡Vive y vive!

EPR evalúa revisar la tregua

En dos comunicados emitidos el 26 de agosto de 2010, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) señala que sobre la sociedad mexicana el gobierno federal ejerce violencia disfrazada de “guerra” contra el narcotráfico. También denuncia que “mercenarios” que combatieron en Irak y Afganistán se encuentran en México realizando labores de contrainsurgencia.
La guerrilla con mayor presencia en los estados de la república mexicana también solicita a la Comisión de Mediación que informe cuáles han sido las respuestas del gobierno mexicano ante las demandas de presentación con vida de sus militantes desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Evalúa revisar la tregua que ha mantenido con el gobierno mexicano.
Por considerarlo de interés público, Contralínea publica de manera íntegra los dos últimos comunicados del EPR.
Primer comunicado
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos
A las organizaciones sociales, políticas y revolucionarias
¡Hermanas, hermanos, camaradas!
La guerra entre los poderes fácticos, desde el gobierno la llaman hoy, guerra contra la delincuencia organizada, es exigida y respaldada por los diferentes grupos de poder económico y político, las cúpulas del ejército federal y de las diferentes fuerzas policíacas federales que hipócritamente dicen combatirla, porque en realidad lo que todo ciudadano ha ido comprobando es que dicha guerra constituye una agresión permanente contra el pueblo, configurándose como terrorismo de Estado.
Los “éxitos y avances” de los que se vanagloria el gobierno federal sólo son un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo, en la cual se ha asesinado impunemente a cuanto ciudadano se cruce en sus operativos “antricrimen” o contra cualquier persona señalada como opositor al gobierno ilegítimo; falsa guerra que ha arrojado el asesinato impune de miles de ciudadanos justificados eufemísticamente como “daños colaterales”, el encarcelamiento de ciudadanos inocentes incriminados y presentados como presuntos delincuentes, la desaparición forzada de miles de ciudadanos, unos por motivos políticos y la gran mayoría por motivos sociales víctimas de la criminal forma de “administrar y procurar la justicia”, que viola sistemáticamente derechos constitucionales y humanos.
La estrategia policíaco-militar contra la delincuencia organizada insistentemente se ha pretendido justificar con un lenguaje policíaco-militar doloso para cubrir el proceder impune de las fuerzas represivas y eludir la responsabilidad en la comisión de delitos y crímenes de Estado tanto de elementos de tropa como de oficiales y mandos, entre ellos, la del jefe supremo de las fuerzas represivas.
Ante el ensanchamiento de facto del fuero militar propiciado por la ilegitimidad de Calderón y la ambición de la cúpula castrense, el ejército federal exige a su ilegítimo protector legalizar todo lo que ha estado haciendo y se avale jurídicamente todo cuanto se propone desde la cúpula militar, como es el hecho de pretender supeditar las leyes constitucionales y penales a las leyes castrenses, es decir, se pretende legalizar una dictadura militar para ponerse en ella como elementos indispensables para “poner orden en el país”, porque desde su lógica fascistoide  “la vida de nuestro pueblo, es difícil y delicada”.
Citábamos en otros comunicados que la guerra contra la delincuencia organizada es el pretexto y objetivo para encontrar y destruir a las fuerzas revolucionarias para legitimarse, el gobierno federal bajo este marco está haciendo un brutal ensayo, y en este ensayo ha intensificado la creación y utilización de grupos paramilitares dirigidos por  oficiales del ejército federal, la marina y por todo tipo de mercenarios de Estados Unidos como los que utilizan en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que participa directamente la inteligencia israelí a quienes no les importa tener relación con criminales e individuos de la más baja ralea que pertenecen a grupos policíacos, al ejército federal o a la armada de México para asesinar o desaparecer a luchadores sociales que saben que su perfil como individuos es insobornable y cooptar a otros que les han servido como delatores utilizando la calumnia, el desprestigio y al final el asesinato de los luchadores sociales consecuentes.
Dentro de esta estrategia contrainsurgente están algunos partidos políticos que son los que negocian con el Estado y delimitan oportunistamente hasta dónde puede llegar éste; son quienes permiten que hoy las fuerzas represivas no realicen ninguna aprehensión, sino que dan carta blanca para que asesinen a presuntos elementos de la delincuencia organizada que podrían salvar la vida pero, que por ser extraditables podrían delatar a los oligarcas que están detrás de ellos, a sus lava dólares y a políticos reconocidos que son parte orgánica de la delincuencia, esa es la razón por la que llegan a asesinar y no a aprehender, en un intento por evitar que se acumule el expediente público de los nexos del Estado mexicano con el crimen.
Necesariamente para hacer estas acciones mandan a soldados, ya sean infantes de marina, ejército o policía federal por delante como carne de cañón, éstos que van por delante son parte de la gente del pueblo que no pudo obtener un trabajo decoroso, que han truncado su carrera o que es un emigrante de las zonas rurales a las ciudades que ante la necesidad de comer se enrolan en estas fuerzas castrenses, por lo tanto, cuando ven que además de ir en punta son humillados, vejados y pagados con sueldos bajos se da la deserción, mientras sus generales y sus oficiales prooligarcas y reaccionarios se enriquecen escandalosamente y disfrutan de placeres inimaginables utilizándolos a ellos como instrumentos para encubrirlos en sus tropelías.
Y no sólo deserta la tropa, también los oficiales con grado de mayor, capitán, teniente, subteniente, etc., para engrosar las filas de la delincuencia organizada, a quienes el ejército le será más difícil destruir ya que éstos aprendieron y están aprendiendo todas las formas de guerra contrainsurgente y que más tarde utilizan tácticas y estrategias de guerra irregular contra sus ex compañeros, hecho que explica los muertos del lado del Estado, mismas que son ignoradas porque acostumbran ocultar las bajas o informan en el parte oficial que fueron “cocineros” los que murieron, como lo han hecho cuando se han enfrentado con las fuerzas insurgentes.
Cualquiera que platicase con militares o policías, que han pedido su baja en sus respectivas corporaciones, escucha de viva voz que es ahí donde aprenden a consumir todo tipo de droga, donde aprenden a extorsionar, asaltar, secuestrar y a violar toda norma jurídica, en donde son adoctrinados contra la población civil y los luchadores sociales a quienes se les tipifica como delincuentes o terroristas, es ahí donde reciben la orden de “matar a todo lo que se mueva”.
Al señor Calderón no le importa que las fuerzas del ejército y la armada sean despiadadas con la ciudadanía, al contrario, los ensalza como héroes así maten, asesinen, torturen y desaparezcan gente inocente u opositores a su régimen, los estimula repitiéndoles siempre que todo lo que hagan gozará de fuero y de impunidad, bajo la lógica que son héroes, cuando todos sabemos, entre ellos los militares honestos, que en esos crímenes de Estado no hay honor ni gloria que festejar.
Calderón tanto ha perdido el juicio que está haciendo mañosamente un llamado a formar un frente único contra la delincuencia organizada, llamado que persigue la salvación de su administración y repartir entre todos los que cogobierna los costos de su concepción policíaco-militar como política de gobierno, con la cual sólo pueden estar de acuerdo los partidos de derecha, los grandes y medianos empresarios, el clero reaccionario, los dirigentes charros, los monopolios de la comunicación y los políticos de oficio progobiernistas, que festejan y defienden de manera histriónica cada medida del ilegítimo, como es la actual iniciativa contra el lavado de dinero que sólo es una cortina de humo para encubrir a los grandes inversionistas ligados a la delincuencia y criminalizar aún más a quienes por años de manera honrada han hecho un modesto capital que no lo ponen en manos del rapaz y parasitario sector financiero.
Desde la institucionalidad burguesa se valida toda medida de terrorismo fiscal, de acciones policíaco-militares, de medidas de control policíaco de la población, de fiscalización en el consumo y adquisiciones de medicamentos  y otros bienes materiales,  pero muy pocos oficialmente plantean desde el poder Legislativo hacer un frente unitario para obtener la libertad de los presos políticos y para lograr la presentación con vida de los luchadores sociales, víctimas del delito de desaparición forzada, delito ante el que los más críticos de este sistema y de este régimen también han callado en la exigencia de hacer un juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Políticos de oficio que a pesar de los reclamos populares, en su mayoría se muestran complacientes con las iniciativas y propuestas del ilegítimo al mostrar indiferencia y oídos sordos a las peticiones y exigencias de organizaciones populares, de organismos defensores de los derechos humanos no gubernamentales y de ciudadanos sin partido que sí demandan la presentación con vida de los desaparecidos y la libertad de todos los presos políticos, así como el regreso inmediato de las fuerzas policíaco-militares a sus cuarteles.
Eso lo sabe perfectamente bien el señor Calderón y como se dice el jefe supremo de las fuerzas armadas toda la responsabilidad recae sobre él, sobre los legisladores y el poder judicial que encubren las atrocidades del ejército federal y que son quienes pudieran legalizar un golpe de Estado, presionados por el imperialismo norteamericano para que acepte la tesis imperialista del “Estado fallido”, para que descaradamente se siga violando nuestra soberanía y asegurar el establecimiento de dos o tres bases militares norteamericanas dentro de nuestro territorio como lo ha hecho ya en Colombia, que para ese propósito cuenta con mucho recurso humano qué ocupar como son los hijos de los migrantes o los jóvenes que están en su país legal o ilegalmente que hablan el español e idiomas diferentes como son el náhuatl, zapoteco, mixteco, tlapaneco, etc.
No se debe omitir el hecho de que la mayoría de los agentes de migración que están supuestamente defendiendo la frontera norteamericana de los inofensivos emigrantes, que llegan en pos del falso sueño americano, agentes que por lo regular son hijos de migrantes de habla hispana que fueron tratados y siguen siendo tratados como subhumanos, que hoy sirven al monstruo imperialista, no les quedó otra manera de vivir y ser “aceptados” por la sociedad anglosajona que ser de la migra o parte de las fuerzas armadas americanas, se vuelven resentidos y en lugar de reclamarle a su gobierno que los ha tratado de esa manera, desquitan su odio racial con los migrantes hispanoparlantes hasta el grado de meterse a matar a nuestros hermanos dentro de nuestro territorio.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas, viene a demostrar el doble rasero de este gobierno con respecto al problema global de la expatriación de mano de obra superbarata hacia las economías más desarrolladas de las que emigran, al exigir timoratamente respeto a los derechos de nuestros hermanos en territorio norteamericano, al mismo tiempo que a quienes en esa misma pretensión nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos de llegar “al norte” son criminalizados, perseguidos, vejados y tratados con tanta crueldad inhumana como se hace con los presos en prisiones norteamericanas.
La masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, no es un hecho aislado, ni desvinculado de los grupos paramilitares que entran en la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada, porque curiosamente cada vez que el tema de seguridad va a ser tratado, siempre hay un “incidente” que persigue seguir apuntalando la tesis de la indispensabilidad del ejército en las calles. El principal responsable de esta matanza es el gobierno de Calderón y es parte del terrorismo de Estado.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Por nuestros camaradas proletarios!
¡Resueltos a vencer!
¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (PDPR)- COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (CG-EPR)
Año 46.
República mexicana, a 26 de agosto de 2010
Segundo comunicado
Al pueblo de México
A la Comisión de Mediación
Y mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos, que junto con los desaparecidos por motivos sociales son miles de ciudadanos que están en esta infame condición, realidad producto de una política de “limpieza social”, que aunque no lo acepten plumas “prestigiosas” por sus intereses inconfesables, en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica.
Entre este panorama de criminalización contra nuestro pueblo y ante la pregonada democracia que exaltan los políticos de oficio y sus representados, la oligarquía, preguntamos: ¿Qué prebendas más ganarían, de las ya satisfechas, los partidos políticos con el señor Calderón por no juzgar a los responsables de estas desapariciones forzadas? Como son el general Alfredo Oropeza Garnica, el aún gobernador criminal Ulises Ruiz,  Manuel Moreno Rivas, Manuel Vera Salinas y Jorge Franco?
¿Cómo es que la dirigencia nacional del PRD sabiendo que Manuel Vera Salinas tiene responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros compañeros, así como de muchos más luchadores sociales desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en Oaxaca le da protección por medio de su ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo Greg Sánchez, entonces presidente municipal de Cancún, nombrándolo jefe de policía y tránsito? ¿Quiere decir, entonces, que en lugar de hacer una denuncia por este delito es su protegido? ¿Qué más podemos esperar con esta actitud?
El gobierno de Calderón por su ilegitimidad criminaliza por todos los medios el descontento popular y reprime masiva y selectivamente toda expresión de descontento y organización fuera de los marcos coorporativizantes, provocando con sus medidas fascistoides un mayor encono social, al tiempo que allana el camino para instaurar legalmente un Estado policíaco-militar, que no es otra cosa que una dictadura con un rostro civil en el Ejecutivo. En ese contexto se inscribe la actitud de este gobierno que busca negociar con las cabezas del crimen organizado para que entre ambos junten fuerzas para enderezarlas en contra del movimiento insurgente, para tratar de destruirnos físicamente.
La historia reciente del país nos recuerda que gobiernos anteriores priistas tenían negociación con el crimen organizado y sus titulares para combatir a los grupos revolucionarios de ese tiempo, por poner algunos ejemplos eran Nazar Haro y el general Acosta Chaparro, el primero hoy “super” asesor de oligarcas y cúpula policíaco-militar, que en su medio solían preguntar a algunos integrantes del crimen organizado y a subalternos si habían hecho tal o cual acción delictiva, y éstos al negarlo ocasionaban que el gobierno declarara después de un supuesto trabajo de inteligencia que habían sido fuerzas insurgentes los responsables de tales acciones.
Desde esos tiempos priistas el crimen organizado facilitaba casas de seguridad y sicarios para que asesinaran, pero previamente torturaran a luchadores sociales y miembros de las fuerzas insurgentes cuando la época de la guerra sucia. Con el arribo el panismo al gobierno federal esta práctica no sólo se retomó si no que la ha intensificado.
Ante este desolador panorama para nuestro pueblo y sus organizaciones hemos respetando la tregua unilateral solicitada por la Comisión de Mediación a pesar de la falta de respuesta oficial a la Comisión de Mediación; a pesar de que en diferentes partes del país se han instrumentado operativos contrainsurgentes de búsqueda y captura de nuestros militantes; a pesar de la indiferencia, silencio y complicidad de la mayoría de los integrantes del poder Legislativo; a pesar del ambiente represivo contra nuestro pueblo y la agresión policíaco-militar contra éste que legitima una respuesta del conjunto del movimiento revolucionario por el anhelo de libertad y justicia de nuestro pueblo que pide el actuar revolucionario.
Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo que dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!
¡Por la revolución socialista!
¡Vencer o morir!
¡Por nuestros camaradas proletarios!
¡Resueltos a vencer!
¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!
Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario CG-EPR
Año 46

La Masacre a los 72 migrantes es una irresponsabilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos

Ante la masacre de cincuenta y cuatro hombres y catorce mujeres migrantes ocurrida en días pasados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, la Casa del Migrante de Saltillo condena abiertamente los hechos sucedidos y manifiesta lo siguiente:

-          Que éste no es un hecho aislado, sino que corresponde a todo un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que los condena la política migratoria actual. En este sentido:

o   Reprobamos la declaración del gobierno federal en la que se manifestó que esta masacre corresponde a pugnas libradas entre grupos del crimen organizado.
o   Condenamos la falta de voluntad del Instituto Nacional de Migración para aceptar la realidad de sistemática violación de derechos humanos de las personas migrantes y decir, como lo ha expresado, que únicamente se han registrado en el año “seis o siete eventos de secuestro”.
o   Consideramos totalmente insuficientes las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante un acontecimiento tan significativo de holocausto contra personas de países latinoamericanos

-          Esta masacre es una muestra clara de que la política migratoria actual del Estado mexicano no sólo no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos, teniendo como consecuencia que esta dolorosa migración de supervivencia deje de tener esperanza y futuro para estos pueblos empobrecidos.

-          Este acontecimiento no sólo pone en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleve a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México

-          Por otra parte, destacamos que este acto respalda los testimonios de numerosas víctimas, quienes expresan que grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos. Asimismo, es muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noreste del país.

-          En este sentido, en repetidas ocasiones hemos denunciado que Coahuila no está exenta de estos graves hechos. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades estatales y municipales para que, de una sola vez, erradiquen todas aquellas condiciones de inseguridad que conllevan a que este tipo de delitos y verdaderas masacres, se cometan en completa impunidad.
-          Ante la grave problemática, es urgente que el Estado mexicano acepte colaborar con las demandas de los estados centro y sudamericanos, de tal manera que pueda llegar al fondo de las investigaciones y a la justicia y compensación a las innumerables víctimas y a sus familias. Asimismo, es necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México.


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