Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.
Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.
Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.
Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.
Aun cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros.
Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.
Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.
Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.
Para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.
Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.
Y es que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico, se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un centro comercial.
La pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de dinero.
Desde que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias se han cumplido.
En cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.
Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.
El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un “chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.
Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.
En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas.
Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.
En ese encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el hoy presidente de la República respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes.
Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”.
A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.
Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.
En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca recibieron de su gobierno los “mecanismos de protección especial” que subrayó como indispensables.
Las únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras– y cámaras fotográficas.
El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.
El viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién recurrir para pedir ayuda.
Hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.
Otros, como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.
Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país.
En contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.
No contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.
Tal afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.
En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites.
El Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores.
De víctimas
a verdugos
Como si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.
Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera.
El terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.
De manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de extorsionadores.
Fueron los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por denunciar las intimidaciones recibidas.
Ante esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la autoridad porque no hace nada al respecto?
El reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la integridad de numerosas personas, sobre todo niños.
El terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por omisión, por negligencia o incluso por colusión.
Dice la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados. Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han perdido a sus hijos de violenta manera.
Tiene toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ, quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.
“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la funcionaria.
¿Qué es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”, como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee, escucha o ve.
En todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean los delincuentes del mañana.
Es una cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.
