También en Suiza: ‘Días de Acción’ por México

En el primer lustro de un accidente que costó la vida a 65 mineros y para defender el respeto a los derechos laborales, organizaciones internacionales iniciaron este lunes seis ‘Días de Acción por los Derechos Sindicales en México’.

Miles de personas participan en el DF
 y en diversas ciudades del mundo por el respeto a los derechos
 de los trabajadores mexicanos. (Keystone)

En diversos países - incluida Suiza- los organizadores del evento entregaron a los representantes mexicanos una carta destinada al presidente Felipe Calderón.

“Tuvimos una conversación respetuosa y abierta en la que les explicamos los esfuerzos del Gobierno de México en cuanto a los temas que nos plantearon”, señaló a swissinfo.ch el representante permanente de ese país ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Juan José Ignacio Gómez Camacho.

El programa de actividades de la acción solidaria incluye manifestaciones, reuniones con embajadores mexicanos, cartas y correos electrónicos en al menos una treintena de países.

En ese marco, el embajador mexicano se reunió con representantes de las entidades que dirigen el evento, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM); la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas, e Industrias (ICEM); UNI Global Union y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).

La tragedia de Conchos

Los Días de Acción concluyen el próximo sábado, cuando se cumplen cinco años del accidente de la mina de Pasta de Conchos, en el norteño estado mexicano de Coahuila.

Cabe recordar  que en las primeras horas del 19 de febrero de 2006  se produjo una explosión en la mina de carbón del Grupo México que provocó derrumbes a lo largo de los 2,8 km del socavón número 8 y dejó atrapados a 65 mineros a cientos de metros bajo la superficie.

Las federaciones sindicales reprochan a las autoridades mexicanas y a la empresa la suspensión de las operaciones de rescate apenas transcurridos cinco días del accidente, “cuando las familias estaban a pocos metros de sus seres queridos atrapados en la mina”.

Agregan que cinco años más tarde, los cadáveres de 63 de los 65 mineros siguen en la mina y las autoridades no han investigado ni enjuiciado a los responsables., amén de que no se han indemnizado a los deudos de las víctimas.

“Comprendemos el dolor de las familias”, señaló el embajador . “Sin embargo, por razones técnicas y de seguridad (dada la alta concentración de gas metano)   fue y es imposible recuperar los cuerpos”.

Dijo asimismo que se han entregado indemnizaciones (por montos superiores a los fijados por la ley) a 56 de las familias concernidas, mientras que el resto ha rechazado aceptarlas.

Violaciones a derechos sindicales

Por otra parte, las organizaciones sindicales emitieron un comunicado en el que denuncian el “grave incremento” de las violaciones de los derechos sindicales en México, en particular aquellos relacionados con las negociaciones colectivas, la huelga y la estabilidad del empleo.

Asientan que tales irregularidades se llevan a cabo con la tolerancia y hasta complicidad del Estado y que en ocasiones incluyen la presencia de la policía federal y hasta de elementos del ejército (que ocupan los lugares de trabajo).

Asimismo, las federaciones internacionales de trabajadores enfatizan que “el movimiento sindical de México está dominado por sindicatos que en gran parte sirven a los intereses del Gobierno y de las empresas, y no procuran ningún beneficio a los miembros”.

Al respecto, el embajador Gómez Camacho indicó a swissinfo.ch que en su entrevista con los representantes de las federaciones sindicales les explicó que las acusaciones conciernen a dos sindicatos fundamentalmente: el de electricistas y el minero.

En el primero, abundó, se produjeron irregularidades en el proceso de elección del líder, por lo que las autoridades laborales lo rechazaron en una primera vuelta. Y en el segundo se dieron problemas de orden jurídico con la denuncia penal de los propios trabajadores y ante el Ministerio Público, del dirigente saliente.

Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch

Sempra no, energía limpia sí

En 2004 Greenpeace denunció que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de la empresa Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy, representaba un grave riesgo para la población de Ensenada, Baja California y el ecosistema de la región por su alto nivel de explosividad.

A siete años de distancia, la comunidad de Ensenada ha logrado por medio de la protesta social que esta terminal gasera sea puesta nuevamente en la mira de las autoridades estatales para exigir que sea cerrada. Pero, ¿por qué es tan peligroso este tipo de combustible?

El GNL es la forma líquida del gas natural. A través de un proceso llamado licuefacción se condensa el gas natural a 160° C bajo cero y se reduce el volumen 600 veces con respecto a su volumen original. Al compactar tal volumen de gas, se puede transportar en buques y entregarse a plantas procesadoras como la de Costa Azul, en donde es convertido nuevamente en gas natural para ser distribuido a los clientes.

Una fuga de GNL puede provocar graves incendios, ya que al contacto con el aire la combustión es inmediata, el fuego es intenso y arde a temperaturas mayores que las de los incendios de gas o petróleo. Este riesgo aumenta si el incendio ocurre en altamar, cuando el combustible es transportado en buques hacia las plantas regasificadoras. Varios expertos concuerdan que un incendio en el agua es el riesgo más serio del GNL. En sólo 3 minutos, el fuego se puede expandir a casi un kilómetro de la nave. Cabe señalar que en los grandes incendios, si la piel está expuesta por aproximadamente 30 segundos, a una distancia del fuego de menos de un kilómetro, se pueden sufrir quemaduras de segundo grado. Si el GNL escapara sin ser alcanzado por el fuego, la nube de gas podría trasladarse a cualquier lugar y provocar un incendio.

Todas las medidas de seguridad que se han tomado en Estados Unidos para proteger el transporte y procesamiento del GNL son un reconocimiento implícito del peligro extremo que rodea a las terminales de este combustible, sin importar dónde se construyan.

Ante este escenario adverso, Baja California no necesita depender de un combustible como el GNL. Actualmente, esta entidad satisface parte de sus necesidades de electricidad con la energía geotérmica que aprovecha de Cerro Prieto. La sierra de La Rumorosa entre Tijuana y Mexicali y la de San Pedro Mártir son unos de los mejores sitios en México para generar energía eólica. La región noroeste del país recibe una inmejorable radiación solar, con una excelente radiación promedio de 5kwh/m2 al día.

Hoy, a más de seis años de las primeras protestas contra la instalación de Sempra en Baja California, los argumentos esgrimidos en 2004 siguen siendo válidos: México debe dejar de lado este tipo de proyectos riesgosos y detonar una [r]evolución energética.

No más guerra

En solidaridad con Carmen Aristegui, voz de la libertad.

Más que el hueco, amnésico y falaz anuncio de Felipe Calderón sobre el fin de la “guerra contra el narcotráfico”, hace falta ponerle fin a esta absurda estrategia en la práctica. Una guerra no tiene otro objetivo que aniquilar a las fuerzas “enemigas”, que en este caso son los cientos de miles de jóvenes sin oportunidades que hoy engrosan las filas de los cárteles de la droga.

Es muy indicativo el lastimoso papel del vocero, Alejandro Poiré, quien inmediatamente después de cada matanza declara que ella ha sido un indicador más del “éxito” de la estrategia gubernamental. Pero lo verdaderamente grave es que, estrictamente hablando, el vocero tiene razón. Los 35 mil muertos en el sexenio no han sido “daños colaterales”, sino justamente el objetivo principal de una estrategia gubernamental que más pareciera ser de “limpieza juvenil” que de combate al narcotráfico. La insistencia con tanto ahínco en que 90% de los ejecutados supuestamente estaban “vinculados” al narcotráfico, precisamente cumple el propósito de convencer a la opinión pública de que merecían morir y de que la guerra es “justa” al final de cuentas. 

Las propuestas para una modificación táctica de la “lucha por la seguridad pública” son abundantes. En lugar de la fuerza bruta, se dice que habría que atacar financieramente a los cárteles, mejorar la investigación policiaca, reformar el sistema judicial, aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción gubernamental, entre otras acciones. Todas estas iniciativas son desde luego muy loables. Sin embargo, para que verdaderamente hubiera alguna posibilidad de que tengan éxito es necesario que se acompañen de una modificación general de la estrategia que engloba la acción gubernamental.

Concretamente, habría que invertir las prioridades en materia de seguridad pública.  Para empezar, se debe reducir la atención al transporte de estupefacientes hacia Estados Unidos ya que, estrictamente hablando, este delito no hace daño alguno a la población mexicana. Así como los políticos estadunidenses se niegan a regular la venta de armas de asalto porque no perciben el daño que ello genera en su propio país, México debería reducir al máximo la persecución del delito de trasiego de drogas. Esta decisión inmediatamente liberaría cuantiosos recursos que podrían ser utilizados para combatir los delitos más dañinos para la sociedad mexicana, como el secuestro, el homicidio, la trata de personas y la corrupción gubernamental.

Los mexicanos simplemente tendrían que rehusarse a pelear una guerra que corresponde a los estadunidenses. En lugar de sacrificar a la juventud mexicana para evitar que la droga llegue a los consumidores estadunidenses, habría que proteger e invertir en nuestras nuevas generaciones. Esto es, me parece, la propuesta central de la válida y urgente campaña de “No + sangre”.

Es cierto que formalmente, en un sistema “inquisitivo” de derecho penal como el nuestro, los ministerios públicos y policías tienen la obligación de perseguir todos los delitos, sin distingo.  Sin embargo, ya hemos iniciado el tránsito hacia un sistema “acusatorio” donde la prosecutory discretion (discrecionalidad persecutoria) forma una de sus columnas vertebrales. Asimismo, grandes penalistas, como Mirjan Damaska, han documentado cómo aun en sistemas inquisitivos también existe un amplio margen de discrecionalidad para la persecución de delitos. La sorprendente inacción de la PGR en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos es sólo el ejemplo más evidente.

Más que obedecer los dictados del gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano tendría que seguir el modelo del vecino del norte. Las autoridades estadunidenses no hacen mayor cosa para combatir el tránsito de droga dentro de su propio territorio. No hay retenes militares, ni decomisos importantes, ni necesidad de pelear por los “territorios”. La droga fluye libremente en el país vecino, y los ocasionales operativos que tienen lugar casi nunca derraman sangre o generan “bajas colaterales” expresadas en muertes de niños inocentes. Asimismo, el consumo de mariguana, fuente de 50% a 75% de las ganancias de los cárteles mexicanos, es legal en una docena de estados de EU.

Resultan por ello hipócritas y engañosas las declaraciones de Janet Napolitano, quien ha amenazado con “aplastar” a los cárteles mexicanos si trasladan “su violencia” al otro lado de la frontera. La violencia y el descontrol en México son el resultado directo de la errada estrategia impuesta por Washington. En Estados Unidos existe relativa paz, no porque los narcotraficantes teman la respuesta del gobierno, sino por todo lo contrario. En EU no se derrama sangre porque las autoridades son sumamente permisivas con el tránsito y el consumo de drogas. También llama la atención que en su reciente comparecencia ante el Congreso, Napolitano hablara explícitamente de la “estrecha colaboración” de su país con Calderón en la “guerra” contra los narcotraficantes.

Por otro lado, también resulta muy arriesgada la propuesta del destacado experto Edgardo Buscaglia en el sentido de incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones “terroristas” de las Naciones Unidas. Si bien ello podría tener el efecto práctico de un rápido aumento en la colaboración internacional para controlar las finanzas de estos grupos, la reclasificación propuesta también fungiría como la coartada perfecta para consolidar y aumentar la fallida estrategia de “guerra” contra el narcotráfico en México. Asimismo, se abriría la puerta de par en par para una eventual utilización de tropas estadunidenses en territorio mexicano, tal y como lo sugirió la semana pasada el subsecretario de Defensa estadunidense, Joseph Westphal.

Si Calderón realmente busca emprender una “lucha por la seguridad pública” y no una “guerra”, tendría que dar prioridad a la construcción de la paz social y el estado de derecho. Desde luego, no sería adecuado “pactar” con los narcotraficantes, y mucho menos ceder la plaza a los criminales, pero sí priorizar la protección de nuestros ciudadanos. Es hora de dejar de ser carne de cañón en una guerra impuesta a México desde Washington, y en la que hemos derramado ya mucha sangre inocente, que amenaza con destruir por completo el tejido social y corroer aún más nuestras instituciones.  l

www.johnackerman.blogspot.com
twitter: @JohnMAckerman