Investigan contrato multimillonario para construcción de acueducto

Funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) son investigados por autorizar un contrato por mil 340 millones de pesos con la empresa Makro S.A. de C.V. para la ampliación del acueducto Río Colorado-Tijuana, que se presume se otorgó de manera irregular en perjuicio del erario público.

Una investigación del Órgano de Fiscalización Superior (OSF) detectó que la CEA pactó el contrato con la compañía Makro S.A. de C.V a pesar que había perdido la licitación para la "Prestación del Servicio de Conducción y Ampliación de la Capacidad del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT)", que fue lanzada el 26 de junio de 2006.

La presunta irregularidad en la entrega del contrato fue detectada luego que la empresa ganadora de la licitación, Abengoa México, S.A. de C.V., se inconformara ante la Secretaría de la Función Pública, la cual ordenó a las autoridades estatales la nulidad parcial del convenio con la empresa Makro S.A de C.V.

Sin embargo, a pesar de la resolución federal, funcionarios de la Comisión Estatal de Agua, encabezada en su momento por Jaime Salgado Ojeda, insistieron en cuatro ocasiones en brindarle el contrato por mil 340 millones de pesos a la empresa Makro S.A. de C.V., propiedad de Ismael Ariel Gutiérrez Castro, Víctor Ismael Llamas Galván, Alberto Barrutia Calderón, Marco Antonio Santacruz Cuevas y Javier Terán Martínez.

La investigación sobre el supuesto contrato irregular está integrada en el dictamen 225 del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), que fue aprobado el pasado 22 de julio por el Congreso del Estado.

El documento, del cual La-Ch.com tiene copia, detalla que la historia del sospechoso contrato inició el 29 de junio de 2006 cuando el Gobierno del Estado lanzó la convocatoria pública nacional número uno para la "Prestación del Servicio de Conducción y Ampliación de la Capacidad del Acueducto Río Colorado Tijuana (ARCT)".

Expone que el 4 de septiembre del mismo año se decretó que la ganadora de la licitación era la empresa española Abengoa México S.A. de C.V., sin embargo el contrato le fue concedido a compañía Makro S.A de C.V., que había obtenido el segundo lugar.

Ante la presunta irregularidad, Abengoa México, S.A. de C.V. buscó la protección de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin embargo, el 3 de octubre del 2006, la Comisión Estatal del Agua (CEA) firmó el contrato con la empresa Makro S.A. de C.V. de "Prestación del servicio de transportación de agua en bloque, adquisición de materiales, instalación, suministro y ampliación de la capacidad del acueducto Rio Colorado-Tijuana (ARCT)".

Dos meses después, el 15 de diciembre, la CEA recibió el primer revés de la Secretaría de la Función Pública, ya que resolvió que la paraestatal debería emitir un nuevo fallo de la licitación para la construcción de la ampliación del acueducto.

El documento del Órgano de Fiscalización Superior detalla que la Comisión Estatal del Agua emitió dos nuevos fallos, con fechas 9 de enero y 27 de abril de 2007, los cuales fueron a favor de la empresa Sociedad Mercantil Aocsa, S.A. de C.V, que es representada por Makro S.A. de C.V.Sin embargo, la empresa española Abengoa México, S.A. de C.V. volvió a inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública (SPF), la cual volvió a resolver la nulidad parcial de los contratos con la empresa Makro S.A. de C.V.

El nuevo revés sufrido obligó a la Comisión Estatal del Agua a realizar un nuevo fallo. El 6 de julio de 2007, la paraestatal dio a conocer el resultado, de nueva cuenta la compañía Makro S.A. de C.V. resultaba ganadora del contrato millonario.

El 24 de julio de 2007, la CEA celebró el contrato con la empresa Makro S.A. de C.V., por un monto de mil 340 millones 234 mil 728 pesos, pero ya sin una licitación de por medio, sino de manera directa.

El argumento de la paraestatal fue que la construcción del acueducto tenía un retraso de tres años, además que estaba el contrato previo del 3 de octubre de 2006 con la empresa Makro S.A. de C.V., que de no cumplirse tendría un mayor perjuicio económico.

Sin embargo, el Órgano Superior de Fiscalización rechaza los argumentos de la CEA para otorgar el contrato de manera directa y destaca que no se acreditan los criterios de "economía, eficacia, imparcialidad y honradez que le aseguren al Estado las mejores condiciones".

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicitó al Órgano de Fiscalización iniciar un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios públicos relacionados en el otorgamiento del contrato por los actos irregulares advertidos en la licitación.

El supuesto contrato irregular fue motivo para que la Comisión de Fiscalización y el Congreso del Estado rechazaran la cuenta pública de patrimonio de la Comisión Estatal del Agua y dieran un plazo de 60 días para que la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Gobierno del Estado aplique las medidas correctivas.

En su momento, ante los reveses la Secretaría de la Función Pública, que en tres ocasiones anuló la licitación, el entonces gobernador del Estado Eugenio Elorduy dijo el proceso de licitación no debería reponerse totalmente.

La SFP pide al Gobierno del Estado que vuelva a emitir el fallo de la licitación, por lo que no tiene que reponerse todo este procedimiento, lo que se hará en los tiempos y términos establecidos en el mismo dictamen, apuntó en abril de 2007, según una nota de La Crónica, de Mexicali.

La entrega de contratos millonarios a empresas que no ganaron la licitación tiene antecedentes en las Comisiones del agua en el estado, uno de ellos fue otorgado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe). Ante la irregularidad, la empresa ganadora se inconformó y ganó en los tribunales el caso, que le costó al Gobierno del Estado 182 millones de pesos. Mañana la historia: Cespe y su deuda millonaria.

Arranca el nuevo modelo cubano con más de medio millón de despidos

El gobierno del presidente de Cuba, Raúl Castro, inició ayer despidos masivos de empleados públicos y una serie de medidas para impulsar su incorporación al sector privado. En la imagen, puesto de comida en La HabanaFoto Reuters

La Habana, 13 de septiembre. El gobierno del presidente Raúl Castro inició los anunciados despidos masivos, suprimiendo el seguro de desempleo indefinido, pero al mismo tiempo impulsará el ahora minúsculo sector privado, al que se moverán cientos de miles de trabajadores en los próximos años, informó hoy la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la agrupación sindical única.

Un comunicado de la CTC ofreció detalles adicionales al discurso de Castro del mes pasado, en el cual el mandatario perfiló lo que llama actualización del modelo económico cubano. El cambio en el esquema laboral y de propiedad quizá sea el mayor en la isla desde la estatización generalizada de 1968, conocida como ofensiva revolucionaria, que convirtió a más de 90 por ciento de los trabajadores en empleados públicos.

Desde ahora y hasta marzo de 2011 serán cesados más de medio millón de empleados. Los despidos se iniciarán de inmediato y por su magnitud e incidencia abarcarán todos los sectores, reportó la CTC.

Apenas en trazos generales, la central sindical dibujó el contorno de un nuevo modelo económico cubano. El Estado retendrá ramas estratégicas y ligadas al sector externo, como el petróleo, la biotecnología, la farmacéutica y el turismo. En ésas y en otras áreas de producción de bienes y exportación de servicios habrá fuentes de empleo.

Abanico de opciones

El Estado también mantendrá plazas abiertas para actividades con escasez de fuerza de trabajo, como la agricultura, la construcción, la docencia y la policía. En contraste, abrirá un abanico de opciones de empleo privado, mediante el usufructo, el arrendamiento, las cooperativas y el trabajo por cuenta propia, de acuerdo con el documento de la CTC, que no entró en detalles.

Aún se desconoce el panorama completo de las opciones para el empleo privado, así como la forma en que los particulares podrán contratar fuerza de trabajo, como anunció Castro en agosto.

A la ofensiva revolucionaria de 1968 sobrevivieron formas marginales de propiedad privada productiva, en particular en el campo. A mediados de los años 90, tras el derrumbe soviético, el gobierno abrió un poco más ese sector para pequeñas manufacturas, el comercio y los servicios. Pero esas nuevas formas de autoempleo se mantuvieron restringidas por una fuerte regulación y una virtual moratoria en la expedición de permisos.

En los más de cien oficios privados que se permitieron a partir de 1993, como mecánicos, albañiles, plomeros, taxistas y relojeros, o en giros como el alquiler de habitaciones y los restaurantes familiares, llegaron a inscribirse unos 210 mil trabajadores, que a finales de 2009 eran sólo 143 mil.

La expectativa de la CTC de quecientos de miles de empleados pasarán al sector privado, junto con el cálculo oficial ya conocido de que sobran cerca de un millón de las actuales plazas de trabajo, indica que esta vez el viraje es de mayores dimensiones, al menos en el proyecto.

En la nueva política laboral, una novedad será la eliminación del seguro de desempleo, que hasta ahora otorgaba a los cesantes porciones hasta de 60 por ciento de su salario mientras quedaran desocupados por responsabilidad de las empresas, en algunos casos sin límite de tiempo.

Ya no será posible aplicar la fórmula de proteger o subsidiar salarialmente de forma indefinida a los trabajadores, informó la central sindical. De inmediato no había informes oficiales sobre el nuevo alcance del seguro de desempleo o la cuantía de las eventuales liquidaciones.

Sin embargo, la CTC precisó que la colocación de los despedidos ya no es una carga pública como antes: En la identificación, traslado y ubicación hacia otras labores tendrá un papel muy importante la gestión y disposición personal del interesado.

La nueva fórmula modifica sustancialmente el criterio predominante en la política de empleo en Cuba durante medio siglo, según el cual el Estado tutelaba la colocación de los trabajadores o subsidiaba la desocupación. Esa línea llegaba al extremo de que algunos desempleados recibían su salario si cursaban algún nivel de enseñanza, como ocurrió a partir de 2002, cuando empezó a desmantelarse casi la mitad de la industria azucarera.

La CTC advirtió este lunes que será eliminado el estudio como fuente de empleo, al igual que los abultadosgastos sociales, los subsidios excesivosy la jubilación anticipada.