- El Centro para el Progreso Estadunidense calculó las pérdidas sumando las cancelaciones de habitaciones de hotel (45 millones) con lo que el estado dejó de percibir por alimentación, transporte y entretenimiento de las personas que habrían asistido a los congresos.
Estados Unidos Washington DC.- El estado de Arizona perdió 141 millones de dólares por la cancelación de conferencias y congresos en el marco del boicot contra la ley antinmigrantes que entró en vigencia hace tres meses, según un estudio divulgado este jueves por el Centro para el Progreso Estadunidense (CAP).
La anulación de eventos también supuso la pérdida de 2 mil 761 empleos, señaló el informe del CAP, crítico de la ley conocida como SB 1070, que por primera vez declaró la inmigración ilegal como un delito estatal en el país.
El CAP calculó las pérdidas sumando las cancelaciones de habitaciones de hotel (45 millones) con lo que el estado dejó de percibir por alimentación, transporte y entretenimiento de las personas que habrían asistido a los congresos.
Las perjuicios por congresos anulados es "sólo una porción" de las pérdidas que registrará Arizona por esta legislación, ya que ese estado también sufre una merma de turistas y la cancelación de eventos culturales, indicó el CAP.
La ley SB 1070 entró en vigencia el 29 de julio pasado, pero con sus partes más polémicas congeladas por decisión judicial ante una demanda del gobierno del presidente Barack Obama, que la considera anticonstitucional porque interferiría con responsabilidades sobre inmigración que competen únicamente al Estado federal.
El boicot a la ley fue convocado por numerosas organizaciones de defensa de los hispanos, que criticaban que la ley permitiera a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona si se tenía una "sospecha razonable" de que la persona era indocumentada.
"Las consecuencias económicas y fiscales no se detienen ahí. Es muy probable que las decisiones de no programar congresos en Arizona continúen por algún tiempo", advirtió el CAP.
El informe sirve como advertencia de "los impactos potencialmente catastróficos de intentar aprobar leyes migratorias duras y debería hacer que otras legislaturas estatales se detengan antes de intentar aprobar leyes similares", agregó el centro.
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