MÉXICO FRENTE A LA ESCORIA LADRONA
Dignidad o Capitulación frente al Secuestro de México por las Mafias Político-Empresariales
Extracto #6 Capítulo XII.8 Movimiento de recuperación y reconstrucción nacional – Primer objetivo: Paro Nacional de Labores
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XII.8 Movimiento de recuperación y reconstrucción nacional
Una de las ideas que más cunde entre la ciudadanía insatisfecha y motivada, es la conclusión de que es absolutamente imposible aspirar a un cambio, bajo las condiciones actuales, porque los intereses de quienes detentan el poder son directamente opuestos a los conceptos más elementales de una sociedad de real democracia. Cada vez más ciudadanos se percatan de que las elites encaramadas en el poder no tienen la menor intención de gobernar dedicados a procurar el bienestar general de todos y cada uno de los rangos de la sociedad –con especial énfasis en los más desposeídos– en un país deliberadamente desposeído. Cada vez es más nítida y generalizada la percepción de que las clases políticas se dedican a la cosa pública exclusivamente para depredar al país, sin la menor inquietud por sus consecuencias. Por ello, crece la certidumbre de que las mafias en el poder harán lo indecible por mantenerse en él a como dé lugar. Este estudio se ha esforzado por hacer evidente la sistemática política de saqueo y depredación del actual Estado mafioso, contrastándola con lo que debería hacerse en México o con lo que ya se ha hecho o se hace en otros países en beneficio de la mayoría. Empero, antes de siquiera poder imaginar realistamente todo lo que es preciso hacer, es imprescindible primero rescatar al país de las garras de los poderes fácticos. En este sentido, este ensayo aspira a que de manera natural el lector arribe a la conclusión de que la única solución real es remover pacíficamente del poder al actual gobierno en funciones para que a partir de ahí se pueda construir un nuevo país. El primer paso –que es condición sine qua non para tener éxito en el rescate nacional– es remover del poder a la escoria ladrona para entonces, inmediatamente, proceder a reconstruir al país con un nuevo pacto y unas nuevas estructuras e instituciones que materialicen este pacto.
XII.8.1 Primer objetivo: Paro Nacional para revocación de mandato
El primer objetivo es remover a los tres poderes del Estado mafioso de la conducción del país y hacerlo pacíficamente. En la actual constitución no se contempla la revocación del mandato de ninguno de los puestos de elección popular. Convenientemente, el artículo 39 expresa de forma retórica que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Empero, como ya apuntaba en el capítulo VIII, en los hechos los mexicanos no tenemos el menor poder de autodeterminación sobre la forma de gobierno.
En efecto, no existe el menor vehículo ni mecanismo constitucional para remover del poder a quien falte al juramento proferido al acceder al poder. El artículo 87 establece otra dosis de retórica cuando el presidente tiene que jurar: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande. No obstante, no hay la menor alusión constitucional a los criterios puntuales que
determinen cuándo el desempeño del presidente de la república –o de quien desempeñe cualquier puesto de elección popular– ha faltado a su juramento. Mucho menos existe alusión alguna que defina el procedimiento para destituir al presidente o a otro cargo de elección popular por haber faltado a su juramento. El artículo 86 le confiere al presidente de la república el derecho a renunciar, mas sólo por causa grave y estrictamente a criterio del congreso en funciones.
La constitución contempla (artículo 110) la figura de juicio político para los miembros de los poderes legislativo y judicial, así como para los gobernadores e integrantes de los demás poderes de los estados. Sin embargo, los criterios para erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos, es facultad exclusiva del senado –respecto a la federación– y de las legislaturas locales –respecto a los estados. Los ciudadanos no tenemos ni voz ni voto en el asunto. Se trata de un sistema representativo diseñado para proteger a los poderes oligárquicos. El presidente no es sujeto de juicio político. El artículo 109 establece que, el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero todo está sometido a la ambigüedad y a la subjetividad con que el poder legislativo quiera actuar, sabiendo de antemano que no hay la menor voluntad política para demandar a un presidente por faltar a su juramento. La presidencia y demás cargos de elección popular son un privilegio desprovisto de cualquier contrapeso ciudadano a los abusos que imprimen consuetudinariamente quienes acceden a ellos. Excepcionalmente, el escándalo puede obligar al presidente o a otro alto funcionario a remover a un servidor público de un puesto de elección popular, mas no las leyes ni los ciudadanos –una situación por demás vergonzosa que ilustra nítidamente la ausencia del Estado de derecho. Empero, hasta ahora a ningún presidente o ex presidente se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, así halla faltado escandalosamente a su juramento de mil maneras. La impunidad es uno de los principales atributos de las reglas impuestas por la escoria ladrona para protegerse del escrutinio ciudadano. Desde luego es absolutamente irreal imaginar que los tres poderes del Estado mafioso renuncien o que entre ellos se remuevan del poder. No huelga dejarlo claro.
De esta forma, la única alternativa posible para la sociedad es la acción directa. El derecho soberano del pueblo de cambiar su forma de gobierno carece de mecanismos legales para ejercerlo, pero eso no logra que nuestro derecho siga siendo inalienable y que si no hay conductos de derecho sí los hay de hecho. Ya he argumentado detalladamente al principio de esta sección que las condiciones actuales no ofrecen la menor oportunidad de reconstruir el país. El sistema electoral está diseñado para que la escoria ladrona retenga el poder, por las buenas o fraudulentamente. Así mismo, los partidos de oposición no aspiran a un cambio radical, sino a hacerse del poder bajo el mismo contexto oligárquico, sin democracia directa y rindiendo la misma pleitesía al dios mercado. De la misma forma, el marco legal sigue siendo un marco cerrado que deliberadamente impide cualquier posibilidad de materializar la soberanía ciudadana. Actualmente no hay ningún vehículo que permita transitar hacia la democracia real. De tal suerte que la única manera de aspirar a reconstruir a nuestro país y lograr el cambio necesario –el cambio radical que establece el nuevo paradigma de democracia real para el sostenimiento de la gente y el planeta (DRSGP) – es la acción directa. La acción directa debe tener como fin último establecer una Nueva República con un nuevo pacto social.
En síntesis, creo imposible aspirar a construir otro país sin antes terminar con los poderes fácticos de la escoria ladrona que tienen secuestrado al país. Y la única forma que encuentro de lograrlo pacíficamente es mediante una acción de fuerza que se materializa con el Gran Paro Nacional de Labores. Por otro lado, el país no puede esperar más; la situación para la mayoría es intolerable por lo que esto tiene que suceder entre 2010 y 2011 y no después. Es menester insistir, el primer paso es la toma de consciencia para de ahí integrarse a la organización de un Gran Movimiento Nacional cuya primera acción sea el fin del sistema de la escoria ladrona mediante el Gran Paro Nacional de Labores.
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