México.- La empresa estadunidense Sempra Energy, poseedora de la planta de gas natural licuado más grande de México en Costa Azul, Baja California, se encuentra bajo investigación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios mexicanos y orquestar un caso falso contra un ciudadano para despojarle de terrenos estratégicos.
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| La compañía va con todo para proteger sus intereses. Foto: Especial |
Las irregularidades cometidas por Sempra en México, que representarían una abierta violación a distintas leyes mexicanas anticohecho, tratados internacionales y disposiciones internas estadunidenses, incluso llevaron a la Junta de Supervisores del Condado de San Diego a ordenar una pesquisa en torno a si la empresa ha corrompido a servidores públicos mexicanos con la intención de proteger sus intereses económicos en Baja California.
De acuerdo con una investigación de MILENIO basada en documentos judiciales presentados ante la Corte Suprema de California, así como un informe interno de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Sempra será indagada por la Comisión Federal Regulatoria de Energía de Estados Unidos y la fiscalía de California gracias a la información proporcionada por un chivato: su ex contralor interno decidió delatar a la empresa por despido injustificado.
“Sempra regularmente requería la transferencia de fondos y cuentas para pagos ilegales que iban dirigidos a funcionarios gubernamentales (mexicanos)”, se explica en la denuncia, interpuesta a principios de noviembre pasado por Roberto Michelon, quien fungió como contralor de la compañía en Baja California desde 2005 hasta 2010.
Según la queja, entre otros pagos, Sempra gastó hasta 10 mil dólares para convencer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de lograr el desalojo de un terreno adyacente a la planta de gas natural, propiedad de Eugenio Sánchez Ritchie, uno de varios pagos que se realizaron ilegalmente a funcionarios estatales. Michelon fue despedido en 2010 por criticar la decisión de Sempra de despojar ilícitamente a Sánchez Ritchie de sus terrenos.
“El despido fue resultado de una trama de fraude y trampas cometidos por la directiva de Sempra en su intento por adueñarse de los terrenos de Sánchez Ritchie”, expone la denuncia, que reconstruye cómo se pagó a la Procuraduría para organizar un operativo falso contra el ciudadano mexicano, uno de los pocos propietarios de la zona que se resistió a la compra de sus terrenos por parte de la trasnacional estadounidense, que en 2001 comenzó a construir la más grande planta de gas natural licuado en el norte de México.
“El 14 de septiembre de 2006, funcionarios de Sempra ordenaron a Michelon retirar dinero del banco de Sempra en México y entregarlo a un socio”, se expone en la queja 37-2010-00103591-CU-FR-CTL. “Sempra falsamente expuso que el dinero era para obtener una fianza para desalojar a Sánchez Ritchie (…) debido a que Sempra estaba perdiendo el juicio contra Sánchez Ritchie en México”.
Pero el caso contra Sánchez Ritchie, a quien se le envió un pelotón de policías para lograr su desalojo, fue falso. El juicio al que hace alusión la denuncia es el que ha confrontado a Sánchez Ritchie con Sempra desde hace casi una década por la posesión de un terreno en el que descansa parte de la planta de gas natural licuado, una estructura industrial valuada en más de 975 millones de dólares con la que se pretende dotar de energía barata a la costa oeste de Estados Unidos.
Dentro del juicio, Sempra, por vía de su subsidiaria Energía Costa Azul SA de CV, incluso denunció penalmente a Sánchez Ritchie por el delito de despojo.
Pero de documentos judiciales mexicanos obtenidos por este diario, se desprende que los cargos son espurios y fueron urdidos por los abogados de Sempra, que recurrió a declaraciones falsas y a la firma de una agente de bienes raíces que ya había fallecido para tratar de acreditar su propiedad sobre el terreno de Sánchez Ritchie.
Sin embargo, y después de una larga batalla judicial, Sánchez Ritchie logró revertir el caso de Sempra en su contra. Al final, en marzo de 2010, fue declarado por una corte de Baja California como el dueño legítimo del terreno. Apenas el 17 de julio pasado y en una decisión que podría golpear fuertemente a la empresa estadunidense, el juzgado décimo de distrito de Baja California le ordenó suspender todas sus actividades. Precisamente por haber invadido el terreno de Sánchez Ritchie.
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