Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Como en los tiempos de la dictadura de Roberto Micheletti, la Policía Nacional mediante gas lacrimógeno y bala reprimió a los docentes en esta capital.
El campo de batalla se instaló en el centro de la ciudad cuando el aparato policial comenzó a reprimir con armas químicas a los manifestantes que se movilizaron de forma pacífica desde las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), pasando por la Embajada de Estados Unidos, hasta llegar al Congreso Nacional donde fueron dispersados.
En el momento del ataque, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) protestaban en contra de la Ley de Fortalecimiento de la Educación, considerado por éstos como una forma de privatizar el aparato de enseñanza.
Sin embargo, la Policía en un claro abuso de autoridad, comenzó a lanzar granadas a mansalva contra la multitud. Se pudo observar en ese instante que más de 20 artefactos fueron disparados provocando el pánico no sólo entre los manifestantes y ciudadanos que transitaban por ese lugar dejando como resultado muchos niños afectados por el gas tóxico.
Sin bastar la represión contra el pueblo, los denominados “agentes del orden” sitiaron las áreas cercanas al parque central de Tegucigalpa a fin de “desalojar” a los movilizados, sin embargo, agredieron a todo aquel que se encontraba a su paso así como también dejaron impregnado el ambiente de bombas lacrimógenas lo que obligó a los comerciantes cerrar sus negocios por temor al vandalismo policial.
Madres y padres de familia denunciaron a través de los medios de comunicación que los policías dispararon granadas contra escuelas situadas en el barrio Abajo, sin importar las consecuencias que eso generara.
Pero no bastando eso, los uniformados estuvieron a punto de causar una tragedia cuando granadas de gas impactaron en los cables de alta tensión que proveen energía al Congreso Nacional agarraron fuego con el riesgo de quemar la sede del Poder Legislativo lo que hizo peligrar la vida de los empleados que laboran ahí.
Además los diputados fueron víctimas de las armas químicas arrojadas por la policía, vecinos del lugar y manifestantes a modo de burla expresaron que "los 'diputíteres' recibieron una cucharada de su propia medicina".
Mientras tanto, el Director General del organismo de seguridad, José Luis Muñoz Licona, negó por completo que los efectivos bajo su responsabilidad hicieran uso desproporcionado de la fuerza.
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