Secretarías ‘se pasan la bolita’ en caso de espías de la DEA

México Distrito Federal.— En el caso de los espías de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) quienes, infiltrados, han operado en Ciudad Juárez y el resto del país a espaldas del gobierno mexicano, como lo dio a conocer El Diario a partir de una entrevista hecha a un agente, las autoridades mexicanas se traspasan la responsabilidad unas a otras, sin que nadie se atreva a explicar la razón de su presencia en territorio nacional y su actividad secreta.

El Diario solicitó a las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) declaraciones en las cuales se explicara la presencia de dichos agentes en el país, si se tiene o no conocimiento de dichas actividades y si esto representa una “invasión a la soberanía nacional”, como algunos sectores lo han calificado.

Sin embargo, ninguna de ellas ha dado una respuesta hasta el momento, a pesar de que sus titulares, en el pasado, han hablado del asunto.

Incluso, las dependencias han delegado la responsabilidad a sus homólogas en el trato del tema, pues en el caso de la SRE, personal adscrito a la dependencia federal aseguró que era un tema en el que la Segob era quien tenía injerencia y al preguntarle a ésta, argumentó que la institución más adecuada para responder era la PGR, quien, a su vez, designó a la delegación estatal de Chihuahua para que diera a conocer una postura oficial.

A pesar de ello, hasta ayer en la noche la delegación de la PGR no había respondido a la solicitud de información que se le había realizado sobre el tema.

Al hacer una revisión hemerográfica, una de las declaraciones más recientes hechas sobre el tema fue realizada por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, en febrero de 2010, cuando rechazó que agentes operativos de la DEA fueran a actuar de forma conjunta con agentes mexicanos en la lucha contra el narcotráfico en Ciudad Juárez y reiteró que la colaboración entre los cuerpos de seguridad e inteligencia de ambos países se sigue rigiendo por las leyes que regulan la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano desde 1992.

En una conferencia conjunta con el embajador de EU en México, Carlos Pascual y del zar antidrogas Gil Kerlikowske, el funcionario federal aseguró en ese entonces que “las leyes en México son muy claras y no se van a violentar o modificar para el caso los actuales casos de intercambio de inteligencia e información y para mejorar nuestra capacidad de actuación en Ciudad Juárez”.

Las declaraciones fueron realizadas para desmentir la supuesta integración de agentes federales estadounidenses en unidades de intervención mexicanas en Ciudad Juárez.

La versión, publicada en primera plana por The Washington Post, aseguraba que por primera vez en la historia de la lucha antinarcóticos entre EU y México, ambos gobiernos sopesaban la posibilidad de incrustar agentes estadounidenses dentro de unidades operativas en Ciudad Juárez para reforzar la lucha contra los cárteles de la droga.

“Quiero clarificar que EU no tiene agentes operativos de sus fuerzas de seguridad en México. Lo que tenemos son agentes que trabajan como consejeros para compartir información de inteligencia y experiencia. Esto es algo que hemos hecho desde hace mucho tiempo”, aseguró a su vez el embajador estadounidense, Carlos Pascual.

A pesar de las declaraciones, un informe fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Capitolio y fue obtenido por la revista Proceso, señala que durante los primero 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi un 50 por ciento más de agentes de la DEA y la apertura de otras tres oficinas de la oficina antidrogas.

Un funcionario de la Secretaría de Gobernación confirmó al reportero que actualmente la DEA tenía registrados en ese entonces a 54 agentes repartidos en casi todo el territorio mexicano. Y un ex funcionario de la cancillería mexicana, quien también pidió no ser identificado, comenta que sí son 54, pero “sin contar a decenas más que seguramente están registrados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación con algún otro tipo de asignación diplomática”.

El reporte del auditor general de la DEA establece que “fuera de Estados Unidos, México es el país que cuenta con el mayor número de oficinas y de agentes (nuestros)... Desde las oficinas en México la DEA se encarga también de la coordinación de las acciones antinarcóticos que otros agentes llevan a cabo en Centroamérica”, remata el documento, de contenido catalogado como “sensible”.

Recientemente, con las filtraciones realizadas por el sitio WikiLeaks, diversos medios de comunicación dieron cuenta que, en dos años, 61 funcionarios federales mexicanos que servían de enlace con la DEA y el FBI fueron asesinados por el narcotráfico.

Los agentes mexicanos, agrega el parte identificado como 09MEXICO193, eran de los mejor entrenados para la lucha contra las organizaciones de la droga y colaboraban de manera sistemática con las autoridades estadunidenses.

“Aunque los cárteles no han tenido como objetivo directo agentes u otro personal del gobierno de EU, éstos no han dudado en perseguir a algunos de nuestros más confiables socios de las agencias de ley mexicanas”, se afirma en el cable preparado por la embajada estadunidense en nuestro país.

Pero las suspicacias en torno a la participación de elementos en cubiertos de la DEA en territorio mexicano va más atrás, pues en 2005, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República fueron conminadas por el Senado de la República a entregar toda la información relativa a la participación de los agentes de la DEA en territorio nacional, así como de las acciones emprendidas por el gobierno federal frente a organizaciones antimigrantes de Estados Unidos.