(FAVOR DE ENVIAR POR E-MAILEL TEXTO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES)
Bogotá, D.C. abril 2011
Señores - Señoras:
ANGELINO GARZÓN.
Vicepresidente de Colombia. - contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
HERNAN JAIME ULLOA VENEGAS
Director de programa de la presidencia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. - hernanulloa@presidencia.gov.co
VOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo. - secretaria_privada@hotmail.com
BEATRIZ URIBE BOTERO
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. - buribe@minambiente.gov.co
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
despachoministro@minagricultura.gov.co
Respetados Señores/as:
Los abajo firmantes, defensores de la vida y organizaciones de la sociedad civil, quienes le apostamos a la defensa de la vida; de la soberanía de los pueblos; de los derechos humanos; de los bienes y patrimonios públicos y comunes; de los derechos territoriales y de las comunidades indígenas; afrocolombianas y campesinas, y a la defensa de la soberanía alimentaria, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa la población rural y que se mantiene y profundiza desde décadas atrás.
De entrada, rechazamos y censuramos todos los múltiples hechos de violencia, desplazamiento y acoso sobre la población civil colombiana y en particular, sobre las poblaciones indígenas, negras y campesinas en numerosas regiones del país. Tenemos claro, como lo reconoció la Honorable Corte Constitucional, que muchas de esas presiones guardan relación con megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales, y con el desarrollo de infraestructura y especulación con la tierra.
Varias situaciones dan ejemplo de esa relación, tales como la persecución judicial de los líderes campesinos de las Pavas; el asesinato continuo y frecuente de víctimas del conflicto que han luchado por la restitución de sus tierras; las continuas amenazas y ataques a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; el acoso de actores armados legales e ilegales a las poblaciones indígenas del Cauca; la expropiación y posterior dilación en la entrega de tierras colectivas por empresas palmicultoras y el asesinato de líderes de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamandó; así como el desplazamiento de líderes afrodescendientes en Guapi, Timbiquí y López de Micay; los asesinatos de líderes de comunidades campesinas y la expropiación de tierras en la región Caribe en zonas de megaproyectos de minería de carbón y de palma aceitera; los desplazamientos de poblaciones campesinas y pescadoras por megaproyectos de represas como el caso de El Quimbo, Ituango e Hidrosogamoso.
Las formas organizadas de las comunidades rurales para defender de manera civilista y democrática sus derechos han sido arrasadas literalmente por el conflicto armado, o acalladas o intimidadas. Hoy, por ejemplo, se estigmatiza y vincula cualquier intento de organización y denuncia, con la guerrilla o el terrorismo. Es en este aspecto particular que queremos llamar la atención de Ustedes. Como defensores de la vida que creemos y reivindicamos un Estado social de Derecho, queremos llamar la atención del gobierno y las instituciones que Ustedes dirigen y orientan, frente a los siguientes casos específicos:
El pasado 17 de febrero fue desaparecida en Cali la joven ambientalista Sandra Viviana Cuellar, de quien a la fecha no se tiene ninguna noticia sobre su paradero. También denunciamos las recientes amenazas que ha recibido el señor Hildebrando Vélez, reconocido ambientalista que ha venido liderando las denuncias por la desaparición de Sandra Viviana Cuellar y las acciones que piden su pronto regreso.
Asimismo, repudiamos el allanamiento e invasión por el ejército colombiano, el pasado mes de marzo, a varias fincas ubicadas en el municipio de Pradera (Valle del Cauca), entre ellas, la del maestro de la agroecología latinoamericana Mario Mejía Gutiérrez. En este importante centro de enseñanza de la agricultura sustentable fueron realizados daños y actos denigrantes por parte de la Fuerza Pública. Otros campesinos en varias regiones del país, han sufrido la misma suerte, por lo cual solicitamos promover iniciativas inmediatas de protección de derechos de las comunidades campesinas y prevenir el abuso de la fuerza pública sobre personas y comunidades vulnerables. De igual manera, solicitamos evitar los señalamientos hechos a las comunidades rurales que se encuentran presas entre diversos fuegos, en el marco del conflicto armado que vive el país, poniendo en peligro sus vidas e integridad física y moral.
Igualmente vemos con preocupación las permanentes y continuas amenazas de muerte que ha recibido desde hace años el ambientalista Guillermo Castaño, Presidente del Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos en Risaralda y coordinador de la ONG Surcos Comunitarios, quien no ha recibido ninguna protección y garantía por parte del Estado colombiano en el ejercicio de su trabajo como defensor de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y de las comunidades campesinas, y quien lidera propuestas agroecológicas y de autonomía alimentaria en el Eje Cafetero.
Citamos solo algunos casos recientes en donde se ven comprometidos los derechos de los defensores de la vida y solicitamos al gobierno nacional, en cabeza del vicepresidente de la república, Angelino Garzón, el seguimiento a estos hechos. Existen, sin embargo, muchos otros hombres y mujeres anónimos en el campo, líderes y líderesas que no tienen las garantías para desarrollar sus actividades y para ejercer el derecho al disenso y a la confrontación de políticas adversas a la protección del ambiente y de los territorios de las comunidades locales, y por equidad en el acceso a la tierra y al agua.
En este sentido, exigimos al Gobierno Nacional que garantice los derechos fundamentales de estos defensores de la vida y también que asuma de manera urgente la adopción de medidas estructurales, como la redistribución de los beneficios, el acceso gradual y equitativo a la tierra, la exigencia al buen trato de los campesinos, indígenas y comunidades negras por parte de las fuerzas armadas, y reivindicar en la política y la gestión pública la soberanía alimentaria que sustentan las familias campesinas.
Salvar el campo y a los campesinos
Estamos convencidos de que la situación de aislamiento y difíciles condiciones estructurales de acceso a la tierra, al crédito y a las oportunidades, incrementan la vulnerabilidad y los riesgos de las poblaciones rurales. Consideramos muy críticas y lesivas las políticas gubernamentales y la normatividad ambiental y rural expedidas en los últimos años, orientadas hacia la privatización de los bienes naturales y a la promoción de modelos de desarrollo dominados por los grandes inversionistas. Estas políticas y normatividad promueven un modelo de campo sin campesinos y una ausencia de derechos específicos para un sector minoritario y vulnerable.
No podemos olvidar que Colombia sigue siendo uno de los países del mundo con mayor iniquidad en la distribución de la tierra. Para el año 2008, el 70% de los minifundios se localizaban solo en el 2,8% del territorio nacional, mientras el 0,16 de los latifundios se extendía sobre el 60% del territorio. Esto se traduce en que actualmente el 64% de la población rural vive en condiciones de pobreza y al menos el 41 por ciento de los hogares colombianos presenta inseguridad alimentaria (alcanzando el 58,3 en las zonas rurales). Hasta diciembre de 2009 se registraban en Colombia 3'303.979 personas internamente desplazadas. La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y 2010 es cercana a las 6,65 millones de hectáreas.
Es por todo esto que solicitamos una acción urgente del gobierno colombiano para rescatar el campo de su crítica situación y para que se garantice la restitución plena de los derechos ciudadanos, de la adopción de políticas que lleven a la defensa real de nuestro territorio y nuestros recursos naturales, de manera a garantizar un mundo rural en que quepamos todos, en donde se reconozca la vía campesina como política pública, y en donde se garantice la sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras.
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