(Parte 6.Una empresa limpia que contamina...) "En este País las cosas no se respetan", señaló molesta una mujer en una sala del Centro Cultural Riviera, en el municipio de Ensenada.
Era el 29 de enero de 2003 y la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Nora Bringas Rábago, asistía a la consulta pública que organizaba la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El enojo de la investigadora era porque empresarios de Shell y Sempra Energy justificaban la instalación de plantas de gas natural licuado en la zona de Costa Azul, a 29 kilómetros el norte de Ensenada.
Nora Bringas fue la coordinadora del Programa de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), que se publicó en el Periódico Oficial del Estado en noviembre de 2001.
El programa impedía la construcción de plantas de gas natural en la zona de Costa Azul, como en esos momentos proyectaban hacerlo las transnacionales.
Sin embargo, los empresarios justificaban sus intenciones con el argumento que el Cocotren contemplaba en la zona la figura de depósitos de energéticos y que las actividades que realizarían no eran industriales.
La figura de depósito de energéticos, aclaró la redactora del programa de ordenamiento, es para la construcción de gasolineras en una zona reservada para actividades de turismo de baja densidad y no para actividades industriales.
Añadió que no estaba en contra de terminales de gas natural licuado en el Estado, pero que éstas deberían estar en áreas donde sí se podían construir.
Luego de su participación en la consulta pública, la investigadora del Colegio de la Frontera Norte se alejó de las manifestaciones en contra de los proyectos de las terminales de gas natural licuado.
7 años después, Nora Bringas, quien actualmente coordina el Comité de Ordenamiento Ecológico de Baja California, dijo que la experiencia con las plantas de gas natural fue de impotencia y que decidió salir del país por un tiempo.
Sin embargo, los argumentos que expuso el día de la consulta pública eran compartidos por académicos, políticos y ciudadanos, que dieron seguimiento a la supuesta violación del Programa del Cocotren.
En 2004, el Congreso local de Baja California integró una Comisión Especial para el estudio, análisis, evaluación y seguimiento de las plantas regasificadoras de gas natural, que fue encabezada por el legislador priista Ismael Quintero Peña.
El dictamen final de la Comisión especial, que hasta la fecha se retoma en las cámaras de Diputados y de Senadores, establece que hubo violación del Cocotren, porque la zona donde se instaló la planta de Sempra está clasificada para desarrollo sustentable de actividades primarias y terciarias.
Añade que la terminal de la transnacional está ubicada dentro de las unidades de gestión ambiental de Salsipuedes y la Salina Terraza, así definidas por el programa del Cocotren y que son áreas incompatibles con la industria.
Considera que las actividades que se realizan en la planta de Sempra son secundarias o industriales, porque existe una transformación del gas natural.
Pero lo que miraban unas personas, no lo hacían otras; tal vez era por el color del cristal a través del que se miraba.
Nada es verdad
Tres meses después de la consulta pública de enero de 2003, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental, autorizó el manifiesto de impacto ambiental de la terminal de Sempra Energy.
El manifiesto de impacto ambiental del proyecto fue elaborado por la empresa Especialistas Ambientales S.A de C.V., fundada por Víctor Lichtinger, quien esa fecha era secretario de la Semarnat.
Con relación de las críticas sobre la incompatibilidad de la planta con el programa del Cocotren, el documento de autorización de la dependencia federal expone que el proyecto denominado "Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado" se tipifica como una industria.
Sin embargo, añade, la misma queda circunscrita dentro del sector terciario, debido a la desagregación de las actividades económicas establecidas en la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas y Productos (CMAP).
"En consecuencia, la política de aprovechamiento con impulso no restringe el desarrollo de este tipo de actividades, siempre y cuando se cumpla con la aplicación estricta de las normas y criterios ecológicos correspondientes", apunta.
En noviembre de 2006, Ricardo Juárez Palacios, quien era director general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat, publicó un estudio de caso sobre la planta de Sempra Energy para justificar la autorización de la terminal.
El proyecto se autorizó porque se ajustaba a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, apunta en el documento.
En adición, añade, la planta no se contrapone a ningún instrumento de planeación u ordenamiento ambiental, y la zona de amortiguamiento no alcanza a ninguna comunidad ni tampoco altera recursos frágiles.
"El criterio conservacionista atribuye al acto de autoridad una elevada dosis de discrecionalidad e incluso se emiten opiniones que consideran que la decisión que se asumió sólo se sustentó en el objetivo de apoyar el desarrollo económico de un proyecto", indica.
"Un adagio mexicano dice: 'nada es verdad, nada es mentira, todo es según... el color del cristal con que se mira', y el mismo es aplicable al ejercicio público y a los actos de autoridad, traducidos en autorizaciones o licenciamientos", argumenta Juárez Palacios, quien dejó la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat en 2007.
Pero esa adagio, ni tan mexicano, permitió que en 2008 se reunieran viejos conocidos.
El éxito común
La placa fue develada con grandes sonrisas de dos viejos conocidos, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el presidente de Sempra Energy, Donald E. Felsinger.
Era el 28 de agosto de 2008 y tras más de diez años de trabajar muy cercana al poder, la transnacional californiana inauguraba uno de sus principales proyectos en México: la terminal de gas natural licuado en el municipio de Ensenada.
Como testigos estaban algunos personajes ya conocidos: Luis Tellez, quien fue consejero de Sempra Energy y ahora ostentaba la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la SCT y ahora era directivo de la transnacional; y Gastón Luken, quien fue socio de Sempra a su arribo a tierras mexicanas.
La celebración de la transnacional no era exclusiva de sus accionistas, también se le unían funcionarios públicos que impulsaron el proyecto en la península de Baja California.
"Así que felicito a todos los directivos, a los miembros de Sempra por tomar esta decisión, una decisión correcta, una decisión inteligente de apostar por México como un destino seguro y rentable para las inversiones", expresó el presidente Felipe Calderón en el evento.
"Felicito también a los ingenieros, a los trabajadores, que hicieron posible que esta planta hoy se pueda inaugurar. También a las autoridades y a todos los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, a Francisco Salazar, su presidente; a Dionisio Pérez Jácome, su anterior presidente también; a la Secretaria de Energía -iba a decir a los anteriores secretarios de energía, pero dejémoslo así -, por el éxito de este proyecto", subrayó.
Quien expondría el aspecto ambientalista del proyecto sería la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien dijo que con el gas natural licuado, se avanzaría en la estrategia instrumentada por el Presidente Felipe Calderón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
"La Comisión Federal de Electricidad podrá planear la expansión de la capacidad con mayor certidumbre, dando prioridad a la utilización de tecnologías amigables con el medio ambiente", declaró.
Luego de las palabras oficiales, el Mandatario Nacional se colocó un casco de Energía Costa Azul y realizó un recorrido por la planta de gas natural.
El acto de inauguración de la terminal de Sempra Energy también representó el arranque de otros proyectos en la zona, considerados industriales o peligrosos.
En el área de Costa Azul, en el municipio de Ensenada, actualmente se construye una planta de gas LP, de la empresa Zeta Gas, y se tiene proyectada una central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los proyectos han salido adelante amparados bajo el mismo criterio con el que fue autorizada la terminal de la transnacional californiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario