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, Instalaciones de la mina donde ocurrió la tragedia |
San Juan de Sabinas, Coah.— El ocultamiento de la información y la ausencia de equipos y planes de contingencia de la empresa Industrial Minera México (IMMSA) frustraron el posible rescate de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
La hazaña de sacar con vida a los 33 mineros de Chile que estuvieron 69 días bajo tierra evidenció que en México “el gobierno intentó salvar a la empresa Grupo México —propietaria de IMMSA— pero no a los trabajadores”, afirma Carlos Rodríguez Rivera, investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y asesor de la organización La Familia de Pasta de Conchos, que agrupa a los deudos de los 65 fallecidos.
Rodríguez Rivera dice que el rescate en Chile fue más barato que lo que se gastó en Pasta de Conchos: el salvamento chileno costó 22 millones de dólares mientras que, afirma, Grupo México invirtió 30 millones de dólares en el rescate interrumpido, en las indemnizaciones y en la elaboración de informes falsos.
an Juan de Sabinas, Coah.— El obispo de Saltillo, Raúl Vera López (impulsor de la organización La Familia Pasta de Conchos) considera que a los mineros simplemente se les dejó morir.
Rescatistas consultados por Proceso en 2006 atribuyeron el fracaso del rescate a las decisiones erróneas adoptadas por directivos de la empresa con base en consejos de asesores estadounidenses de dudosa confiabilidad.
El gobierno mexicano –que ya cerró la averiguación previa, devolvió la mina a los patrones para que la echen a andar y dio pensiones por debajo de la ley a las viudas– enfrentará el próximo mes dos procesos impulsados por los deudos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque esa instancia internacional encontró responsables al gobierno y a la empresa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón ha dicho que para la OIT el caso está cerrado y se exoneró al Estado mexicano.
La hazaña de sacar con vida a los 33 mineros de Chile que estuvieron 69 días bajo tierra evidenció que en México “el gobierno intentó salvar a la empresa Grupo México —propietaria de IMMSA— pero no a los trabajadores”, afirma Carlos Rodríguez Rivera, investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y asesor de la organización La Familia de Pasta de Conchos, que agrupa a los deudos de los 65 fallecidos.
Rodríguez Rivera dice que el rescate en Chile fue más barato que lo que se gastó en Pasta de Conchos: el salvamento chileno costó 22 millones de dólares mientras que, afirma, Grupo México invirtió 30 millones de dólares en el rescate interrumpido, en las indemnizaciones y en la elaboración de informes falsos.
an Juan de Sabinas, Coah.— El obispo de Saltillo, Raúl Vera López (impulsor de la organización La Familia Pasta de Conchos) considera que a los mineros simplemente se les dejó morir.
Rescatistas consultados por Proceso en 2006 atribuyeron el fracaso del rescate a las decisiones erróneas adoptadas por directivos de la empresa con base en consejos de asesores estadounidenses de dudosa confiabilidad.
El gobierno mexicano –que ya cerró la averiguación previa, devolvió la mina a los patrones para que la echen a andar y dio pensiones por debajo de la ley a las viudas– enfrentará el próximo mes dos procesos impulsados por los deudos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque esa instancia internacional encontró responsables al gobierno y a la empresa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón ha dicho que para la OIT el caso está cerrado y se exoneró al Estado mexicano.
El falso rescate
El 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos el siniestro ocurrió a las dos de la mañana pero la alarma se dio dos horas después según Fausto Destenave, exsecretario de Seguridad Pública de Coahuila. Bitácoras, planos, planes de contingencia, mediciones de metano y otros informes indispensables para el rescate desaparecieron en ese lapso, afirma.
Desde entonces la desinformación fue una constante. Horas después del siniestro, por ejemplo, el gerente de la mina Rubén Escudero dijo que los mineros tenían equipos de oxígeno para 6 horas. Cristina Auerbach, asesora de las familias de los mineros, descubrió después que los equipos Blue Marine que ellos usaban duraban sólo dos horas.
El rescate de los mineros se suspendió porque –según la empresa y la Secretaría del Trabajo– la temperatura había subido a 900 grados centígrados. Cuando finalmente se lograron recuperar dos de los 65 cuerpos la autopsia indicó que habían muerto por asfixia y no calcinados.
Salazar Sáenz y los directivos de Grupo México insistían en que la explosión pudo originarse “al golpear una bolsa de gas”; después se supo que ese hecho, por sí solo, no provoca explosiones… se necesitan severas deficiencias estructurales.
El acta de inspección correspondiente al 7 de febrero de 2006, 12 días antes de la explosión –Proceso tiene una copia– evidencia la mala operación de la mina en su construcción, el sistema de ventilación, por la volatilidad del polvo de carbón, por equipos de trabajo y de supervivencia inadecuados y muchos desperfectos eléctricos.
El 22 de febrero de 2006 Proceso entrevistó a rescatistas, quienes tenían prohibido hablar con la prensa. Se mostraron confiados en el rescate y explicaron las deficiencias mencionadas en el acta de inspección.
Explicaron a este semanario las alternativas de rescate, que incluían la sugerencia hecha por la Dirección de Minas del estado, a cargo de Luis Chávez: construir un tiro vertical e introducir ademes (soportes hidráulicos) hasta llegar al sitio donde podrían estar los mineros.
Ese mismo día Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, y Rubén Escudero dijeron que para medir los niveles de metano habían sellado –por recomendación de unos asesores traídos de Virginia Occidental, Estados Unidos– unos barrenos o perforaciones con un procedimiento llamado gota de agua.
La llegada de los supuestos asesores se había anunciado días antes, pero el 21 de febrero de 2006 The New York Times publicó que no había registro de la empresa a la que pertenecían aquéllos.
Los rescatistas estaban confiados porque sabían que varios mineros eran a su vez rescatistas. Sabían que dentro del tiro había escurrimientos de agua, que tenían mulas de tiro que podrían servirles de alimento y que por el conocimiento de las medidas de supervivencia buscarían los barrenos para tener oxígeno.
Cuando se les planteó el procedimiento de sellado anunciado por los directivos de la empresa se miraron incrédulos: “Ya los mataron”, dijo uno de ellos (Proceso 1530).
El 23 de febrero el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dijo que los mineros estaban muertos, algo que aún no había dicho Salazar Sáenz. Sin embargo nadie explicó si esa muerte fue producto del sellado de los barrenos.
Raúl Vera afirma: “Es eso o los dejaron morir precipitando el cierre de los trabajos de rescate. De lo que no cabe duda es de que el gobierno y la empresa han hecho hasta lo imposible por evitar que se sepa lo que ocurrió”.
El 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos el siniestro ocurrió a las dos de la mañana pero la alarma se dio dos horas después según Fausto Destenave, exsecretario de Seguridad Pública de Coahuila. Bitácoras, planos, planes de contingencia, mediciones de metano y otros informes indispensables para el rescate desaparecieron en ese lapso, afirma.
Desde entonces la desinformación fue una constante. Horas después del siniestro, por ejemplo, el gerente de la mina Rubén Escudero dijo que los mineros tenían equipos de oxígeno para 6 horas. Cristina Auerbach, asesora de las familias de los mineros, descubrió después que los equipos Blue Marine que ellos usaban duraban sólo dos horas.
El rescate de los mineros se suspendió porque –según la empresa y la Secretaría del Trabajo– la temperatura había subido a 900 grados centígrados. Cuando finalmente se lograron recuperar dos de los 65 cuerpos la autopsia indicó que habían muerto por asfixia y no calcinados.
Salazar Sáenz y los directivos de Grupo México insistían en que la explosión pudo originarse “al golpear una bolsa de gas”; después se supo que ese hecho, por sí solo, no provoca explosiones… se necesitan severas deficiencias estructurales.
El acta de inspección correspondiente al 7 de febrero de 2006, 12 días antes de la explosión –Proceso tiene una copia– evidencia la mala operación de la mina en su construcción, el sistema de ventilación, por la volatilidad del polvo de carbón, por equipos de trabajo y de supervivencia inadecuados y muchos desperfectos eléctricos.
El 22 de febrero de 2006 Proceso entrevistó a rescatistas, quienes tenían prohibido hablar con la prensa. Se mostraron confiados en el rescate y explicaron las deficiencias mencionadas en el acta de inspección.
Explicaron a este semanario las alternativas de rescate, que incluían la sugerencia hecha por la Dirección de Minas del estado, a cargo de Luis Chávez: construir un tiro vertical e introducir ademes (soportes hidráulicos) hasta llegar al sitio donde podrían estar los mineros.
Ese mismo día Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, y Rubén Escudero dijeron que para medir los niveles de metano habían sellado –por recomendación de unos asesores traídos de Virginia Occidental, Estados Unidos– unos barrenos o perforaciones con un procedimiento llamado gota de agua.
La llegada de los supuestos asesores se había anunciado días antes, pero el 21 de febrero de 2006 The New York Times publicó que no había registro de la empresa a la que pertenecían aquéllos.
Los rescatistas estaban confiados porque sabían que varios mineros eran a su vez rescatistas. Sabían que dentro del tiro había escurrimientos de agua, que tenían mulas de tiro que podrían servirles de alimento y que por el conocimiento de las medidas de supervivencia buscarían los barrenos para tener oxígeno.
Cuando se les planteó el procedimiento de sellado anunciado por los directivos de la empresa se miraron incrédulos: “Ya los mataron”, dijo uno de ellos (Proceso 1530).
El 23 de febrero el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dijo que los mineros estaban muertos, algo que aún no había dicho Salazar Sáenz. Sin embargo nadie explicó si esa muerte fue producto del sellado de los barrenos.
Raúl Vera afirma: “Es eso o los dejaron morir precipitando el cierre de los trabajos de rescate. De lo que no cabe duda es de que el gobierno y la empresa han hecho hasta lo imposible por evitar que se sepa lo que ocurrió”.
Maridaje gobierno-empresa
Desde las horas que siguieron al accidente todos los funcionarios del gobierno de Fox implicados en el caso afirmaron que Pasta de Conchos era “una de las minas más seguras”, no obstante que las inspecciones mostraban lo contrario.
Sistemáticamente la empresa emitió informes falsos que fueron avalados por el gobierno, señaladamente por la STPS, para no rescatar los cuerpos de los mineros ni hacer un peritaje.
En marzo de 2007 los trabajos de recuperación de cuerpos se suspendieron. IMMSA se negó a atender las recomendaciones de los empleados estatales en febrero de 2006. Tampoco aceptó la recomendación de Guillermo Iglesias –ingeniero en minas cuyo padre murió en el accidente– quien planteaba abrir un túnel vertical con especificaciones técnicas precisas.
Expertos españoles contratados para asesorar el rescate ya habían hecho una recomendación semejante en 2006. Pero Grupo México se negó a hacerlo porque la construcción de un tiro vertical o túnel de acceso implicaba atravesar un manto carbonífero no minado que dejaría inservible una futura explotación, según Iglesias.
Cuando en abril de 2007 se dio a conocer la suspensión del rescate de cuerpos otro supuesto experto estadunidense, John Wooton expuso que de continuar las labores se desatarían epidemias de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, cuando ninguna consideración sanitaria lo indicaba así. A pesar de eso, Javier Lozano (quien sustituyó a Salazar Sáenz al frente de la STPS) reprodujo las conclusiones del llamado Informe Wooton en distintas ocasiones.
Carlos Rodríguez afirma que el interés de Grupo México, en complicidad con el gobierno, siempre fue salvar a la empresa, la estructura, el manto carbonífero y dejar impunes a los responsables.
Así se demuestra, dice, con los más de 50 procesos judiciales emprendidos que el Estado ha combatido para dejar a las víctimas y sus deudos sin justicia, al grado de que el Poder Judicial determinó que las viudas carecen de “interés jurídico”.
La clave se encuentra en el consejo de administración, dice Rodríguez, donde figuraban los nombres de Carlos Madero Bracho, Valentín Diez Morodo, Francisco Xavier García de Quevedo y Luis Téllez Kuenzler, además del propio Germán Larrea.
“Basta ver ese consejo y contrastarlo con el de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, para notar el maridaje”, afirma.
Al asumir la Presidencia Felipe Calderón se comprometió a “hacer todo lo técnica y humanamente posible” para la recuperación de cuerpos. No ha sido así. Según Carlos Rodríguez lo que ha mostrado es una persistente obstrucción al rescate.
“Es hipócrita que ahora felicite a los chilenos y hasta envíe mensajes sobre el caso cuando jamás ha hecho nada por que aquí se alcance la justicia”, dice.
Raúl Vera considera que en la región carbonífera de Coahuila lo persistente es la impunidad, en una región donde se extrae carbón bajo “una cultura laboral mortífera y un proteccionismo letal”.
El sindicato minero que dirige desde Canadá Napoleón Gómez Urrutia también ha criticado al gobierno por el caso Pasta de Conchos. Sin embargo para Cristina Auerbach el sindicato, además de ser cómplice por signar actas falseadas de seguridad, incurrió en violaciones a los derechos laborales al financiar un “rescate alternativo” con la organización La Otra Obrera, pues violó derechos de los rescatistas que no tenían seguridad social.
El pasado 7 de junio un operativo de policías estatales desalojó con violencia a los integrantes de La Familia de Pasta de Conchos, así como de La Otra Obrera, para permitir el reinicio de procesos en la mina, ahora a cargo de Rogelio Montemayor Seguy, quien presume haber comprado parte de las instalaciones. La acción fue justificada por el gobernador Moreira en una orden federal inexistente.
Desde las horas que siguieron al accidente todos los funcionarios del gobierno de Fox implicados en el caso afirmaron que Pasta de Conchos era “una de las minas más seguras”, no obstante que las inspecciones mostraban lo contrario.
Sistemáticamente la empresa emitió informes falsos que fueron avalados por el gobierno, señaladamente por la STPS, para no rescatar los cuerpos de los mineros ni hacer un peritaje.
En marzo de 2007 los trabajos de recuperación de cuerpos se suspendieron. IMMSA se negó a atender las recomendaciones de los empleados estatales en febrero de 2006. Tampoco aceptó la recomendación de Guillermo Iglesias –ingeniero en minas cuyo padre murió en el accidente– quien planteaba abrir un túnel vertical con especificaciones técnicas precisas.
Expertos españoles contratados para asesorar el rescate ya habían hecho una recomendación semejante en 2006. Pero Grupo México se negó a hacerlo porque la construcción de un tiro vertical o túnel de acceso implicaba atravesar un manto carbonífero no minado que dejaría inservible una futura explotación, según Iglesias.
Cuando en abril de 2007 se dio a conocer la suspensión del rescate de cuerpos otro supuesto experto estadunidense, John Wooton expuso que de continuar las labores se desatarían epidemias de salmonela, tuberculosis y VIH en la región, cuando ninguna consideración sanitaria lo indicaba así. A pesar de eso, Javier Lozano (quien sustituyó a Salazar Sáenz al frente de la STPS) reprodujo las conclusiones del llamado Informe Wooton en distintas ocasiones.
Carlos Rodríguez afirma que el interés de Grupo México, en complicidad con el gobierno, siempre fue salvar a la empresa, la estructura, el manto carbonífero y dejar impunes a los responsables.
Así se demuestra, dice, con los más de 50 procesos judiciales emprendidos que el Estado ha combatido para dejar a las víctimas y sus deudos sin justicia, al grado de que el Poder Judicial determinó que las viudas carecen de “interés jurídico”.
La clave se encuentra en el consejo de administración, dice Rodríguez, donde figuraban los nombres de Carlos Madero Bracho, Valentín Diez Morodo, Francisco Xavier García de Quevedo y Luis Téllez Kuenzler, además del propio Germán Larrea.
“Basta ver ese consejo y contrastarlo con el de la Fundación Vamos México, de Marta Sahagún, para notar el maridaje”, afirma.
Al asumir la Presidencia Felipe Calderón se comprometió a “hacer todo lo técnica y humanamente posible” para la recuperación de cuerpos. No ha sido así. Según Carlos Rodríguez lo que ha mostrado es una persistente obstrucción al rescate.
“Es hipócrita que ahora felicite a los chilenos y hasta envíe mensajes sobre el caso cuando jamás ha hecho nada por que aquí se alcance la justicia”, dice.
Raúl Vera considera que en la región carbonífera de Coahuila lo persistente es la impunidad, en una región donde se extrae carbón bajo “una cultura laboral mortífera y un proteccionismo letal”.
El sindicato minero que dirige desde Canadá Napoleón Gómez Urrutia también ha criticado al gobierno por el caso Pasta de Conchos. Sin embargo para Cristina Auerbach el sindicato, además de ser cómplice por signar actas falseadas de seguridad, incurrió en violaciones a los derechos laborales al financiar un “rescate alternativo” con la organización La Otra Obrera, pues violó derechos de los rescatistas que no tenían seguridad social.
El pasado 7 de junio un operativo de policías estatales desalojó con violencia a los integrantes de La Familia de Pasta de Conchos, así como de La Otra Obrera, para permitir el reinicio de procesos en la mina, ahora a cargo de Rogelio Montemayor Seguy, quien presume haber comprado parte de las instalaciones. La acción fue justificada por el gobernador Moreira en una orden federal inexistente.
Manoseo político y judicial
El gobierno no sólo es señalado como responsable de la muerte de los trabajadores, por acción u omisión, sino también de usar el caso políticamente.
En 2006 Salazar Sáenz dijo al periodista Diego Enrique Osorno que “los mineros se las truenan”, es decir que se drogan para trabajar y por eso ocurren accidentes. En marzo de 2008 Lozano Alarcón –quien ha confrontado en comunicados y declaraciones a Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz y la única que no aceptó dinero de la empresa– dijo a este semanario que los deudos que reclaman “tienen intereses políticos y económicos”.
Desacreditando la exigencia de justicia el caso se ha utilizado desde la Presidencia, según el gobernador Moreira. En diciembre de 2006 expuso un diálogo con Vicente Fox (Proceso 1581). Según el gobernador de Coahuila el entonces presidente le pidió dar carpetazo al caso, provocar un conflicto en las secciones sindicales de Monclova y encarcelar a Gómez Urrutia usando una averiguación previa del fuero común.
Dicho caso, concluido en marzo de 2007, responsabilizó a 4 funcionarios menores de la mina, que salieron bajo fianza, y exoneró a funcionarios de la STPS.
Los carpetazos se reprodujeron en todas las materias, inclusive las de derecho social y de derechos humanos. En lo laboral se otorgaron pensiones calculadas por debajo de lo que correspondía, desestimando ingresos reales y utilizando actas de defunción apócrifas.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a una queja del Cereal por los casos registrados de 2006 a 2010, no ha emitido ninguna recomendación.
Ante la sistemática obstrucción de la justicia mexicana, la queja impulsada por los deudos, el Cereal y varios sindicatos mexicanos ante la OIT ha tomado dos rutas. Una, interpuesta en marzo de 2006, sigue su curso con 25 de 27 reclamaciones procedentes contra el Estado Mexicano, que por si fuera poco deberá explicar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre por qué incumplió las recomendaciones sobrevinientes.
Además, debe enfrentar una nueva queja por mantener la misma política de inspección, seguridad e higiene prevaleciente antes de Pasta de Conchos, tras la aportación de los 41 nuevos casos de muerte y 90 accidentes laborales vinculados con la producción carbonera en el país. (Arturo Rodríguez García/Proceso)
El gobierno no sólo es señalado como responsable de la muerte de los trabajadores, por acción u omisión, sino también de usar el caso políticamente.
En 2006 Salazar Sáenz dijo al periodista Diego Enrique Osorno que “los mineros se las truenan”, es decir que se drogan para trabajar y por eso ocurren accidentes. En marzo de 2008 Lozano Alarcón –quien ha confrontado en comunicados y declaraciones a Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz y la única que no aceptó dinero de la empresa– dijo a este semanario que los deudos que reclaman “tienen intereses políticos y económicos”.
Desacreditando la exigencia de justicia el caso se ha utilizado desde la Presidencia, según el gobernador Moreira. En diciembre de 2006 expuso un diálogo con Vicente Fox (Proceso 1581). Según el gobernador de Coahuila el entonces presidente le pidió dar carpetazo al caso, provocar un conflicto en las secciones sindicales de Monclova y encarcelar a Gómez Urrutia usando una averiguación previa del fuero común.
Dicho caso, concluido en marzo de 2007, responsabilizó a 4 funcionarios menores de la mina, que salieron bajo fianza, y exoneró a funcionarios de la STPS.
Los carpetazos se reprodujeron en todas las materias, inclusive las de derecho social y de derechos humanos. En lo laboral se otorgaron pensiones calculadas por debajo de lo que correspondía, desestimando ingresos reales y utilizando actas de defunción apócrifas.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a una queja del Cereal por los casos registrados de 2006 a 2010, no ha emitido ninguna recomendación.
Ante la sistemática obstrucción de la justicia mexicana, la queja impulsada por los deudos, el Cereal y varios sindicatos mexicanos ante la OIT ha tomado dos rutas. Una, interpuesta en marzo de 2006, sigue su curso con 25 de 27 reclamaciones procedentes contra el Estado Mexicano, que por si fuera poco deberá explicar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre por qué incumplió las recomendaciones sobrevinientes.
Además, debe enfrentar una nueva queja por mantener la misma política de inspección, seguridad e higiene prevaleciente antes de Pasta de Conchos, tras la aportación de los 41 nuevos casos de muerte y 90 accidentes laborales vinculados con la producción carbonera en el país. (Arturo Rodríguez García/Proceso)
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