Una empresa de clase mundial

La Comisión Federal de Electricidad es mentirosilla. En las facturas (que solemos llamar recibos) expedidas en estos días informa que ha instalado 2 mil 294 transformadores. En su propaganda pagada en los medios, en cambio, sube la cifra a 3 mil. Una minucia, se dirá. Y comprensible si se considera la necesidad de la CFE de presentarse ante los usuarios de la región central del país como mejor administradora del suministro eléctrico que el organismo Luz y Fuerza del Centro, extinta hace casi un año, el 11 de octubre de 2009.

Pero la mendacidad de la CFE ocurre también en asuntos de mucha mayor importancia y gravedad. Ante la información publicada por el diario Reforma sobre presunta corrupción del ex director de operaciones de aquel organismo público, Néstor Félix Moreno Díaz, la CFE pretendió autoexonerarse recordando que "por instrucciones de su director general, desde el momento que tuvo conocimiento de las imputaciones contra servidores públicos de la empresa por la comisión de presuntos actos ilícitos, presentó ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública la denuncia correspondiente.

"El pasado 24 de noviembre de 2009, la CFE presentó ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (UEIDSPAJ) la denuncia de hechos respectiva, que quedó registrada con el número de averiguación previa...", etcétera.

Sólo que tales denuncia y averiguación se refieren a otro caso de corrupción y no al protagonizado por Moreno Díaz, que no ha sido denunciado por la CFE en términos semejantes a los utilizados el año pasado en el caso del soborno pagado a funcionarios de la "empresa de clase mundial" por la compañía suiza ABB Network Management. En cambio, lo solapó al menos desde que a mediados de agosto el diario texano The Houston Chronicle reveló el involucramiento de Moreno Díaz en este soborno, pagado por la empresa Azusa. El funcionario pidió licencia enseguida, "para favorecer las investigaciones", mismas que no han comenzado (o de las que no se tiene noticia), y se le permitió renunciar al cargo el 15 de septiembre. La PGR, por su parte, no solicitó en su contra el arraigo que prodiga en otros casos.

(Hagamos notar, de paso, las distintas velocidades a que circulan los diversos segmentos de la Procuraduría general. En noviembre de 2008 la PGR localizó las grabaciones y la nómina que presumiblemente involucraban a los alcaldes y funcionarios michoacanos que fueron detenidos en mayo siguiente, es decir, sólo seis meses después. En cambio, la referida al soborno a funcionarios de la CFE sigue todavía su curso, 10 meses después, sin que  haya atisbos de resultados semejantes a los del michoacanazo.)

Néstor Félix Moreno Díaz es un hombre afortunado. Lo es, presumiblemente, en el orden material, pues habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de sólo 300 mil y dinero que sumó 600 mil dólares, por otorgar contratos de arrendamiento de plantas de emergencia, sin licitación, a una empresa norteamericana con oficinas en Texas y California. Pero también es afortunado porque su conducta irregular, en la que la recepción de este soborno es culminación pero no pieza única, no le ha merecido nunca sanción alguna y sí ha obtenido, en cambio, ascensos constantes.

En 1998, cuando era coordinador de Transmisión y Transformación en la CFE, fue inhabilitado para trabajar en el gobierno federal durante 10 años, por haber despedido ilegalmente a un trabajador. Aparentemente por la amistad de su esposa con la de Leonardo Rodríguez Alcaine, entonces líder del sindicato con que contrata la CFE, Moreno Díaz eludió la sanción y después de un breve tiempo de ausencia volvió a la coordinación que desempeñaba. En mayo de 2000 fue involucrado con tres funcionarios más en un caso de corrupción; el préstamo de materiales por 16 millones de pesos a una empresa contratista. No le pasó nada. Como tampoco tuvo consecuencias el que, en enero de 2001, hiciera a la CFE adquirir equipos que nunca funcionaron. La empresa vendedora fue Sensa Control Digital S. A. "Incluso hubo sospechas de que, con apoyo de prestanombres, él era propietario de esa compañía" (Antonio Baranda, en Reforma, 1o. de octubre). Una cosa es cierta: el 90 por ciento de los contratos que logra SENSA los concierta con la CFE.

Probablemente eran habladurías, chismorreo interno que nunca falta en una gran organización, aun antes de que se convirtiera en una empresa de clase mundial. Porque en sentido contrario a lo que indicarían las acusaciones, que constan documentalmente, Néstor Félix Moreno Díaz progresaba en la jerarquía administrativa: en 2001 pasó de coordinador a subdirector de Transmisión, Transformación y Control; en 2002 fue nombrado subdirector de Generación; y en 2007 director de Operaciones, puesto del que se despidió hace una quincena. Antes había sido nombrado: en 1986, superintendente regional de Transmisión Norte; en 1990, gerente de Transmisión, y en 1994 ocupó la ya mencionada plaza de coordinador de Transmisión y Transformación.

Los cuantiosos premios que recibió Moreno Díaz por su trato con Azusa (distintos de los galardones recibidos por su desempeño, incluido el Premio Nacional de Calidad y Tecnología) aparecen en un proceso en curso en Los Ángeles, contra Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela Gómez, marido y mujer, que intermediaron entre la empresa beneficiaria del contrato de arrendamiento de plantas, y Moreno Díaz y Arturo Hernández, director de operación de la CFE antes de que Moreno Díaz ocupara ese cargo. Hernández, que como su sucesor hizo una larga carrera en CFE, está ahora jubilado.

A diferencia de la averiguación mexicana sobre el otro caso de corrupción que afecta a CFE, la Comisión de Intercambio y Valores de Estados Unidos (SEC) ha avanzado en la determinación de responsabilidades de ABB Ltd. El miércoles pasado un representante de ese consorcio sueco-suizo admitió que una de sus filiales en Texas pagó 1.9 millones de dólares a funcionarios del consorcio eléctrico mexicano a cambio de contratos por 81 millones de dólares. La cifra recibida ilegalmente quizá es mayor porque en una etapa temprana de la investigación se supo que las partes habían pactado el pago de 10 por ciento por cada contrato celebrado entre 1997 y 2004. De la averiguación de la autoridad bursátil norteamericana se desprende que los funcionarios involucrados eran miembros de la Subdirección de Transmisión (de que era titular en esos años Moreno Díaz, quien sin embargo no fue tocado).

Los sobornos se pagaban por medio de cheques y transferencias bancarias. Pero no todos se hacían directamente a los funcionarios de la CFE, sino a familiares suyos. Por ejemplo, se cubrió la colegiatura en una universidad norteamericana al hijo de uno de los involucrados. Las hijas de otro recibieron en su cuenta bancaria 12 cheques por 9 mil dólares cada uno. El yerno y la hija de uno más recibieron en una cuenta norteamericana casi 100 mil dólares. Y en el colmo de la exquisitez la empresa sobornante se hizo cargo de los costos de un crucero en el Mediterráneo de que gozaron dos directivos de la CFE y sus esposas. Hay que decir, para comprobar que la nuestra es una empresa de clase mundial, que la ABB pagó sobornos semejantes, si bien de cuantía menor, a empresas de Jordania e Iraq, cuando aún gobernaba este país Sadam Hussein.

El diputado priista César Augusto Santiago propuso y logró en el pleno de San Lázaro que se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que examine el desempeño de la CFE en torno de esos dos asuntos y la creación de una Comisión Especial Investigadora, de la Cámara, para el mismo efecto. Es deseable que el punto de acuerdo aprobado esta vez no siga la suerte del que propuso, y también consiguió que se acordara, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva el año pasado, ante la Comisión permanente, en vísperas de que concluyera su periodo la LX Legislatura, sobre la corrupción prevaleciente en la CFE. No se refiere, porque no habían sido puestos al descubierto, a los casos de Azusa y de ABB, pero su investigación al respecto podría ser utilizada con provecho por la PGR, si acaso le interesara.




Miguel Ángel Granados Chapa