Se rebelan víctimas ante impunidad de criminales

Hartos de los robos a sus domicilios, vehículos o pertenencias, pero también de las extorsiones y amenazas, los ciudadanos han optado cada vez más no sólo por combatir la delincuencia con sus propios medios, sino hacer justicia por su propia mano.




Al menos así ha quedado demostrado en una decena de casos que se han presentado en lo que va de este año y en los que con golpes, armas o con la ayuda de perros, solos o con el apoyo de los vecinos, ciudadanos han encarado a extorsionadores, ladrones y violadores para frenar la criminalidad de la que son víctimas.



El caso más reciente de este tipo se presentó apenas el jueves por la madrugada en un domicilio del fraccionamiento Misiones del Sur, donde dos individuos armados con una pistola penetraron y sometieron a la familia para exigirle joyas y dinero.



La situación se salió de control cuando uno de los ladrones intentó atacar sexualmente a una de las mujeres que se encontraba en el domicilio, lo que originó el enojo de uno de los parientes que despojó del arma a los asaltantes y junto con los demás miembros de la familia los enfrentaron a golpes hasta dejarlos heridos de gravedad.



A finales del mes pasado, una vecina de la colonia Industrial que junto con sus vecinos y la ayuda de un perro de raza Boxer lincharon a un ladrón de viviendas, expresó a los reporteros: “Estamos hasta la fregada de que nos estén robando nuestras pertenencias. A nosotros ¿quién nos protege?”.



En otro caso similar, las víctimas decidieron poner un alto a dos sujetos que durante varias semanas los extorsionaron en sus negocios y, al ser entrevistados, expresaron que si bien temen por su integridad, tampoco están dispuestos a ser sujetos de este tipo de abusos de manera permanente.



“Ya se les habían pagado tres semanas la cuota de dos mil pesos cada una, no es posible que la gente honrada tenga que estar manteniendo a esta bola de holgazanes”, narró un residente de la colonia Barrio Alto que en febrero de este año encaró y sometió a golpes a dos extorsionadores.



Casos como estos, en los que los ciudadanos someten y arrestan a los delincuentes para entregarlos a la policía, no son los únicos que se han registrado en la ciudad, pues en lo que va del año al menos se han documentado otros siete en diferentes sectores, pero la mayoría por robos a comercios, viviendas o de vehículos.



Este fenómeno que empieza a ser recurrente en Juárez fue descrito por expertos en criminología y derecho como un riesgo social, pues explican que refleja síntomas de una grave crisis, descontrol e ingobernabilidad, además de que violenta el Estado de Derecho que sólo faculta al gobierno para ejercer la violencia.



Aunque también, advirtieron, puede tener un efecto positivo porque representa que los ciudadanos han tenido una transición al pasar del miedo a la acción, lo que se puede aprovechar para organizar a los habitantes y generar programas de seguridad en las comunidades.



“Estamos ante un fenómeno que ya se dejaba venir y que empieza a superar algunas etapas porque los ciudadanos ya están hartos de que las personas que están encargadas de su seguridad no les den ese servicio, pero todo esto no es mas que una muestra de que algo ya no está funcionando bien en el tejido social y que son los síntomas de una crisis, descontrol e ingobernabilidad”, expuso Gabriel Rodríguez Leos, perito criminalista.



El ex presidente de la Asociación de Criminólogos y Criminalistas del Estado de Chihuahua explicó que este fenómeno debe ser atendido por las autoridades de manera inmediata porque ahorita son golpes y detenciones ciudadanas, pero en caso de desbordarse puede degenerar en ejecuciones por causas comunes.



“Es cierto que la gente ya está muy fastidiada porque constantemente son víctimas de los delincuentes y llaman a la policía o ponen sus denuncias y nada se resuelve, pero sería muy lamentable caer en situaciones extremas”, dijo.



El experto agregó que estas conductas tienen un origen multifactorial, entre ellas la falta o ineficacia de los programas de prevención, la corrupción en la policía y la impunidad que han permitido las instituciones.



“Aquí no es tanto que la comunidad esté fallando, sino las instituciones que han dejado que la corrupción y la delincuencia se dispare, ahora lo que necesitan es ponerse a trabajar para generar garantías y hacer leyes más estrictas porque, aunque todavía no vivimos en la ingobernabilidad, para allá vamos, las cosas se están saliendo de control”, sostuvo.



Mientras que el abogado Héctor González Mocken, advirtió que, desde la perspectiva legal, hacerse justicia por propia mano tiene un doble efecto que puede derivar en una responsabilidad penal para el ciudadano.



“Esta reacción surge por la impotencia que los ciudadanos tienen frente a un Estado casi fallido, en donde no se garantiza el orden público, donde no se cumple la finalidad esencial de dar seguridad, pero hay un doble efecto que en lo positivo puede ser reaccionar frente a la impotencia y en lo negativo violar la ley”, consideró.



Señaló que frente al embate directo de la delincuencia común, un aspecto positivo es que la gente tiende a organizarse por su cuenta para enfrentar la criminalidad, pero se deben establecer límites porque los ciudadanos no tienen derecho a cometer actos que transgredan los derechos de los demás, inclusive de las personas involucradas en delitos.



“El hecho de golpear y matar a una persona es una facultad reservada al Estado desde el punto de vista constitucional y, aunque hay una justificación legal de la legítima defensa, los ciudadanos pueden enfrentar problemas de carácter legal”, alertó.



González Mocken, vicepresidente en la zona norte de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, indicó que aunque estas manifestaciones son una respuesta a la casi nula actuación de los órganos responsables de dar seguridad y justicia a los ciudadanos, hay que evitar los excesos.



Por lo que recomendó actuar de forma más organizada para generar mecanismos de protección ante los delincuentes para no generar mayor violencia y no dejar de insistir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones.



“Es cierto que son reacciones de la gente porque dejan de tener miedo y se enfrentan con coraje a los delincuentes, pero hay que medir las consecuencias porque a veces se emplean métodos mucho más drásticos que los de los criminales y aún cuando se pueda alegar legítima defensa puede haber excesos que son castigados con cárcel”, advirtió.