Estados Unidos.- El gobierno de Obama ha cambiado la política federal para permitir a los militares intervenir y ayudar en caso de un ciberataque en territorio nacional, informó el New York Times este 21 de octubre.Con la excepción de los desastres naturales, los militares no podían desplegar las unidades dentro de las fronteras del país. Incluso para los desastres naturales, se requería de una orden presidencial antes de permitir que intervinieran las tropas.
Bajo el nuevo acuerdo entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Interior, los expertos cibernéticos del ámbito militar pueden intervenir en caso de un ataque contra los equipos de las redes críticas dentro de los Estados Unidos, de acuerdo con el artículo.
Estados Unidos ha venido haciendo cambios dramáticos en la estructura del Pentágono para incorporar un nuevo Ejército, el del ciberespacio, a los tradicionales de aire, tierra y mar, constituyendo una “confederación” para militarizar la Internet, junto a los aliados de la OTAN y decenas de países donde hay acuerdos con el Departamento de Defensa para estos fines.
El General Keith Alexander, director de la tristemente célebre Agencia de Seguridad Nacional que se encarga del espionaje electrónico internacional, es el nuevo zar del Ciberespacio, nombrado por el Presidente Barack Obama el pasado 21 de mayo.
Robert J. Butler, subsecretario adjunto del Pentágono para la política de ciberseguridad, dijo al Times que el cambio de normas permitirá a las agencias responder a los ataques contra redes informáticas críticas.
Las dos agencias “se ayudarán una a la otra de manera más tangible a como lo hicieron en el pasado”, dijo Butler en un artículo en Defense News, una publicación del Army Times. También dijo que una colaboración más estrecha proporcionaría “una oportunidad para buscar nuevas formas para dar una respuesta nacional a un incidente cibernético”.
Con las nuevas normas, los funcionarios encargados del orden interior podrían aprovechar la experiencia militar del Pentágono y los conocimientos de Inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional.
“Queremos planificar juntos y trabajar juntos con otros departamentos”, dijo Butler.
El memorando fue firmado por la secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y el secretario de Defensa Robert Gates. El memorando se ha presentado como una respuesta rápida y legal ante un ciberataque, para evitar los debates que harían perder mpo -sobre quién está a cargo y quién tiene la autoridad para hacer lo que haya que hacer-, dijo el New York Times.
Una vez que el presidente da la orden, un equipo de expertos en cibernética del Pentágono viajaría al Centro de Operaciones de Seguridad Interior, y un equipo de funcionarios de Seguridad Interior se desplazarían a Fort Meade, donde se encuentran la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando Ciberespacial del Pentágono, según que el artículo del Times.
La mayor parte de las capacidades del gobierno para controlar la red de computadoras está ubicada en Fort Meade.
Las autoridades se decidieron al cambio de política, porque la mayoría de las capacidades del gobierno para defensa de la red informática y la experiencia están dentro del Pentágono, mientras que la mayor parte de los principales objetivos se encuentran en territorio nacional, le dijo un funcionario al New York Times. Un objetivo de ataque puede ser alguna red del gobierno, pero también podría ser una red financiera o de energía, dijo al diario.
En caso de un ataque cibernético, todavía es muy difícil saber quién está atacando. Ni siquiera está claro lo que constituye un ataque.
“A medida que avanzamos, una de las cosas fundamentales que debemos acordar es la taxonomía”, dijo. Hay mucha discusión sobre el concepto de “ciberguerra”, “ataques cibernéticos” e “intención hostil”, pero no hay acuerdo sobre exactamente lo que significan estos términos.
El Departamento de Seguridad Interior llevó a cabo la “Tormenta Cyber 3″, un ejercicio nacional para la respuesta ante ciber-ataque, maniobra que se realizó a finales de agosto. Butler dijo que el ejercicio, que incluyó las entidades federales y estatales, el sector privado y asociados internacionales, ayudó a los funcionarios del gobierno a valorar los diferentes escenarios posibles en caso de ataque, dijo el vocero.
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