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| Yolanda Martínez Montoya (con el puño en alto), acompañada de su hermana María de los Ángeles, al salir del centro de Readaptación Social de Puentecillas, en la capital de Guanajuato, donde estuvo presa más de seis años acusada de homicidio en razón de parentesco por haber abortadoFoto Carlos García Carlos García Corresponsal Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato. Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha. La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. Sólo quiero estar con mi familia, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz. Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar, pues las leyes de Guanajuato son inequitativas y discriminatoriaspara las mujeres, dijo Yolanda. Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió. Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir con la frente en altodel Centro de Readaptación Social (Cereso). Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya. No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos, afirmó la dolorense. –¿Lo que ofreció el gobierno fue a cambio de silencio? –Podría ser. Se deduce por lógica –replicó. Alma Yareli Salazar, absuelta por un magistrado de una sentencia de 27 años de cárcel el 9 de junio, esperaba desde la madrugada del martes la salida de sus ex compañeras. ‘‘Yola, somos libres, somos inocentes” dijo llorando a Yolanda, a quien abrazó fuertemente cuando salió. Con el puño en alto, Yolanda gritó: ¡Soy inocente, soy inocente!, y agradeció el apoyo del Centro Las Libres –cuyas activistas se apostaron en el penal a partir del primer minuto del martes– por encabezar la defensa pública y legal de las siete mujeres. El 31 de agosto, el Congreso estatal aprobó la modificación al artículo 156 del Código Penal para atenuar las penas del delito de homicidio en razón de parentesco. A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión, señala la reforma propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva a raíz de señalamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el caso de las siete presas. Las jóvenes denunciaron públicamente que el Ministerio Público las obligó a incriminarse y aceptar en las averiguaciones previas que ellas escucharon que los productos lloraronpara culparlas por homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos en los últimos meses de su embarazo. En agosto de 2009, La Jornadapublicó que en Guanajuato había mujeres que sufrieron abortos y fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco, por lo que fueron sentenciadas hasta a 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa hasta de 30 días de salario mínimo. Oliva Ramírez aún niega que su gobierno criminalice a las mujeres que abortan, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia del estado incluyó los testimonios de internas que tuvieron abortos y fueron sentenciadas por homicidio en agravio de sus hijos en proceso de gestación. |
María Alejandra Arroyo
Corresponsal
Monterrey, NL, 6 de septiembre. Elementos de la séptima Zona Militar asesinaron el domingo por la noche a Vicente de León Ramírez, de 45 años de edad, y a su hijo Alejandro Gabriel, de 15, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Apodaca. Cinco miembros más de la misma familia resultaron heridos en el incidente, que se produjo cuando regresaban de una fiesta y se dirigían a sus domicilios en San Nicolás de los Garza y Escobedo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la séptima Zona Militar, dijo que el ataque se produjo por equivocación, luego de que el conductor del vehículo ignoró un retén instalado sobre la carretera, explicó este lunes el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú.
En conferencia de prensa al término de una reunión del grupo interinstitucional de seguridad, el funcionario dijo: “Nos comenta el comandante de la séptima zona (Cuauhtémoc Antúnez Pérez) que se trató de un lamentable error deloperativo, que se realizará una investigación y se aplicarán las sanciones correspondientes”.
Antúnez Pérez asistió a la reunión, pero no participó en la posterior conferencia de prensa, donde Treviño evaluó que
algunas señales llevaron a cometer el error, y dio a conocer que la investigación será realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), mientras los gastos funerarios y hospitalarios de la familia correrán a cargo del gobierno estatal.
A su vez, la Sedena, en un comunicado emitido por la séptima Zona Militar, expresó sus
más sentidas condolenciasa los familiares de los occisos y ratificó su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho y respeto a las garantías individuales.
Aseguró que
la intención de establecer puestos de control es combatir activamente a la delincuencia organizadapara evitar el libre tránsito de sus integrantes, y expuso que en el ataque –ocurrido a las 21 horas– participaron elementos de una base de operaciones asignadas a la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y de aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
También indicó que el incidente se produjo cuando
los elementos castrenses hicieron alto, pero el conductor del vehículo Malibú siguió su camino, por lo que se inició una breve persecución, y al no detenerse realizaron varios disparos.
Ileana de León Castellanos, de 24 años de edad, cuyo padre y hermano perdieron la vida, sostuvo que en ningún momento se les dio la orden de parar ni había retén carretero alguno, sino los militares rebasaron su vehículo y comenzaron a dispararles.
José Luis de León Castellanos (hijo de Vicente y hermano de Alejandro Gabriel, los ahora occisos) aseguró en entrevistas radiofónicas, telefónicas y ante medios impresos que nadie les marcó el alto y la versión del retén
es mentira. Expuso que su cuñado, Guadalupe Rodríguez Hernández, conducía el vehículo y al rebasar al convoy militar se desató la balacera.
Aclaró que no acompañaba a las víctimas, pero su madre, hermana y cuñado le relataron el incidente en que su hermano –quien iba en el asiento trasero– pereció de inmediato al recibir un impacto de bala en la cabeza y otro en la espalda, mientras su padre sobrevivió unas horas con tres balazos (uno en la zona lumbar y dos en el brazo izquierdo) y personal del Hospital Universitario confirmó su deceso durante la madrugada.
Al sentirse herido, mi padre cubrió a mi madre con el cuerpo y por eso ella sólo recibió un rozón en la cabeza, pero mi cuñado sigue grave con cuatro balazos en la espalda, que no se le podrán extraer. Mi hermana está herida en el labio y mis sobrinos Tomás Guadalupe y Víctor Eduardo Rodríguez de León, de nueve y ocho años de edad, respectivamente, fueron alcanzados por vidrios fragmentados, detalló.
De León Castellanos añadió que su madre, Patricia Castellanos Corpus, de 45 años, fue dada de alta por la tarde, junto a sus sobrinos, uno de los cuales continúa sin poder hablar, mientras el cuñado, de 28 años, y su hermana (de 24) siguen hospitalizados. Mayra Hernández, otra familiar de los afectados, refirió que Vicente de León Ramírez era trabajador eventual de la construcción y su hijo Alejandro Gabriel estudiante de bachillerato tecnológico.
Los cadáveres de ambos fueron llevados a la morgue del Hospital Universitario, donde se ordenó resguardo militar.
Según Petróleos Mexicanos, PMI Norteamérica “es una empresa privada constituida en México en 1993, como una sociedad anónima bajo el régimen de capital variable; circunstancia por la cual, Pemex no la considera una empresa paraestatal y su operación se realiza fundamentalmente en la sucursal registrada en Texas, Estados Unidos, bajo disposiciones del derecho privado”.
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