Se seguirán impulsando desalojos, toda vez que los capitales corporativos y transnacionales no quieren esperar más para apropiarse de los territorios, los bienes naturales y el trabajo de los pueblos.
AVANCSO | Incidencia Democrática
La reciente oleada de asesinatos y desalojos de comunidades y familias campesinas en Livingston, el Valle del Polochic (Panzós) y Chajul ha sido interpretada por algunos analistas como un sorpresivo viraje en la política agraria de la UNE, sobre todo a partir del reciente comunicado oficial, donde el gobierno anuncia su “obligación legal y moral” de dar “cumplimiento a todas las órdenes de desalojo y de captura relacionadas con medidas ilegales y de hecho”.
A nuestro juicio, estos desalojos en territorio q’eqchi’ no representan un viraje, sino todo lo contrario, son un reforzamiento de las políticas –agrarias, pero también energéticas y extractivas– que el gobierno de la UNE ha impulsado desde su primer día. El lenguaje populista, conciliador y pro campesino utilizado hasta hace poco por el gobierno, escondió no solo su cara más represiva –cerca de 80 desalojos documentados en tres años de gobierno– sino sus numerosas similitudes con el gobierno de la GANA (abiertamente neoliberal).
Son claras las diferencias entre ambos gobiernos, sobre todo en el campo del discurso y del enfoque de las políticas sociales como la llamada Cohesión Social, pero resulta evidente que se mueven dentro de las mismas coordenadas en el campo de las grandes políticas económicas, y específicamente en el de las políticas de impulso a las industrias extractivas y a la producción agroindustrial de caña de azúcar, en el caso de los recientes desalojos en Panzós (los cuales se dieron en apoyo al ingenio Chabil Utzaj, vinculado al grupo Berger-Widman).
Aunque el discurso decididamente neoliberal de la GANA se diferencia del discurso populista de la UNE (”gobierno con rostro maya”, “gobierno de los pobres”), ambos gobiernos impulsaron el mismo modelo de desarrollo rural neoliberal, en el cual tienen un papel central proyectos como la producción de agrocombustibles o las industrias extractivas como la minería, el petróleo y los megaproyectos; a la vez que son criminalizadas las diversas formas campesinas e indígenas de resistencia y lucha territorial, tal el caso de las consultas comunitarias, la ocupación de terrenos, y los bloqueos.
En efecto, los desalojos en el gobierno de la UNE siguen las mismas lógicas y tendencias territoriales que los del gobierno de la GANA. Ambos gobiernos ejecutaron al menos 40 desalojos en su primer año de gobierno y cifras ligeramente inferiores en los siguientes años. Ambos gobiernos ejecutaron desalojos en zonas de interés petrolero (Petén, Chisec), agro industrial (Costa Sur, Valle Polochic, Franja Transversal del Norte), minero (Izabal) e hidroeléctrico (Tucurú, Nebaj), así como en regiones de ampliación del excluyente modelo actual de áreas protegidas (Lachuá, Chocón Machacas). Ambos gobiernos se alinearon totalmente con los intereses de grupos corporativos y transnacionales.
Debe recordarse también que estos desalojos en Panzós no se dan de forma aislada, sino como la continuación de desalojos efectuados en el territorio q’eqchi’ desde el primer año de gobierno de la UNE (2008), y también como parte de una serie de hechos supuestamente inconexos, pero en realidad articulados entre sí: desalojos en Izabal (enero 2011), masacre de cuatro activistas q’eqchi’es en Izabal (febrero 2011), desalojos en Cobán por ampliación de área protegida Lachuá (inicios de marzo 2011), desalojos en Panzós y Chisec (mediados de marzo 2011).
El actual reforzamiento de las políticas gubernamentales parece marcar el inicio de una nueva coyuntura, caracterizada, entre muchos otros factores, por el auge de las soluciones represivas, no solo de cara a “cumplir la ley” y asegurar las inversiones transnacionales y corporativas, sino también de cara a la próximas elecciones y a las ofertas de “mano dura” del PP, Partido Patriota, principal competidor de la UNE.
Esta nueva coyuntura podría compararse –salvando las distancias– con la coyuntura del cambio de gobierno del de Kjell Laugerud al de Romeo Lucas, que implicó, entre varios otros elementos, la ejecución de la masacre de Panzós (1978) y el inicio de un nuevo período y forma de la violencia estatal y genocidio (1979 - 1983), en el contexto de la consolidación inicial del proyecto desarrollista-militar de la Franja Transversal del Norte.
Si aquella coyuntura marcó el inicio de una nueva fase en la guerra contrainsurgente, la presente coyuntura marca una nueva fase en la guerra del capital contra la naturaleza, los bienes comunes y los pueblos. Al respecto, recordemos que los actuales desalojos en el Valle del Polochic no son la excepción sino la regla, toda vez que se dan en un contexto represivo de varias formas de resistencia de los pueblos (región ixil, región mam, región kaqchikel, entre otras). Lo que cambia en la coyuntura no es la dirección de la violencia estatal, sino su intensidad.
Este contexto se vuelve aún más complejo con: Primero. El mencionado comunicado oficial, donde el gobierno de la UNE proclama su preocupante intención de congelar “todo espacio de diálogo en el que participen organizaciones sociales que desarrollen medidas ilegales”, y Segundo. La intención del gobierno de emitir un reglamento de consultas que no solo responde a los intereses de grupos empresariales, sino que también pretende reglamentarlas de ahora en adelante (o sea, sin tomar en cuenta a las 800,000 personas que ya votaron por el NO a los megaproyectos, y en especial por el NO a la minería).
El contexto post electoral de la transición UNE/GANA - PP (o UNE – UNE/GANA) no marcaría muchos cambios al respecto. En ambos casos, está claro un incremento en la represión contra los pueblos campesinos e indígenas. En ambos casos, queda claro que el modelo de acceso a la tierra por la vía mercado está agotado (para los campesinos), mientras que se seguirán impulsando desalojos como los que hoy nos hemos referido, toda vez que los capitales corporativos y transnacionales no quieren esperar más para apropiarse de los territorios, de los bienes comunes naturales y del trabajo de los pueblos.
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