Denuncian que declaraciones de presuntos miembros de ETA sobre Venezuela fueron tomadas bajo tortura

Este lunes el abogado defensor de Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, quienes fueron detenidos como presuntos miembros de ETA, afirmó que las declaraciones de los culpables en las que ”admitieron” haber sido adiestrados en territorio venezolano, no deberían tener validez legal debido a que fueron tomadas bajo condiciones de tortura.

En contacto con teleSUR, el letrado dijo que estos mecanismos de suplicio son posibles debido a que la ley española tiene una clausura donde permite que los “los detenidos por presuntos casos de terrorismo” deben pasar un “período de incomunicación” que dura cinco días y en el cual los prisioneros no pueden tener contacto de ningún tipo ni con sus familiares ni con sus abogados.

“Es en este lapso en el cual los detenidos son víctimas de estos abusos (…) en los que son forzados a declarar ya sea autoculpándose o culpando a terceros, como ocurrió en el caso de Venezuela (…) todos los organismos internacionales coinciden en que estos períodos de incomunicación permiten este tipo de acosos”, afirmó.

Precisó que entre los tratamientos de “declaración forzosa” que han sufrido los presuntos etarras, se encuentran golpes, no dejarles dormir, obligarlos a hacer extenuantes ejercicios físicos o inclusive, la asfixia.

“Les han aplicado la asfixia mediante la colocación de bolsas de plástico en la cabeza, con eso logran que las personas no puedan respirar por largos períodos de tiempo (…) los detenidos han comentado que han llegado a perder el conocimiento”.

Comentó que esta realidad evidencia que aunque el Gobierno de España ha firmado “infinidad de convenios” para rechazar la tortura, “en la práctica se ve que esas firmas no han servido para nada”.

Larrarte agregó que estos dos detenidos no han sido las únicas víctimas de esos métodos mientras se encuentran en el “período incomunicacional”, y que aproximadamente hay 7 mil denuncias de personas que han vivido estas torturas pero que son ignoradas tanto por los medios de comunicación españoles como por el mismo Gobierno.

“Los medios de comunicación niegan este tipo de denuncias, se limitan a los juzgados, y a alinearse con los intereses del Gobierno (…) Las denuncias de estas dos personas han sido publicadas solamente en dos medios, que desde luego no tienen una tirada nacional”, expresó.