Honduras: dirigente de la resistencia y del Movimiento Campesino es preso arbitrariamente

Juan Ramón Chinchilla, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (Muca), fue detenido ayer a las 11:30 de la mañana por una patrulla de la policía en la ciudad de Copán Ruinas, cuando regresaba junto con otros compañeros del velorio de un pariente y amigo en una comunidad cercana




No sujetarse con el cinturón de seguridad del vehículo en el que se conducía es la causa aparente para la detención; sin embargo, pese a que sus acompañantes pagaron en un banco de la localidad la multa que le impuso la policía, Juan Ramón Chinchilla siguió detenido en la posta policial.





Desde el momento de la detención de Chinchilla, organizaciones de derechos humanos nos comunicamos con la posta policial y con los compañeros de él que se mantenían en ese lugar esperando que lo dejaran en libertad. Aún con las gestiones de un abogado de la localidad no fue posible que la policía cumpliera con la ley.





Distintas fueron las justificaciones de la policía para no dejarlo en libertad, entre ellas la ausencia del subcomisionado. "Vendrá en media hora". Todavía a las ocho de la noche de ayer los policías de la posta argüían que lo dejarían en libertad pero que había que esperar "la llegada del subcomisionado en dos horas".





Al fin Chinchilla fue liberado pasadas las ocho de la mañana de hoy, 21 horas después de haber sido detenido sin duda bajo la ilegalidad porque el delito cometido es de carácter administrativo y el dirigente popular no cuenta con ninguna otra acusación en su contra.





Esa práctica policial vulnera la tranquilidad de la población en general; las quejas son abundantes en los medios que facilitan la transmisión de esas denuncias y no son pocas las que se distingue por su gravedad.





El MUCA denunciaba en su oportunidad que el 2 de agosto recién pasado fueron detenidos en la comunidad de Las Pilas, municipio de Trujillo, el joven Salvador Flores y el menor Olvin Rivas, los dos asentados en Marañones, una de las fincas entregadas por el Instituto Nacional Agrario (INA) a esa organización campesina.





Los jóvenes fueron acusados de "asociación ilícita y posesión ilegal de armas", acusaciones que no intentamos cuestionar porque es trabajo de los abogados que los defienden. Con todo, los procedimientos posteriores que la policía aplicó son realmente preocupantes: los jóvenes fueron capturados en Ilanga, comunidad de Trujillo, pero extrañamente fueron trasladados a Tocoa, donde los mantuvieron detenidos por tres horas, luego los condujeron al Puerto de Trujillo, con el claro propósito de torturarlos sicológicamente.





El abogado Rodolfo Zamora señalaba en una nota de correo electrónico que "mientras estaban detenidos en las oficinas de la Policía Nacional en Tocoa, un capitán de policía (digámosle así al sub-comisario) ordenó que a los jóvenes campesinos los pusieran a posar sin camisa y con armas en las manos. ¡Así lo hicieron! Yo personalmente oí y vi lo que relato. Les expliqué que violaban la constitución y el código procesal penal y, claro, no les importó… Esta conducta policial viola los artículos 2, 101 numeral 6 y 282 numeral 5 del Código Procesal Penal, y 59, 68 y 89 de la Constitución de la República".