El Juzgado Mixto de primera Instancia, con sede en Ayutla de los Libres, dispuso la libertad absoluta del defensor de derechos humanos, al dictar una sentencia absolutoria en la que argumenta que “no es culpable ni penalmente responsable” del delito que se le imputaba.Aunque Hernández Abundio fue acusado del asesinato de un espía del Ejército Mexicano, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales sostuvieron que el Estado mexicano buscaba criminalizar la lucha social de las comunidades me’phaa y na’saavi de la región.
Fue aprehendido el 17 de abril de 2008 junto con cuatro campesinos más: Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino y Natalio Ortega Cruz. Sólo Raúl Hernández Abundio permanecía en prisión. Ante la falta de pruebas que inculparan al campesino me’phaa, fue declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional desde noviembre de ese año.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (a la que pertenece Hernández Abundio) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco encabezaron la defensa del indígena de 31 años.
“Estoy preso por andar defendiendo el territorio, los hijos y la familia”, dijo Hernández Abundio aContralínea en febrero pasado. La entrevista se realizó al interior de la cárcel municipal de Ayutla de los Libres, donde se encontraba recluido.
A continuación, la entrevista publicada en febrero pasado:
Preso de conciencia
—Nosotros andamos defendiendo el territorio, nuestros hijos y la familia; por eso estoy aquí –dice Raúl Hernández Abundio desde la cárcel municipal de Ayutla. La luz y el bullicio de la calle se disipan apenas se cruza el umbral de rejas de hierro y gruesas puertas de madera carcomida.
El indígena me’phaa, de 30 años, se encuentra recluido en esta vieja casona de sórdidas paredes azules y techo de teja, que alberga a más de 200 internos, desde el 17 de abril de 2008. Ese día, junto con cuatro campesinos más fue detenido por efectivos del Ejército Mexicano y elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en uno de los caminos terregosos que conducen de esta cabecera municipal a las comunidades indígenas de la sierra. Raúl se dirigía a su pueblo, El Camalote.
Los cinco indígenas me’phaa aprehendidos ese día fueron Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Romualdo Santiago Enedino, Natalio Ortega Cruz y Raúl Hernández Abundio.
Desde ese día, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que la detención de los activistas era, en realidad, un acto represivo del gobierno mexicano en contra de los indígenas organizados en la OPIM. El 19 de marzo de 2009, tras obtener un amparo que declaró ilegal e injusta su detención, cuatro indígenas fueron puestos en libertad. Sólo Raúl permaneció en prisión porque el Poder Judicial Federal señaló que su inocencia se tiene que demostrar en el proceso que se le sigue en Ayutla. El 22 de enero pasado, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano la liberación del campesino, a quien declaró “preso de conciencia”.
Orador en su lengua, se muestra frustrado ante su español entrecortado. Balbucea: “Me detuvieron (en el) año (de) 2008, 17 de abril. Ese día (nos) topamos con soldados en (el) crucero (de) Tecruz. Y eran soldados y AFI y judicial estatal; más de 15 carros”.
Los campesinos viajaban en una camioneta luego de asistir a una protesta contra el aumento al precio del fertilizante. Fueron interceptados en un retén de las Bases de Operaciones Mixtas, las cuales –según la Secretaría de la Defensa Nacional– se integran con fuerzas federales (Ejército, Marina Armada de México y Policía Federal) y estatales (corporaciones policiacas del estado). Según la propia dependencia, en respuesta a la solicitud de información 06122005, existen 35 bases de este tipo en todo el país.
—Nos bajaron de la camioneta y nos tomaron datos y fotos. Por radio dijeron: “Aquí está julano y julano”. Nos subieron a sus carros y nos trajeron para acá con bien harta polvareda.
A los campesinos se les acusó de haber asesinado al agente de inteligencia militar Alejandro Feliciano García. El informante del Ejército Mexicano fue muerto por arma de fuego el 1 de enero de 2008 en las inmediaciones de la comunidad El Camalote.
—Nos dijeron que teníamos orden de aprehensión. No nos espantamos nada porque la mera verdad nosotros no hicimos eso (el asesinato del informante del Ejército). A cada uno nos metieron en un cuarto y nos decían que dijéramos quién mero fue el que lo mató. Y querían que yo a fuerzas dijera que había sido uno de los compañeros –dice Raúl Hernández.
Explica que desde el momento de su detención se le prohibió hablar en su lengua con sus acompañantes. Incluso, los indígenas me’phaa fueron encañonados y golpeados con las culatas de los fusiles por comunicarse entre ellos que tenían hambre y sed.
Rechaza haber participado de alguna manera en el asesinato del agente de inteligencia militar: “No hay nada, nada, que me inculpe. Yo pido que el gobierno ya haga justicia”.
Rayos de luz se cuelan por las rendijas de las ventanas despostilladas. Las corrientes de aire no terminan de ventilar el ambiente acre del penal, pero alcanzan a traer parte de la gritería del mercado callejero. Raúl suspira y levanta la mirada. Sus palabras se aletargan aún más.
—En El Camalote sembramos maíz, jamaica, calabaza, frijol… Tengo que salir. Mi familia sufre. A veces mi familia se baja (a visitarlo a la cárcel) y gasta dinero. Mi familia me dijo: “Cuándo vas a salir, ahora quién va a sembrar”. Y yo le dije a mi familia: “Aguántate, el gobierno me está castigando por algo que no hice”. Mi familia no tiene dinero ni para jabón. Tengo una hija de 10 años que va a la escuela primaria y la maestra ya le dijo que si no compra el uniforme no va a entrar a la escuela.
La profesora que exige el uniforme a las paupérrimas familias de El Camalote es Fernanda Rojas Santana, esposa de Romualdo Remigio Cantú, a quien integrantes de la OPIM señalan como “el cacique” del lugar y adversario de la organización indígena.
Cabello recortado y bigote ralo, Raúl señala que los embates contra los pueblos indios y campesinos terminarán por revertirse contra las autoridades. “Nosotros los campesinos sólo queremos sembrar. Los campesinos somos los que producimos. Vendemos para toda la gente y también para el gobierno. Si nosotros no sembramos, ni modo que el gobierno coma papel nomás”.
Voces de Ayutla
“A mi comunidad El Camalote llegan los soldados y buscan terreno. Escarban donde sembramos. Andan molestando. Yo no les di permiso de que estuvieran donde sembramos porque se roban la planta que tiene uno: maíz, frijol, calabaza, mandarina, naranja, caña. Y cuando estamos sembrando y mi familia me lleva agua fresca y comida, los soldados la espantan”: Raúl Hernández Abundio
“Sentí que me volvía loca. Pero como no quería que mis hijos se dieran cuenta de que su papá estaba muerto, me quedé callada. Subí a la azotea a pensar y a llorar. Luego me paré y vi que nada había que hacer más que planear lo que iba a continuar de ahora en adelante. Bajé y les dije a mis hijos que no éramos los únicos que sufríamos en esta vida”: Guadalupe Castro, viuda de Raúl Lucas Lucía
“La organización nació para hacer gestiones de proyectos productivos, electrificación, construcción de escuelas. Hasta la fecha no hay mucha comunicación entre Ayutla (el gobierno mestizo) y las comunidades indígenas. Pero ahora la organización ya ha tenido que cambiar su actividad: está para defender a los presos, a las viudas de los asesinados. Ahora se ha tenido que concentrar en eso”: Arturo Campos Herrera
“Lo que pasa es que la organización de los pueblos mixtecos y tlapanecos nace para resolver las problemáticas de la zona: salud, educación… Empiezan a hacerse fuertes. Y tenían ya un consejo en el que luchaban por autonomía y por el poder popular en sus pueblos. Por eso quien los está reprimiendo es el Ejército, que hace una labor de contrainsurgencia. El gobierno piensa que los indígenas son base de la insurgencia; y como no tiene capacidad de combatir directamente a la insurgencia, se desquita con quien cree que son su base”: Bertoldo Martínez
“Vemos toda la fuerza del Estado contra grupos insurrectos y comunidades que supuestamente son aliadas a ellos, que en realidad son comunidades pobres, vulnerables e indefensas como las de Ayutla. Esto se ha traducido en graves violaciones a los derechos humanos, donde ahora el Ejército confronta directamente a la población civil no importando que sea gente de bien, ciudadanos que ejercen sus libertades, el libre tránsito. Ahora ya todos están catalogados como sospechosos. Estamos ante un estado de excepción en el que estamos viviendo”: Abel Barrera (ZC)
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